La responsabilidad del Gobierno por la actuación de las Fuerzas Armadas en el control del Orden Interno durante la vigencia de un Estado de Emergencia. El caso peruano

José Carlos Remotti

Resumen



A lo largo de los años distintas circunstancias han obligado al Gobierno
peruano a declarar diversos Estados de Emergencia así como a recurrir a las
Fuerzas Armadas para solventar graves alteraciones del orden público. Estas
son medidas habilitadas por la Constitución que las confi gura como mecanismos
tasados, limitados y predeterminados destinados a reestablecer el orden
público de una forma compatible con el sistema de derechos y garantías
constitucionales. Sin embargo en la práctica no dejan de sucederse denuncias
acerca de excesos cometidos por las Fuerzas Armadas así como constantes
vulneraciones de derechos.
El presente trabajo pretende ofrecer herramientas para evitar tales excesos
y vulneraciones de derechos, así como para delimitar las responsabilidades que
el Presidente y los ministros deben asumir en tales casos. Para ello se parte
de la consideración de que la declaración de Estado de Excepcional, y en su
caso la intervención militar, no implica la suspensión de la Constitución, ni del
Estado de Derecho, ni del régimen de derechos y libertades, ni de garantías.
No implica el establecimiento de la arbitrariedad, no habilita a la adopción de
cualquier medida, no justifi ca que el Estado pueda incumplir con sus obligaciones
de respetar y garantizar los derechos de las personas.
Así también se considera que durante la vigencia del Estado de Emergencia
la Constitución no otorga a las Fuerzas Armadas ninguna competencia, atribución
o prerrogativa especial y, aunque habilita a la suspensión de un número
concreto de derechos, ello no signifi ca que se pueda actuar arbitrariamente o
que pueda vulnerar los derechos no afectados por la suspensión. En tal caso
las Fuerzas Armadas sólo pasan a asumir el desempeño de una función (orden
público) pero ello no implica que el orden público se militarice, sino que simplemente dichas Fuerzas Armadas pasan a desarrollar las funciones que, por las
graves circunstancias, la Policía Nacional no puede desarrollar plenamente.
Al declarar un Estado de Emergencia y requerir la intervención de las
Fuerzas Armadas el Presidente, y los ministros, junto con el interés por el reestablecimiento
del orden público les corresponde también ejercer la función de
garantes del ordenamiento constitucional, del Estado de Derecho, del régimen
de derechos y libertades, todo lo cual ha de proyectarse necesariamente en todo
lo relativo su actuación presidencial como Jefe Supremo de las FFAA, o de
los ministros como jefes de sus sectores correspondientes. De esta manera, el
ejercicio de dichas competencias implica también a los miembros del Gobierno
responsabilidades por las consecuencias que pudieran derivarse de las actuaciones
de los militares en el control del orden interno cuando se produzcan
sistemáticas vulneraciones de derechos (aunque ellos expresamente no hayan
ordenado su comisión) si es que no han tomado todas las previsiones del caso
para prevenirlas razonablemente, o si producidas éstas se las encubre o se permite
la impunidad, no las investigan, no proceden a poner a los responsables
ante los tribunales, no los sancionan, o no reparan a las víctimas.

Palabras clave


Perú, responsabilidad del Gobierno, Fuerzas Armadas, Estado de emergencia, orden interno, democracia, derechos y libertades

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ISSN de la edición impresa: 1575-6823
ISSN digital: 2340-2199
Depósito legal: SE 235-2015
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