Desconectados: causas y remedios de la brecha digital[*]

Disconnected: causes and remedies of the digital divide

Luis Eduardo Díaz

Profesor de Derecho de la Seguridad Social

Universidad del Zulia (Venezuela)

lediaz.led@gmail.com 0000-0003-0541-4715

RESUMEN		PALABRAS CLAVE
Se explican las causas de la brecha digital y se examinan algunas prácticas nacionales para su superación. El método empleado es el explicativo, analizando documentos de diversas fuentes sobre esta revolución digital que, en la perspectiva de los derechos humanos, debe ser para todos. Se muestra cómo la secuencia digital consume el tiempo de los cibernautas y cómo una parte de la riqueza mundial circula por la red con dominios e influencias significativas e instables condiciones de empleo. La protección social está seccionada en diferentes grupos que amplían las diferencias entre interconectados y desconectados, donde las redes pueden trucar la realidad y la colectividad puede ser reemplazada por la conectividad. En esta fase tan apresurada, dividida y horizontal, las agrupaciones tienen poca cohesión. Entre otras medidas, la superación de la brecha pasa por la financiación del equipamiento y la tecnología, la inserción social y medidas de protección a la salud.		Brecha digital Democracia Internet Desigualdad Plataformas
ABSTRACT		KEYWORDS
The causes of the digital divide are explained and some national practices for overcoming it are examined. The method used is explanatory, analyzing documents from various sources about this digital revolution that, from the perspective of human rights, should be for everyone. It shows how the digital sequence consumes the time of netizens and how a part of the world’s wealth circulates through the network with significant domains and influences and unstable employment conditions. Social protection is divided into different groups that expand the differences between interconnected and disconnected, where networks can distort reality and collectivity can be replaced by connectivity. In this hasty, divided and horizontal phase, the groups have little cohesion. Among other measures, overcoming the gap involves financing equipment and technology, social integration and health protection measures.		Digital divide Democracy Internet Inequality Platforms

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN

II. MPACTO DE LA ERA DIGITAL

A. La brecha digital

1. La dimensión política y cultural

2. La dimensión laboral y de género

III. LA SUPERACIÓN DE LA BRECHA DIGITAL

A. Inversión e inclusión

B.Salud y medio ambiente

C. Participación y destrezas

D. Marco legal y desarrollo de la administración previsional

IV. CONCLUSIONES

Bibliografía

I. INTRODUCCIÓN  ^ 

La era digital aparenta a primera vista ser neutra con respecto a la sanidad de la democracia. A modo de ilustrar, no interfiere en la realización de alguna asamblea, en el derecho a establecer un sindicato, en la negociación y en la huelga. Su desmantelamiento puede ser explicado por otras vías y no precisamente por el lado tecnológico, el que se asoma solo como un dato extra. Los ataques a la libertad de expresión y reunión, que pasaron, según el Índice Global de los Derechos (CSI, 2022) a nivel mundial del 26 % en 2014 al 41 % en 2022, pueden ser dilucidados en razón de causas ajenas a la tecnología de los dígitos. Por consiguiente, leyes represivas, prácticas antisindicales, represión policial, regímenes autocráticos, hasta llegar incluso a la ruptura del estado de derecho, dan cuenta de una lista de causas que conforman una escala de transgresiones que se han venido intensificando y que comienzan por la violación de las libertades civiles, hasta llegar a la franja de los derechos sociales como el de la seguridad social.

Pero la desvinculación con la revolución digital no es absoluta y mucho menos neutra. Lejos de eso, el internet tiene un verdadero impacto político. Provoca cambios institucionales por el lado de la modernización, la simplificación de trámites y la participación ciudadana, genera, además, redes de grupos y partidos, democratizando la información, aunque todavía una tercera parte de la población mundial carece de conectividad, 2’7 billones de personas, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) constituyen un recurso valioso para la democracia, aunque pueden jugar también en su contra. Permiten traer más miembros a la asamblea, facilitar la organización sindical, la negociación y apoyar el derecho a huelga, pero también ser útiles para la propaganda de la autocracia o para la censura de algún opositor. El desafío para gobiernos y cientistas sociales consiste en ponerlas a disposición de todos para no profundizar aún más la brecha entre ricos y pobres, rompiendo con estrépito a las democracias. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2021, el 1 por ciento sobre acaudalado posee el 21 por ciento del ingreso de toda la economía del planeta y apenas el 27 por ciento tiene acceso a las nueve ramas de seguridad social contempladas en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero ¿qué decir de los nuevos riesgos digitales?

El referente digital nos lleva a otro sobre la justicia y la libertad de palabra y creencia contenida en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la manipulación de la información, generalizada por los bots, reduce la autodeterminación y pone en riesgo la vitalidad de la democracia. En concreto, los costos de los ciberdelitos ascendieron a 113.000 millones de dólares en 2013, según datos de Symantec citados por un estudio de la CEPAL de 2016 para 24 países del mundo. El número de personas afectadas ascendió a 378 millones. El 41 % fueron víctimas de ataques con programa malicioso (malware), virus, estafas y robos. Se reporta un crecimiento exponencial de violaciones de datos, hurtos bancarios y ataques al sistema informático para luego exigir el pago de un rescate (ransomware), se arrebata la identidad (spear-phishing) o se reciben correos no deseados (spam), siendo las empresas con más de 2.500 empleados las más susceptibles de ser perjudicadas[1].

La democracia digital puede ser entendida como la organización del poder institucional en la web[2]. El gobierno digital y el derecho de la ciudadanía bajo este enfoque pueden complementarse o marchar por separados[3]. Uno puede enriquecer al otro o bien tomar derroteros distintos; por ejemplo, puede haber un refinamiento electrónico a nivel gubernamental, pero será baja o inexistente la participación. Optaré en este ensayo por una definición más amplia: la democracia digital sería la forma de sociedad que reconoce y respeta la libertad, la igualdad y la participación en el acceso al internet. Se parte por considerar la suficiencia de ingresos, la equidad de género y el software y hardware necesarios junto con la mayor conectividad posible como parte de una política pública más integral. A través del análisis de documentos, en la primera parte se explican las causas de la brecha digital y se enfoca la segunda en obtener información de experiencias acerca de su superación, presentando algunas conclusiones.

II. IMPACTO DE LA ERA DIGITAL  ^ 

La era digital reúne un sin número de dispositivos que crean, transportan y registran datos mediante la combinación de bits. Los bits son unidades de medidas de información que superan en cantidad lo que ningún cerebro humano es capaz de almacenar. Los ordenadores conectados y el conocimiento que poseen, informatizan a la sociedad, los proyectos personales y los negocios.

La informatización alcanza a los hogares y a las ciudades que operan en red. Con base en la CEPAL (2016) y Statista (2023) por segundo, se descargaban en 2014 más de 1700 aplicaciones. El número aumentó a más de 7000 en 2022. Un usuario promedio cuenta con alrededor de 60 en su teléfono inteligente. En un solo segundo, se realizan más de 74.000 búsquedas en Google, más de 1700 llamadas por Skype y más de 2 millones de correos electrónicos son enviados. En esa misma secuencia de tiempo, las publicaciones en Facebook no bajan de 50000, se suben más de 1900 fotos, en YouTube se descargan más de 98000 vídeos y a través de WhatsApp se envían más de 300000 mensajes y más de 8500 por X. Solo en 2022, la cifra de descargas se incrementó en 25.000 millones con respecto a 2021.

El tiempo digital significa que la vida se realiza y transmite a través de dispositivos. Todo ello se debe a la expansión del internet seguido de las plataformas y aplicaciones, las redes sociales, los robots, la computación en la nube y la analítica de los grandes datos. Emerge una nueva industria: Intel, Microsoft y Cisco son sus símbolos históricos más representativos. La economía es digital y el planeta se convierte en un mega mercado[4]. Como afirma el estudio de la CEPAL de 2016, se digitalizan las cadenas de valor, se pasa de un internet centrado en el consumo a uno ligado también a la producción.

Entre los beneficios de esta época se cuenta con la posibilidad de acceder a un capital con riesgo de inversión más pequeño, sin intermediarios ni costes adicionales[5]. Sin embargo, las nuevas empresas no producen riqueza en condiciones laborales estables. La planificación de largo plazo no existe y, consecuencia de ello, la gerencia no es permanente y su cuerpo de apoyo tampoco; son los emprendimientos y las relaciones horizontales las que se atizan.

El nuevo paradigma productivo, el que se caracteriza por digitalizar los procesos, desarrollar la Inteligencia Artificial (IA) y la minería de datos, perfila una organización muy avanzada, con predominio de la informática, la genética y la robótica, creando segmentos innovadores y exclusivos. La marginalidad intrínseca que produce genera toda clase de negocios turbios que se unen a la opacidad institucional reinante, terminando los gobiernos por perder la capacidad de controlarlos[6].

El aumento de la conexión por internet crea una economía de servicios digitales, un mercado que puede estar sujeto a monopolios, afectando a usuarios y consumidores. La investigación tecnológica de las empresas privadas apunta a que estas consigan formar nuevos conocimientos, de modo que les proporcione un rendimiento exclusivo. En este sentido, un Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha dictaminado que la economía digital pone en riesgo la libertad de competencia, pese a estar regulada por normas centenarias como las leyes Sherman y Clayton, las que tienen como objetivo prevenir la formación de dominios y promover una competencia justa.

A. La brecha digital  ^ 

La noción espaciada de democracia permite manejar la de brecha digital, entendida como las diferencias de acceso formal al internet, empezando por el equipamiento, la autonomía de uso, las habilidades y el apoyo social que eventualmente se recibe, hasta llegar a considerar incluso la velocidad del acceso a la red[7]. Después, esa tecnología debe generar algún provecho, ventaja o bienestar a quien se sirve de ella.

Una de las empresas más importantes de Europa, Telefónica, dice en uno de sus estudios públicos que, en la mayoría de nuestros mercados, se puede comprar un día de internet con menos de lo que cuesta un café o un viaje en el metro. Sin embargo, conforme a la UIT (2022), el uso del internet en el mundo está directamente relacionado con el poder adquisitivo. El trabajo a distancia es irrealizable sin una computadora en casa o conexión a internet. El despliegue de las redes de telecomunicaciones se basa en decisiones de negocio priorizando la franja urbana con mayor densidad de población e ingresos[8]. Algunos proyectos pueden ponerse en ejecución y facilitar la entrada a la tecnología dependiendo de las regulaciones y elecciones políticas a través de empresas públicas o privadas que se desempeñan en estos campos con programas de alfabetización digital, abaratamiento del coste de la banda ancha o acceso gratuito a la web. En el hogar, la primera condición es contar con el enlace adecuado para soportar la cantidad de bytes requeridos por el teletrabajo. Lo segundo es dominar el equipo o celular, de utilizarlo como herramienta de trabajo; sin embargo, un 32 % de la población de América Latina y el Caribe continúa sin acceso al internet. Son 244 millones de personas, con diferencias significativas de penetración tecnológica entre hogares de ingresos altos y de baja renta. En Perú, un operador de infraestructura móvil ha logrado empalmar a 2 millones de personas y en Argentina a través de satélites de comunicaciones geoestacionarios a más de 10 mil escuelas rurales en proyectos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe de 2021. Aparte, existen otras consideraciones, no menos importantes, sobre salud y condiciones de empleo. Restricciones en razón de la desigualdad de ingresos, género, edad y nivel educativo, quedaron evidenciadas durante la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y otros países[9].

Las zonas geográficas con menores rentas per cápita, con mayor depresión social y superior índice de marginalidad, pobreza y exclusión, son las que tienen más dificultades de acceso al internet, porque pese a su notorio incremento, su universalización es una deuda pendiente todavía. Por ejemplo, en las áreas rurales, no existe la expansión del comercio ni la mejora de la salud, las mujeres tienen acceso limitado a la web, los jóvenes pierden oportunidad de mejorar sus capacidades y los viejos quedan sin asistencia tele-sanitaria.

En el nuevo orden mundial hegemónico neoliberal, las masas no se incorporan como antes al sistema económico. El excedente poblacional, contratado a bajo costo y cubierto por la red de beneficios sociales, ya no funciona. Ello se debió al estallido de una crisis estructural en los 70, ocasionada por el exceso de oferta, en razón de la tecnología y la masificación de productos chinos. Los Estados de Bienestar tuvieron que hacer frente al desempleo que ello ocasionaría, incrementando el gasto público. El desequilibrio en la balanza de pagos se corrige emitiendo dinero sin respaldo. Tasas de crecimiento pobres, inflación y deuda pública fueron las consecuencias de ese ciclo económico que los estímulos keynesianos a la demanda no pudieron resolver.

El ideario neoliberal que se forja como contrapartida encuentra en el mercado y no en la intervención del Estado al agente organizador de la economía y la sociedad, todo ello apalancado por el derrumbe del imperio soviético y la ampliación de las TICs, dando forma a la actual fase de la globalización, caracterizada por la economía de plataforma[10]. En ella, la persona que tiene un trabajo retribuido no posee seguridad jurídica y social, y existen dudas sobre su relación laboral, sea como subordinado o como autónomo, asunto el cual, aunque debiera estar determinado por la primacía de la realidad, aún no ha sido aprobado como una Directiva en la Unión Europea.

En la región, no obstante, durante la década de 2000, gracias a mayores recursos fiscales en razón de los altos precios de las materias primas, los sistemas de protección social aumentaron en cobertura bajo una modalidad asistencial, vía transferencias monetarias condicionadas, las que pasaron del 3,6% al 20,2% entre 2000-2016 y la cobertura por pensiones se elevó en el mismo lapso de 51’5 % al 77’10 %[11]. Pero la cobertura social siguió segmentada y los programas no contributivos quedaron sin posibilidades de financiamiento por la falta de reformas tributarias.

La desconexión a fin de cuentas no ayuda a la democracia: La brecha digital en sus diferentes magnitudes de acceso, uso y calidad, y la exclusión por edad, género, la social y económica, por discapacidad e idioma, incumbe a todas sus instituciones. Democratizar las TICs significa contar y saber usar dispositivos en el hogar, en las escuelas y bibliotecas públicas. El acceso al internet, la capacitación digital, la participación del adulto mayor y de la mujer en carreras tecnológicas, y la digitalización de las pequeñas y medianas empresas son algunos de los indicadores claves de la calidad de una democracia.

Valores esenciales como la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos no son respetados por la marginación sistémica de las personas a las que se les priva de este beneficio social al ser discriminadas, poniendo en riesgo su participación en la toma de decisiones, es decir, de cuán capaces son de expresarse a través de las plataformas y redes, con campañas, convocatorias, divulgación de contenidos e informaciones, sin necesidad de recurrir a los medios tradicionales de la radio, televisión y prensa escrita[12].

Se trata la brecha digital en definitiva de una cualidad variable de la sociedad de la información, vista como el manejo desigual entre conectados y desconectados. Es una forma de desigualdad que convive con las ya tradicionales derivadas de la inequitativa distribución de la riqueza. Los gobiernos han querido cerrar esta última con una fuerte inversión en infraestructura, pero sin manejar como se verá seguidamente todas sus dimensiones[13].

1. La dimensión política y cultural  ^ 

La repercusión de la tecnología digital en la política hay que ubicarla en diferentes ámbitos y contextos nacionales, así que destacar el nivel de deliberación ciudadana en la red y su impacto en la esfera pública, la participación en la vida política, el conocimiento ciudadano sobre la web, la organización y movilización popular depende de cada situación particular, en donde las redes puedan ser un contrapoder o donde puedan favorecer el statu quo, ser portavoces de una contracultura o constituirse en aliadas del consumismo y el discurso hegemónico, y siempre se encontrarán matices y diferentes grados de participación, debido al tamaño de la audiencia y su marcada segmentación. En China, por ejemplo, sistemas de vigilancia hacen seguimiento a las condiciones mentales de los trabajadores. El control de las emociones por parte del empleador concede ventajas y oportunidades para condicionar su libertad personal, reprimir sus deseos y disciplinar su carácter, complementado esto con un sistema digital basado en puntos que evalúa a los individuos y se extiende a las organizaciones, penalizando los comportamientos no ajustados al canon. El proyecto chino de supervigilancia se aprueba en el 2014 y el secretismo impide conocer todos sus alcances. Pero lo cierto es que la planificación central se fortalece en este sistema de crédito social que, según el estándar totalitario, diferencia entre el buen Estado que se esparce a las grandes corporaciones, en contra de los malos que como tales sean considerados. Este régimen de reputación incluye videovigilancia y reconocimiento facial. Los bien posicionados obtienen, según el Consejo de Estado Chino, preferencias estatales, crediticias, sanitarias, de empleo y hasta desgravámenes fiscales. Las autoridades defienden el sistema nacional de crédito social como promotor de responsabilidades personales ajustadas a una buena educación, sancionando las conductas negativas que afecten el bien común. Desde su óptica, se premian los comportamientos ejemplares y honestos. El Estado cubre, aparte, todos los aspectos empresariales, regula el mercado y se apoya en los macrodatos para perfilar sus acciones[14]. Son estas las reglas del juego, no las que impone la paz burguesa, derivación histórica del código civil francés; sino las del partido comunista chino, normas que benefician a aquellos que no tengan la intención de atacar al sistema, porque de lo contrario, el régimen de crédito social anula licencias y permisos, prohíbe actividades, imposibilita contratar con el gobierno, dificulta el crédito, audita fiscalmente siempre y obstaculiza tanto como pueda las prestaciones sociales. Katz (2023) expresa que no es menos preocupante la intención de China de controlar materias primas para el futuro de la digitalización de su matriz productiva, por ejemplo, el litio, reservas de agua y fuentes energéticas que sustenten sus necesidades. Ello plantea abordar la relación con China como punto especial de la agenda pública, unida al interés nacional de cada país en desarrollo.

Pero tampoco las democracias están exentas de experimentos de control ciudadano a través de la publicidad, la propaganda y la indagación algorítmica, guiando a grupos de votantes por región y materia. La política aquí no esclarece, solo amaña, como idea y actitud de avance, da paso a populistas y al ascenso de celebridades y demagogos. Las élites quedan en entredicho, porque la red sustituye su orientación, sobre todo de largo plazo[15].

El marketing y la publicidad crean objetos y servicios estimulantes del deseo, mediante la utilización de valores simbólicos, estéticos y sociales, dentro del modelo schumpeteriano de “destrucción creativa”, propio del capitalismo, el que torna obsoleto el producto tan rápido como le sea posible. Es el caso, por ejemplo, de las computadoras, las pantallas de plasma y los celulares, que evolucionan velozmente, pero al poco tiempo de salir al mercado, ya parecen antigüedades[16].

La web crea un público considerable e inmediato. Los actores sociales del tripartismo difunden en ella sus discursos, aunque hay nuevos líderes, activistas, emprendedores o trabajadores autónomos, amas de casa, jubilados, desempleados, actores dramáticos, jóvenes y artistas que se comunican igual o más. Hay tanto de mercado como de espectáculo, también de comunicación breve y de micropolítica cotidiana, y no es menos el narcisismo. Son actos e intérpretes que se mueven en red y que poco o mucho tienen que ver con la inclusión política y la realidad[17].

La agrupación es menos rígida, centralizada y jerárquica. Puede impactar en la conformación de la agenda pública en breve o alterar la que se pretende. Los canales de comunicación son fluidos y cambiantes, generando, por tan vasta variedad, algo de incertidumbre de hacia dónde se va o cuál es la viabilidad de las alternativas propuestas.

El factor tiempo cambia también. La audiencia debe acelerar su marcha para estar a tono con la figura digital, porque el tiempo real está dentro de cada aparejo, funcionando a otra velocidad. Los sucesos son independientes a la capacidad otrora mastodóntica de los establecimientos oficiales. La combinación de bits habilita forzosamente otras consecuencias, temporales e imprevisibles. El agente público tenía a su merced su gran magnitud físico-institucional para aparecer, brillar y culminar sus esquemas de trabajo de forma analógica. Pero la duración digital es ahora la que maneja los engranajes en la red. Los parlamentos y partidos están a la misma altura de los demás sujetos y su majestad de otrora, si no es menos, tiene mayor competencia. La participación se redimensiona a ejercicios de corto plazo, los que son efímeros y volcados a temas concretos, es la sustitución de una acción colectiva por una conectiva más breve[18].

La cultura igual se informatiza y se redefinen las existentes, como la televisión, el cine, la prensa y la radio, además de otras esferas como la fotografía, las librerías, la educación, entre otros ámbitos. Emerge un nuevo actor que se apropia de un producto, lo transforma y distribuye. Si bien es una práctica individual, se desarrolla este proceso en un espacio colaborativo, mediante una plataforma. La participación, inclinada a alguien o a algo, aparece y se hace tendencia por sus réplicas. Es el capitalismo de los afectos, donde los actores, llamados prosumidores, –según el término acuñado por Toffler en 1980–, son capaces de intensificar el uso de un producto a través del internet y lo hacen circular entre máquinas, redes sociales, organizaciones, usuarios y seguidores[19]. Ello en parte se explica por la reducción de los precios del hardware, el acceso a Internet y la globalización de los patrones de consumo.

En la región, son las redes las más populares, les siguen el comercio electrónico, los diarios y revistas. Un usuario promedio se conecta a Internet 21’7 horas/mes, una menos que el promedio mundial de 22’8. Uruguay sobresale con 32’6 horas. Los sitios de servicios de banca y gobierno electrónico están aún poco desarrollados. Se accede mayoritariamente a espacios extraregionales como Google, Facebook, Microsoft, Yahoo y Wikipedia; más que a puntos locales, a diferencia de Japón y Corea, Rusia y China. Facebook es la que cuenta con mayor audiencia (145 millones), seguida por ShareThis (93 millones). Después están LinkedIn, Taringa y X. Con respecto al tiempo dedicado, Facebook también ocupa el primer lugar (95 % del total del empleado en redes sociales), muy lejos continúa X con el 1’4 % y son también más altos los tiempos por visita, alrededor de 17 minutos para abril de 2014 y crece a 60 minutos en 2018[20]. El sistema es útil para generar micropoderes individuales, segmentándose las audiencias, sirve para leer y escribir, pero sobre todo, para ver y verse en micropantallas[21].

2. La dimensión laboral y de género  ^ 

Los datos advierten que los robots pueden competir frente a cualquier trabajador promedio. Adquieren, sin necesidad de reentrenamiento, nuevas capacidades y sus costos resultan inferiores a los sueldos de cualquier jornalero de países emergentes[22].

La pandemia profundizó algunas tendencias: se incrementó el empleo en sectores relacionados con la salud, el comercio electrónico, la economía de plataformas y los servicios basados en conocimiento[23]. La Comisión sobre el Futuro del Trabajo de la OIT estima que más de 300 millones de nuevos empleos deberán crearse hacia 2030, aun cuando en la actualidad hay 2000 mil millones de personas en trabajos informales.

La conectividad a toda hora cuestiona los derechos y obligaciones laborales, produciendo un disturbio en el orden establecido. El día y hora de labor pueden ser cualquier otro al fijado en la ley. Los tiempos prescritos por el derecho son distintos a los virtuales, fieles a la demanda, inaplicable o insuficiente se hace el ordenamiento. La línea de defensa tutelar se confunde y altera también. El director de una empresa puede estar en un país distinto a su equipo de trabajo y, aparte, existen serios vacíos legales acerca de los robots y la IA[24].

La hiperflexibilidad tiene dos caras muy definidas: una es que da más opciones para elegir el horario de trabajo, sujeto a la necesidad de la empresa o la demanda, pero la otra puede revelar más bien un deterioro de la salud y el bienestar de la persona, y esto es cuando pierde el control del tiempo de labor y de su vida personal. La digitalización supone alcanzar el equilibrio, pero lo que ocurre verdaderamente es que, sin interrupción de la conexión, esta sigue más allá de las jornadas de trabajo habituales, arruinando el descanso e impidiendo la justa armonía entre la vida laboral y la privada.

Aparece un nuevo mercado laboral constituido por plataformas digitales y a partir de modelos digitales pueden crearse objetos físicos, utilizando la impresión 3D o fabricación aditiva. Sin embargo, a los efectos de registrar las cotizaciones a la seguridad social, los trabajadores son considerados autónomos, careciendo generalmente de protección social. La dispersión de estos impide la representación sindical y la competencia que entre ellos se genera, imposibilita el ejercicio de derechos colectivos, tal como lo señala una resolución de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de 2017. Las soluciones no han faltado y son muy diversas, lo que en cierta forma dificulta la cuestión, sea organizando a los conductores o repartidores, judicializando los reclamos, creando comités de empresas en las plataformas, encauzando el diálogo social o creando cooperativas u otras organizaciones de base.

En España, por ejemplo, la conocida como Ley Rider (Ley 12/2021), fruto de un acuerdo social, establece una presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto de mercancías[25]. Pero el sector sigue por diferentes razones poblado de autónomos que difícilmente cotizan. La constatación de la laboralidad pasa por la determinación de varios criterios (verificación de al menos 3 de 7 según un proyecto de Directiva de la Unión Europea). Lo que revelaría la subordinación sería: 1) La plataforma establece límites máximos de remuneración; 2) exige el cumplimiento de normas específicas relativas al servicio; 3) supervisa la ejecución; 4) establece limitaciones a la organización del trabajo, horario o ausencias; 5) acepta o rechaza tareas; 6) utiliza subcontratistas o sustitutos; y 7) restringe la posibilidad de tener una cartera de clientes o trabajar para terceros.

Lo importante es que las cotizaciones sociales se causen sin importar la categoría, ofreciendo la protección social en cada caso. Chile es otro ejemplo: ha implementado el ahorro previsional voluntario en su régimen de capitalización de pensiones, inclusive por grupo de empresas, basado en esquemas legales que han venido progresivamente evolucionando, rebosados ahora por el desarrollo tecnológico al servicio de la banca y usando técnicas de economía del comportamiento para el ahorro y el control de los gastos de las personas. La data es un tesoro para construir relaciones y ganar competitividad, puede servir como herramienta transaccional a la vez de convertirse en una plataforma de compromiso con el cliente (customer engagement). Se intenta de esta forma modelar las conductas para evitar decisiones miopes o irracionales, aunque sin creación de fuentes de empleo es poco lo que puede avanzarse en términos de justicia social, cobertura y nuevas cotizaciones sociales.

La brecha digital es también generacional, comprendiendo a dos grupos de edades: aquellos que forman parte de la era digital, ubicados entre 1980 y 1990, los llamados nativos digitales, y los que nacieron entre 1940 y 1980, con menos habilidades porque crecieron en un entorno no familiarizado con las TICs, son los inmigrantes digitales.

A la falta de formación y factores propios del entorno, se suman las aprehensiones por lo desconocido, la carencia de interés y la inseguridad que produce hacer transacciones en la red[26]. Las personas mayores son en la actualidad una proporción cada vez más importante del total. Los niveles de fecundidad han disminuido en la región por debajo del promedio mundial desde la década del 70. Ello ocurre por elegir el número de hijos; porque el trabajo no se concilia con la vida familiar; y, por métodos de control de la natalidad, luego, la disminución de la mortalidad ha alterado la estructura por edades de la población. La Organización de Naciones Unidas reveló que la esperanza de vida mundial al nacer aumentó de 46’5 años en 1950 a 71,7 años en 2022, alcanzando los 77’3 años en el 2050.

En los países en vías de desarrollo con mercados de trabajo precarios, el descanso obligatorio podría pasarse por alto para no perder el empleo, y con sistemas de retiro deficientes, la edad promedio real excedería con creces a la legal. Por ejemplo, en 2016, en México, la edad mediana de jubilación fue de 71’6 años para los hombres y 67’5 años para las mujeres, frente a la edad legal de 65 años. En el caso de Chile, la edad mediana es muy similar (71’3 y 67’7 años respectivamente), aunque la prescrita de jubilación para las mujeres es de solo 60 años. Hombres y mujeres deberán trabajar más tiempo después de su retiro conforme a derecho, así en Chile, las personas que tuvieron la dicha de alcanzar los 65 años de edad en 1950-55, podían esperar vivir un promedio de 12 a 13 años más, mientras que hoy pueden hacerlo entre 18 años el hombre y 21 años la mujer[27].

La pequeña y mediana agricultura está sumergida aún en la etapa analógica. La penetración digital dependerá del desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. Algunos países, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay, recién empiezan agendas específicas para el campo y comunidades indígenas. La variable educacional muestra cómo a mayor nivel de escolaridad es mayor el acceso a las TICs, lo que está directamente relacionado con el nivel de ingreso. Y una vez alcanzada la conectividad, se requerirá desarrollar prácticas docentes distintas para que estudiantes y demás usuarios aprovechen la web más allá del entretenimiento[28].

La aplicación preferente del teletrabajo podría ser solicitada por la tercera edad, discapacitados, embarazadas y en período de lactancia, personal responsable de cuidados especiales de enfermos, niños y adultos mayores, como lo prevé, por ejemplo, el reglamento de la Ley 31572 de Perú sobre el teletrabajo de 2023. Y entorno legal aparte, el Estado debería priorizar la capacitación de las personas con discapacidad.

Respecto a la dimensión de género, a nivel global, el 69 % de los hombres está usando internet en 2022, comparado con el 63 % de las mujeres, son 259 millones más que el total de mujeres usuarias. A nivel regional, las mujeres reciben aproximadamente un 20 % menos que los hombres que realizan un trabajo similar y con calificaciones similares. Tienen una menor participación en la fuerza laboral, cuentan con menos probabilidades de recibir capacitación por parte de los empleadores en TICs, estando menos dispuestos a invertir en capital humano cuando contratan a tiempo parcial, donde se enrolan principalmente las mujeres. De esta manera, las habilidades se concentran en los hombres. Son los usuarios más regulares de Internet y quienes ocupan más plazas educativas y empleos a escala mundial. A ello se suma la desigualdad sobre el empleo de los contenidos y acerca de las decisiones que pueden adoptarse[29].

La alfabetización digital resulta menor también por el tipo de empleo al que mayoritariamente acceden las mujeres (empresas pequeñas, informales, servicios de baja calificación y comercio minorista), sumado a los bajos ingresos que no permiten la capacitación. Si bien existe flexibilidad para cuadrar horarios y jornadas en el trabajo de plataformas (Gig Economy), son los hombres los que mayoritariamente se dedican al trabajo remoto[30]. En carreras informáticas, específicamente, la presencia de la mujer es escasa, por lo que todo apunta entonces a que, social y culturalmente, las TICs se asuman como parte de competencias propias del varón[31]. Los estereotipos impiden indudablemente que las mujeres se preparen para carreras tecnológicas. Se registran diferencias salariales y tasas de promoción ínfimas. Las brechas de acceso digital implican que las mujeres producen menos datos que los hombres y la carencia de información desglosada por género conduce a una actuación dispar en el conjunto de datos. Esto tiene consecuencias importantes en los resultados del aprendizaje automático y la prestación de servicios a través de inteligencia artificial (IA), presentando sesgos de género. En la medida que las condiciones de acceso y alfabetización digital mejoren, puede aumentar el ingreso femenino al campo de las TICs. Por otro lado, la regulación legal debe ser capaz de fijar el salario mínimo, enfrentar la discriminación salarial y disponer de un sistema de protección social que compense las desigualdades existentes[32].

De acuerdo con el Global Age Watch Index (2016), las mujeres entre 50 y 70 años son más maltratadas que los varones. Cerca del 10 % entre 50-54 años reportan experiencias violentas en Argentina, comparado con el 5 % de los hombres; en Colombia, el 9 % de las mujeres entre 50-54 años, han sido víctimas de violencia y en El Salvador cerca del 6 %. El 85 % de las mujeres ha sufrido o ha sido testigo de actos digitales fuera de control contra otras mujeres y es sabido del uso de acciones de fuerza extraordinaria en contra del colectivo LGBTI[33].

La violencia de género, facilitada por la tecnología, adopta las formas de ciberacoso, el envío de fotos obscenas (ciberflashing) y la exposición intencional de información personal (doxing), entre otros abusos, los que se vuelven frecuentes con aquellos que menos posibilidades tienen de usar el internet como vehículo de expresión, sea por desconocimiento, temor o desconfianza, y lo que no deja de ser una paradoja pues, aunque lo disfrutan menos, se arriesgan más.

III. LA SUPERACIÓN DE LA BRECHA DIGITAL  ^ 

A. Inversión e inclusión  ^ 

Las políticas públicas de inclusión digital funcionan en la medida que la infraestructura mejore. De lo que se trata es de la cantidad de fibra y cables, móviles y satélites que se necesitan. Por solo poner un ejemplo, más de 25 millones de mexicanos no tienen acceso al internet, en contraste con los Estados Unidos, donde el número de dispositivos conectados en 2021 supera al de su población de más de 350 millones[34]. El punto es que, para incrementar la penetración de acceso al internet de los más vulnerables, importa tanto la inversión general en la materia como el aspecto referido a la inserción, dado que aún el 20 % de la población mundial carece de banda ancha.

Argentina fomenta la educación digital desde el Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aíres y las provincias de San Luis, Río Negro, Mendoza, Santa Cruz y La Rioja[35]; en Chile, el programa Enlaces promueve el desarrollo de una cultura digital, programa que, después de 25 años de estar en marcha, adquiere forma de política de Estado desde el Ministerio de Educación, reduciendo la diferencia entre docentes y estudiantes; en Uruguay, la penetración se fija como modelo 1 a 1, un computador-un alumno, es el Plan Ceibal que se inició en el 2007, además de un conjunto armónico de programas canalizados a través de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel. Esta brinda conectividad por fibra óptica a todos los centros educativos, mientras que el programa Uruguay-Sociedad de la Información (USI), tiene el propósito de masificar el acceso en las comunidades desfavorecidas a través de infocentros. Para reducir la brecha digital generacional se cuenta con el proyecto Ibirapitá, el cual consiste en la realización de talleres y entrega gratuita de tablets a los jubilados de más bajos ingresos[36]. La compaginación de las políticas corresponde al Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital (GTCD), cuyo objetivo central es que en este ambiente se ejercite la ciudadanía, lo que implica conocer los modos en que los datos, algoritmos y plataformas condicionan las actitudes personales y sociales, garantizar el respeto a los derechos humanos y alcanzar un mayor bienestar.

Una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 o más años en el 2030. Esta es una proyección magnífica, gracias a los avances de la medicina y estilos de vida más saludables que alargan continuamente la existencia; sin embargo, se abren de seguidas innumerables retos que deben ser asumidos con planificación y decisión. El envejecimiento demográfico ya es notable en la región. En 1959, la esperanza de vida alcanzaba los 51 años, pasó luego a 76 años y en 2050, será de 81 años. Más de 1400 millones de personas mayores potencialmente podrían incorporarse a los beneficios de la era digital. Para hacerlo hay que mejorar las condiciones de empleo y trabajo, las relaciones laborales y la igualdad de género. Las empresas en Chile han adoptado favorablemente medidas de inclusión de las personas mayores y las nuevas formas de organización del trabajo han contribuido a su inclusión a través del horario flexible, el teletrabajo y la jornada parcial, no obstante, la organización sindical es escasa y solo un poco más de un tercio de mujeres son contratadas en un mercado predominantemente masculino[37].

El adulto mayor debe tener el poder para definir su plan final de vida. Los gerontólogos piden que se preste atención a sus interpretaciones, a la narrativa que cada uno formula y a sus diversas experiencias[38]. La jubilación no es una expulsión del mercado de trabajo, es más bien una oportunidad. Pero sabemos que ello puede ser tan solo un cliché. La disminución del poder adquisitivo y la pérdida de relaciones sociales son una amenaza capaz de convertirse en encierro y enfermedad. La edad digital podría ser una oportunidad para aumentar el número de usuarios tecnológicos, siempre que la jubilación sea fructífera. Las acciones formativas pueden continuar para aquellos que antes de la misma ya tenían alguna habilidad y comenzar para los otros que deseen convertirse en nuevos tecnólogos. Puede una persona mayor adaptarse sin causar por ello una disfunción[39]. La postcarrera es un proceso que no es lineal para todos, porque depende del contexto en que se dé y según determinados condicionantes personales, estos pueden cambiar en beneficio del adulto mayor. El entorno definitivamente puede modificarse con virtudes y capacidades para incluir la financiación adecuada y la motivación necesaria que optimice la actividad individual.

B. Salud y medio ambiente  ^ 

En el ámbito de la salud, la tecnología anota sus mejores tantos, tal como señala una Resolución del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de IA y robótica. Expresa que este conjunto de instrumentos y procedimientos cibernéticos favorecen, entre otros muchos usos: el descubrimiento de medicamentos, las consultas digitales, las enfermeras virtuales, la elaboración de fármacos, la genética y la genómica, así mismo la cirugía asistida por robots, el tratamiento de enfermedades crónicas, la discapacidad, la imaginería médica y los historiales clínicos, contribuyendo sobremanera al seguimiento sanitario y al análisis de los sistemas de salud.

En la región, aparte de la inversión tecnológica que se necesita y a sabiendas de que la economía de plataforma permite la conexión a cualquier hora, atendiendo a la demanda del cliente y, dependiendo la faena de ese llamado irregular, competido y poco gratificante, ha motivado a que: en Argentina, mediante Ley 27555 de agosto de 2020, se consagre el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral y durante los períodos de licencia; en Chile, de acuerdo con la Ley 21220 de marzo de 2020, el tiempo de desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas; y en Uruguay existe la garantía del descanso mínimo legal cuando el trabajador se desconecta y tiene el derecho a no ser contactado[40].

Hay que trabajar igualmente en la prevención del maltrato y el aislamiento de las personas mayores. En este sentido, la red facilita la comunicación, la interacción con otros y la posibilidad de informar sobre lo que pasa, ofreciendo la oportunidad de poder emprender acciones desde cualquier lugar. Aparte de eso, la web puede contribuir a elevar el entusiasmo y estrechar los lazos familiares[41].

Los maltratos físicos y psicológicos y la soledad, cuando no se quiere o no se disfruta, podrían evitarse con sistemas de alerta temprana, denuncia, investigación y procesamiento adecuado, hasta la obtención de la resolución definitiva. El Ministerio de Salud de Colombia, a los efectos de elaborar una política pública de envejecimiento humano, reconoce como maltrato a las personas mayores la acción u omisión que produzca daño, vulnere el respeto a la dignidad y el ejercicio de los derechos de una persona mayor. Identifica dos tipos: el directo, que es individual, caracterizado como abuso físico o emocional o actuación negligente, y el social, que es el que corresponde al viejismo (estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las personas mayores en función de su edad), la infantilización y la desconsideración cultural, envuelta en prejuicios que pasan desapercibidos.

Existen experiencias preventivas de países europeos. Algunas de sus acciones no toman mucho tiempo ni requieren de presupuestos altos, por lo que también se implantan en la región. Por ejemplo, Bélgica, Francia y Colombia cuentan con una línea de atención para informar casos de abuso. En Chile, la Ley 20427 de 2010, incorporó el maltrato de personas mayores en su legislación y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) del Ministerio de Desarrollo Social dirige un programa contra la violencia y el abuso al adulto mayor[42].

La extensión telefónica en los países europeos antes citados se refuerza con visitas a domicilio que conducen a una atención más integral. En Alemania existen centros de asesoramiento y viviendas para las mujeres de edad que requieran resguardo; en los Países Bajos, la matriz de alerta ciudadana detecta posibles signos de abusos e indica los pasos a seguir cuando apenas se sospecha de estos; en el Reino Unido, empleadores y organizaciones de voluntarios pueden tener acceso a los antecedentes penales de quienes proporcionan atención a las personas mayores y organizaciones benéficas actúan como apoyo más allá del sistema de justicia penal que estipula específicamente delitos contra las personas de edad.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del año 2015, señala que los países deben facilitar mecanismos para la presentación de denuncias y recibir orientación adecuada, lo que es un objetivo que bien puede ser tramitado a través de portales que contengan los trámites ligeros, los enlaces y contactos electrónicos.

La capacitación a los funcionarios encargados de los servicios sociales, de salud y domiciliarios se ha propuesto como obligatoria en Argentina en el 2023. La experiencia en materia de organización de un Servicio Nacional del Adulto Mayor la tiene Chile, la misma sirvió para la elaboración de la Convención citada, en vigor en ese país desde 2017. Uruguay lo haría antes por la Ley 19430 de 2016.

La prevención se prolonga al área ambiental: el carbón es el causante del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. La descarbonización es una necesidad y las TICs ayudan a ello, aportando energía limpia. Noruega se prepara para esta transición, gracias al petróleo. Maneja el fondo gubernamental más grande del mundo con activos equivalentes que sobrepasan el billón de dólares. Sus ingresos proceden de las exportaciones petroleras y de la rentabilidad de las inversiones en mercados extranjeros, exclusivamente. Un Comité Ético evalúa la incorporación o exclusión de la cartera de aquellas empresas que generen daños ambientales, fabriquen productos prohibidos o violen los derechos humanos[43]. Otros países petroleros como Emiratos Árabes, Kuwait y Arabia Saudita cuentan con caudales de este tipo. En la región, Ecuador, México y Venezuela, crearon con el propósito de convertirse en amortiguadores de los ciclos económicos, apartados fiscales nutridos con sus excedentes oleaginosos, aunque no con los mismos resultados[44].

C. Participación y destrezas  ^ 

Si bien hay poca deliberación en el sentido asambleario del término, cabe reconocer que el discurso es más plural; hay una mayor implicación ciudadana en los asuntos públicos, de vigilancia y control; hay más información y los contenidos políticos cuentan con nuevos formatos de expresión, según sea el contexto. Existen plataformas para llevar a cabo campañas relacionadas con asuntos públicos y globales. Ejercen un cabildeo financiado con recursos aportados desde la misma red. El activismo del hashtag establece agendas diarias y así, desde el teclado, la audiencia se expresa sobre temas de interés general. Las organizaciones y personas procuran un manager de redes para administrar el volumen, la información y la oportuna respuesta. Subirats (2013) añade que la red altera la distribución de costes y recursos para la acción grupal, donde se cuenta con más saberes y con menos gastos de organización.

Las habilidades y capacidades son indispensables para ahondar y ampliar estas vivencias. Ello irá un paso más allá de la comunicación con amigos y familiares. En España, por ejemplo, las personas mayores dominan el correo electrónico, saben abrir, adjuntar e imprimir un archivo y usan los motores de internet para encontrar información[45]. En la región, en cambio, esto sigue siendo una aspiración, junto con los saberes elaborados a base de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales para el manejo de datos, programas y hojas de cálculo. El aprendizaje digital para la comunicación y participación dependerá de la oferta académica, la motivación y las condiciones económicas de las personas. Para garantizar el derecho a una formación profesional continua, el poder público debe actuar. Es el que tiene la cualidad necesaria para impulsar la formación y readaptación profesional con el objetivo de asegurar una ocupación y asistencia económica y sanitaria para aquel que la pierda. Lo que engloba esta política activa de empleo es un cuadro legal de protección para laburantes y parados, servicios de apoyo a la búsqueda de un oficio, orientación y reinserción laboral. El esquema progresa si incluye medidas para mejorar las oportunidades de colocación de grupos vulnerables, al tiempo de exhibir otras que fortalezcan la industria y el comercio. Por último, la moldura jurídica será exitosa si los representantes del capital y el trabajo intervienen en su elaboración.

La Ley argentina 27555 de 2020 del contrato de teletrabajo establece que el empleador deberá garantizar la capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de base, sea en forma virtual o presencial, sin que ello involucre una mayor carga de trabajo, pudiendo realizarla en forma conjunta con la entidad sindical y el Ministerio del ramo. La Norma Oficial Mexicana (NOM-037-STPS-2023) prevé la instrucción al menos una vez al año a los trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo, sobre las condiciones de seguridad y salud que deben tener y mantener en su lugar de faena. Y en Perú, la Ley 31.572 de 2022, obliga al trabajador a participar de los programas de formación dispuestos por el empleador sobre el uso de aplicativos informáticos, en seguridad de la información, seguridad y salud, y sobre prevención del hostigamiento sexual en el teletrabajo. La capacitación se realiza, expresa la normativa, al inicio de la relación laboral o antes de cambiar la modalidad de presencial a teletrabajo, según corresponda, así como cuando se introduzcan modificaciones sustanciales a los medios informáticos empleados en la prestación del servicio.

La edad tiene importancia para distinguir entre aquellos que son nativos digitales y aquellos que nacieron con anterioridad a la revolución digital. En este caso, la adquisición de las diferentes prácticas parte de cero, como lo hace, por ejemplo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile en el año 2023, el que ha elaborado, con el apoyo de HelpAge International, un Manual de Uso Tecnológico. Los datos revelan que los usuarios de internet de una edad superior a 60 años lo utilizan para fines informativos, y que un alto porcentaje no lo emplea, porque no saben cómo hacerlo o no saben utilizar el computador[46].

D. Marco legal y desarrollo de la administración previsional  ^ 

Para incentivar la inversión y el desarrollo tecnológico para todos, es necesario crear un marco legal de manera que la conexión entre democracia y economía digital sea una relación armónica entre poder, ciudadanía y tecnología. En este sentido, la Unión Europea cuenta con directrices sobre servicios digitales y mercados digitales, además de la legislación interna de cada país. En el año 2020, la autoridad antimonopolio de Francia dictó una providencia que obligó a Google a negociar con editores y agencias noticiosas sobre el pago por el uso de sus contenidos arrojados por el motor de búsqueda de la empresa. La Autorité de la Concurrence determinó que Google ocupaba una posición dominante, puesto que su cuota de mercado a finales de 2019 fue de alrededor del 90 % mensual[47]. En la región, YouTube, Google y Facebook sobresalen a proveedores locales como Televisa en México, Globo en Brasil, Clarín en Argentina y El Mercurio en Chile, y el mercado de transmisión (streaming) es dominado por Netflix con más de 7 millones de abonados, seguido de Google Play y Apple TV, según la CEPAL (2016). Chile implementó en 1973 una legislación para la promoción de la libre competencia y Argentina lo hizo en 1999 (Ley de Defensa de la Competencia) que tiene por finalidad sancionar a quienes limiten, restrinjan o distorsionen el acceso a los mercados; no obstante, se consolidan grandes empresas que absorben a pequeñas emprendedoras, requiriéndose asegurar a los actores sociales el acceso al mercado en condiciones similares[48].

El servicio público de la seguridad social se verá afectado positivamente en la era digital. Destaca el potencial de la digitalización en relación con la accesibilidad a los servicios sociales y otros de protección social. La administración acelera sus procesos, compila y relaciona información relevante, enlaza en tiempo real a usuarios y gestores, simplifica trámites y aumenta la calidad y cantidad de información. Los tiempos de respuesta se abrevian y la posibilidad de mejora de todos los beneficios aumenta considerablemente. El registro de pagos, distribución de fondos, digitalización de expedientes, trámites de prestaciones, registros de custodias e inversiones serán posibles con una oficina en línea, segura, eficiente, participativa y autoevaluable.

En Argentina inició en diciembre de 2015 un proyecto de digitalización del sector público federal para dejar atrás al papel y simplificar trámites en búsqueda de ahorro. Ello ha permitido que más de 7’5 millones de jubilados accedan a su retiro sin tener que cumplir un trámite presencial y puedan llevar a cabo otros procesos sobre pensiones de invalidez y fallecimiento. Desde 2018 una Secretaría de Simplificación Productiva fue concebida como un área transversal a todo el sector público con el objetivo de mejorar la competitividad e integrar a las empresas al entramado productivo[49].

Un primer paso para lograr este objetivo en Chile fue el lanzamiento de la red de servicios del Estado Chile Atiende, la que cuenta con más de una decena de servicios públicos integrados y más de un centenar de trámites disponibles en una red presencial de diferentes sucursales a lo largo de todo el país, todo en un sitio web con información de más de 1900 trámites y un call center. Chile sin Papeleo es otro programa que pretende facilitar la vida de las personas y las actividades productivas. Y, por su parte, la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado, de noviembre de 2019, apunta a racionalizar los procesos administrativos.

Un portal web que facilite la integración de instituciones de protección social es muy importante. En un solo lugar podrían reunirse organismos y personas vinculadas con la tercera edad con indicación de servicios y facilitación de diligencias. Argentina, Chile y Uruguay constituyen un buen ejemplo de lo dicho[50]. Se puede, del mismo modo, recopilar información relevante sobre la tercera edad y el sitio puede ser el vínculo para los cuidados integrales, incluyendo los servicios de asistencia domiciliaria.

IV. CONCLUSIONES  ^ 

La malla informática es un producto de consumo. El mercado digital toma más distancia del Estado y es agente promotor de cambios culturales. Los vínculos personales a través de la red son reforzados por un algoritmo que, en apariencia, no gobierna las decisiones. Se maniobran campañas, se distorsiona la verdad o se agranda el consumo. Los tableros digitales caracterizan a la economía y al actual espacio global.

La red informática mundial ha alterado todo, pero persisten diferencias en el acceso y la velocidad de conexión. La duración efímera de un suceso produce datos intrascendentes, múltiples versiones del mismo y aceleración. El croquis analógico es sustituido por el compendio de bits temporales e imprevisibles. Los espacios son colaborativos, pero las prácticas individuales. El tejido digital propaga mensajes y organiza grupos de diferente categoría y parecer.

Si bien el nexo entre máquinas allana las distancias, la sociedad de la información no es una competición entre iguales. Los trabajadores en ese orbe no tienen la preponderancia de tiempos pasados ni están ordenados para propagar cambios de reglas. Pese a las masivas transferencias monetarias a los más pobres, la protección social siguió dividida y resultó insuficiente. La desconexión discrimina y agota valores esenciales como la libertad y la igualdad. El nuevo paradigma productivo va a la vanguardia de una modernidad radical que causa de por sí exclusión, monopolios y negocios opacos afincados en la flaqueza institucional.

La brecha digital no se cierra solo con una robusta inversión sin manejar todas las magnitudes analizadas en este ensayo de tipo político-cultural, laboral y de género. La primera se ubica en diferentes contextos, pero en términos generales, las redes pueden contrarrestar al poder establecido o favorecer el estado de cosas en un determinado momento. La brecha laboral y de género advierte sobre pérdidas de empleos tradicionales y nacimiento de nuevos en medio de una alta informalidad. La sucesión progresiva de derechos se interrumpe en el intervalo digital, subsisten vacíos legales, sobreviene un exceso de flexibilidad reglamentaria y se carece generalmente de protección social. La organización de los trabajadores digitales es compleja por la naturaleza de los empleos, la competencia entre los participantes, su dispersión y el modelo de negocio de las plataformas. Ello reduce cotizaciones y posibilidades de protección, salvo adscripciones voluntarias estimuladas por planes de ahorro y de economía del comportamiento. A la brecha generacional (la diferencia entre nativos e inmigrantes digitales), se le suma el envejecimiento demográfico, los problemas de salud derivados de la fatiga laboral y el aumento de la edad promedio real para jubilarse. Las diferencias de género se hacen presentes a nivel de frecuencia de uso de la red, desigualdad en el salario, la capacitación, educación, calidad del empleo y violencia allanada en contra de la mujer.

Para batir a la brecha digital hay que estimar los gastos que ello requiere y adoptar su implementación como política de Estado para hacer multitudinario lo que aún no lo es, mejorar las condiciones medioambientales, de empleo y trabajo, las relaciones laborales y de género, con medidas de inclusión para las personas mayores, especialmente referidas a la salud y la capacitación de los funcionarios encargados de los servicios sociales, de sanidad y a domicilio. La red facilita la comunicación, contribuye a elevar su entusiasmo y a prevenir o evitar el maltrato. La ocasión permite cambios organizacionales a menor costo y asoma más saberes. Para alcanzarlos se necesita desarrollar habilidades digitales que dependerán de la oferta académica, la motivación y condición económica del participante.

Un marco legal que impulse lo anterior sería oportuno. La tarea de esa legislación es la de delimitar el servicio y el mercado digital, conectados a su vez a los valores democráticos de libertad y justicia, junto con un servicio público de seguridad social remozado y ampliado.

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