Villegas Delgado, César.: Bioseguridad, Bioterrorismo, y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, 244 páginas. ISBN 978-84-1336-470-4

Mohamed Saad Bentaouet

Universidad de Sevilla

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IUS ET SCIENTIA • 2021

Vol. 7 • Nº 2 • pp. ISSN 2444-8478 • 177-180

ISSN 2444-8478 • https://dx.doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2021.i02.13

Tras casi dos años desde que el Covid-19 entró en nuestras vidas, seguimos sin saber cómo abandonaremos esa crisis. Todos los países del mundo, sin excepción, siguen sufriendo la peor epidemia del siglo desde que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. En este periodo convulso, los profesionales sanitarios[1] y el personal técnico han estado en el primer frente de la batalla, se exponen a diario a ser contagiados para salvar nuestras vidas. Los sanitarios, al igual que los profesionales de servicios esenciales han trabajado no solo en situaciones de peligro físico, sino también de mucha presión psicológica, y que a causa de esto sufrieron ansiedad, depresión, y estrés. Esa pandemia global ha revelado de golpe lo vulnerables que son las sociedades. A la tragedia personal de los millones de fallecidos y otros millones de afectados, se añade la crisis múltiple con desafíos transnacionales.

El impacto del Coronavirus en las sociedades no es un tema baladí. Pese a que se trata de una crisis sanitaria, el resto de ámbitos subyacentes (económico, político, laboral, social, cultural, entre otros) están sintiendo el golpe y la magnitud de una enfermedad desconocida hasta el momento, en mayor o en menor medida, en todo mundo. Las sociedades se han visto forzadas a adoptar medidas drásticas para prevenir el contagio. Esas severas restricciones a la movilidad, y la suspensión de las actividades ocasionaron un derrumbe del 3,5% en la actividad económica global. Los efectos han sido particularmente profundos en los países que dependen en gran medida de las exportaciones de productos básicos, del turismo, y del financiamiento externo.

A todo ello, hay que sumar los efectos laborales y sociales[2] derivados de la epidemia. Nos encaminamos a una de las peores crisis de nuestra historia cuando mucha gente aún no había conseguido salir de la última. Muchas empresas han tenido que echar el cierre, y gran número de trabajadores han perdido su puesto de trabajo o tienen unas perspectivas de empleo no muy satisfactorias en un futuro próximo[3]. Esa enfermedad ha creado importantes desequilibrios. Es cierto que no distingue de clases sociales cuando amenaza la salud, pero sus efectos económicos sí lo hacen. Sus estragos han golpeado intensamente a todos los países. Sin embargo, la peor parte le ha tocado a la población de los países menos desarrollados, principalmente porque sus sistemas de seguridad social, e infraestructuras de salud pública han demostrado ser extremadamente frágiles, cuando no inexistentes, a la hora de hacer frente a la pandemia.

En la actualidad, la sexta ola de contagios sigue avanzando, a pesar de que la comunidad científica mundial ha conseguido, en tiempo récord, desarrollar varias vacunas contra el Covid-19. El principal reto que se debe tener ahora es que esas vacunas lleguen a todos los países del mundo al mismo tiempo. Sin embargo, ese noble objetivo y la tan ansiada inmunidad de grupo topan con dos adversidades. En primer lugar, el despliegue asimétrico de las vacunas, las tasas de vacunación contra el Covid-19 son desiguales entre los países, oscilando entre menos del 1% de la población en algunos países y más del 60% en otros. Y en segundo lugar, la proliferación de teorías de la conspiración que están provocando que un importante porcentaje de la población en países occidentales, y no occidentales rechace la vacunación. Una circunstancia que podría provocar que el Covid-19 nunca terminara de desaparecer. Y de este modo condenaría a la población mundial a seguir sometida a fuertes restricciones de sus derechos y su libertad.

Durante este tiempo, muchas evidencias se han desmoronado, y hay preguntas sin contestar, y son muy pocos los que conocen las respuestas. La posibilidad de que el Covid-19 tuviera un origen artificial abre la puerta al surgimiento de muchas teorías por disparatadas que estas sean, e acrecienta aun la inseguridad a nivel global.

Con todo, cabe señalar que el uso de las enfermedades infecciosas no es nada novedoso, existen varios ejemplos del uso de armas biológicas desde la antigüedad, pero el “miedo” a ese tipo de armas era únicamente militar y todos los desarrollos e investigaciones, tanto para protección como identificación, se hacían pensando en un posible ataque en el campo de batalla. No obstante, con el tiempo, esas amenazas tradicionales han perdido relevancia frente al creciente peso de amenazas de tipo asimétrico, enfocado principalmente en el Bioterrorismo[4], en especial en los intentos[5] de empleo criminal de agentes biológicos, así como de otros agentes NBQ por parte de grupos terroristas. Sea cual fuere la amenaza, lo cierto es que la pandemia del Covid-19 nos ha hecho tomar conciencia de los efectos devastadores que la utilización de agentes patógenos, como los coronavirus, puede llegar a tener en nuestra vida cotidiana, su efecto desestabilizador para la economía y el comercio mundial, los riesgos y amenazas para la seguridad tanto de los Estados como de los individuos y para el disfrute de los derechos humanos. En este convulso contexto mundial, la obra del profesor Villegas Delgado resulta altamente interesante. En dicha obra, el autor analiza los retos y desafíos que el mantenimiento de la bioseguridad y la lucha contra el bioterrorismo impondrían a la comunidad internacional de Estados en su conjunto, abordando, por un lado, el estudio de los nuevos riesgos y amenazas para la bioseguridad provenientes del terrorismo biológico, así como la determinación, por otro lado, de los límites jurídicos que deben contener la legítima reacción de los Estados frente a los hipotéticos actos de bioterrorismo.

La obra está dividida en cinco capítulos. En el primero, el autor se dedica a aclarar algunos conceptos claves como es la bioseguridad, bioterrorismo, riesgos y amenazas, así como a la concepción de la dignidad intrínseca del ser humano que limita la legítima reacción de todo Estado frente a la amenaza del terrorismo biológico. En el segundo, analiza la interrelación que existe entre bioseguridad, salud pública y seguridad humana, constatando que dichos objetivos –comunes para todos los Estados miembros de la comunidad internacional– son transversales e interdependientes y que su promoción se refuerza mutuamente.

En el tercer capítulo, el profesor Villegas Delgado afronta el análisis del bioterrorismo como una amenaza seria para la salud a escala global. De igual forma, examina la respuesta que en el plano normativo e institucional habría dado la comunidad internacional tanto en el plano universal, regional y particularmente, en el seno de la Unión Europea.

En el capítulo cuarto, el autor analiza el marco jurídico internacional que se ha venido desarrollando en las últimas décadas para luchar contra el terrorismo biológico. Marco jurídico que habría girado en torno a la idea de la progresiva prohibición del desarrollo, posesión y uso de armas biológicas por parte de entidades estatales. Poniendo en cuestión el marco jurídico actual, y su eficacia para luchar contra grupos terroristas, cuya amenaza constituye el verdadero punto de preocupación en el seno de la comunidad internacional, llegando a la conclusión de que dicho marco jurídico tendría algunas luces, pero muchas sombras.

Por último, dentro del capítulo quinto, el profesor Villegas Delgado se refiere a los límites que el Derecho internacional, en conexión con la protección internacional de los derechos humanos y el estado de Derecho, impone a la legítima reacción de todo Estado que haya padecido, o pueda padecer, algún acto de violencia terrorista en el que se vea implicado el uso intencional de microorganismos, toxinas, material genético o sustancias derivadas de organismos vivos para producir muerte o enfermedad en humanos, animales o plantas. Entre dichos límites, destacaríamos el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, tanto interna como internacional, así como el respeto irrestricto del núcleo duro de los derechos humanos inderogables y absolutos, que se impone a todo Estado sin su consentimiento y aún en contra de su voluntad para garantizar, a su vez, el respeto de la dignidad intrínseca de todo ser humano.


[1] Los sistemas de salud han sufrido una alta tensión. Al menos 17.000 profesionales de la salud han fallecido por COVID-19 en el último año, según un nuevo estudio de Amnistía Internacional, Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Unión, en el que estas organizaciones instan a adoptar medidas urgentes para acelerar la vacunación de millones de profesionales sanitarios de primera línea en todo el mundo. Los profesionales sanitarios han visto cómo sus compañeras y compañeros se han contagiado por el SARS-CoV-2, y en gran medida ha visto que sus cargas laborales han sobrepasado los recursos personales. Han manifestado en varias ocasiones carecer de los suficientes recursos materiales para poder tratar a los pacientes con plenas garantías de seguridad.

[2] El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus en la infancia de todo el mundo están siendo devastadores. El número de niños y niñas que pasan hambre, están aislados, son víctimas de abuso, sufren ansiedad, viven en la pobreza y se ven obligados a contraer matrimonio ha aumentado. Al mismo tiempo, su acceso a la educación, la socialización y a algunos servicios esenciales como la salud, la nutrición y la protección ha disminuido. Estas dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de salud probablemente tengan repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano.

[3] Como manifiesta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas”.

[4] El mayor ataque bioterrorista en la historia de los Estados Unidos sucedió en The Dalles, Oregon, en 1984, un grupo de seguidores extremistas de Bhagwan Shree Rajneesh (también conocido como Osho) contaminó la ensalada en 10 diferentes barras con el patógeno de la salmonelosis, Salmonella thyphimurium, para deshabilitar la población. Un total de 751 personas contrajeron la enfermedad y varios de ellos fueron hospitalizados. Aunque no hubo víctimas mortales. Otro evento significativo, ocurrido de nuevo en los Estados Unidos, coincidiendo con los dramáticos ataques al World Trade Center en Nueva York en septiembre de 2001. El lanzamiento de las esporas de Bacillus anthracis a través de correo postal. El ataque bioterrorista se llevó a cabo con cartas dirigidas a la prensa y a los funcionarios del gobierno. Hubo 22 casos confirmados de contaminación por ántrax, que consiste en 12 casos cutáneos y 10 inhalatorios.

[5] Uno de los ejemplos que demuestran la intención de esos grupos terroristas en conseguir ese tipo de materiales para dar un salto cualitativo en el terror, lo encontramos en los atentados de Barcelona de 17 de agosto de 2017. Los terroristas que atentaron en las Ramblas y en Cambrils no sólo tenían previsto realizar varios atentados con los artefactos explosivos que estaban manufacturando en Alcanar, sino que también planearon el uso de productos altamente tóxicos para envenenar a la población. Los datos, según Estrella Digital, no dejan margen a la duda, un mes antes del atentado de Las Ramblas, los miembros de la célula terrorista buscaron en Internet información sobre “semillas de ricino” y sobre el ácido sulfúrico y de dónde puedan comprarlos.