El reconocimiento jurídico y social de las prácticas clínicas universitarias: hacia una redefinición de los límites entre formación y trabajo

Resumen

La aprobación del Real Decreto-ley 2/2023 y su desarrollo mediante la Orden ISM/386/2024 han supuesto un cambio sustancial en el reconocimiento jurídico de las prácticas formativas externas en España, al establecer la obligación generalizada de alta en la Seguridad Social para todo el estudiantado en prácticas, sean o no remuneradas. Esta reforma modifica de manera relevante el estatuto del alumnado y las responsabilidades de universidades y centros sanitarios.

El impacto es especialmente significativo en las titulaciones sanitarias, donde las prácticas clínicas constituyen un eje estructural del proceso formativo. En grados como Medicina, Enfermería, Odontología o Fisioterapia, el estudiantado desarrolla una actividad práctica extensa en entornos asistenciales reales, con contacto directo con pacientes, integración en equipos clínicos y participación en procedimientos complejos bajo supervisión. Estas prácticas superan con frecuencia la mera observación, situándose en un espacio intermedio entre formación académica y desempeño clínico tutelado.

El nuevo marco normativo reabre el debate sobre la naturaleza jurídica de las prácticas clínicas y sus consecuencias institucionales. Este artículo ofrece una revisión crítica de la evolución legislativa y defiende la necesidad de un marco específico que reconozca su singularidad, garantice la protección social del estudiantado y preserve su esencia académica.