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Anduli
Revista Andaluza de Ciencias Sociales
ISSN: 1696-0270 • e-ISSN: 2340-4973
EVALUANDO EL CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS ELECTORALES. EL CASO DE
PSOE-UNIDAS PODEMOS, AÑO 2020
ASSESSING COMPLIANCE WITH PARTY PLEDGES.
THE CASE OF PSOE-UNIDAS PODEMOS, YEAR 2020
Noel Bandera-López
Universitat de València
noel.bandera-lopez@uv.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7142-0174
Resumen
Los programas electorales de los partidos
gobernantes se pueden considerar un
compromiso con la ciudadanía. El objeti-
vo de esta investigación es diseñar una
metodología para evaluar el cumplimiento
de los programas de los partidos políticos
y aplicarla evaluando el nivel alcanzado
en el primer año de legislatura, enero a
diciembre 2020, del cumplimiento de (los
200 puntos) del acuerdo de coalición de
gobierno entre los partidos PSOE y Uni-
das Podemos, en España. La metodolo-
gía diseñada y aplicada se apoya en la
recogida de documentación publicada en
medios y fuentes ociales acerca de cada
medida a lo largo del año del análisis y
puntuar de 0 a 10 los avances alcanza-
dos. Los resultados se comparan con las
otras 2 evaluaciones existentes: la del
propio Gobierno y la de Newtral (referida
a la mitad de los compromisos). En con-
clusión, tras un año de legislatura, el cum-
plimiento de programa alcanzó un 19,6%
según nuestros resultados; mientras que
los estudios de Newtral y presidencia del
Gobierno estimaron un avance mayor y
similar entre sí.
Palabras clave: políticas públicas,
rendición de cuentas, Gobierno, cum-
plimiento, programas electorales, elec-
ciones, España
Abstract
Electoral programs of governing parties
can be considered a commitment to the
citizens. This research aims to design a
methodology to evaluate the fullment
of programs of political parties, and
to apply it by evaluating the level of
fullment of the 200 points of the coalition
government agreement between the
PSOE and Unidas Podemos parties
in Spain during the rst year of the
legislature, January to December 2020.
The methodology designed and applied
for this study is based on the collection
of documentation published in the media
and ofcial sources on the 200 points of
the agreement throughout the analysis
year with each receiving a score from 0 to
10 on the progress achieved. The results
are compared with the other two existing
evaluations: that of the Government
itself and that of Newtral (referring to
half of the commitments). In conclusion,
after one year in government, program
implementation reached 19.6% according
to our results. while the Newtral and
government presidency studies estimated
a higher and similar progress between
them.
Keywords: accountability, government,
policies, policy evaluation, party pledges,
elections, Spain
Cómo citar este artículo/ citation: Bandera, Noel (2023). Evaluando el Cumplimiento de Compromisos Electorales.
El caso de PSOE-Unidas Podemos, año 2020. ANDULI. Revista Andaluza de Ciencias Sociales, (24), 173-201.
https://doi.org/10.12795/anduli.2023.i24.08
Recibido: 30.11.2021. Revisado: 11.01.2022 Aceptado: 25.05.2023 DOI: https://doi.org/10.12795/anduli.2023.i24.08
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1. INTRODUCCIÓN
El programa electoral es lo más cercano que hay en política a un contrato. Sin embar-
go, los representantes políticos no están jurídicamente vinculados a sus compromi-
sos y promesas. De ahí el papel decisivo de los medios de comunicación, así como
de los académicos y la exterioridad reacia de la que habló Michel Foucault (2011:
307), para controlar y analizar críticamente lo realizado desde el poder político. La
presente investigación busca aportar dos granos de arena en esa dirección: uno con
la evaluación del cumplimiento del pacto de coalición en el primer año de gobierno
de PSOE y Unidas Podemos en España (año 2020, a grandes rasgos), tras las elec-
ciones generales de noviembre de 2019; y otro grano de arena, al proponer una me-
todología para el estudio de lo efectivamente realizado en el campo gubernamental,
en comparación con lo comprometido.
Merece todo un artículo adicional el debate sobre si la academia ha concedido el
suciente espacio a analizar el cumplimiento de los programas electorales, aunque
constituyan estos la principal contrapartida que debe satisfacer el político a cambio
del voto recibido.
1.1. Investigaciones parcialmente relacionadas
Desde el ámbito de la Comunicación y de otras ramas sociales o de las humanida-
des, los artículos relacionados con el análisis electoral suelen versar sobre el qué se
dice y cómo se dice, siendo menos frecuente que aborden el qué se hace y su co-
rrespondencia con lo dicho -y con la metodología de lo dicho-. Esa es por ejemplo la
aproximación del artículo de Antonio Márquez (2018), que se focaliza en evaluar las
menciones en los programas políticos a valores como “responsabilidad”, “sostenibili-
dad”, “integridad”, “justicia”, “transparencia” y el anti-valor “corrupción”. Una dinámica
similar, referida más al uso de las palabras que a los hechos, la aplican desde un en-
foque empresarial autores como Madalina Busuioc y Martin Lodge (2017). También
en Giraldo y Martínez (2021), el centro del análisis es el qué se dice y cómo se dice,
en particular en materiales publicados en la red social Twitter durante la campaña
electoral de las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019 en Colombia.
Desde el ámbito del Derecho, la atención primordial se presta a lo jado en la norma,
no a su traslación a la realidad. Desde el ámbito de la Ciencia Política y la Sociología,
en n, se desvirtúa el papel de lo económico, lo estructural y hasta de lo mediático
(McChesney, 2013: 88 y 99), quedando además inexplorados los campos del deber
ser, más allá del efectivo ser en el incuestionable sistema capitalista, tan poco tratado
en comparación con su inuencia.
También hay otras aportaciones destacadas, como la de Gabriela Sicilia y Eva M. De
la Torre (2019) sobre la intervención del Sector Público en la economía a partir de
las políticas públicas propuestas en los programas electorales, que se centran en lo
educativo, en este caso en los alumnos y su proceso de adquisición de competencias
al realizar una actividad, no en las propuestas electorales en sí. Otra variante es la de
Lasheras (2016), que analiza las promesas referidas al deporte durante las últimas
décadas, y, en este caso, excepcionalmente, también su cumplimiento.
Ya la misma búsqueda en el Google Académico de las palabras “programa electoral”
arroja una signicativa escasez de análisis, no ya sólo sobre el cumplimiento de los
programas electorales o los pactos entre partidos, sino incluso sobre los propios
programas electorales, pues, por ejemplo, entre los 100 primeros resultados del bus-
cador, la gran mayoría son programas electorales de distintas candidaturas, y son
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muy pocas las publicaciones cientícas. Entre estas, hay varias que, además de cen-
trarse en los programas electorales, usan un mismo enfoque, el del framing: véase
Jiménez-Yáñez (2018) o el citado de Giraldo y Martínez (2021), que añade asimismo
el de la agenda setting. Otros resultados de la búsqueda no son propiamente inves-
tigaciones cientícas. En el caso de García (2013), se trata de una breve invitación a
los municipios para que profundicen en mecanismos de participación y democracia.
1.2. Estudios de rendición de cuentas
La tradición de estudios sobre “rendición de cuentas” es prolíca. Siguiendo a Wi-
lliam Keech (1992: 260), la accountability o responsabilidad posee como mínimo dos
vertientes: que el político está sujeto a sanción (de entrada, someterse a votación) y
que está sujeto a la obligación de dar cuenta, exponer y justicar sus acciones.
Respecto a una de las cuestiones centrales sobre responsabilidades exigibles a polí-
ticos (la propiedad del escaño logrado), Guillermo Roca Escobar (2018: 247) expone
que “en el conicto entre democracia representativa clásica, democracia de partidos
y democracia de ciudadanos, debe prevalecer como regla el mandato libre pero ad-
mitiéndose las limitaciones que en la práctica imponen los partidos […] y solucionar
los casos límite […] tomando en consideración la voluntad del electorado, presumién-
dose que esta exige el cumplimiento del programa electoral”.
El cumplimiento del programa electoral es, como la transparencia, un desiderátum
generalizado y una declaración de buenas intenciones que parecen compartir todos
los partidos, medios de comunicación y expertos, pero que en la práctica adolece de
análisis crítico.
En la democracia ateniense clásica, se exigía a los magistrados gestores de las
políticas y elegidos por sorteo que, al dejar el cargo, rindieran cuentas ante los ciu-
dadanos (Manin, 1996: 25).
Con Mark Bovens (2005), los requisitos para poder hablar de un ejercicio de rendi-
ción de cuentas son los siguientes cinco: debe ser pública; el ánimo debe ser el de
explicar y justicar, lejos de la propaganda o de ofrecer elementos genéricos; la ex-
posición debe estar dirigida a un foro o grupos concretos; quien rinde cuentas debe
sentirse obligado a ello, no como decisión discrecional; y debe incluir el sometimiento
de lo hecho a debate y juicio.
Tanto Sofyani et al. (2022) como Zaitul et al. (2023) se centran en la administración
local. Los primeros toman 128 gobiernos locales en Indonesia, observando las corre-
laciones entre conanza de la comunidad y transparencia, competencia, compromiso
organizacional y accountability. Los segundos, tras seleccionar 33 indicadores de
gobernanza en la literatura y usar 238 cuestionarios, encontraron 6 principios de go-
bernanza: equidad y capacidad, inclusividad, legitimación y dirección, participación,
actuación e información y transparencia y accountability. En otro sentido, el trabajo
de Liaquat et al. (2023) es útil para enmarcar los obstáculos en la aplicación de políti-
cas que promuevan la equidad y el de Hendren et al. (2022) lo es para complementar
el método eminentemente cuantitativo aquí aplicado con el análisis de 186 métodos
cualitativos en el ámbito de las políticas públicas. Asimismo, se puede incorporar un
enfoque psicológico con Overman y Schillemans (2021), que desarrollan una teoría
de la rendición de cuentas sentida o felt accountability, integrando la perspectiva
individual con las nociones contextuales propias de la accountability, como los roles
profesionales de los empleados públicos, la prominencia o autoridad de actores invo-
lucrados y la sustancia de las demandas de rendición de cuentas.
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Belén Barreiro (1999), por su parte, distingue entre distintos campos en la exigencia
de responsabilidades políticas:
“Los electores perciben que los gobiernos no tienen la misma responsabilidad por
los malos resultados alcanzados en las políticas económicas que por la mala ges-
tión en cuestiones menos sujetas a condiciones exógenas (…) En estos casos la
atribución de responsabilidades es clara y directa. El único responsable es el que
tiene capacidad para decidir. Consecuentemente, al no disponer de razones obje-
tivas para incumplir los políticos están más sujetos al deseo popular. Son ámbitos
en los que los ciudadanos ganan poder electoral” (Barreiro, 1999: 167-168).
Uno de los obstáculos más señalados por los autores, en lo que a rendición de
cuentas se reere, es la falta de información para realizarla de manera sistemática:
Beatriz Martínez Isidora (2018: 140) concluye que “la falta de información que se ha
observado para rendir cuentas sobre las propuestas y promesas electorales, provoca
la percepción de éstas como una serie de ideas basadas en la “cción”, sin base real
y carentes de compromiso sobre su cumplimiento”.
Según los resultados del informe “Transparencia, el mejor eslogan 2016” (Fundación
Compromiso y Transparencia), ningún partido facilitó datos o mecanismos para com-
probar si había cumplido con sus propuestas electorales. También había carencias
similares en muchos otros apartados. Por ejemplo, en Informe de autoría externa
(0%) o Cuanticación económica de las propuestas electorales (4%). En el mismo in-
forme correspondiente a 2017, y siguiendo con Martínez Isidora (2018: 139), el área
más opaca siguió siendo la de Cumplimiento, ya que solo alcanzó el 10%. Así, los
indicadores de esta área, como el Informe de gestión o Propuestas e iniciativas en
relación con el programa, apenas alcanzaron el 20% de partidos que hicieron pública
tal información, lo cual supone otra importante prueba en la línea del escasísimo
control que deben sobrellevar los partidos políticos. Lo cual pone en evidencia la
necesidad de contar con metodologías objetivas que no dependan principalmente de
la información facilitada por los partidos para evaluar el cumplimiento de programas.
Ramírez Franco (2018) apuesta por la necesidad de institucionalizar herramientas
de evaluación de los programas electorales tanto antes de las elecciones como des-
pués, con vistas a la rendición de cuentas. En este pasaje lo expone con más detalle:
“Dado que el reconocimiento jurídico del programa electoral puede tardar muchos
años y muchas discusiones, se podría empezar por extender y generalizar la apli-
cación del sistema holandés mencionado anteriormente, es decir, la evaluación
ex-ante de los programas con el objetivo de valorar el impacto de los mismos so-
bre los intereses de las economías y las sociedades. Del mismo modo se debería
valorar con más recursos y con mayor rigor el cumplimiento y el alcance de las
medidas de política pública aplicadas y consideradas previamente en un programa
electoral” (Ramírez Franco, 2018: 109)
La desafección política de la ciudadanía, en especial en las últimas décadas, está
relacionada con, entre otras cuestiones, la percepción de que los partidos políticos
gobernantes no tratan sus programas electorales como contratos o compromisos
inquebrantables. Y que, de hecho, les prestan escasa atención a partir del día de
las elecciones. En la serie histórica de estudios del Centro de Investigaciones So-
ciológicas puede comprobarse la constancia con la que los encuestados señalan a
los políticos y partidos como uno de los mayores problemas del país. Al ser varias
las respuestas imbricadas y tan frecuente la aparición de estos temas, ha habido
además cambios en el modo de registrar esas respuestas. Así, el CIS aclara que
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desde enero de 2020 la categoría “Los políticos en general, los partidos políticos y la
política” aparece desagregada en estas tres: “El mal comportamiento de los/as políti-
cos/as”, “Lo que hacen los partidos políticos” y “Los problemas políticos en general”.
Esos son respectivamente el quinto, el duodécimo y el cuarto principales problemas
del país, según el CIS de octubre de 2021.
En él, que es el Estudio 3337 (página 140 de la versión cruzada por variables polí-
ticas), puede apreciarse concretamente cómo el cuarto, el quinto, el octavo, el un-
décimo y el duodécimo problemas más citados implican directamente a los políticos
y partidos políticos. Es razonable pensar que estos datos mejorarían si el sistema
político incluyera reformas relevantes en calidad democrática y en concreto en el
cumplimiento de los programas electorales, así como en herramientas que, como
por ejemplo los revocatorios o los ejercicios de rendición de cuentas, aumentaran las
posibilidades de control de los representantes políticos por parte de la ciudadanía.
1.3. Evaluaciones de programas electorales
Un trabajo básico en el ámbito del cumplimiento de los programas electorales es el
de Matthieß (2020), que analiza los efectos del nivel de cumplimiento en múltiples
elecciones en 14 países: en 23 casos se trataba de gobiernos de un partido con
mayoría legislativa, en otros 16 eran ejecutivos de un partido sin mayoría legislativa,
25 eran gobiernos de coalición con mayoría y 4 eran ejecutivos de coalición sin ma-
yoría legislativa. Su principal hallazgo es que, a mayor cumplimiento de promesas,
mayor es el resultado electoral. Para ser tenido como tal, el compromiso debe ser
especíco. Los datos fueron extraídos del trabajo de los académicos que forman el
Comparative Party Pledges Project.
De acuerdo con Artés (2013), PP y PSOE sí cumplieron sus compromisos electora-
les en materia económica entre 1989 y 2004 y no encontró diferencias signicativas
en el nivel de cumplimiento entre Gobiernos con mayoría absoluta y Gobiernos en
minoría. Este autor y la citada Ramírez Franco (2018) mencionan estudios de otros
países (como Rallings, 1987 y Thomson, 2001) en los que la traslación del papel
preelectoral a la realidad legislativa obtuvo altos porcentajes, y sitúan elecciones en
Reino Unido, Suecia y Portugal superando el 80% (Ramírez Franco, 2018: 104-105).
También van en ese sentido los análisis de McCluskey (2008), Bara (2005) y Ho-
fferbert et al. (1994). El estudio de Thomson et al. (2017) es probablemente el más
exhaustivo: 20.000 compromisos realizados en 57 campañas en 12 países. Sus ha-
llazgos implican un alto grado de cumplimiento, en especial en partidos que sí entran
en el Gobierno y en ejecutivos monocolor. Artés y Bustos (2008) destacan asimismo
las ganancias de los partidos que apoyan desde fuera a un Gobierno en minoría,
como es el caso que nos ocupa.
Es asimismo oportuno, en esta revisión de contribuciones al estudio del cumplimiento
de los programas electorales, citar a Antonio E. Pérez Luño (2003), en cuanto hace
referencia a una cuestión de gran trascendencia pero habitualmente soslayada en
medios de comunicación y estudios académicos:
“El elevado coste que en los sistemas democráticos actuales exige la propaganda
electoral, determina una fáctica desigualdad de oportunidades entre los partidos
políticos. Aquellos cuya ideología es más afín a los intereses de los poderes eco-
nómicos, cuentan, en principio, con unas posibilidades de nanciación notable-
mente superiores al de las formaciones cuyos programas pueden implicar una
limitación o un control de tales poderes” (Pérez Luño, 2003: 69)
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1.3.1. Autoevaluación del cumplimiento del programa
El 29 de diciembre de 2020, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Cas-
tejón, presentó en la web lamoncloa.gob.es un informe de rendición de cuentas sobre
el grado de cumplimiento de las promesas1 suscritas tanto en el pacto de coalición
con Unidas Podemos como con otras formaciones para su investidura. Igualmente se
incluyó el estado de los compromisos realizados por miembros del Gobierno, funda-
mentalmente en sus exposiciones en el Congreso de los Diputados o en el Senado. El
informe, de 41 páginas, iba acompañado de 2 anexos (uno para la metodología y otro
de resumen de medidas relacionadas con la pandemia) y un documento Excel, en el
que sí se exponían una a una todas las promesas y su estado: “cumplido”, “en proce-
so” o “no iniciado”. Asimismo, dentro de las catalogadas como “en proceso”, había una
segunda especicación: “CON avances en el segundo semestre”, “en tramitación por
terceros” o “SIN avances en el segundo semestre”. Por último, 7 compromisos (0,6%
del total) son considerados “decaídos”; 1 de los 7 corresponde al pacto de coalición (los
demás, a otros compromisos). Se trata de una parte del 1.13: “mejorando la posición
de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad Social, para evitar que que-
den fuera del sistema las trabajadoras agrarias por cuenta propia, estableciendo me-
canismos que permitan su incorporación efectiva al régimen de la Seguridad Social”.
Según el informe del Gobierno, este compromiso es “Inconsistente con la tendencia
general de incluir a todos los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad So-
cial con el n de que coticen por los ingresos generados” (2020: 21).
La metodología fue encargada a 9 académicos españoles seleccionados por un gru-
po (el Departamento de Planicación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental)
adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La labor de control de la acción
del Gobierno, sin embargo, no fue realizada por los académicos sino por el departa-
mento citado, teniendo en cuenta sus propuestas metodológicas. Los expertos por
tanto no vericaron el cumplimiento de los compromisos.
En lo que respecta al pacto de coalición, según el informe presentado por Sánchez,
habría en diciembre de 2020 un 20% de medidas cumplidas, un 66% en proceso y un
14% no iniciadas. Su previsión era que en junio de 2021 hubiera un 30% cumplidas
y otro 62% en proceso.
1.3.2. Análisis del cumplimiento pacto PSOE-Unidas Podemos por Newtral
Aparte del mencionado trabajo de expertos nombrados por la propia Presidencia del
Gobierno, la otra evaluación conocida sobre el cumplimiento del pacto de coalición
de PSOE y Unidas Podemos es de Newtral, de Ana Pastor. Esta empresa lanzó una
iniciativa que llama “Pactocheck”, de constante actualización, para seguir el grado de
ejecución de 100 de las 200 medidas del pacto. La elección de esas 100 por el equipo
de trabajo de Newtral la justica por ser los compromisos que pueden ser mejor men-
surables, en tanto que los demás serían demasiado ambiguos o generales o en todo
caso de más difícil aprehensión. Aunque en este caso el análisis incluye más meses
que el aquí presentado, pueden servir como referencia los siguientes datos de cumpli-
miento del programa de coalición según Newtral y a fecha 26 de octubre de 2021: 21%
cumplidas, 51% en progreso, 27% pendientes y 1% incumplidas. El único compromiso
que aparece incumplido es el de “modicar el IRPF para las rentas más altas”. La
explicación dada es que “se ha modicado el IRPF para las rentas más altas en los
Presupuestos, pero no en los porcentajes que se recogían en el acuerdo de Gobierno”.
1 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/29122020_cumpliendo.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
A la vista de las cuestiones estudiadas, el objetivo de esta investigación es diseñar
una metodología para evaluar el cumplimiento de los programas de partidos políticos
en el gobierno y testar la validez de esta metodología aplicándola a la evaluación
en el primer año de legislatura, enero a diciembre 2020, del cumplimiento de los
200 puntos del acuerdo de coalición de gobierno entre los partidos PSOE y Unidas
Podemos, en España.
2.1. Puntuaciones de evaluación de las medidas
A continuación, se describen las clasicaciones y puntuaciones que se establecen en
el método de evaluación de cumplimiento de programa electoral:
Se calica de 0 a 10 el cumplimiento de cada uno de los 200 compromisos, teniendo
en cuenta las iniciativas legislativas y demás acciones y omisiones del Gobierno y
de los partidos que lo componen desde la investidura del candidato (7 de enero de
2020) hasta el 18 de diciembre. Como la metodología se aplica a la evaluación de
un solo año de legislatura, sería al cumplirse el 25% de la legislatura (347 días sobre
1387, tomando como inicio la investidura y como nal el 25 de octubre de 2023, día
de inicio de la campaña electoral si las elecciones fueran exactamente 4 años des-
pués de las anteriores).
Las puntuaciones posibles son las siguientes: se otorga una calicación de 0 cuando
no se ha hecho nada al respecto y un 10 cuando exista cumplimiento total. Hasta
un 5 cuando un proyecto legislativo del Gobierno reúne todo lo comprometido y ha
sido ya presentado pero está aún pasando los trámites parlamentarios. De 0 a 5,
ponderadamente, en caso de que el proyecto esté en proceso pero no incluya todo lo
prometido. En la ponderación también se tiene en cuenta cuánto tramite ha superado
y cuánto le falta.
El análisis se ha realizado a través de una hoja de Excel conteniendo los siguientes
ítems para el registro: “Compromiso”, “Número”, “Área”, “Resumen”, “Aparición en el
BOE”, “Fuente ocial 2”, “Fuente ocial 3”, “Link de apoyo”, “Link de apoyo 2”, “Link
de apoyo 3”, “Link de apoyo 4”, “Link de apoyo 5”, “Link de apoyo 6”, “Link de apoyo
7” y “Cumplimiento tras 25% de legislatura”.
En caso de que las puntuaciones las lleven a cabo más de un investigador, las pun-
tuaciones se ponen en común. En los compromisos evaluados en los que exista
una divergencia de al menos 2 puntos, los investigadores tendrán que motivar sus
puntuaciones. Los resultados mostrarían preferentemente la media de las calicacio-
nes para el cumplimiento de cada compromiso y también la nota otorgada por cada
investigador.
La metodología y las calicaciones, dentro del documento con las fuentes y observa-
ciones, se comunican individualmente a los partidos en cuestión para que, durante
un plazo de 4 semanas, puedan presentar información o argumentos relevantes para
modicar una calicación.
Respecto a los tiempos, se dan 3 tipos de compromisos: los que establecen un pla-
zo máximo para actuar, los que no dicen nada y los que ponen el objetivo a nal de
legislatura (o incluso más allá, al menos en transición ecológica). En el primer caso,
el retraso debe castigarse. En el segundo caso, cuanto antes se haga, más suma (y
viceversa), pero el tiempo ya no es primordial. En el tercer supuesto, en cada año
sólo se pide el 25% de lo comprometido. Por ejemplo, en el SMI el objetivo es del
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60% del salario medio para nal de legislatura, es decir, aproximadamente 1.180
euros (si el salario medio no cambia relevantemente en estos años). Como la legis-
latura empezó en 900 euros, para tener un 10 tras el primer año sólo se necesitará
que haya subido la cuarta parte de 280 euros -que es la diferencia entre el objetivo
y el inicio-. A mitad de legislatura se necesitará una subida de la mitad de 280 euros
y así sucesivamente. Por tanto, en la evaluación de primer año de ese compromiso,
el SMI tendría que haber subido 70 euros para tener un 10. Como subió 50 euros,
el cumplimiento es 7,1 (o alguna/s décima/s menos, si asumiéramos que el salario
medio subirá). También se considera el compromiso de creación de una comisión
para analizar el SMI, aunque en este tipo de promesas se entiende que lo decisivo y
nuclear es la subida o no del SMI.
La explicación anterior tiene consecuencias para ubicar y aprehender los resultados
de la investigación, en tanto estos se miden para el conjunto de la legislatura. Así,
para estar avanzando en completo cumplimiento, el Gobierno sólo necesita un 25%
de media en este ejercicio, pues es un 25% el espacio de legislatura transcurrido,
si se agotara la misma. Esto sólo matizado por las precisiones ya apuntadas en el
párrafo anterior, y relativas a plazos que sean jados en los propios compromisos.
Cuando se trate de una proposición no de ley, puede obtenerse una pequeña parte
de la calicación si la iniciativa es de uno de los partidos de la coalición, si se ha
aprobado y si contiene lo prometido. Los dos aspectos útiles de las proposiciones no
de ley son que permiten ver las posibles mayorías y que la sociedad trate el tema,
ganando visibilidad. La parte negativa, mucho más relevante para los efectos de esta
investigación, es que no son vinculantes y se usan como sustitutivo mediático de las
iniciativas realmente legislativas.
2.2. Los materiales utilizados
En resumen, la metodología empleada consta de 5 fases:
a. una primera no sistemática, desarrollada durante el año, en la que el investiga-
dor va registrando todas las noticias relevantes para el cumplimiento de alguno
de los 200 puntos del pacto de coalición; una fuente siempre consultada es El
BOE nuestro de cada día, de la Fundación Civio, que analiza lo publicado en el
Boletín Ocial del Estado;
b. una segunda fase, de varias semanas, en la que se busca medida a medida
toda la información disponible en Google sobre las palabras incluidas en cada
compromiso y se revisan las noticias en la web de Moncloa;
c. un tercer periodo en el que se calica de cero a diez el grado de cumplimiento
de cada medida siguiendo los criterios expuestos;
d. un cuarto periodo, en caso de existir más de un investigador, para contrastar
las puntuaciones, exponer las motivaciones de las desviaciones de al menos 2
puntos y calcular la nota media obtenida en cada compromiso;
e. y una quinta fase en la que se ponen los datos a disposición de los partidos afec-
tados (en este caso, PSOE, Podemos e Izquierda Unida) vía correo electrónico,
por si hallan alguna laguna o algún elemento que quieran cambiar justicada-
mente. Con esta última gestión se garantiza tanto que los partidos involucrados
tengan el derecho de argumentación ante el trabajo realizado durante un plazo
mínimo de 4 semanas como poder solventar posibles errores del investigador o
información que no haya podido recabar.
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Las puntuaciones provisionales enviadas a los partidos se acompañaron de 333 en-
laces a las principales fuentes usadas, además de las observaciones tomadas de la
autoevaluación de la presidencia del Gobierno. Todo el trabajo en la investigación ha
sido realizado en exclusiva por el autor.
CUADRO 1. Fases de la metodología sobre cumplimiento electoral
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
Recopilación no
sistemática de
información (en
medios, redes, El
BOE nuestro de
cada día…)
Recopilación
sistemática de
información
(búsquedas
en Google y
en la web de
Moncloa…)
Puntuación de 0
a 10 siguiendo
los criterios de
cumplimiento
Contraste entre
investigadores,
justicación de
desviaciones
y cálculo de
nota media por
medida
Envío y opción
de comprobación
de los partidos
implicados
(al menos 4
semanas)
Fuente: Elaboración propia
3. RESULTADOS
En el Anexo se presentan los 200 puntos del pacto de coalición de PSOE y Unidas
Podemos, con un resumen de cada uno, su identicación numeral y la calicación
que se le ha otorgado de acuerdo a su grado de cumplimiento tras el primer año de
legislatura. En la Tabla 1 se reeja el cumplimiento por áreas.
TABLA 1. Cumplimiento del acuerdo de coalición PSOE-UP por áreas
Área Número de compromisos Cumplimiento tras
el 25% de la legislatura
Laboral 20 17,65%
Transición ecológica 16 27,75%
Sanidad 14 23,50%
Vivienda 12 25,00%
Educación 11 39,45%
Derechos 10 14,10%
Regeneración 9 1,78%
Feminismo 9 20,00%
Autonomías 9 8,67%
Exteriores 9 17,30%
Ciencia 8 29,37%
Fiscalidad y Presupuesto 8 19,00%
Servicios sociales 8 22,87%
Cultura 7 16,43%
Universidad 6 20,00%
Consumo 5 24,80%
Sector primario 5 10,40%
Autónomos y PYMES 5 6,60%
Justicia 4 11,25%
Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 24 - 2023
• 182 •
Área Número de compromisos Cumplimiento tras
el 25% de la legislatura
Industria 3 21,67%
Pensiones 3 7,00%
Despoblación 3 5,33%
Digitalización 3 13,00%
Economía general 3 13,33%
Familias 3 30,33%
Menores 2 30,00%
Memoria 2 19,00%
Deporte 2 27,00%
Turismo 1 0,00%
TOTAL 200 19,65%
Fuente: Elaboración propia.
El nivel de cumplimiento global (19,65%) supone un 78,6% de lo que debería llevar
implementado el Gobierno a estas alturas de legislatura (y menos de eso, en caso de
que no se completaran sus cuatro años).
Existe una gran disparidad por ámbitos: en Educación, Ciencia, Transición Ecológica
y Vivienda, si se mantuviera el ritmo actual, habría un cumplimiento total al nal de la
legislatura (citando sólo las áreas que poseen más de 3 puntos en el pacto de coali-
ción). Se acercan a ello Consumo, Sanidad y Servicios Sociales, en este orden. En
cambio, en las demás áreas con más de 3 compromisos el grado de cumplimiento es
sustancialmente inferior al 25% tras un 25% de legislatura -en caso de completarse
los 4 años-, en especial en Regeneración, Autónomos y PYMES, Sector primario y
Justicia. Los 9 asuntos relacionados con regeneración son muy preocupantes, tanto
por su pésimo dato -un 1,78%- como por su fundamental temática (que incluye la no
renovación del poder judicial y RTVE, entre otros).
El dato más alto de ejecución del pacto se encuentra en Educación, que se acerca
al 40%, un porcentaje especialmente reseñable teniendo en cuenta que se trata del
quinto sector con más medidas previstas en el documento programático rmado por
estos partidos (11 medidas se reeren a Educación, según la clasicación realizada,
y por otra parte también hay 8 en Ciencia y 6 en Universidades).
Entre los ámbitos con al menos 10 compromisos, destacan el bajo resultado de Tra-
bajo y Derechos, con un 17,6% y un 14,1%, respectivamente. Las medidas laborales
son las más frecuentes, pero en este primer año quedaron dos puntos por debajo
de la media global. Sanidad, por su parte, superó el 23% en un año marcado por
la pandemia originada por el covid-19. El estado de alarma entró en vigor el 14 de
marzo de 2020.
El análisis por ministerios y las responsabilidades que se pueden desprender grosso
modo de lo anterior deben ser muy precavidas, en tanto el Gobierno es un órgano
colegiado y por tanto es su actuación conjunta y en especial la voluntad del presi-
dente del Gobierno los principales elementos para que se avance más o menos en
cada departamento.
Artículos • Noel Bandera López
• 183 •
En un repaso de lo realizado por el Gobierno en su primer año de andadura es
oportuno y necesario dedicar un espacio a los compromisos que, de forma literal o
implícita, se encomendaron para sus primeros meses.
Así, tenemos “con carácter urgente” (pacto de coalición 1.3) la derogación de tres
puntos de la reforma laboral del PP y la modicación de otros 3. De esos seis com-
promisos, sólo uno se llevó parcialmente a cabo en el período evaluado (se trata
de “Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por
enfermedad”).
En el apartado 1.11 se otorga “carácter prioritario” a la “plena integración en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la
legislatura” (especicación esta última que suaviza la apelación prioritaria inicial. El
otro compromiso en este punto es “rmaremos y raticaremos el Convenio número
189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y
los trabajadores domésticos”. Ninguna de las dos medidas se había efectuado tras
el primer año de legislatura.
Tampoco la reforma de dos leyes que debía hacerse en un plazo de 6 y 8 meses,
respectivamente: para blindar la sanidad pública (punto 2.2.3) y para favorecer la
compra pública de alimentos de proximidad y con criterios ecológicos (4.14).
Entre los compromisos incumplidos gura también (5.6) la sustitución de la Ley Mor-
daza “a la mayor brevedad”.
Con un grado de realización parcial encontramos los puntos 2.2.9 (Atención primaria:
“Entre las medidas a corto plazo se incluirán actuaciones para resolver el décit de
planicación en materia de profesionales, especialmente por lo que se reere al ám-
bito rural”) y 2.4.2 (Ingreso Mínimo Vital, aprobado pero con profundas deciencias
admitidas por ambos socios de Gobierno. En especial es crítico Unidas Podemos. En
resumen, esta nueva prestación se ha quedado muy lejos hasta ahora del número
de beneciarios previsto. Se trata de un avance en términos formales, adaptándose
a lo que es usual en este terreno en países de la Unión Europea, pero no así en la
práctica).
Por último, la referencia a aumentar las cuantías para Ciencia en I+D+I en 2020 en
el ámbito civil puede entenderse por cumplida si contamos los 215 millones en apor-
taciones extraordinarias en el Plan de Choque para la Ciencia2. Con algo más de
un 10% de incremento, también se situaría por encima del incremento del límite de
gasto no nanciero del Estado (menos del 2% en 2020 respecto a 2019), como re-
coge el acuerdo. No se ha podido vericar la última frase (“Se aumentará el peso de
las partidas destinadas a inversión directa respecto al peso relativo de los créditos”).
De este sector del análisis concluimos que sólo se han cumplido, al menos parcial-
mente, cuatro de catorce medidas que contenían referencias a su ejecución inme-
diata. Ello no sólo tiene consecuencias para el primer año de Gobierno sino para
el cumplimiento del pacto en su conjunto, siendo imposible ya alcanzar el 100% de
ejercicio del pacto, ya que numerosas promesas, aunque se materializaran más ade-
lante, no se han implementado cuando se señalaba en el documento.
La no renovación del poder judicial es achacable al Gobierno porque podría ha-
berse producido sin necesidad de aglutinar tres quintos de los escaños. Simple-
mente con una reforma de la ley orgánica, la cual requiere sólo 176 escaños, se
2 https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea
0/?vgnextoid=e70dc9fda7875710VgnVCM1000001d04140aRCRD
Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 24 - 2023
• 184 •
podría haber cambiado el método de elección y elegir así a 12 de los 20 miembros
del CGPJ. Habiendo 187 diputados dispuestos a ello, según sus rmas durante el
período estudiado, sólo la falta de voluntad del PSOE impidió que se reconstituye-
ra un órgano tan relevante con integrantes cuyo mandato caducó años antes, en
2018. De hecho, PSOE y Unidas Podemos registraron su propuesta de desbloqueo
en ese sentido el 13 de octubre pero el PSOE la paralizó la semana siguiente. Algo
similar ocurrió con otros organismos, fundamentalmente RTVE, con administra-
ción provisional también caducada desde 2018. La renovación del ente público se
consumó en marzo de 2021, ya en el segundo año de legislatura y por tanto fuera
del objeto de este análisis (se incluirá en el siguiente). En el caso del Consejo de
Transparencia, sí se nombró al n a un nuevo presidente, tres años después de la
muerte de la anterior presidenta.
A continuación, en la Tabla 2 se presentan los 15 compromisos cuyo cumplimiento
se encuentra más avanzado a fecha 18 de diciembre de 2020. La mayoría de ellos
aparece ahí por la modestia de su contenido literal y/o por su progreso relativo para
un momento inicial de la legislatura, por lo que podrían variar signicativamente en
próximas evaluaciones. Esta lista de medidas ya da idea de la relativamente fre-
cuente aparición de promesas que no conllevan una producción legislativa sino una
acción interna del Gobierno o la mera presentación de un proyecto de ley, entre otras
formulaciones. Pues, mientras en algunos casos las medidas a adoptar son signi-
cativas o hasta ambiciosas, en otros enunciados nos encontramos con compromisos
de muy somera realización. Del mismo modo, en determinados puntos hay bastante
concreción, dándose plazos y/o cifras en los objetivos marcados, en tanto que en
otros el lenguaje empleado destaca por la ambigüedad o por ser muy genérico. En
el programa de coalición, los datos también se dan algunas veces para presentar el
contexto y la necesidad de materializar la promesa que se reproduce acto seguido.
Igualmente hay que mencionar la gran diferencia de extensión e incluso en el número
de compromisos que contiene cada punto.
TABLA 2. Quince compromisos del Gobierno PSOE-UP
con mayor cumplimiento tras 1 año de legislatura
Resumen del compromiso
Número identicati-
vo del compromiso
en el documento
Puntua-
ción
Aumentar recursos para el Fondo de Cohesión Sanitaria 2.2.14 8
Planes de formación para empleados públicos para facilitar la
identicación y atención a las víctimas de trata con un enfoque
integrador, transcultural y de protección
7.4 8
Ampliar red de espacios protegidos, dotando de nanciación
adecuada las políticas de defensa de la biodiversidad y la
gestión de espacios naturales, generando empleo
3.12 7,3
Flexibilizar el retorno de deuda de parques cientícos 2.1.17 7,2
Lucha contra la desinformación, incluyendo guías, mejores
prácticas y cursos para combatir la desinformación en internet y
redes sociales
5.9 7,1
Plan contra el abandono escolar 2.1.3 7
Artículos • Noel Bandera López
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Gratuidad de educación obligatoria (material escolar y comedor)
para familias vulnerables 2.1.5 7
Invertir más en proyectos de investigación y mantener al
personal contratado 2.8.8 7
Estrategia de economía circular y eciencia energética,
impulsar Ley de plásticos de un solo uso 3.4 7
Actualizar y agilizar titulaciones y acreditaciones profesionales 1.15 6,7
Subir salario mínimo 1.4 6,6
Desarrollar Ingreso Mínimo Vital paulatinamente 2.4.2 6,4
Desarrollar Estrategia de digitalización educativa 2.1.8 6,1
Más recursos en educación y becas. 5% del PIB en educación
para 2025 2.1.10 6,1
Llevar al Parlamento Ley de protección integral de la infancia y
adolescencia 2.6.1 6
Fuente: Elaboración propia.
También se presentan en la Tabla 3 15 compromisos que aún no tenían ningún pro-
greso al acabar el primer año de legislatura. Se trata de elementos seleccionados
entre todos aquellos que aún contaban con un 0% de realización. Es relevante seña-
lar que hay incumplimientos que no sólo corresponden al primer año de la coalición,
que es el aquí evaluado, sino que se retrotraen a años anteriores, como el punto 7.9,
relativo a la revisión de la scalidad con una perspectiva de género, pues ya en 2018
los 2 mismos partidos (PSOE y Unidas Podemos) acordaron rebajar el IVA de los
productos de higiene femenina y sigue sin hacerse (de hecho, tampoco se tiene en
cuenta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022). Esa reduc-
ción de IVA fue aparejada a otra bajada de tal impuesto indirecto a los veterinarios,
algo que tampoco se ha llevado a cabo, del mismo modo que la mitigación de im-
puestos para las peluquerías, algo prometido al menos por Podemos.
A los incumplimientos sin avances se debe añadir la no derogación de dos normas
fundamentales: la reforma laboral (1.3) y la mordaza (5.6), con avances mínimos. En
el caso de la mordaza, el único avance es la toma en consideración en el Congreso
a nes de septiembre de 2020 de una propuesta de reforma pero hay que tener en
cuenta tres cosas: que la iniciativa fue del PNV, no del Gobierno; que el inicio del pro-
ceso tuvo un retraso de unos ocho meses; y que supondría la reforma, no la sustitu-
ción íntegra de la norma, como sí se desprende del acuerdo de coalición. Esto último
es relevante también para otras medidas porque se aprecia una cierta tendencia a
reformar o simplemente retocar leyes que los partidos del Gobierno en realidad se
habían comprometido a eliminar.
Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 24 - 2023
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TABLA 3. Quince compromisos relevantes del Gobierno sin avances tras 1 año de legislatura
Resumen del compromiso
Número identicativo
del compromiso en el
documento
Nuevo Estatuto de los trabajadores 1.2
Derechos de empleadas del hogar 1.11
Nueva Ley Orgánica de Universidades con nanciación adecuada,
estabilización del personal y atracción de talento 2.1.13
Revisar Ley 15/1997 en 6 meses para blindar la gestión pública de la
sanidad 2.2.3
Estatuto del denunciante 2.11.3
Lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, incluyendo resar-
cir daños 2.11.8
Reformar sistema de acceso a la carrera judicial con igualdad según
sexo y socioeconomía 2.12.2
Gestión pública y directa del agua 3.10
Reformar ley en menos de 8 meses para favorecer la compra pública de
alimentos de proximidad y con criterios ecológicos 4.14
Devolución de bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia 5.11
Renovar RTVE 6.4
Ley Integral contra la Trata de mujeres con nes de explotación sexual,
basada en los derechos de las víctimas 7.3
Desactivar la “tasa rosa”; scalidad con perspectiva de género 7.9
Ampliar competencias de gobiernos locales y derogar la Ley 27/2013 de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, apro-
bando una que conceda a los municipios tributos propios mínimos
9.8
Fomentar scalmente cooperativas y sociedades laborales 10.6
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados fueron remitidos a los 3 partidos presentes en el Consejo de Ministros
(PSOE, Podemos e IU). En el plazo de 4 semanas para que hicieran sugerencias
sólo respondió IU (su responsable de estrategia, Ángel De la Cruz) en el día número
20, con palabras positivas sobre el trabajo realizado, sin plantear posibles modica-
ciones e invitando al autor a resumir y/o mostrar este u otros trabajos en la revista La
U, que es dirigida por personas vinculadas a este partido político. Con posterioridad
al envío a los partidos se identicaron cuatro errores en la evaluación (no se habían
tenido en cuenta la renovación del Consejo de Transparencia ni la toma en conside-
ración de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y se habían sobrevalorado
la lucha contra la desinformación y el único punto de la reforma laboral que se creía
derogado y que propiamente no lo había sido3). Se decidió aplicar las cuatro correc-
ciones por tratarse de variaciones pequeñas (+1´1 punto, +0´3, -0´9 y -0´3) y porque
el nuevo balance beneciaba a los destinatarios (+0´2).
3 https://laboro-spain.blogspot.com/2020/02/derogacion-despido-baja-medica.html?m=1
Artículos • Noel Bandera López
• 187 •
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El principal objetivo de este trabajo era evaluar el grado de cumplimiento en su pri-
mer año del pacto de coalición suscrito por PSOE y Unidas Podemos para la con-
formación del Gobierno español a inicios de 2020. Se han repasado aportaciones
teóricas que beben del mismo enfoque de rendición de cuentas y se presentaron
investigaciones similares, que tanto en España como en otros países brindaron ma-
yoritariamente resultados positivos de cumplimiento gubernamental. En este caso,
los resultados no son tan favorables como los defendidos por autores como Artés
(2013), Thomson et al. (2017) o Rallings (1987), referidos a otros momentos y/o paí-
ses. Son insucientes en especial si acudimos a los compromisos urgentes (los más
relevantes al analizar la primera parte de una legislatura). Más signicativamente, las
calicaciones son bastante inferiores a las logradas según los expertos de la propia
presidencia del Gobierno y según Newtral, la única otra evaluación conocida. Sí van
más en la línea de Martínez Isidora (2018) sobre cumplimiento de promesas, aunque
en su caso primando el enfoque de la transparencia.
Al igual que Ramírez Franco (2018), se expuso la necesidad de institucionalizar ins-
trumentos de análisis de los programas políticos con anterioridad a los comicios y
también a posteriori, para evaluar su grado de cumplimiento. Acudiendo al último
estudio disponible del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, se ha
demostrado asimismo el altísimo grado de descontento de la ciudadanía con sus
representantes políticos, lo cual sin duda tiene que ver con las deciencias en la legi-
timación y aceptación del sistema en su conjunto, inmerso desde hace años en una
profunda crisis, y en concreto con elementos como el objeto del presente artículo: el
deber de exigir a los partidos políticos el cumplimiento de lo comprometido antes de
acceder al cargo público.
Respecto al método usado por Newtral, la presente investigación aporta una eva-
luación completa de los 200 compromisos (no sólo de la mitad, como hace Newtral)
y una gradación de 0 a 10 que se entiende que es más justa y proporcional o que,
al menos, supone una aproximación diversa y complementaria. Para robustecer la
aprehensión del nuevo marco planteado, se ofrece a continuación una compara-
tiva de los resultados de ambas herramientas, inspirándose en parte tanto en los
procedimientos de medición en ciencias sociales expuestos por Zeller y Carmines
(1982) como en los ocho índices contrastados por Schakel (2008) -sobre descentra-
lización-. En este último, una diferencia principal entre métodos estribó en si conte-
nían el análisis local o sólo el regional. Tales índices, al igual que el aquí propuesto,
se materializan en puntos/números, pero su naturaleza se aproxima más a la del
método de Newtral, en tanto las opciones de calicación se reducen a 2 ó algunas
más (mientras en nuestro modelo hay 101 posibles calicaciones para la evaluación
del cumplimiento de cada punto: es decir, un valor de 0 a 10 con un posible decimal).
Dado que el proyecto Pactocheck de Newtral no existía aún en las fechas analiza-
das, se realiza el cotejo 1 año después (21 de diciembre de 2021), lo cual permite
incluir la actualización de los datos de la presente investigación. Para ello, las cali-
caciones de 0 a 10 son traspuestas a una escala que se adapta a la de Newtral,
dando un 0 cuando la medida está pendiente o incumplida (hasta un 2 sobre 10),
un 1 cuando está en progreso (entre un 2,1 y un 7,9 sobre 10) y un 2 cuando está
cumplida (un 8 ó más sobre 10). Tanto las medidas pendientes o incumplidas como
las cumplidas cubren un menor espectro que las que están “en progreso” porque
así se desprende de la explicación metodológica ofrecida por Newtral sobre estos
conceptos. Además, hay que tener en cuenta que con cierta frecuencia las medidas
Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 24 - 2023
• 188 •
del Pactocheck se reeren a partes de los puntos del programa y no a estos enteros;
en tales situaciones se calcula la nota media. Se tomaron al azar 50 de las 100 me-
didas analizadas por el Pactocheck -las 50 primeras que aparecían en su web el 21
de diciembre de 2021, sin orden- y observamos que en un 48,65% de los casos la
calicación otorgada fue la misma, mientras que en un 40,54% Newtral dio 1 punto
más que la presente investigación y en el resto la calicación fue inferior. En ningún
caso hubo una diferencia de 2 puntos, lo cual constituye un resultado alentador para
la validez de estas herramientas. Sin embargo, en esas 50 medidas, el coeciente
de correlación de Pearson respecto a nuestras evaluaciones se situó en un 0,174;
siendo la media obtenida es un 0,459 sobre 2 en el presente estudio y un 0,773 en
el Pactocheck, una diferencia notable. Ninguna diferencia con nuestro estudio se dio
porque Newtral considerara cumplida la medida sino al catalogar como “en progreso”
compromisos que en la presente investigación no superan el 2 sobre 10. Se trata por
tanto de una disparidad salvable modicando este umbral del intervalo.
En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, cabe señalar que son las propias
de una metodología empleada por vez primera. Además, sería conveniente contar
con más investigadores para realizar las calicaciones y así presentar la media entre
ellos, corregir posibles sesgos o grandes divergencias y tener que justicar estas
últimas cuando sobrepasaran un cierto nivel, por ejemplo de 2 puntos. También sería
provechoso recabar respuestas de ciudadanos y compararlas con las evaluaciones
de los académicos. Igualmente sugerente sería integrar esa involucración en un más
amplio “enfoque de los problemas de decisión que puede ser operacionalizado me-
diante un marco multicriterio que sea transparente, participativo y consistente” (Mun-
da, 2005: 44).
Algo que podría mejorar el análisis sería añadir un criterio jerarquizador de las medi-
das. Esta sugerencia también fue realizada por el grupo de expertos que asesoró al
Gobierno, aunque este no la ha puesto en práctica. Lo ideal sería que fueran los pro-
pios partidos rmantes los que, antes de iniciarse la legislatura o periodo en cuestión,
establecieran el grado de relevancia que otorgan a cada compromiso. Si no, pueden
realizarlo los propios investigadores a partir de criterios objetivos o, al menos, a partir
de una determinación previa de la importancia que se adjudica a las distintas prome-
sas. En todo caso, esta variante debería ser complementaria a la aquí usada y no
sustitutiva, para así ofrecer ambas opciones de visualización: cumplimiento de las
medidas con ponderación de relevancia y sin ponderación.
5. CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo una investigación sobre metodologías de evaluación del cum-
plimiento de programas electorales y tomando el caso del grado de cumplimiento
del pacto de investidura de PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de España, la
primera coalición a nivel estatal desde la II República. La metodología, de novedosa
aplicación, ha expuesto unos criterios generales para la evaluación y se ha desarro-
llado en una fase no sistemática y más larga, de recopilación de noticias relevantes
en fuentes ociales y medios de comunicación; un segundo periodo de búsqueda
de información medida a medida en Google, en la web de Moncloa (presidencia del
Gobierno) y en su Excel de autoevaluación; otro de puntuación de cero a diez y un
último en el que se pusieron los datos a disposición de los partidos implicados para
que puedan justicar cambios durante un mínimo de 4 semanas.
Artículos • Noel Bandera López
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Los resultados respecto al pacto de coalición de PSOE y Unidas Podemos en el
primer cuarto de legislatura han arrojado un grado de cumplimiento del 19´65%,
prácticamente idéntico al anunciado por el Gobierno, salvo por la fundamental di-
ferencia de que el actual análisis ya incluye ponderadas las medidas iniciadas y no
completadas, mientras que, según el informe presentado por Pedro Sánchez el 29 de
diciembre de 2020, al 20% de cumplimiento habría que sumar un 66% de medidas
iniciadas y no completadas. Asimismo, es necesario señalar que, entre las prome-
sas más conocidas, el grado de cumplimiento es inferior. Así, por ejemplo, no se ha
derogado nada de la Ley Mordaza y en parte sólo un punto de la legislación laboral
general, a pesar de que era la primera medida que tomaría el PSOE si gobernara,
según su líder. Se observa una cierta tendencia a reformar levemente leyes que en
realidad rmaron derogar al completo e incluso se hizo bandera preelectoral de ello.
Se observa una gran disparidad según el ámbito de que se trate: mientras en Edu-
cación, Ciencia, Transición Ecológica y Vivienda, de mantenerse la evolución, habría
un cumplimiento total al nal de la legislatura (citando sólo las áreas con más de 3
puntos en el pacto de coalición), en las demás el ritmo de cumplimiento es inferior al
25% tras un 25% de legislatura -en caso de completarse los 4 años-, en especial en
Regeneración, Autónomos y PYMES, Sector primario y Justicia. Los 9 asuntos rela-
cionados con regeneración son los más preocupantes, tanto por su pésimo dato -un
1,78%- como por su fundamental temática (que incluye la no renovación del poder
judicial, por ejemplo).
Se han cumplido una pequeña parte de las medidas que contenían algún tipo de re-
ferencia a su ejecución inmediata: 4 de 14 compromisos se han ejecutado al menos
parcialmente. Ello no sólo tiene consecuencias para el primer año de Gobierno sino
para el cumplimiento del pacto en su conjunto, siendo imposible ya alcanzar el 100%
de ejecución del pacto.
El nivel de ejecución del programa de Gobierno también es inferior a la media que
sostiene la otra iniciativa similar conocida, la de la empresa Newtral, que se centra
en la mitad de los puntos del pacto.
Como resumen nal, esta investigación es una contribución a los estudios de ren-
dición de cuentas de las administraciones públicas e inaugura una serie de análisis
sobre el cumplimiento de los programas electorales, pudiendo aplicarse para todo
tipo de gobiernos, periodos o sectores.
Financiación
Esta investigación fue nanciada durante el disfrute de una ayuda FPU del Gobierno
de España para la formación de profesorado universitario, convocatoria 2016. El
autor declara no tener ningún conicto de intereses. Los nanciadores no tuvieron
ningún rol en el diseño del estudio; en la recopilación, análisis o interpretación de
datos; en la redacción del manuscrito o en la decisión de publicar los resultados.
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© 2023 por el autor. Presentado para una posible publi-
cación de acceso abierto bajo los términos y condiciones
de la licencia “Creative Commons Atribución-NoComercial-
SinDerivar 4.0 Internacional”
Artículos • Noel Bandera López
• 193 •
Documento Anexo.
Cumplimiento de cada punto del pacto de Gobierno PSOE-UP a la altura del 18 de
diciembre de 2020 (el equivalente a un 25% de legislatura, si esta se completa)
Número Resumen del compromiso
Cumplimiento
(tras 25% de
legislatura)
1.1 Reforzar instrumentos para reducir la desigualdad y mejorar la cohesión
social 1
1.2 Nuevo Estatuto de los trabajadores 0
1.3 Derogar la reforma laboral 0,3
1.4 Subir salario mínimo 6,6
1.5.1 Estatuto del Becario y revisar contratos formativos 0
1.5.2 Recuperar derechos al cambiar condiciones laborales 0
1.5.3 Simplicar y reordenar el menú de contratos de trabajo 0
1.5.4 Reducir dualidad 0
1.5.5 Reforzar control de contratos parciales 1,7
1.5.6 Precisar causas de despido y controlar despidos colectivos 1
1.6 Lucha contra el fraude laboral 3
1.7.1 Mejorar búsqueda de empleo y simplicar protección por desempleo 0
1.7.2 Mejorar búsqueda de empleo y simplicar protección por desempleo 0
1.8.1 Plan de emprendimiento social 0
1.8.2 Apoyo a las empresas de economía social 3
1.9 Actualizar prevención de riesgos laborales 4,2
1.10 Conciliación familiar, laboral, personal 2,1
1.11 Derechos de empleadas del hogar 0
1.12 Retorno de emigrantes 0,7
1.13 Titularidad compartida en explotaciones agrarias 1,3
1.14 Plan de formación profesional dual 5
1.15 Actualizar y agilizar titulaciones y acreditaciones profesionales 6,7
1.16 Empleo público 2,5
2.1.1 Derogar LOMCE, nueva ley de educación 3,5
2.1.2 Impedir segregación por sexo con fondos públicos e informar en los con-
certados de que las aportaciones son voluntarias 0,5
2.1.3 Plan contra el abandono escolar 7
2.1.4 Plan anti-bullying 0,7
2.1.5 Gratuidad efectiva de educación obligatoria: material escolar y comedor 7
2.1.6 Educación afectivo-sexual 4
2.1.7 Voluntariedad de Religión 4
2.1.8 Estrategia de digitalización educativa 6,1
Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 24 - 2023
• 194 •
Número Resumen del compromiso
Cumplimiento
(tras 25% de
legislatura)
2.1.9 Estabilidad docente y reducir interinidad 1,5
2.1.10 Más recursos en educación y becas. 5% del PIB en educación para 2025 6,1
2.1.11 Educación pública de 0 a 3 años 3
2.1.12 Simplicar acreditación de títulos académicos 0
2.1.13 Nueva Ley Orgánica de Universidades con nanciación adecuada, estabi-
lización del personal y atracción de talento 0
2.1.14 Aumento y adelanto de becas y reducción de tasas a niveles previos a la
crisis 2,8
2.1.15 Reducir precariedad de profesorado universitario 2
2.1.16 Regular e incorporar enseñanzas artísticas a la universidad 0
2.1.17 Flexibilizar el retorno de deuda de parques cientícos 7,2
2.2.1 Eliminar y restringir copagos 3,3
2.2.2 Introducir la salud bucodental en el SNS 1,6
2.2.3 Revisar Ley 15/1997 en 6 meses para blindar la gestión pública de la
sanidad 0
2.2.4 Alcanzar en 2023 un 7% del PIB de inversión en el SNS 1,3
2.2.5 Renovar tecnología sanitaria 3,1
2.2.6 Digitalización sanitaria 3,3
2.2.7 Política farmacéutica hacia el cuidado de la población 0,5
2.2.8 Garantizar la efectividad del acesso universal a la sanidad 2,4
2.2.9 Actualizar Atención Primaria, sobre todo rural 1,8
2.2.10 Garantizar el derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal,
gratuita y pública 2,2
2.2.11 Cubrir las enfermedades raras 3
2.2.12 Verdadero sistema de atención a la salud mental y prevenir suicidios 2
2.2.13 Mejorar condiciones de personal sanitario y retorno desde el extranjero 0,4
2.2.14 Aumentar recursos para el Fondo de Cohesión Sanitaria 8
2.3.1 Garantizar cartera mínima de servicios comunes de gestión descentralizada 0,3
2.3.2 Reducción de las listas de espera en Dependencia al menos un 75% 3,6
2.3.3 Mejorar cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia 2,7
2.3.4 Estrategia contra la soledad 0,5
2.3.5 Programa de acreditación de calidad de residencias de mayores 0
2.4.1 Actualizar pensiones por ley y subir las mínimas, las no contributivas y las
de viudedad 1,4
2.4.1.1 Reforma de la Seguridad Social para su sostenibilidad a medio y largo
plazo 0,7
2.4.1.2 Eliminar Factor de Sostenibilidad 0
2.4.1.3 Más ecacia y menos costes en la Seguridad Social 0,5
Artículos • Noel Bandera López
• 195 •
Número Resumen del compromiso
Cumplimiento
(tras 25% de
legislatura)
2.4.2 Ingreso Mínimo Vital 6,4
2.5.1 Impulsar ayudas de comedor y material escolar 3,8
2.5.2 Conciliación y derecho a adaptar el horario hasta que los niños cumplan
12 años 2,9
2.5.3 Prohibir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las prime-
ras residencias 2,4
2.5.4 Subir IPREM 4,3
2.6.1 Ley de protección integral de la infancia y adolescencia 6
2.6.2 Crear consejo de participación infantil 0
2.7.1 Modicar Ley de seguridad alimentaria para mayor protección y
transparencia 0
2.7.2 Reducir comida basura con cambios en el etiquetado, la scalidad y la
compra para comedores 3,9
2.7.3 Mejorar mecanismos de resolución extrajudicial de conictos 3,2
2.7.4 Potenciar la Comisión de Cooperación de Consumo para mejorar coope-
ración entre administraciones 0
2.8.1 Aumentar I+D público civil por encima del incremento del límite de gasto
no nanciero y avanzar hacia los objetivos comunitarios 2,5
2.8.2 Facilitar la contratación de investigadores, aumentar partidas para contra-
tos pre y postdoctorales y reducir temporalidad 2
2.8.3 Aumentar contratos pre y postdoctorales en 2020 e incremento progresivo 5
2.8.4 Equiparar derechos del personal predoctoral 0
2.8.5 Aprobar Estatuto del Personal Docente Investigador 3,2
2.8.6 Estabilizar con Oferta Pública de Empleo 1,8
2.8.7 Desarrollar Ley de Ciencia, simplicar trabajo, impulsar transferencia y
aplicación del conocimiento y revisar reglas nancieras de la investigación 2
2.8.8 Invertir más en proyectos de investigación y mantener al personal
contratado 7
2.9.1 Ampliar presupuesto en Vivienda 3,4
2.9.2 Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas de 4 años y priorizando
alquileres asequibles, eciencia energética, colectivos vulnerables 4,3
2.9.3 Frenar la subida abusiva del precio del alquiler y habilitar a CCAA y ayun-
tamientos para ello 3,2
2.9.4 Medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones
de personas vulnerables 3
2.9.5 Fomento del alquiler social para personas sin alternativa habitacional 1,5
2.9.6 Normas que permitan a cada comunidad de propietarios prohibir o limitar
el alquiler turístico 0
2.9.7
Marco legal que dena y actúe para movilizar vivienda vacía (scalidad,
sanciones, estímulos), rmar convenios de la SAREB con CCAA y ayunta-
mientos y evitar explotación de VPO por fondos buitre
2,9
Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 24 - 2023
• 196 •
Número Resumen del compromiso
Cumplimiento
(tras 25% de
legislatura)
2.9.8 Movilizar suelo público para alquiler asequible a través del ICO, el BEI y el
estímulo de oferta privada 4,2
2.9.9
Impulsar alquiler asequible y rehabilitación movilizando suelo público,
facilitando nanciación, agilizando trámites e información y suscribiendo
convenios con ciudades con mercado tensionado
2,5
2.9.10 Nuevas normas para proteger a hipotecados y mecanismos para evitar
desahucios 3
2.9.11 Potenciar el Observatorio de la vivienda y auditoría de las viviendas
públicas 2
2.9.12 Estrategia coordinada que aborde el problema de las personas sin hogar
desde el enfoque de derechos 0
2.10.1
Regulación urgente de los juegos de azar: la publicidad como el taba-
co, no abrir antes de las 22:00 y un porcentaje de la tasa, destinada a
sensibilización
5,3
2.11.1 Acuerdos de consenso para renovar el CGPJ, Defensor del Pueblo, Con-
sejo de Transparencia, RTVE 1,2
2.11.2 Plan Nacional contra la Corrupción con ampliación de agentes 0
2.11.3 Estatuto del denunciante 0
2.11.4 Regular lobbies 0,2
2.11.5 Régimen de incompatibilidades más estricto 0
2.11.6 Reformar la Ley de Transparencia y desarrollar su Reglamento 0
2.11.7 Limitar los aforamientos políticos 0
2.11.8 Lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, incluyendo resarcir
daños 0
2.11.9 Principio de responsabilidad social corporativa en entidades empresaria-
les con participación estatal 0
2.12.1 Modernizar y agilizar la Justicia 0,5
2.12.2 Reformar sistema de acceso a la carrera judicial con igualdad según sexo
y socioeconomía 0
2.12.3 Eliminar el plazo máximo de instrucción como medida anticorrupción 4
2.12.4 Regreso de la justicia universal 0
3.1 Ley de cambio climático y transición ecológica 3,7
3.2 Reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura 5
3.3 Planes de acción urgente para las comarcas que cierran centrales nuclea-
res o de carbón 4,2
3.4 Economía circular y eciencia energética, Ley de plásticos de un solo uso 7
3.5 Regular y fomentar el autoconsumo 3,3
3.6 Crear fondo de compensación de daños medioambientales, pagado por
empresas con actividades potencialmente dañinas. 0
3.7 El coste del bono social eléctrico será asumido por las comercializadoras
de energía eléctrica. Bono general que incluya el gas 0,7
Artículos • Noel Bandera López
• 197 •
Número Resumen del compromiso
Cumplimiento
(tras 25% de
legislatura)
3.8 Ley de movilidad sostenible y nanciación del transporte público, ayudas
al coche eléctrico, revisar sistema de peajes, invertir en puertos. 2,5
3.9 Racionalizar uso del agua y tratarla como derecho humano, no bien mer-
cantil, prohibiendo la compraventa de derechos concesionales del agua 3,2
3.10 Gestión pública y directa del agua 0
3.11 Sostenibilidad del sector agroalimentario, forestal y del medio rural 0
3.12
Ampliar red de espacios protegidos, dotando de nanciación adecuada las
políticas de defensa de la biodiversidad y la gestión de espacios naturales,
generando empleo
7,3
3.13 Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente 0
3.14 Actualizar Ley de Costas ante el cambio climático 0
3.15 Reducir uso de plástico, perseguir la pesca ilegal y fomentar la sostenible 5
3.16 Ley de Bienestar Animal 2,5
4.1 Despliegue de infraestructuras digitales, incluyendo liderar el 5G 2,8
4.2 Plan de Digitalización de la Administración, reducir brecha digital, reformar
ley de transparencia 0,8
4.3 Modernizar el comercio de proximidad 0,3
4.4 Ayudas e incentivos a PYMES 2,5
4.5 Exportaciones sostenibles y diversicadas geográcamente 5
4.6 Más derechos y cuotas más justas para autónomas/os 0,8
4.7 Evaluar el régimen especial del criterio de caja en el IVA para hacerlo más
atractivo para PYMES y autónomas/os 0
4.8 Constituir el Consejo del Trabajo Autónomo 0
4.9 Aumentar la aportación al PIB de la industria, con empleo de calidad y
transición ecológica 0
4.10 Perseguir prácticas de abuso o competencia desleal de multinacionales
frente a PYMES y autónomos/as 0
4.11 Lucha contra las deslocalizaciones, permanencia de empresas críticas
para el empleo comarcal y recuperación de zonas desindustrializadas 1,5
4.12 Turismo sostenible 0
4.13
Sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones
agrícolas, ganaderas y forestales y potenciar el papel de la mujer en el
mundo rural
1,3
4.14 Reformar ley en menos de 8 meses para favorecer la compra pública de
alimentos de proximidad y con criterios ecológicos 0
4.15 Política forestal sostenible que cree empleo 0
4.16 Medidas de prevención de incendios 1
4.17 Pesca sostenible y basada en la investigación, raticar Convenio OIT y
fomentar pesca artesanal 2,9
5.1 Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso
nal de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia 2,7
Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales Nº 24 - 2023
• 198 •
Número Resumen del compromiso
Cumplimiento
(tras 25% de
legislatura)
5.2
Desarrollar Ley 27/2017 para garantizar derechos de personas sordocie-
gas, sordas y con discapacidad visual, quitar copago a discapacitados
menores de 18 años y mejorar el sistema de prestaciones por material
ortoprotésico
2,9
5.3
Ley que proteja a todo tipo de familias, apoyo a la adopción a familias
LGTBI, reconocimiento de la liación de las parejas de mujeres lesbianas
y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser
pareja
0
5.4
Declarar 2 días ociales de recuerdo a víctimas y exiliados del franquis-
mo, exhumar a las víctimas, prohibir enaltecimiento del franquismo, retirar
simbología y condecoraciones, declarar nulas ciertas sentencias y auditar
bienes expoliados.
3,4
5.5 Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado 0
5.6 Sustituir la ley mordaza por una ley progresista a la mayor brevedad 0,3
5.7 Eliminar voto rogado, listas cremallera en todas las instituciones, mejorar
proporcionalidad del sistema electoral y estudiar el voto a los 16 años 0,2
5.8 Comisión Estatal de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo
Romaní 0,4
5.9 Lucha contra la desinformación, incluyendo guías, mejores prácticas y
cursos para combatir la desinformación en internet y redes sociales
7,1
5.10 Se reconocerá la nacionalidad española a las personas descendientes de
progenitores españoles nacidos en el extranjero 0,4
5.11 Devolución de bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia 0
5.12
Ley Integral para la Igualdad de Trato, ley contra la discriminación LGTBI,
ley trans, actuar contra la discriminación en el deporte, medidas en favor
del empleo del colectivo gitano, marco integral legislativo que erradique
los discursos y delitos de odio
0,5
6.1 Aumentar de forma progresiva el presupuesto para Cultura en los Presu-
puestos, apoyar la creación joven, Pacto de Estado por la Cultura 5
6.2
Completar el desarrollo del Estatuto del Artista para mejorar sus condicio-
nes, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, los periodos
de creación y formación, la transición profesional al nal de las carreras ar-
tísticas. Actualizar los epígrafes del impuesto de actividades económicas
0
6.3 Crear Ocina de Derechos de Autoría; diálogo social para mejorar la regu-
lación de la propiedad intelectual, actualizándola 0
6.4 Renovar RTVE 0
6.5 Impulsar las obras en idiomas coociales 5
6.6 Pacto por la Lectura 0,8
6.7 Plan de Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural 0,7
6.8 Ley del Deporte que lo fomente en edad escolar y universitaria, hábitos y
alimentación saludables y el deporte femenino 3,2
6.9 Regular las profesiones del deporte e impulsar un plan de formación y
empleo para los deportistas antes, durante y después de su carrera 2,2
Artículos • Noel Bandera López
• 199 •
Número Resumen del compromiso
Cumplimiento
(tras 25% de
legislatura)
7.1
Ley que garantice igualdad y transparencia retributivas; equiparar per-
misos de paternidad y maternidad, intransferibles y retribuidos al 100%;
derecho a adaptar la jornada laboral para cuidado de familiares; garanti-
zar presencia equilibrada de mujeres en órganos públicos y consejos de
administración públicos y privados, de forma pr