Patrones del ciberacoso universitario con perspectiva de género en Puebla-México Patterns of university cyberbullying with a gender perspective in Puebla, México
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Argelia Berenice Urbina NájeraUniversidad Iberoamericana Puebla (México)
Cómo citar: Urbina Nájera, A. B. Patrones del ciberacoso universitario con perspectiva de género en Puebla-México. Revista Fuentes, 28(1), 72–84. https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2026.28523
Resumen
El ciberacoso en entornos universitarios representa una forma creciente de violencia digital que afecta de manera diferenciada a estudiantes según su género. Se aplicó una encuesta estructurada a 495 estudiantes de licenciatura y posgrado pertenecientes a instituciones públicas y privadas con el propósito de identificar las formas de ciberacoso que prevalecen entre los estudiantes universitarios según su género, así como el nivel de conocimiento sobre las políticas institucionales y leyes que regulan este fenómeno. El diseño fue cuantitativo, no experimental, de corte transversal. Los resultados muestran que el 18.2% de los encuestados reportó haber sido víctima de al menos una forma de ciberacoso, siendo las mujeres jóvenes en licenciatura las más afectadas. El tipo de agresión más frecuente entre ellas fue el contacto con contenido sexual no solicitado, mientras que en los hombres prevalecieron las burlas o bromas crueles. El 44.8% conoce las leyes contra la violencia digital en México, pero sólo el 26.5% sabe a qué canal institucional acudir en caso de violencia digital. Los resultados evidencian una disociación entre la existencia formal de legislación y su apropiación operativa en la comunidad universitaria. En este sentido, las universidades requieren fortalecer su cultura digital, mejorar sus sistemas de denuncia y formación en derechos digitales con enfoque de género para responder eficazmente a esta problemática.
Abstract
Cyberbullying in university settings represents a growing form of digital violence that affects students differently depending on their gender. A structured survey was administered to 495 undergraduate and postgraduate students from public and private institutions to identify the forms of cyberbullying that prevail among university students according to their gender, as well as their level of knowledge about institutional policies and laws that regulate this phenomenon. The design was quantitative, non-experimental, and cross-sectional. The results show that 18.2% of respondents reported having been victims of at least one form of cyberbullying, with young women in undergraduate programs being the most affected. The most frequent type of aggression among them was contact with unsolicited sexual content, while among men, teasing or cruel jokes prevailed. 44.8% are aware of the laws against digital violence in Mexico, but only 26.5% know which institutional channel to turn to in cases of digital violence. The results show a disconnect between the formal existence of legislation and its operational appropriation in the university community. In this sense, universities need to strengthen their digital culture and improve their reporting systems and training in digital rights with a gender focus to respond effectively to this problem.
Palabras Clave / Keywords
Victimización, redes sociales, Ley Olimpia, universidad, acoso cibernético, patrón de violencia, género, legislación.
Victimisation, social media, Olimpia Law, university, cyberbullying, violence pattern, gender, laws.
1. Introducción
El ciberacoso se ha consolidado como una forma de violencia digital cada vez más frecuente en contextos universitarios, agravada por el uso intensivo de tecnologías digitales tras la pandemia por COVID-19. Esta problemática afecta directamente la salud mental, manifestando consecuencias emocionales inmediatas como: ansiedad, depresión o aislamiento, afectando también, la permanencia estudiantil y el rendimiento académico (Quiroga, Jaramillo y Vanegas, 2019; Lucas-Molina, et al., 2022; Sánchez-Verdugo, 2025; Bussu, 2025 ), es un espacio en donde se refuerzan los prejuicios y plantean barreras a la participación de las personas en la vida pública (Avendaño, et al. 2025). A diferencia del acoso tradicional, el ciberacoso se caracteriza por su persistencia, anonimato y alcance amplificado a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que intensifica sus efectos psicológicos. Según Cortés Seitz (2025), el ciberacoso también llamado acoso cibernético o cyberbullying o ciberbullying, en contextos universitarios no solo reproduce acciones de exclusión, sino que se adapta a nuevas formas de interacción digital, afectando especialmente a estudiantes, quienes usan a la tecnología como forma de comunicación, herramienta de aprendizaje o medio de búsqueda.
De acuerdo con datos del Comparitech (2024), el ciberacoso se ha intensificado a nivel internacional en los últimos cinco años, afectando especialmente a adolescentes, jóvenes universitarios y comunidades vulnerables en entornos digitales. Más del 60% de los jóvenes en países como Estados Unidos, Reino Unido y México han experimentado alguna forma de ciberacoso, ya sea a través de redes sociales, mensajería instantánea o plataformas educativas. Este fenómeno se ha visto agravado por el aumento del tiempo en línea durante y después de la pandemia, lo que ha generado entornos más propensos a la violencia simbólica, la exclusión digital y la exposición prolongada a contenidos agresivos
No obstante que, México está dentro de la triada a nivel internacional, también ocupa uno de los primeros lugares en América Latina en cuanto a prevalencia de violencia digital; según datos del MOCIBA 2024 (INEGI, 2023), el 21% de las personas usuarias de internet mayores de 12 años ha experimentado alguna forma de ciberacoso, solo un 0.7% menos que los datos reportados en MOCIBA 2023 (INEGI, 2024). A pesar de que existen avances legislativos como la Ley Olimpia, persisten brechas en la aplicación institucional y en la formación de una cultura de prevención y denuncia en las instituciones de educación superior (ONU, 2023).
En las universidades mexicanas, el ciberacoso se manifiesta como una extensión de las violencias estructurales presentes en el entorno físico. Faridi (2025) afirma que el acoso digital en educación superior no solo afecta a estudiantes, sino también a docentes, y que las instituciones carecen de protocolos eficaces para su atención. La violencia digital se normaliza en muchos espacios universitarios, lo que genera impunidad y revictimización. Además, el anonimato y la deslocalización del agresor dificultan la denuncia y el seguimiento institucional. Esto se agrava por la falta de formación en derechos digitales y por la escasa difusión de los mecanismos de protección existentes (UNAM, 2023).
En particular, López Cabello et al. (2022) revelan que, en universidades públicas, el ciberacoso suele estar vinculado a relaciones entre pares y a la exposición en redes abiertas. Mientras que, en universidades privadas, se reportan más casos de acoso por parte de figuras de autoridad o en contextos jerárquicos. En el posgrado, aunque la frecuencia disminuye, los casos tienden a ser más sofisticados y persistentes, con mayor uso de herramientas tecnológicas para el hostigamiento (Pereira, 2024).
De esta manera, este estudio adopta un enfoque cuantitativo y no experimental, con perspectiva de género, cuyo propósito es diagnosticar el estado actual del ciberacoso en instituciones de educación superior en el estado de Puebla, México. A través del análisis de una encuesta aplicada a 495 estudiantes universitarios, se busca identificar patrones diferenciados por género en la victimización, los tipos de agresión y el conocimiento sobre mecanismos legales e institucionales de denuncia. Ortega y Casas (2016) y Martínez ( 2025) sostienen que denunciar es el primer paso para detenerlo gracias a que actualmente existen plataformas de denuncia en línea y mecanismos digitales en diversas fiscalías para iniciar procesos, incluso sin necesidad de acudir físicamente con el propósito de evitar normalizar estas conductas y agresiones.
La relevancia de esta investigación reside en que, si bien el ciberacoso ha sido ampliamente documentado en los niveles educativos básicos y medios (Fauzi, 2023), existen importantes vacíos de conocimiento en el nivel universitario. En particular, pocos estudios articulan esta problemática con una perspectiva de género y normativa, y menos aún en el contexto mexicano, lo que impide establecer estrategias institucionales eficaces (Kaur y Saini, 2023).
En consecuencia, este estudio busca responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué formas de ciberacoso son más prevalentes entre los estudiantes universitarios según su género? ¿Qué nivel de conocimiento tienen sobre las políticas institucionales y leyes que regulan este fenómeno? Los hallazgos permitirán fortalecer las políticas institucionales con base en evidencia empírica, incorporar estrategias de sensibilización y formar una cultura universitaria que reconozca, atienda y sancione el ciberacoso con un enfoque inclusivo y de género. Finalmente, este estudio aporta al diseño de propuestas de intervención y prevención alineadas con los derechos digitales y la equidad en el ámbito académico (Bernardo et al., 2022; Parveen, Muhammad y Altaf, 2023).
1.1. Tipologías y dinámicas del ciberacoso en contextos universitarios
El ciberacoso en entornos educativos ha evolucionado como una forma compleja de violencia mediada por tecnologías digitales, caracterizada por su persistencia, anonimato y capacidad de amplificación. A diferencia del acoso tradicional, el ciberacoso puede ocurrir en cualquier momento y lugar, lo que intensifica su impacto emocional y psicológico en las víctimas (Bolognesi y Bukhalovskaya, 2022; Valencia, 2023). Las investigaciones recientes han identificado diversas tipologías de agresión digital, entre las que destacan: insultos o amenazas por mensajería, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, suplantación de identidad, exclusión de grupos virtuales y hostigamiento mediante perfiles falsos (Bussu, 2025; Sripongplerd, 2024; Tayeh, 2023).
El ciberacoso en instituciones de educación superior (IES) se manifiesta en diversas formas que van desde el insulto textual hasta la difusión de contenido sexual sin consentimiento. Sripongplerd (2024) identifica cinco tipos frecuentes de ciberacoso entre universitarios tailandeses: chismes o difamación, intimidación verbal, suplantación de identidad, divulgación de información personal y exclusión digital. Estos hallazgos coinciden con los tipos de agresión detectados en otras investigaciones (Bussu, 2025; Parveen et al., 2023; Simangunsong, 2020), que también evidencian un uso instrumental de redes como Facebook, Instagram y WhatsApp para perpetrar estas formas de violencia. Por su parte, Sibanda (2021), revela que las llamadas telefónicas amenazantes, correos electrónicos ofensivos y videoclips humillantes son otras vías habituales de hostigamiento. Lo relevante en estos hallazgos es que no existe una única plataforma dominante; la dinámica del ciberacoso responde al uso cotidiano que las juventudes hacen del entorno digital, fusionando vida académica, social y personal (Casillas y Dorantes, 2021; Avendaño, et al., 2025). Esto se confirma en el contexto mexicano, donde el 77% de los y las estudiantes universitarios utilizan sus dispositivos móviles tanto para actividades académicas como de entretenimiento, creando un terreno fértil para experiencias ambiguas entre el ocio, la socialización y la violencia digital.
En este sentido, el ciberacoso no solo afecta la salud mental y el rendimiento académico, sino que también debilita los vínculos de confianza entre pares y con las instituciones educativas (Mwansa, Ngandu y Khala, 2023). Además, estudios como el de Pavez y García-Béjar (2020) subrayan que la capacidad de los docentes para identificar y abordar estas situaciones depende en gran medida de su familiaridad con las plataformas digitales y del respaldo institucional que reciben.
1.2. Ciberacoso y perspectiva de género: patrones de agresión y silenciamiento
El ciberacoso no es un fenómeno neutral; su manifestación y consecuencias están profundamente atravesadas por relaciones de poder y construcciones sociales de género. Diversos estudios han evidenciado que las mujeres y personas con identidades de género diversas enfrentan formas específicas de violencia digital, como la difusión de contenido sexual sin consentimiento, amenazas de exposición íntima o mensajes con connotaciones sexistas, que buscan controlar, intimidar o silenciar su participación en espacios digitales (ONU Mujeres, 2023; INEGI, 2023). Esta violencia se inscribe en un continuum de agresiones que reproduce desigualdades estructurales y refuerza estereotipos de género en donde las jerarquías de control son inexistentes (OEA, 2021; Avendaño et al., 2025).
En México, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA, 2023) reporta que el 21.7% de las personas usuarias de internet han sido víctimas de ciberacoso, siendo las mujeres jóvenes (de 20 a 29 años) el grupo más afectado (INEGI, 2023). Las formas más comunes incluyen contacto mediante identidades falsas (36.7%), insinuaciones sexuales (32.3%) y amenazas de publicar información personal (17.8%). Estas agresiones no solo vulneran la integridad emocional de las víctimas, sino que también generan efectos paralizantes que inhiben su participación en la vida pública y académica (UNAM Global, 2023, Avendaño et al., 2025).
El enfoque de género resulta indispensable para desentramar cómo opera la violencia digital en las Instituciones de Educación Superior (IES). Kaur y Saini (2023) identifican que los hombres reportan una mayor tasa de victimización frente al ciberacoso en instituciones indias, pero también que las personas con discapacidad son las más afectadas (80%). Sin embargo, la frecuencia no debe leerse de forma aislada: mientras las mujeres suelen recibir mensajes con contenido sexual o amenazas de exposición íntima (Simangunsong, 2020; Valencia, 2023; Bussu, 2025), los hombres y personas no binarias son atacados mediante la publicación de imágenes ofensivas o comentarios públicos humillantes (Mwansa et al., 2023; Byrne, 2021).
Además, el género también determina las estrategias de afrontamiento, Byrne (2021) encontró que las víctimas de ciberacoso no acuden a figuras institucionales, sino que optan por bloquear a sus agresores, modificar su configuración de privacidad o abandonar las plataformas, medidas que pueden reforzar la autoexclusión y el aislamiento. En el contexto mexicano, el silenciamiento es otra dimensión crítica del problema. A pesar de la existencia de marcos legales como la Ley Olimpia, muchas víctimas optan por no denunciar debido al miedo, la revictimización institucional o la falta de confianza en los mecanismos de atención (CEDOC-INMUJERES, 2022; Brennan et al., 2021). Este patrón de silencio se ve reforzado por normas de género que deslegitiman el sufrimiento de las mujeres o lo minimizan como parte del riesgo de estar en línea (ONU Mujeres, 2023).
1.3. Marco normativo e institucional: avances, límites y apropiación en el ámbito universitario
El abordaje del ciberacoso en instituciones de educación superior no puede desligarse del marco normativo e institucional que regula la convivencia digital y la protección de los derechos de las y los estudiantes. En México, la promulgación de la Ley Olimpia ha representado un avance significativo al tipificar la violencia digital como delito, incluyendo la difusión no consentida de contenido íntimo y otras formas de agresión en línea (ONU Mujeres, 2023). A nivel universitario, diversas instituciones han comenzado a incorporar protocolos de atención y prevención del ciberacoso; sin embargo, su implementación enfrenta desafíos como la falta de difusión, la escasa formación del personal y la débil apropiación por parte de la comunidad estudiantil (Bernardo et al., 2022; Kaur y Saini, 2023). Además, aunque la Ley General de Educación Superior establece principios de equidad, inclusión y respeto a los derechos humanos, su traducción en políticas operativas dentro de las universidades aún es desigual y fragmentaria. Por ello, resulta fundamental analizar no sólo la existencia de marcos legales, sino también su apropiación efectiva, los mecanismos institucionales de denuncia y la percepción que tienen los estudiantes sobre su utilidad y accesibilidad. La promulgación de la Ley Olimpia representa un avance normativo sin precedentes al reconocer el ciberacoso (en particular la violencia digital con componentes sexuales) como delito en 28 estados mexicanos (ONU, 2023). Sin embargo, como señalan Kaur y Saini (2023), la sola existencia de políticas institucionales no garantiza su eficacia. De hecho, su estudio concluye que muchos estudiantes desconocen las normativas de sus propias universidades, una tendencia que se observa también en México: más del 70% del estudiantado encuestado desconoce a qué instancia acudir en caso de ser víctima de ciberacoso.
Otros estudios muestran que la ausencia de estructuras institucionales claras conduce a una baja denuncia y a una percepción generalizada de impunidad. Por ejemplo, Tayeh (2023) revela que el 48.1% de las víctimas universitarias optan por guardar pruebas sin reportar los hechos, mientras que Asio et al. (2022) identifican que, aunque la prevalencia del ciberacoso no siempre es alta, su impacto emocional genera efectos acumulativos que afectan la vida académica y personal de las víctimas. Por ello, autores como Bernardo et al. (2022) han enfatizado que la revictimización institucional (producto de protocolos ambiguos o inexistentes) puede ser incluso más dañina que la agresión original.
Finalmente, Othman et al. (2022), Fauzi (2023) y Bussu (2025) sugieren que las Instituciones de Educación Superior deben superar el enfoque punitivo, adoptar marcos educativos y éticos sobre el uso de redes sociales, promoviendo una cultura de corresponsabilidad digital como parte de su misión formativa, así como ser partícipes activos en la prevención a través de la implementación constante de talleres y cursos sobre manejo de la ira, empatía, creación de infografías sobre prevalencia, patrones de victimización y forma de prevención y denuncia con responsabilidades y procesos claros para ello.
2. Materiales y método
Este estudio adopta un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, con alcance descriptivo y transversal (Salkind y Frey, 2019; Cvetkovic-Vega et al., 2021). El objetivo de este estudio es identificar patrones de ciberacoso en estudiantes de nivel superior en el Estado de Puebla, México, desde una perspectiva de género, considerando aspectos sociodemográficos, uso tecnológico, percepción normativa y participación como víctimas o agresores, el proceso se observa en la Figura 1.
Diseño del instrumento. Se construyó un cuestionario estructurado con base en referentes previos reconocidos en el estudio del ciberacoso (López, Bilbao, Ascorra, Moya y Morales (2014); MOCIBA (2021); García et al. (2021)). El instrumento contiene 39 ítems (Tabla 1) distribuidos en cinco secciones: (1) datos sociodemográficos, (2) uso de la tecnología, (3) experiencias como víctima, (4) identificación del agresor/a y (5) conocimiento sobre políticas y leyes. El instrumento completo se puede consultar en esta liga: https://forms.gle/6yeLAywqJbzyBFiG9
Tabla 1
Estructura del instrumento de recolección de información
| Sección | Ítems | Autor de referencia |
| Datos demográficos | 7 | MOCIBA (2021) |
| Uso de tecnología | 4 | MOCIBA (2021) |
| Experiencias como víctima | 10 | MOCIBA (2021); López, Bilbao, Ascorra, Moya Diez y Morales (2014); García, et al. 2021 |
| Identificación del agresor/a | 8 | MOCIBA (2021); López, Bilbao, Ascorra, Moya Diez y Morales (2014); García, et al. 2021 |
| Conocimiento sobre políticas, leyes y denuncias | 10 | Elaboración propia basados en: Bernardo et al., 2022; Kaur y Saini, 2023 |
El contenido del cuestionario fue validado mediante juicio de expertos (tres mujeres académicas con trayectoria en educación superior y estudios mínimos de maestría con experiencia en el desarrollo y validación de instrumentos para la recolección de datos) quienes evaluaron la claridad, coherencia y pertinencia de los ítems. Posteriormente, se aplicó una prueba piloto a 10 estudiantes universitarios, que permitió realizar ajustes menores en la redacción y orden de las preguntas (Torres, Salazar y Hidalgo, 2024). Finalmente, el instrumento mejorado presentó una consistencia interna, con Alfa de Cronbach de α=0.83, lo que indica una fiabilidad adecuada según se reporta en Rocco-Videla, et al. (2024).
Población. La población objetivo fue de 262,342 estudiantes de nivel superior en el estado de Puebla (INEGI, 2023). Para garantizar representatividad estadística, se calculó una muestra mínima de 384 estudiantes bajo un muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, con nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%, una probabilidad del 50% de que todos puedan ser elegidos (P=Q=50%) (Boza, Pérez, 2021; Huang, Li, y Toulis, 2021). Finalmente, se recopilaron 495 respuestas válidas, superando el mínimo requerido. De esta manera, haciendo el cálculo en porcentajes se obtiene que el número adecuado de la muestra corresponde a 383.59. Cuyos valores obtenidos con decimales, por convención son redondeados al entero superior, por tanto, el tamaño de la muestra corresponde a 384 encuestas a recolectar.
Descripción de la muestra. El cuestionario fue respondido por un total de 502 personas, de las cuales 495 manifestaron su consentimiento informado, integrándose estas últimas como la muestra final analizada (n=495). En términos de identidad de género, el 35.4% se identificó como mujer (n=175), el 63.6% como hombre (n=315), y el 1% como persona no binaria (n=5). Respecto al tipo de institución, el 77.8% de las y los participantes están inscritos en instituciones públicas, y el 22.2% en instituciones privadas. Estas cifras evidencian una mayor concentración de la muestra en universidades públicas, lo que se ha considerado en la interpretación contextual de los resultados. En relación con el nivel de estudios, el 96.6% está matriculado en programas de licenciatura, el 2.6% en maestría y el 0.8% en doctorado. Finalmente, las áreas de conocimiento están representadas de la siguiente manera: Ciencias Exactas e Ingenierías (59.8%), Ciencias Económico-Administrativas (26.9%), Arte, Arquitectura y Diseño (6.7%), Ciencias Sociales y Humanidades (5.1%), Ciencias de la Salud (1.0%) y Ciencias Biológicas y Agropecuarias (0.6%). Esta diversidad disciplinar aporta riqueza interpretativa a los hallazgos, aunque se reconoce un predominio de las áreas STEM (por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Recolección de datos. La recolección de datos se realizó mediante un formulario en línea alojado en Google Forms, distribuido durante cuatro meses a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp y X) y correo electrónico de estudiantes conocidos que asistían a algún curso durante ese periodo e inscritos en alguna universidad. Previo al inicio de la encuesta, se presentó un consentimiento informado digital que explicaba los objetivos del estudio, el carácter voluntario de la participación, y el uso exclusivamente académico de los datos. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad en todo momento.
Análisis de datos. Antes de iniciar con el análisis, es crucial verificar la integridad y la calidad de los datos mediante una hoja de cálculo. Esto implica identificar y corregir errores, verificar la consistencia de las respuestas y manejar los valores faltantes si los hay. En el caso de la encuesta aplicada, todas las preguntas están codificadas y solo se ha dejado un espacio para comentarios.
Visualización de datos. Para la presentación de resultados y representación del conocimiento se utilizan gráficos, tablas y otros elementos visuales, así como, exponer las conclusiones principales del análisis y aportar recomendaciones para futuras investigaciones o acciones basadas en los resultados obtenidos.
3. Resultados
En este apartado se exponen los resultados sobre la prevalencia, características y percepción del ciberacoso en estudiantes universitarios del estado de Puebla. A través de indicadores cuantitativos y cruces de variables como género, edad, nivel educativo y conocimiento normativo, se identifican patrones de victimización diferenciados y brechas institucionales.
3.1. Patrones de ciberacoso
Un patrón de victimización o ciberacoso se refiere a la recurrencia de características, circunstancias o formas en las que se presenta la experiencia de una víctima frente a una forma de violencia o agresión (Gómez, Hernández y Rodríguez, 2020). Los patrones de victimización (Márquez, 2011) ayudan a entender quiénes, cómo, cuándo y en qué condiciones son más vulnerables ciertas personas, especialmente cuando se considera la intersección entre género, edad y contexto educativo, en este caso ocurridos a través de medios digitales.
En este sentido, con base en los datos recolectados, en la Tabla 2 se observa el tipo de conducta y porcentaje entre mujeres y hombres en donde se resalta que las mujeres reportan con mayor frecuencia tipos de acoso con contenido sexual o amenazas, mientras que los hombres reportan que la violencia recurrente está basada en bromas hirientes o burlas.
Tabla 2
Conductas prevalentes en el ciberacoso
| Tipo de conducta | Frecuencia global | Mujeres | Hombres | |
| Contacto con contenido sexual no solicitado | 8.8% | 13.2% | 6.1% | |
| Bromas hirientes o burlas | 10.6% | 11.8% | 9.6% | |
| Suplantación de identidad o perfiles falsos | 7.0% | 9.5% | 5.4% | |
| Hostigamiento reiterado en redes sociales | 6.5% | 8.1% | 5.1% | |
| Amenazas directas | 4.2% | 6.6% | 2.1% | |
En la Tabla 3, se observa el medio más utilizado para cometer estos actos de violencia cibernética. Las redes sociales son el principal canal de ciberacoso, seguidas de la mensajería instantánea móvil (WhatsApp). Aunque, el 81.4% de los encuestados no reporta haber sido víctima de alguna manifestación de ciberacoso, un 18.6% manifestó haber sufrido algún tipo de ciberacoso.
Tabla 3
Porcentaje de ciberacoso reportado por tipo de institución y nivel académico
| Nivel educativo | %ciberacoso reportado | Mujeres | Hombres | |||
| Licenciatura pública | 18.2% | 21.5% | 15.8% | |||
| Licenciatura privada | 19.4% | 24.1% | 16.2% | |||
| Posgrado (maestría/doctorado) | 13.3% | 17.2% | 10.0% | |||
En cuanto al género de la víctima (Tabla 3) las mujeres reportan con mayor frecuencia a exparejas como agresores. Las personas jóvenes (18–22) son más vulnerables al acoso por parte de desconocidos, mientras que en el grupo de 23–29 años aumenta la incidencia de exparejas como agresores.
Tabla 4
Características de la víctima
| Características de la víctima | Desconocido | Compañero | Expareja |
| Mujeres | 38.7% | 29.0% | 22.6% |
| Hombres | 43.5% | 26.1% | 13.0% |
| Edad de 18-22 años | 44.4% | 30.6% | 13.9% |
| Edad de 23-29 años | 38.5% | 25.6% | 25.6% |
| Estudios de licenciatura | 39.6% | 30.2% | 20.8% |
| Estudios de posgrado | 54.5% | 18.2% | 9.1% |
Con base en los datos obtenidos de las Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4, se identifica el siguiente patrón predominante por género (Figura 2) en donde la frecuencia de estos actos son episodios ocasionales o recurrentes, con efecto emocional significativo, en color rojo se denotan las coincidencias entre ambos géneros.
Este patrón (Figura 2) está dirigido especialmente a mujeres jóvenes cuyos agresores son desconocidos (41.2%), compañeros (27.6%) y con un 18.4% ocasionado por sus exparejas sentimentales y finalmente, un 12.8% reporta que vivió ciberacoso por parte de un amigo o conocido. Este patrón sugiere que el ciberacoso no solo es una cuestión de anonimato, sino también de relaciones de poder y cercanía. Las mujeres jóvenes en licenciatura son particularmente vulnerables a agresiones por parte de ex-parejas y compañeros, lo cual requiere protocolos de atención diferenciados y sensibles al género.
En consecuencia, a través de la encuesta, también se pudo identificar el patrón del agresor que se muestra en la Figura 3.
El patrón del agresor es:
- Sexo: El 79 % de quienes admiten conductas de agresión son hombres; las mujeres representan apenas el 12.6%.
- Edad: La franja dominante es 20-22 años (52 %), seguida de 18-19 años (21 %) y 23-25 años (18 %). A partir de los 26 años la agresión cae a casos aislados.
- Tipo de violencia ejercida: Con mucha diferencia la acción más común es decir palabras malsonantes / insultar (96.97%). El acceso no autorizado a cuentas ajenas (36.36%) y las amenazas por mensaje (33.33%) aparecen como patrones secundarios.
- Medio utilizado: Las redes sociales encabezan la lista (40%). Les siguen llamadas telefónicas y juegos en línea; los SMS todavía cuentan, aunque en segundo plano.
En conjunto, el perfil típico del agresor es un estudiante varón de 20-22 años que insulta a otros a través de redes sociales; un subconjunto adicional realiza intrusiones en cuentas o lanza amenazas directas, usando tanto móviles como plataformas de juego. Este patrón no es casual, puesto que, responde a estructuras de poder y socialización de género que legitiman el control, la vigilancia y la agresión simbólica hacia mujeres en entornos digitales. Finalmente, el 4.8% de los encuestados figuran simultáneamente como víctima y agresor; teniendo aproximadamente una probabilidad del 30% de que la víctima pueda ser agresor. Esto se respalda al obtener una Chi cuadrada=68.5; p < 0.001, por lo que se rechaza independencia, es decir, ser víctima y ser agresor están asociados. En otras palabras, tres de cada diez víctimas terminan ejerciendo alguna forma de agresión digital, lo que indica un ciclo de retaliación o normalización de la conducta. Sin embargo, el 70% de los encuestados no replica la violencia, por lo que, pasar de ser víctima a agresor no es inevitable.
3.2. Conocimiento sobre legislación y protocolos institucionales
Conocer la legislación sobre el ciberacoso es fundamental puesto que brinda herramientas legales y conceptuales para reconocer, enfrentar y prevenir formas de violencia digital que pueden ser normalizadas o invisibilizadas, especialmente en contextos educativos y sociales donde el uso intensivo de plataformas digitales es cotidiano. En este sentido, se encontró que el conocimiento de la Ley Olimpia es mayor entre mujeres jóvenes (18-22 años), pero decrece al descender en jerarquía institucional o edad. Los canales institucionales son los menos conocidos en todos los grupos. En la Tabla 5 se muestra la legislación que conocen los encuestados según el sexo y nivel educativo.
Tabla 5
Conocimiento sobre legislación del ciberacoso
| Grupo poblacional | Conoce la Ley Olimpia | Conoce protocolos institucionales | Conoce canales institucionales de denuncia | Consideran denunciar | Instancia a la cual recurrir |
| Mujeres (18-29 años) | 62.4% | 38.5% | 31.2% | 74.1% | Fiscalía estatal (38.5%) unidad de género (24.7%) |
| Hombres (18-29 años) | 41.7% | 24.1% | 27.8% | 58.3% | Policía cibernética(31.2%) fiscalía (22.6%) |
| Estudiantes de licenciatura | 48.6% | 35.2% | 29.4% | 63.4% | Unidad de género (27.1%) Tutoría académica (18.3%) |
| Estudiantes de posgrado | 55.2% | 42.1% | 33.7% | 69.2% | Dirección escolar (33.6%) Fiscalía (25.4%) |
En la Tabla 5 se muestra que, aunque existe una percepción general de conocimiento sobre la Ley Olimpia, los porcentajes reales de familiaridad con los mecanismos institucionales y normativos son limitados: Solo 44.8% de las personas encuestadas dijeron conocer la Ley Olimpia; únicamente el 26.5% reportaron conocer protocolos universitarios específicos sobre violencia digital; y el 21.9% identificaron al menos un canal institucional confiable de atención y denuncia.
También, se encontraron inconsistencias que reflejan una brecha entre el conocimiento normativo y la acción posible (Tabla 5). La falta de confianza, la revictimización y la burocracia son factores inhibidores clave. Al cruzar estas cifras con quienes reportaron ser víctimas de ciberacoso (alrededor del 18.2% de la muestra), se observan tres inconsistencias clave: el 31.6% de quienes conocen la Ley Olimpia no saben a quién acudir institucionalmente. El 22.4% de las víctimas reconocen haber sufrido acoso digital, pero declaran que no lo denunciaron, alegando desconfianza, miedo o desconocimiento. Mientras que el 9.3% afirman no conocer la ley, pero han realizado algún intento de denuncia a través de mecanismos no especializados.
Además, la disposición a denunciar es significativamente mayor entre mujeres (74.1%) frente a hombres (58.3%), pero esta intención no se traduce necesariamente en acciones formales, evidenciando una brecha crítica entre conocimiento normativo y respuesta institucional efectiva. Puesto que el 55.6% de las mujeres reconoce que hay políticas, pero el 29.2% de ellas no sabe a quién recurrir, en tanto que el 48.1% de los hombres reconoce que hay políticas, pero el 36.4% no sabe a quién recurrir para hacerlas efectivas. Es decir, 1 de cada 3 mujeres y más de 1 de cada 3 hombres que reconocen la existencia de la legislación sobre el ciberacoso o políticas institucionales no saben con quién o a dónde canalizar una denuncia o recibir apoyo.
En general, ambos géneros reportan baja confianza en las consecuencias de la denuncia, y menos del 10% han recibido apoyo institucional efectivo, lo cual refuerza la necesidad de fortalecer la respuesta universitaria. Por ejemplo, en universidades privadas, el 52.2% de las personas encuestadas reconoce la existencia de políticas institucionales contra el ciberacoso; mientras que, en universidades públicas, sólo el 36.8% lo hace. A pesar de ello, el desconocimiento operativo persiste en ambos casos: 29.1% del estudiantado de universidades privadas y 34.6% de estudiantes de universidades públicas no sabe a quién acudir incluso reconociendo que existen protocolos.
4. Discusión
Los resultados obtenidos en este estudio confirman que el ciberacoso en contextos universitarios mexicanos no solo persiste, sino que se manifiesta con patrones diferenciados por género, nivel educativo y tipo de institución. Los datos de la Tabla 1 evidencian que las mujeres sufren más agresiones con carga emocional y sexual, lo cual es consistente con la literatura sobre violencia digital de género (Sánchez-Ramos, 2022; INEGI, 2023). Este hallazgo se refuerza con los datos recientes del MOCIBA 2024, que indican que el 31.1% de las mujeres de entre 20 y 29 años usuarias de internet han sido víctimas de ciberacoso, frente al 22.9% de los hombres adolescentes.
La agresión más reportada por mujeres en este estudio fue el contacto con contenido sexual no solicitado (13.2%), mientras que los hombres señalaron con mayor frecuencia burlas o bromas crueles (9.6%). Esta diferenciación en las modalidades de agresión según el género coincide con lo reportado por Fatima y Kashif (2024), quienes destacan que el género no solo determina el tipo de violencia digital, sino también su impacto emocional y social. Marr y Duell (2021) añaden que las mujeres tienden a experimentar mayor ansiedad y retraimiento tras episodios de ciberacoso, mientras que los hombres suelen minimizar o normalizar estas experiencias.
En cuanto al género del agresor, los datos de la Tabla 3 revelan que las mujeres reportan con mayor frecuencia a exparejas como responsables de las agresiones, lo cual coincide con los patrones de violencia digital íntima descritos por Malmö University (2024) y Pearson (2024). Estos estudios conceptualizan la ciberviolencia de género como una extensión de dinámicas de control, vigilancia y castigo simbólico, especialmente dirigidas a mujeres jóvenes.
Por otro lado, el patrón identificado son agresores desconocidos (41.2%), compañeros (27.6%) y exparejas (18.4%), datos que coinciden con lo reportado por Donoso-Vázquez y Rebollo-Catalán (2018) y con los datos del MOCIBA 2024, que señalan que los agresores más frecuentes son personas del entorno cercano. Este patrón sugiere que el ciberacoso no es únicamente una cuestión de anonimato, sino también de relaciones de poder y cercanía. Gómez Cruz (2023) advierte que los hombres son más propensos a prácticas violentas como el envío de imágenes sexuales sin consentimiento, lo que refuerza la idea de que la violencia digital reproduce estructuras machistas y roles de dominación. Esta afirmación se ve respaldada por el Banco Nacional de Datos sobre Violencia contra las Mujeres (BANAVIM, 2022) y Avendaño (2025), que reporta que más del 90% de los agresores en casos de violencia de género son hombres, con una edad promedio de 36 años y escolaridad media.
De esta manera, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (2023) también ha señalado que la violencia digital debe entenderse como una extensión de la violencia estructural, en la que los entornos universitarios no están exentos. En este sentido, los hallazgos del presente estudio confirman que el ciberacoso no se combate únicamente con marcos legales, sino que requiere estrategias institucionales activas, empáticas y accesibles (Espinosa y Garcilazo, 2022; Valencia, 2023, Bussu, 2025).
Una contradicción relevante identificada en los resultados es que, aunque el 44.8% de los estudiantes afirma conocer las leyes contra la violencia digital, solo el 26.5% sabe a qué canal institucional acudir para denunciar. Esta disociación entre el conocimiento normativo y su activación práctica ha sido documentada por López Cabello et al. (2022), quienes advierten que la existencia de protocolos no garantiza su eficacia si no se difunden adecuadamente ni se acompañan de formación jurídica accesible. Esta brecha crítica limita la capacidad de respuesta de las víctimas y perpetúa el ciclo de impunidad.
Por ello, se vuelve urgente fortalecer la alfabetización jurídica digital con enfoque de género en espacios universitarios, como lo han argumentado Sánchez-Ramos (2022), Espinosa y Garcilazo-Arriaga (2022) y el Centro de Tecnologías para la Inclusión y la Ciudadanía (CTIC, 2024). La construcción de una cultura digital universitaria que reconozca, atienda y sancione el ciberacoso requiere no solo normativas claras, sino también procesos formativos que promuevan la corresponsabilidad, la empatía y la equidad.
5. Conclusiones
El ciberacoso en instituciones de educación superior constituye una forma insidiosa de violencia digital que afecta de manera diferenciada a estudiantes según su género, edad y nivel educativo, como se ha dicho, ahora ya es una pandemia social. A pesar de que hay avances normativos como la Ley Olimpia en México, esta problemática persiste debido a la combinación de anonimato, normalización del acoso en entornos virtuales y vacíos en la apropiación institucional de protocolos preventivos y de atención.
De esta manera, los hallazgos de este estudio evidencian que el ciberacoso en contextos universitarios no solo afecta la integridad emocional de las personas involucradas, sino que también incide directamente en su experiencia formativa, participación académica y sentido de pertenencia institucional, en donde las mujeres ocupan los mayores porcentajes en ser víctimas y los hombres en ser ciberacosadores. La violencia digital, al manifestarse en formas diferenciadas según el género, revela la necesidad de que las instituciones de educación superior reconozcan esta problemática como parte de sus responsabilidades éticas y pedagógicas.
Desde una perspectiva educativa, el ciberacoso compromete la construcción de ambientes seguros, inclusivos y propicios para el aprendizaje. Las agresiones digitales, especialmente aquellas con connotaciones sexuales o simbólicas, tienden a generar efectos paralizantes que inhiben la expresión, el diálogo y la colaboración entre pares. Esto limita el desarrollo de competencias socioemocionales, debilita los vínculos de confianza y obstaculiza la participación activa en espacios académicos presenciales y virtuales. Además, a pesar de que los estudiantes conocen la normativa sobre la regulación del ciberacoso, la inaccesibilidad de los canales institucionales de denuncia pone en evidencia una brecha crítica entre el marco normativo y su apropiación operativa. Aunado al hecho de que la víctima teme a la revictimización o al qué dirán o peor aún a la marginación o exclusión social y a represalias o retaliación.
Esta controversia plantea desafíos urgentes en términos de formación jurídica digital, alfabetización en derechos y fortalecimiento de la cultura institucional, en particular, la forma en cómo se comunican estas leyes y se ponen en práctica. Es por ello, que las universidades deben superar el enfoque reactivo y adoptar estrategias educativas que promuevan la corresponsabilidad digital, el respeto a la diversidad y la prevención de la violencia en línea, en particular a redoblar esfuerzos para crear empatía, consciencia colectiva, justicia restaurativa y sensibilización social.
En este sentido, las implicaciones educativas no se limitan a la atención de casos, sino que abarcan el diseño curricular, la formación docente, la comunicación institucional, la gestión ética de las tecnologías y la sensibilización estudiantil. Una de las estrategias que podrían funcionar para poner en práctica estos lineamientos y que los estudiantes se sientan confinados a denunciar y evitar estas agresiones consiste en incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, ética del cuidado y derechos digitales con enfoque de género, fundamentales para transformar los entornos universitarios en espacios de justicia, empatía, equidad y respeto.
Por otro lado, es de relevancia comentar que, entre las limitaciones del estudio se reconoce el predominio de estudiantes de licenciatura y de universidades públicas, lo cual restringe la generalización de los hallazgos. Asimismo, el uso de un cuestionario autoadministrado en línea puede influir en el subregistro de experiencias violentas a pesar de que el cuestionario se delimitó a una respuesta por correo electrónico, particularmente entre varones o personas no binarias que socialmente enfrentan presiones para minimizar estas vivencias.
Como línea de trabajo futura, se sugiere ampliar la muestra a otras entidades federativas, incorporar entrevistas en profundidad y analizar la respuesta institucional desde la voz del personal docente, administrativo y de defensa universitaria. Además, sería relevante desarrollar instrumentos que midan el impacto emocional y académico del ciberacoso en diferentes momentos del proceso formativo.
Ignorar esta realidad equivale a naturalizarla. Por ello, las universidades no pueden limitarse a declarar tolerancia cero al acoso: deben demostrarla con acciones concretas, recursos suficientes y una cultura digital que garantice la dignidad, la equidad y la seguridad de toda su comunidad.
Declaración de uso de la IA
Los autores declaran que se ha utilizado Microsoft Copilot (2025) y Gemini (Google, 2025) para contrastar la gramática del documento particularmente en la presentación de resultados.
Disponibilidad de datos de la investigación
Los datos de la investigación están disponibles en http://bit.ly/472nFsu con acceso libre para su consulta. El formulario de recolección de información se encuentra público en esta liga https://forms.gle/2B6Rw9kMUHiq12Kg8
Transferencia
Esta investigación ha generado un conocimiento robusto sobre los patrones, dinámicas y brechas institucionales en torno al ciberacoso en universidades mexicanas, con una perspectiva de género y enfoque normativo. Entre las principales aportaciones destaca la identificación de las formas diferenciadas de victimización por género, el papel de las relaciones de poder en los entornos digitales académicos, y la desconexión entre la legislación existente (como la Ley Olimpia) y su apropiación operativa.
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