Trabajo, Persona, Derecho, Mercado 5 (2022) 151-186
https://dx.doi.org/10.12795/TPDM.2022.i5.07

Pobreza, exclusión social y colectivos discriminados en España y en la Unión Europea[*]

Poverty, social exclusion and discriminated groups in Spain and in the European Union

Mª Teresa Arévalo Quijada

Universidad de Sevilla

ORCID: 0000-0001-5511-2470

arevalo@us.es

Patrocinio Fernández Geniz

Universidad de Sevilla

ORCID: 0000-0002-9282-2890

patro@us.es

Dolores Gómez Domínguez

Universidad de Sevilla

ORCID: 0000-0003-2189-6670

dogomez@us.es

Resumen: En este trabajo se realiza un análisis descriptivo de la evolución de los indicadores de pobreza y exclusión social y de la discriminación percibida entre la población de la Unión Europea. Se constata que la pobreza y exclusión social (tasa AROPE) y el riesgo de pobreza monetaria incide en mayor medida en determinados grupos entre los que también se percibe más discriminación, tal es el caso de la discriminación de género, edad o discapacidad. Con relación a la discriminación, los ciudadanos de la Unión Europea perciben en sus países mayores porcentajes de discriminación generalizada entre la población de origen étnico diferente al mayoritario y entre la población LGB, aunque se habría producido una disminución en casi todos los estados miembros en la percepción de discriminación.

Palabras claves: Pobreza; Exclusión; AROPE; Discriminación.

Abstract: In this paper, a descriptive analysis of the evolution of poverty and social exclusion indicators and perceived discrimination among the population of the European Union is carried out. It is found that poverty and social exclusion (AROPE rate) and the risk of monetary poverty have a greater impact on certain groups among which more discrimination is also perceived, such is the case of gender, age or disability discrimination. In relation to discrimination, the citizens of the European Union perceive in their countries higher percentages of generalized discrimination among the population of ethnic origin different from the majority and among the LGB population, although there would have been a decrease in almost all the member states in the perception of discrimination.

Keywords: Poverty; Exclusion; AROPE; Discrimination.

Sumario:

1. Introducción. 2. Pobreza y exclusión social en el entorno de europa. 2.1. Evolución de la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE). 2.2. Diferencias y Evolución de la pobreza según sexo. 2.3. La edad en el análisis de la pobreza. 2.4. Indicadores de pobreza y discapacidad. 2.5. Pobreza, exclusión y nacionalidad. 3. Discriminación en españa y europa. 3.1. Discriminación percibida por la población. 3.2. La actitud de los ciudadanos hacía los colectivos discriminados. 3.3. Percepción de discriminación en el acceso a un puesto de trabajo. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía

1. Introducción  ^ 

El estallido de la pandemia de la COVID-19 se produce cuando todavía las tasas de pobreza y exclusión social no habían recuperado los valores anteriores al estallido de la crisis financiera internacional de 2007, y la posterior crisis económica que afectó a las economías europeas.

La crisis que se inicia en 2008 genera un aumento de la desigualdad y de la pobreza que, a partir de la segunda mitad de la pasada década, comienza a reducirse, aunque en menor medida de lo que se recupera el crecimiento económico o el empleo. La desigualdad y la pobreza aumentan en la fase recesiva del ciclo, pero su reducción en la fase expansiva suele ser más moderada (Ayala, Jurado y Pérez, 2022a). De hecho, en el caso de España, pese a un crecimiento del PIB a precios corrientes de casi un 22% entre 2013 y 2019 y una reducción de la tasa de desempleo del 12%, la pobreza monetaria aumento en 3 décimas, y la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social sólo se redujo un 7.3%, es decir, 2.4 puntos.

Aunque los últimos datos disponibles referentes a los indicadores de pobreza son del año 2020 y en algunos de ellos el dato de referencia es la renta de los hogares del año 2019 y, por tanto, no recogerían la incidencia de la crisis económica provocada por la pandemia, muestran un incremento de las tasas de pobreza y exclusión social que los desvían del cumplimiento de uno de los objetivos de la Agenda 2030, reducir dicha tasa en el horizonte temporal de 2030 a la mitad del valor exhibido en 2015 (Llano Ortiz, 2021).

Las elevadas tasas de pobreza y exclusión social han hecho que sean múltiples los trabajos que tratan de identificar las bolsas de pobreza a partir de determinadas características socioeconómicas y demográficas utilizando un enfoque descriptivo o causal. Así, por ejemplo, en el análisis de la pobreza para España, Adiego y Moneo (2002) concluyen que es más probable estar en situación de pobreza monetaria severa si se es mujer, si se es joven o mayor y si se tienen bajos niveles de estudios; Lafuente, et al. (2009) añaden la condición de extranjero no comunitario, la situación en el mercado laboral y el estado de salud como factores explicativos de la pobreza; Poza y Fernández (2011) concluyen que el tipo de contrato, la formación y la salud, las relaciones sociales, la edad y el sexo explican la pobreza.

Algunos de los grupos de población en los que la incidencia de la pobreza y la exclusión social es mayor, son también grupos discriminados en el mercado laboral y en el entorno social, poniendo de manifiesto la relación entre discriminación y pobreza. Así, por ejemplo, la discriminación por razón de género implica que las mujeres hayan tenido más dificultad para acceder a puestos directivos y de gerencia, sus salarios sean más bajos y hayan optado tradicionalmente a empleos de peor calidad. De igual forma se podría argumentar, con relación a la población de diferente origen étnico, en su mayor parte extranjera, que suelen desarrollar su actividad en empleos que no quieren desempeñar el grupo poblacional mayoritario y por lo general, están peor remunerados.

Una de las vinculaciones estudiadas es la de la discriminación salarial debida al género y pobreza (Gradín, Del Rio y Cantó, 2006; Del Río, Gradín y Cantó, 2008; Gradín, Del Rio y Cantó, 2010) que concluyen que la eliminación de brecha salarial por género debida a la discriminación conllevaría la reducción de la pobreza de las mujeres y de los hogares de las que estas son sus principales sustentadoras. De igual modo, ha sido objeto de análisis la discriminación salarial en España de la población inmigrante con relación a la población nativa (Rueda y Navarro, 2011). La relación entre discriminación de la población con discapacidad y pobreza también ha sido objeto de análisis en la literatura (Martínez Ríos, 2013).

Tanto la pobreza en términos relativos, como la exclusión y la discriminación que sufren determinados grupos de población, es un problema de la sociedad actual que debe afrontarse desde las instituciones para lograr, si no es posible su erradicación, sí al menos su disminución progresiva.

En este trabajo realizamos un análisis de los indicadores de pobreza y exclusión social, así como de la discriminación percibida en el entorno de la Unión Europea a partir de la información pública disponible.

En el siguiente apartado se recoge la evolución del indicador AROPE y de los tres indicadores que lo componen, riesgo de pobreza monetaria, privación material severa y baja intensidad laboral del hogar para el conjunto de la población y para aquellos grupos de población para los que se percibe mayor discriminación y existe información. Los datos objeto de análisis proceden de la base de datos de la Oficina Estadística Europea (EUROSTAT), extraídos de las Encuestas de Condiciones de Vida que elaboran los estados miembros sobre una base armonizada (EU-SILC), lo que hace posible la comparación entre los distintos países. Estos datos sólo están disponibles hasta 2020, por lo que, en el caso de España y al objeto de ofrecer información sobre la incidencia que la crisis económica desencadenada por la pandemia ha podido tener sobre la pobreza, son completados con los elaborados por otras fuentes no oficiales, concretamente con los informes y encuestas de la fundación FOESSA[1]. El apartado 3 se dedica al análisis y evolución de los datos de discriminación percibida de origen étnico, por orientación sexual, género, identidad de género, religión o creencia, edad y discapacidad, así como al análisis de la actitud de la población hacía estos grupos en cuanto a su participación social. Los datos que permiten este análisis han sido extraídos de los Eurobarómetros Especiales de Discriminación elaborados a instancia de la Comisión Europea. Finalmente se recogen las conclusiones del análisis descriptivo realizado.

2. Pobreza y exclusión social en el entorno de europa  ^ 

La principal fuente que permite establecer comparaciones entre la evolución de la desigualdad, pobreza y exclusión social en España y en los países de la Unión Europea son las estadísticas de EUROSTAT. El indicador AROPE[2] es de carácter multidimensional y engloba tres componentes, la pobreza monetaria o pobreza en el ingreso, la carencia material y la pertenencia a un hogar con baja intensidad laboral. Una persona se incluye entre la población en riesgo de pobreza o exclusión social cuando presenta alguno de los tres componentes, predominando las que contabilizan en el indicador por estar en riesgo de pobreza monetaria.

2.1. Evolución de la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE)  ^ 

La Evolución de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en la UE y en España se recoge en el gráfico 1. Una simple lectura de éste nos indica el incremento que experimentó la tasa en el periodo de mayor crudeza de la crisis económica. En España, el incremento de la tasa entre 2008 y 2014 fue de 5.4 puntos, mientras que, en la Eurozona (AE), aunque la tasa AROPE aumentó, lo hizo en un porcentaje menor (1.9 puntos). Entre 2014 y 2019 se ha producido una reducción progresiva de la tasa de 3.6, 2.7 y 3.9 para la Unión Europea, la Eurozona y España, respectivamente. Aunque la reducción en España ha sido mayor, en 2019 el indicador AROPE se situaba 4.4 puntos por encima de la media de la Unión Europea y 1.5 puntos por encima del valor de la tasa en 2008. La diferencia con respecto a la media de la UE se mantiene en los últimos datos disponibles que corresponden a 2020, año en el que se rompe la tendencia del indicador y experimenta un incremento de 1.1 punto tanto en la Unión Europea como en España.

Como se pone de manifiesto en el gráfico 2, existen diferencias según el territorio, así en 2015, dentro de la Eurozona la mayor tasa AROPE era la de Grecia (35,7), le seguían Letonia (30.9) y Lituania (29.3), España ocupaba ese año la sexta posición en porcentaje AROPE entre las 19 economías de la eurozona, algo por detrás de Chipre e Italia. Los datos de 2020 sitúan a España en la segunda posición en el indicador por detrás de Grecia, aunque la reducción operada en la tasa en el caso de este país en el quinquenio ha sido considerablemente mayor, 6.8 puntos frente a los 2.2 puntos que se habría reducido la tasa en el caso de España. Una reducción similar a la experimentada por la tasa en Grecia en este último quinquenio se habría producido en Portugal e Irlanda. Sin embargo, en Alemania, Luxemburgo y Francia, el indicador AROPE habría aumentado en el quinquenio 4, 2.4 y 0.5 respectivamente. La escasa reducción de la tasa experimentada por España la situarían lejos de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con relación al AROPE, la estrategia supone reducir para este horizonte temporal la tasa a la mitad del valor exhibido en 2015 (Llano Ortiz, 2021), es decir, en 2030 se debería situar en 14,3, luego una reducción uniforme por quinquenio supondría que la tasa se debería haber reducido en este último algo más de 4,7 y lo ha hecho en menos de la mitad (gráfico 2).

La evolución de las tres dimensiones consideradas en el AROPE, es decir, la pobreza en el ingreso o pobreza monetaria[4], la privación material severa[5] y el factor de baja intensidad en el empleo por hogar[6] se recogen en la tabla 1.

En el periodo 2008-13, coincidiendo con los años de crisis financiera y económica, la tasa de pobreza monetaria se elevó por encima de 20.5 puntos, pero es entre 2013 y 2014 cuando se produce un incremento de casi dos puntos, que continúa creciendo, aunque de forma más leve, hasta 2016. Entre 2016 y 2019 la tasa se reduce 1,6 puntos. El Producto Interior Bruto (PIB) comienza a crecer a partir de 2014, sin embargo, como acabamos de indicar, el indicador de pobreza monetaria marca los mayores valores en esos primeros años de crecimiento. Entre 2016 y 2019, el PIB per cápita aumentó 11,2%, pero la tasa de pobreza monetaria sólo se redujo un 7% (tabla 1).

El umbral de riesgo de pobreza monetaria aumenta o disminuye en la medida que lo hagan los ingresos medianos del conjunto de la población. Esto hace que algunas personas próximas al umbral, pese a disponer de ingresos estables, pueden entrar o salir del riesgo de pobreza de un periodo a otro. El indicador de riesgo de pobreza anclada en el umbral de 2008 (gráfico 3) revelaría todavía mayor crecimiento de la pobreza monetaria en los años en los que se registran mayores valores del indicador y mayor divergencia con respecto al conjunto de la Eurozona, una diferencia superior a los 10 puntos en 2014 y cercana a los 5 puntos en 2020.

La tasa de riesgo de pobreza monetaria no refleja los efectos de la pandemia ya que se basa en los datos de renta de 2019. Aunque sin la pretensión de sustituir a los datos oficiales, Ayala, Jurado y Pérez (2022b) comparan los datos de pobreza monetaria pre y post pandemia utilizando los datos de la encuesta EINSFOESSA[7], que revelan un incremento de casi tres puntos en el indicador de pobreza monetaria entre 2018 y 2021, aumento que se elevaría por encima de los 6 puntos si el umbral de pobreza se ancla en el valor de 2018 (tabla 2).

El indicador de privación material severa aumentó en España como consecuencia de la crisis 3.5 puntos entre 2008 y 2014 (más de un 97%) muy por encima del crecimiento en puntos que se produjo en el conjunto de la UE (1.4 entre 2008 y 2013) y en la Eurozona (1.8). En 2020, este indicador se elevó en 2.3 puntos, devolviendo la tasa, en un solo año, a los peores valores de 2014.

El componente del AROPE que más se elevó en España en la anterior crisis es el de personas que conviven en hogares con baja intensidad laboral. Entre 2008 y 2014 aumentó 10.5 puntos en España y 2.1 y 2.6 en la UE y la Eurozona, respectivamente. Los mayores valores del indicador corresponden a los periodos en los que la tasa de paro fue más elevada en España, por encima del 20% desde el último trimestre de 2010 hasta el segundo trimestre de 2016.

Como se ha indicado anteriormente, el mayor porcentaje de población en el AROPE corresponde a los que sólo sufren riesgo de pobreza monetaria, siendo mucho menor el peso en la población que, sin estar en riesgo de pobreza monetaria, computa en el AROPE por las otras componentes (tabla 3).

De los datos contenidos en la tabla 3 podemos destacar, en España, el incremento de peso entre la población en riesgo de pobreza y exclusión social de la privación material, y de la población que sufre conjuntamente riesgo de pobreza monetaria y privación material. El componente de baja intensidad laboral ha perdido peso relativo entre la población en el AROPE, sobre todo entre 2015 y 2019, debido posiblemente a la recuperación del empleo en el periodo.

La tasa AROPE y los demás indicadores de pobreza no son homogéneos para el conjunto de la población y existen diferencias según el grupo de población que consideremos.

2.2. Diferencias y Evolución de la pobreza según sexo  ^ 

El indicador de pobreza y exclusión social es, por lo general, superior en la población de mujeres que en la de hombres (tabla 4). La diferencia en la tasa estaba cercana a los tres puntos en el año 2008. A lo largo del periodo esa diferencia se ha ido reduciendo y, en el caso de España, la tasa AROPE para la población de hombres estaba por encima de la de la población de mujeres en el periodo 2012 a 2016, llegando a situarse en 2015, la tasa de pobreza y exclusión social de los hombres 0.7 puntos por encima.

No obstante, hemos de señalar que esa es una tendencia asociada a la crisis anterior en la que, debido a la masculinización del empleo en ciertos sectores más afectados por la destrucción de empleo, la población masculina se vio más afectada por la pérdida de ingresos salariales. Sin embargo, como ponen de manifiesto los datos para España, cuando la tasa AROPE comienza a descender, a partir de los datos de 2015, la reducción es mayor para la población masculina y a partir de 2017, la tasa AROPE de la población femenina se sitúa por encima de la masculina. Los datos de 2020 con respecto a los de 2019 reflejan un incremento de 1 punto en el indicador AROPE para la población masculina y algo superior, 1.2 puntos para la población de mujeres, que hace que esta última tasa se sitúe 1.6 puntos por encima de la masculina. Esta diferencia de tasas en 2020 es similar en la EUROZONA, aunque las tasas son más bajas que en España, pero su incremento ha sido mayor entre 2019 y 2020.

La evolución de las tres dimensiones del AROPE por sexo se recoge en la tabla 5. Para la Eurozona todos los componentes alcanzan mayor valor en la población de mujeres que en la de hombres. La tasa de pobreza monetaria en la Eurozona es superior para la población de mujeres durante todo el periodo considerado, aunque las diferencias se han reducido ligeramente con respecto a los años iniciales en los que la diferencia era de dos puntos. En España, la diferencia entre las tasas de pobreza monetaria de la población de mujeres y hombres en 2008, era superior a la de la Eurozona (2.8 puntos), pero en los años sucesivos, al mantenerse o incluso reducirse la de la población de mujeres e incrementar la de los hombres, esa diferencia se fue reduciendo, y entre 2013 y 2016 el indicador de pobreza monetaria masculino estuvo por encima del de la población femenina. Sin embargo, a partir de 2017 la tasa masculina desciende y de nuevo se sitúa por debajo de la de la población de mujeres. Los datos de 2020 comparados con los de 2019 reflejan un incremento de la tasa para la población de mujeres y se mantiene la de la población de hombres, por lo que incrementa la diferencia hasta los 1,5 puntos, aunque se mantiene por debajo de la existente en los inicios de la anterior crisis económica (tabla 5).

La componente de privación material severa en España es la que muestra mayor aumento entre 2019 y 2020, tanto para la población de hombres como de mujeres, por encima de los 2 puntos, existiendo escasa diferencia en esta tasa para las dos poblaciones.

La componente de baja intensidad laboral sólo se sitúa para la población masculina, ligeramente por encima de la de la población femenina en 2013, 2015 y 2016.

2.3. La edad en el análisis de la pobreza  ^ 

El análisis del AROPE por grupos de edad revela mayores tasas de pobreza y exclusión social para los grupos de menor edad (tabla 6). En el inicio de la crisis financiera internacional, la tasa AROPE de los mayores de 65 años estaba por encima de la de los grupos de 25 a 54 años y de 55 a 64 años, pero en los años posteriores, mientras que el indicador se elevaba para los otros grupos de edad, el de la población de mayor edad se reducía.

En España, el indicador AROPE se elevó 16 puntos entre 2008 y 2015, para el grupo de 16 a 24 años, situándose en el 42%, más de 12 puntos por encima de la media de la Eurozona. Este es el grupo donde se registran los mayores valores del indicador. En el grupo de 25 a 54 años, y para el mismo intervalo temporal, la tasa se elevó en España casi 11 puntos. Sin embargo, para el grupo de edad por encima de 65 años la tasa se reduce en más de 13 puntos en el intervalo 2008-2014 y, aunque en los años sucesivos el AROPE alcanza mayores valores y se produce un aumento considerable (casi 5 puntos) entre 2019 y 2020, en el último dato disponible para este grupo de mayor edad, la tasa está casi 6 puntos por debajo del dato de partida, mientras que para el resto de los grupos de edad y, pese a la reducción que se produce a partir de 2014 o 2015, la tasa continúa por encima de los valores de 2008. Sin embargo, en el caso de la Eurozona, iniciado el periodo de recuperación económica, el indicador AROPE habría retornado paulatinamente a los valores anteriores a la crisis (tabla 6).

2.4. Indicadores de pobreza y discapacidad  ^ 

Los grupos de población que sufren algún tipo de discapacidad tienen mayor dificultad para integrarse en distintos ámbitos de la sociedad, en particular en el mercado laboral. Diversos estudios revelan que se trata de grupos que están sobrerrepresentados entre la población pobre. Así lo ponen de manifiesto los datos de EUROSTAT de 2019 que revelan una diferencia entre las tasas de pobreza y exclusión social entorno a los 10 puntos para la población mayor de 16 años, dependiendo de que no tengan ninguna discapacidad o sufran algún tipo de discapacidad (tabla 7).

Además, hemos de indicar que, tanto en la UE como en la Eurozona y en España, las diferencias entre las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social de la población que no tiene ninguna discapacidad y de la que sí la sufre han ido aumentando. Para el conjunto de la UE, la tasa AROPE de la población con discapacidad estaba, en 2010, 8.8 puntos por encima, y para la población con discapacidad severa, 14.5 puntos por encima. En 2019, esa diferencia era de 10.7 y 17.8 puntos, respectivamente. En la Eurozona, la diferencia en la tasa AROPE registrada en 2010 entre los que sufren algún tipo de discapacidad y los que no tienen ninguna era de 7.4 puntos y se sitúo en 2019 en 9.6, es decir, 2.2 puntos por encima. Los datos para España reflejan una menor diferencia entre las tasas de pobreza de la población con discapacidad o discapacidad severa y la de la población sin discapacidad que en la UE o en la Eurozona, que en 2010 es de 6.8 y 12.7 respectivamente y, en 2019, de 10 y 14 puntos respectivamente.

La tasa AROPE para el conjunto de la población y para la población sin discapacidad, se sitúa en España por encima de la media de la UE y de la Eurozona, pero, sin embargo, la tasa AROPE para la población con discapacidad severa de España, registra datos más cercanos o incluso inferiores a los de la media de la Unión Europea.

También, al igual que ocurre con el conjunto de la población, la tasa de pobreza y riesgo de exclusión social de las mujeres es, por lo general, superior a la de los hombres para el conjunto de la UE y la Eurozona, pero en el caso de España, como se ha comentado anteriormente, la agudeza de la crisis económica afectó particularmente al empleo e ingresos salariales de la población masculina, y ello condujo a mayores tasas AROPE entre dicha población, que se situaron por encima de las femeninas. Esto mismo ocurre con las tasas AROPE de la población con discapacidad salvo que, en este caso, desde 2011 y hasta el dato más actual, la tasa masculina siempre ha estado por encima de la femenina, como se pone de manifiesto en el gráfico 4.

Esta mayor incidencia de la pobreza en la población con discapacidad se puede observar cuando se consideran las diferentes dimensiones de la pobreza. La tasa de pobreza monetaria de la población con discapacidad, sin discapacidad y de la población total mayor de 16 años se recoge en la tabla 8. En líneas generales, se puede observar que la pobreza monetaria, tanto para la población total como para la población sin discapacidad, aumenta en el periodo 2010-2016, y posteriormente, hasta 2019, experimenta un ligero descenso.

En el caso de España, y centrándonos en la tasa de pobreza monetaria de la población total mayor de 16 años, entre 2010 y 2016 el porcentaje que representa la tasa se elevó 1.7 puntos, algo más que en la UE (1.1) y en la Eurozona (1.6). Para la población de más de 16 años sin discapacidad, el aumento en el mismo periodo fue de 2.5, 1.1 y 1.7 para España, la UE y la Eurozona respectivamente. Sin embargo, en el mismo periodo y para la población con discapacidad, la tasa de pobreza monetaria se elevó 1.3 en la UE, y 1.7 en la Eurozona, pero en España, la tasa se había reducido 2.6 puntos hasta 2015, situándose ese año por debajo de las tasas de los otros grupos de población considerados (total y sin discapacidad); a partir de ese año, comienza a crecer, y en 2018 ya se sitúa por encima del primer dato de la serie, el del año 2010. Es decir, la recuperación económica y reducción del desempleo, que supuso una ligera reducción de los indicadores de pobreza monetaria en el caso de España, no afectó a la población con discapacidad, sino más bien al contrario, se produce una elevación de las tasas de pobreza monetaria.

Si atendemos al objetivo de reducción de la pobreza de la agenda 2030 y lo trasladamos a la tasa de pobreza monetaria de la población con discapacidad en España, el valor de referencia de la tasa, el del año 2015, debería reducirse a la mitad en 2030, es decir, debería situarse en 10.25. Una reducción proporcional, supondría 0.7 puntos por año, 2.73 puntos entre 2015 y 2019 y, sin embargo, la tasa aumentó en esos cuatro años 3.1 puntos.

En la tabla 9 se recogen los porcentajes de población que sufren privación material severa por limitación de la actividad (tener o no alguna discapacidad) para la UE, Eurozona y España.

Los datos contenidos en la tabla revelan, por un lado, un incremento del porcentaje de población que sufre privación material severa en la UE y la Eurozona para todos los grupos de población considerados en el intervalo 2010-2012, y en España, un comportamiento análogo, en el intervalo 2010-2014. A partir de ese último año, los porcentajes disminuyen hasta 2019, año en el que el dato está por debajo del computado en 2010, salvo para la población con discapacidad de la Eurozona y de España.

La privación material severa está más representada en la población que sufre algún tipo de discapacidad y además, para España, la elevación que experimenta el indicador en la población con discapacidad, 3.9 puntos en el periodo 2010-2014, no se recorta completamente en el periodo de recuperación económica.

La variabilidad de la tasa de privación material severa en el periodo recogido en la tabla 9, exceptuando el dato de 2020 (mayor tasa-menor tasa), está en torno a los 4 puntos en la UE para todos los grupos de población y en torno a 2 puntos en el caso de la Eurozona y España, con la salvedad de la mayor variabilidad de la tasa en España para el grupo con discapacidad, al que hacíamos referencia en el párrafo anterior.

En cualquier caso, las tasas de privatización material severa son más bajas en España que en la UE y la Eurozona, pero el comportamiento de este indicador en España ha hecho que, aun permaneciendo por debajo, la tasa se haya acercado a la de su entorno europeo. En 2010, la diferencia de la tasa de privación material severa en población con discapacidad y sin discapacidad entre la UE y España era de 5.6 y 2.8 puntos, respectivamente. En 2019, esa diferencia se había reducido a 1.2 para la población con discapacidad y 0.6 para el grupo de población sin discapacidad.

Finalmente, y sin que podamos disponer del dato de privación material severa para el conjunto de la UE y de la Eurozona de 2020, el dato de España, que ya recogería los efectos de la pandemia, supone un incremento de la tasa en sólo un año de 2.1 puntos en la población con discapacidad y de 1.9 puntos en el grupo poblacional sin discapacidad. Si comparamos la evolución de la tasa con la de otros países de nuestro entorno (gráfico 5), puede concluirse un peor comportamiento de la tasa en España, sobre todo en el grupo con discapacidad ya que, tanto para Portugal como para Francia, se observa un descenso de más de un punto y de medio punto, respectivamente.

El tercer subindicador del AROPE agrupa al número de personas que viven en hogares con baja intensidad del empleo. Su relación en porcentaje con su grupo de población se recoge en la tabla 10, poniéndose de manifiesto que este indicador, para la población con discapacidad, más que duplica, y en algunos casos casi triplica, al de la población sin discapacidad (tabla 10).

2.5. Pobreza, exclusión y nacionalidad  ^ 

En el análisis sociodemográfico de la pobreza y exclusión también existen diferencias entre los residentes según su nacionalidad. En general la población extranjera presenta mayores tasas de pobreza que la nacida en el país, pero además existen diferencias en función del territorio de nacimiento, siendo menores las tasas para los nacidos en algún país de la Unión Europea con relación a los extranjeros que proceden de estados no miembros (tabla 11).

En la Eurozona, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social para los extranjeros procedentes de otros Estados miembros de la UE está 3.5 puntos por encima; además la diferencia se fue ampliando hasta alcanzar los 6,5 puntos en 2016. Aunque a partir de ese año, la reducción en el AROPE se produce tanto para nacionales como para los extranjeros, la diferencia es mayor que en la que muestran los datos de partida, 4.1 en 2019 frente al 3.5 de 2009. La diferencia de tasas entre nacionales y extranjeros es mayor cuando consideramos a los procedentes de países no miembros de la UE. Para este último grupo, las tasas de pobreza en el conjunto de la Eurozona están en torno al 40%, en 2013 alcanzaron el 42,8% y presentaron una diferencia con respecto al AROPE de los no extranjeros cercana a los 22 puntos. Aunque, al igual que ocurre para los otros grupos de población, las tasas se reducen al iniciarse la recuperación y hasta el inicio de la pandemia, lo hacen más lentamente, por lo que el dato de 2019 para los extranjeros de Estados no miembros es superior al de partida.

En España, las diferencias de tasas entre la población extranjera y no extranjera, es mucho mayor que para el conjunto de la Eurozona. Concretamente, en el año 2019 que es el que presenta mayor AROPE para la población extranjera procedente de otros Estados miembros (43,9%), la diferencia con el AROPE de los no extranjeros estuvo por encima de los 23 puntos. Curiosamente, en los años de mayor agudeza de la anterior crisis económica, coincidiendo con el periodo de mayor austeridad, la tasa AROPE de los extranjeros de otros estados miembros registra los menores valores, al igual que ocurre en 2020, año en el que el AROPE crece para los otros grupos, pero para los extranjeros de otros Estados miembros de la UE disminuye 4 puntos con relación al dato de 2019. La tasa AROPE de los extranjeros de fuera de la Unión Europea registra valores superiores al 45%, siendo el peor dato el del año 2015, con una tasa del 57,7%. Aunque a partir de este dato y hasta 2019, la tasa se reduce, experimenta un brusco incremento en el primer año de pandemia, entre 2019 y 2020 crece más de 6 puntos.

Si analizamos algunas de las componentes del AROPE, para la tasa de riesgo de pobreza monetaria también se observa un mayor riesgo para la población extranjera que para la no extranjera (tabla 12). En la Eurozona, para los extranjeros de países miembros de la UE, la diferencia con respecto a la población no extranjera está entre 8.2 puntos de los datos de 2009 y 2019 y los 11 puntos de 2014 y 2016. Con relación a la población extranjera no procedente de los países miembros de la UE, la diferencia de tasas con la población no extranjera es, como ya vimos con el AROPE, superior, entre los 22.3 de 2009 y cercana a los 28 puntos en 2017. Además, la tasa de pobreza monetaria de la población extranjera no pertenecientes a la UE se mantiene en 2019 dos puntos por encima de su situación en 2009 y sólo 1.5 puntos por debajo del valor de 2015.

En el caso de España, las diferencias entre las tasas de pobreza de la población extranjera y española son aún mayores. El peor dato de riesgo de pobreza monetaria para los extranjeros de países miembros se registra en 2018 con una tasa del 45.4, siendo la diferencia con respecto a la tasa de la población española de 27.5 puntos. Curiosamente, para los extranjeros miembros de la UE la tasa experimenta un descenso considerable entre 2019 y 2020, de más de 7 puntos. La tasa de pobreza monetaria para la población extranjera no pertenecientes a la UE supera el 50% desde el año 2014 y en 2020 se sitúa en 50.4%, más de 9 puntos por encima del dato de 2009 y con una diferencia con respecto a la tasa de la población española de 33.5 puntos.

Aunque en España, el indicador de riesgo de pobreza monetaria es superior para la población extranjera que para la no extranjera, según los datos de la encuesta EINSFOESSA, esta tasa no sólo no habría aumentado para la población extranjera no perteneciente a la Eurozona sino que podría haber retrocedido en 1 punto, mientras que para la población española o perteneciente a los 15 países que conformaron la UE hasta la ampliación de 2004 habrá aumentado en 3.7 puntos (tabla 13).

Por último, en la tabla 14 se recoge la evolución del indicador de privación material severa. En la Eurozona, para esta componente del AROPE, no existen tantas diferencias entre la población extranjera de países de la UE y la población no extranjera; sin embargo, la diferencia sí es importante entre la población extranjera no pertenecientes a la UE y la población no extranjera. Para la población extranjera no pertenecientes a la UE, la privación material severa alcanza el valor más alto en 2013, situándose en el 20,5%, a partir de ese valor disminuye en los años siguientes, y en el año de inicio de la pandemia la tasa se eleva en casi 5 puntos, mientras que para la población no extranjera ha aumentado en sólo 0.7 puntos.

En España, el indicador de privación material severa para la población extranjera registra por lo general valores muy superiores a los de la población española, siendo, en consonancia con los datos de la Eurozona, superiores para la población extranjera no pertenecientes a la UE. Entre 2019 y 2020, el indicador se ha elevado 1.6 puntos para la población española, 3.5 para la extranjera de la Unión Europea y más de 8 puntos para la extranjera no pertenecientes a la UE.

3. Discriminación en españa y europa  ^ 

El análisis desarrollado en este apartado se basa fundamentalmente en los datos extraídos de los Eurobarómetros Especiales de Discriminación[8], el último de los cuales fue publicado en 2019. Los resultados son extraídos de las encuestas[9] que en mayo de ese mismo año se realizaron en los 28 estados miembros que en ese momento constituían la UE. Sólo un 12% de los encuestados admite pertenecer a uno de los grupos objeto de análisis por discriminación, de los que un 4% se identifican como parte de una minoría religiosa, 3% de una minoría étnica, 1% se identifican de etnia gitana y un 2% a los otros grupos (discapacidad, orientación sexual e identidad de género).

3.1. Discriminación percibida por la población  ^ 

La comparación de los datos de los Eurobarómetros especiales de discriminación en cuanto a la discriminación percibida por los encuestados, que no de la discriminación real, indican un incremento para el conjunto de la UE entre 2012 y 2015 y una disminución entre 2015 y 2019 para todos los tipos de discriminación, aunque hay una mayor percepción de discriminación, salvo en discapacidad, de la reflejada por la encuesta de 2012.

Los datos más recientes, correspondientes a 2019, reflejan que los encuestados perciben en sus países mayor discriminación generalizada por origen étnico (el 59%), debido a la orientación sexual (53%) y por identidad de género (48%). Con respecto a las respuestas del Eurobarómetro de 2015, la percepción de discriminación generalizada ha disminuido más en identidad de género (8 puntos), discapacidad (6 puntos) y origen étnico y orientación sexual (5 puntos). En la discriminación de origen étnico, la percepción de existencia de discriminación generalizada hacia la población de origen gitano es algo superior, un 61% para el conjunto de la UE.

La percepción de discriminación varía entre los Estados Miembros. En España (gráfico 6), la discriminación percibida para los distintos tipos considerados, al igual que ocurre en el conjunto de la UE, se ha reducido.

En España, en 2019, el 54% de los encuestados perciben discriminación generalizada de origen étnico en el país, 5 puntos por debajo del dato de la UE. Un 10% de los encuestados en España la consideran muy generalizada, 3 puntos por debajo del dato registrado en el Eurobarómetro de 2015. Entre los estados miembros existe una gran variedad de respuesta sobre la discriminación percibida por este concepto, en 17 de ellos la percepción de discriminación generalizada debido al origen étnico estaría por encima del 50% y variaría entre el 76% que se deduce de la respuesta en Holanda y el 18% de Lituania. En todos los Estados Miembros salvo en Polonia y Portugal se ha producido un descenso en la percepción de este tipo de discriminación como generalizada en sus países.

La percepción de discriminación hacia la etnia gitana en España está 4 puntos por encima de la del conjunto de la UE, situándose en el 65% en España. La percepción de discriminación hacia este grupo oscila entre 82% de Grecia o Suecia y el 23% de Estonia o el 35% de Malta.

El segundo tipo de discriminación que se percibe como más generalizada es por orientación sexual (ser gay, lesbiana o bisexual). En España, un 54% de los encuestados consideran que este tipo de discriminación está totalmente generalizado (2 puntos menos que en 2015), de estos un 13% consideran que está muy generalizado (2 puntos más que en 2015) y en el otro extremo estarían los que la consideran muy rara, un 12%.

El porcentaje de encuestados que perciben la discriminación en función de la orientación sexual como totalmente generalizada varía entre los países de la UE en una horquilla que oscila entre el 73% de Francia, el 71% de Portugal o el 70% de Grecia y, en el extremo opuesto estarían Eslovaquia (25%), Luxemburgo (27%) y Bulgaria (29%). Con relación al informe del eurobarómetro de 2015, en la mayor parte de ellos ha caído la percepción de que este tipo de discriminación esté extendida en su país, en Suecia la reducción ha sido de 21 puntos, 17 en Malta y 14 en Alemania. En cinco Estados Miembros la percepción ha subido: 5 punto en Eslovenia, 4 en la República Checa, 2 en Portugal y 1 en Francia y Polonia.

El 48% de los encuestados de la UE (8 puntos menos que en 2015) consideran que la discriminación hacia la población transgénero está totalmente extendida en sus países, mientras que un 35% (7 puntos más que en 2015) la califica de poco común. Entre los encuestados en España, un porcentaje mayor, el 58% (8 puntos menos que en 2015) la considera extendida y un 31% de poco común[10] (10 puntos más). La percepción de discriminación generalizada en sus países hacia este grupo de población varía entre el 66% de Italia, el 59% de Portugal y el 58% de España frente al 20% de Letonia y Eslovaquia.

La percepción de la discriminación hacia la población intersexual es calificada por el 39% de los encuestado de la UE de totalmente extendida e igual porcentaje la considera poco común, registrándose un porcentaje de no respuesta entre los encuestados del 19%. Entre los encuestados en España, un 47% la califica de extendida y un 35% de poco común. Sólo en cuatro países de la UE más del 50% de los encuestados considerarían generalizada en sus países la discriminación hacia este grupo de población, Italia (58%), Portugal (55%), Grecia (54%) y Chipre (52%). En el lado opuesto estarían los Estados Miembro de la UE con una consideración entre los encuestados inferior al 20%, en Estonia (16%), Luxemburgo y Letonia (17%) y Eslovaquia (19%).

La actitud de los ciudadanos europeos y de sus diferentes Estados Miembros con relación a la discriminación puede también analizarse basándose en determinadas preguntas contenidas en la encuesta que muestran la aceptación de los ciudadanos con las personas pertenecientes a grupos discriminados.

3.2. La actitud de los ciudadanos hacía los colectivos discriminados  ^ 

En el cuestionario del Eurobarómetro se incluyen determinadas preguntas que pueden completar la percepción de la discriminación en el entorno europeo. En los gráficos 7 y 8 se recogen las respuestas de los encuestados a las preguntas de cómo de cómodo se sentirían los encuestados si una persona perteneciente a los grupos discriminados ocupara el más alto cargo político tanto para el conjunto de los países de la Unión Europea (gráfico 7) como para España (gráfico 8).

Más del 50% de los encuestados en 2019 se sentiría totalmente cómodo con la elección de una persona perteneciente a alguno de los grupos discriminados para el más alto cargo político, salvo para los pertenecientes a la etnia gitana. Además, es en los grupos en los que la discriminación percibida es mayor, en los que el porcentaje de los que se sentirían cómodos es menor, y mayor el de los que se sentirían nada cómodos. Estos grupos son orientación sexual, identidad de género, origen étnico y religión o creencia. Las respuestas en España nos dejan un escenario similar, aunque los porcentajes de los que se sienten totalmente cómodos son mayores, y menores los de los que responden nada cómodo.

La respuesta a la pregunta sobre el grado de comodidad al trabajar cotidianamente con una persona perteneciente a los grupos discriminados se recoge a continuación (gráficos 9 y 10). Para esta pregunta, los porcentajes de encuestados que se sentirían totalmente cómodos superan en todos los casos el 50%, pero de nuevo es con respecto a los colectivos para los que se percibe mayor discriminación para los que los porcentajes son menores. Además, el porcentaje de los que no se sentirían nada cómodos para el conjunto de la UE es relativamente elevado para la población gitana, transgénero, LGB y alguna creencia religiosa.

Para España, los porcentajes de los encuestados que se sienten totalmente cómodos son superiores, y menores los de los que se sienten nada cómodos. Pero la fotografía de los colectivos hacia los que hay una mayor aceptación o menor aceptación es la misma.

Si se comparan los datos de los dos últimos Eurobarómetros, y centrándonos en los grupos para los que la discriminación percibida es mayor, de la respuesta a la pregunta de si se sentirían cómodos con que una persona de diferente origen étnico al predominante en el país ocupara el más alto cargo político por elección[11], se desprende que un 65% de los ciudadanos de la UE estarían totalmente cómodos, 10 punto más que en el anterior Eurobarómetro. El grado percibido de aceptación en España es superior, un 80% de los encuestados estarían totalmente cómodo, lo que supone 12 puntos más que en 2015. Este grado de aceptación varía entre los Estados Miembros en un rango que va desde el 88% del Reino Unido hasta el 40% de la República Checa. En el extremo opuesto estarían el porcentaje de ciudadanos que no se sentirían nada cómodos y que, para el conjunto de la UE sería un 16% y para España un 5%, estos porcentajes habrían caído, en ambos casos, 2 puntos desde 2015. Los porcentajes de los que no se sentirían nada cómodos varía entre el 5% de España, Reino Unido y Luxemburgo y el 41% de Chipre (5 puntos menos que en 2015) o el 36% de Grecia (8 puntos menos que en 2015).

A la pregunta de cómo se sentiría al trabajar diariamente con una persona negra o asiática[12], un 79% de los encuestados de la UE se sentirían totalmente cómodos y un 7% nada cómodos de trabajar con una persona negra o asiática. En España estos porcentajes son: un 88% se sentiría totalmente cómodo y un 3% nada cómodo de trabajar cotidianamente con una persona negra, esos porcentajes son del 87% y del 2% si se trata de una persona asiática. Los porcentajes de los que se sentirían totalmente cómodos al trabajar diariamente con una persona negra varían entre países, un 96% en Holanda y un 95% en Reino Unido y Suecia, en el otro extremo estarían Bulgaria (48%) y Hungría (46%). Los porcentajes con referencia a que el compañero de trabajo sea asiático oscilan entre 96% de Holanda y Suecia y el 52% de Bulgaria o el 54% de Hungría.

Curiosamente en aquellos países de la UE en los que es mayor el porcentaje de percepción generalizada de discriminación de origen étnico, por encima del 70%, tal es el caso de Holanda, Suecia o Francia, también es alto el grado de comodidad (por encima del 70%) con que una persona de diferente origen étnico ocupe el más alto cargo político o trabajar a diario con una persona de color negro o asiática (por encima del 90%). En el extremo contrario, Bulgaria, Letonia o Lituania, con un porcentaje de percepción de discriminación generalizada de origen étnico por debajo del 30%, manifiestan un grado de comodidad alto que está por debajo del 50% tanto a la opción de que una persona de diferente origen étnico ocupe un alto cargo político como a trabajar diariamente con una persona negra o asiática.

La actitud de los encuestados con relación a que una persona de etnia gitana ocupe un alto cargo político o a trabajar cotidianamente con una persona de esta etnia difieren con respecto a cuando la pregunta se formula respecto a otras minorías étnicas consideradas en los párrafos anteriores. Los porcentajes de respuesta de los que se sienten totalmente cómodos son inferiores. Un 49% de los encuestados de la UE se sentirían totalmente cómodos con que una persona gitana ocupara el más alto cargo político y un 28% se manifestaría nada cómodo. En sólo siete países de la UE, más de un 50% de los encuestados se sentiría totalmente cómodo con esta opción: Holanda (76%), España y Reino Unido (72%), Suecia (70%), Irlanda (61%), Croacia (54%) y Luxemburgo (53%). En el extremo opuesto estarían Lituania (21% totalmente cómodos y 59% nada cómodos), Bulgaria (25% totalmente cómodos y 54% nada cómodos) y Estonia (23% totalmente cómodos y 59% nada cómodos). Por otro lado, un 64% de los encuestados se sentiría totalmente cómodo al trabajar cotidianamente con una persona gitana y un 17% nada cómodo. En España, estos porcentajes serían del 81% y el 5% respectivamente. Italia y Bulgaria serían los países de la UE en los que los encuestados manifiestan un menor porcentaje de alto grado de comodidad al trabajar con una persona gitana, 38 y 40% respectivamente, y un mayor porcentaje en la respuesta de nada cómodo, 39 y 37%, respectivamente.

La actitud de mayor tolerancia hacia el colectivo LGB se ha incrementado para el conjunto de la UE y España. La respuesta al grado de aceptación si una persona de este colectivo ocupara el más alto cargo político refleja que un 64% de los encuestados de la UE se sentirían totalmente cómodos (una subida de 10 puntos respecto a 2015) y un 18% nada cómodos (un descenso de sólo 3 puntos)[13]. En España, un 81% de los encuestados se manifiesta totalmente cómodo (12 puntos más que en 2015) y sólo un 4% nada cómodo (4 puntos menos que en 2015). El porcentaje de los encuestados que se sienten totalmente cómodos oscila en los países de la UE en una horquilla que va desde el 93% de los encuestados en Holanda o el 90% de los de Suecia, al 18% de Bulgaria o 26% de Rumania y Letonia. Más de un 50% de los encuestados de Bulgaria (60%), Lituania (56%) y Rumania (52%) no se sentirían nada cómodos si una persona LGB ocupara un alto cargo político.

La actitud de los encuestados ante la pregunta de trabajar diariamente con una persona LGB refleja que un 72% estarían totalmente cómodos (9 puntos más que en 2015), frente a un 10% que se mostrarían nada cómodos (1 punto menos que en 2015). Un 86% de los encuestados españoles se sentiría totalmente cómodo de trabajar diariamente con una persona LGB (10 puntos más que en 2015) y un 4% nada cómodo (igual que en 2015). El porcentaje de encuestados que se encuentra totalmente cómodo al trabajar diariamente con una persona LGB varía entre los países de la UE entre los que registran porcentajes por encima del 90%, tal es el caso de los encuestados en Holanda (93%) o Suecia (90%) y aquellos países en los que el porcentaje está por debajo del 30%, como en Bulgaria (18%) y Lituania y Rumania (26%).

3.3. Percepción de discriminación en el acceso a un puesto de trabajo  ^ 

Algunos aspectos como el aspecto físico, los modales, la edad, el origen étnico o el género pueden ser considerados como causas de discriminación en la obtención de un puesto de trabajo.

Según los datos recogidos en el Eurobarómetro de 2019, cuando a los encuestados se les pide considerar la situación en la que una empresa debe elegir entre dos candidatos con la misma cualificación y habilidades, el 48% de los encuestados percibe que los modales y la forma de vestir podría perjudicarlos a la hora de ser seleccionados para ocupar el puesto de trabajo. El 47% considera que es la edad la que puede ser motivo de desventaja, ya sea por ser demasiado mayor o por ser demasiado joven (47%), también consideran que les podría perjudicar la discapacidad y la apariencia física (41%), ser de etnia gitana (38%) o el color de la piel (37%). Otros aspectos que se perciben como motivo de discriminación a la hora de ser elegidos para ocupar un puesto de trabajo son el acento o forma de hablar (33%), el origen étnico (32%), ser hombre o mujer (28%), llevar algún símbolo religioso (28%), ser transgénero (24%), la orientación sexual (LGB) (22%), ser intersexual (18%), o el nombre o domicilio del candidato (19% y 12% respectivamente) (gráfico 11).

No obstante, la percepción de discriminación varía entre los Estados Miembros. Con respecto a los tres primeros criterios más mencionados, los países donde son más propensos a decir que los modales y la forma de vestir podrían perjudicarlos a la hora de ser elegidos para un puesto de trabajo son Holanda (70%), Francia (64%), Suecia (59%), Portugal 58% y Dinamarca (57%). Este criterio es uno de los tres criterios más considerados en 17 países de la UE, y es el primero más mencionado en 9 de los países. En el otro lado están Bulgaria (24%), Eslovaquia, Polonia y Croacia (25%) donde menos propensos son a considerar que este criterio les perjudicaría.

La edad es también uno de los tres criterios más mencionados en 26 de los países de la UE, siendo el primer criterio más mencionado en 13 de los países. Donde más propensos son a considerar la edad como discriminatoria son en Holanda (67%), en Suecia y Chipre (66%), en Finlandia (63%) y en Portugal (62%). Los países que menos mencionan la edad como motivo de discriminación son Polonia (29%), Malta (31%), Rumanía (34%) y Eslovaquia (37%).

Con respecto a la discapacidad, también es uno de los tres criterios más mencionados en 17 de los países de la UE. Así los países donde son más propensos a decir que la discapacidad les perjudicaría a la hora de ser seleccionados para un puesto de trabajo son Finlandia (64%) Suecia (63%) Holanda (62%) y Portugal (61%) y en los que son menos propensos son Malta (27%), Rumanía (28%), Italia Polonia y Eslovaquia (29%).

Con respecto a España (gráfico 12), el principal criterio que se considera podría perjudicar el acceso a un puesto de trabajo es el de la Edad (57%), seguido de los modales y forma de vestir (50%) y de la apariencia física (49%), superiores en 10, 9 y 8 puntos respectivamente a los porcentajes de población que tienen la misma percepción en la UE. Los siguientes criterios más mencionados son: ser una persona gitana (39%), la discapacidad (37%), la identidad de género y el color de piel (36%) y el origen étnico (33%). Los siguientes más nombrados serían los correspondientes a la orientación sexual, ser transgénero (27%) LGB (23%), intersexual (18%), y a continuación la forma de hablar o el acento (19%) y llevar algún símbolo religioso (18%); finalmente, los criterios menos mencionados son el nombre y el domicilio del candidato (6% cada uno).

Se puede observar que además de los tres primeros, los criterios que se mencionan más y presentan una mayor diferencia con respecto a la UE son los de apariencia física y género (8 y 4 puntos superiores a la UE respectivamente) y los que menos se mencionan con respecto a la UE son el acento, llevar símbolos religiosos y el nombre y domicilio del candidato, que presentan una diferencia de 14, 10, 13 y 6 puntos por debajo de la UE respectivamente.

4. Conclusiones  ^ 

La anterior crisis económica ha dado lugar a un aumento del riesgo de pobreza que se ha puesto de manifiesto en el incremento de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) tanto en la UE, como en España, siendo mucho mayor en España que en la Eurozona. No obstante, a partir de 2014 se ha producido una reducción progresiva de dicha tasa, aunque en el año 2020 se ha producido un incremento en la tasa provocado por la pandemia, situándose la de España en la segunda posición por detrás de la de Grecia, lo que dificulta el poder alcanzar el objetivo fijado en el horizonte de 2030, un valor de la tasa del 14.3.

De las tres dimensiones de la tasa AROPE es el riesgo de pobreza monetaria la que en mayor medida se presenta, siendo en España muy superior a la de los países de la Eurozona y de la Unión Europea, situándose la tasa de pobreza monetaria en España, en los años de crisis económica, por encima de los 20.5 puntos. Esta divergencia con los países de la Eurozona se ve acrecentada por el indicador de riesgo de pobreza anclada en el umbral de 2008, y en la que se ve también reflejada los efectos de la pandemia, produciéndose un incremento de casi tres puntos de 2018 a 2021, según datos de las respectivas encuestas EINSFOESSA.

Aunque no tienen el mismo peso, las otras dos dimensiones en la tasa AROPE, la privación material severa y la baja intensidad laboral, también experimentaron en España, como consecuencia de la crisis económica, un aumento muy superior al producido en la UE y en la Eurozona, siendo mucho mayor el de la baja intensidad laboral, correspondiéndose con el periodo de mayor tasa de paro en España. Sin embargo, en los últimos años, dada la recuperación del empleo, es la privación material severa la que ha experimentado un mayor incremento. El riesgo de pobreza de las mujeres es superior al de los hombres, y esta diferencia es mayor en España que en la Eurozona, si bien esta diferencia se redujo en la anterior crisis, concretamente hasta 2016, en los últimos años ha aumentado en 1,5 puntos.

En cuanto a los grupos de Edad, en España, el riesgo de pobreza en los años posteriores a la crisis aumenta en los jóvenes, siendo el grupo de entre 16 y 24 años donde experimenta un mayor incremento, mientras que el riesgo de pobreza para la población mayor de 65 años disminuye. Sin embargo, en la eurozona, las mayores tasas de pobreza y exclusión social también se registran en la población más joven, sin embargo, tras la crisis económica, los valores del indicador de pobreza vuelven a los niveles anteriores a la crisis.

Las diferencias entre las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social de la población que no tiene ninguna discapacidad y la que sí la sufre, han ido aumentando tanto en la UE como en la Eurozona y en España, presentando España valores superiores a los de la UE, salvo en la discapacidad severa, en la que los valores pasan a ser incluso inferiores. Además, se pone de manifiesto que la privación material severa está más representada en la población que sufre algún tipo de discapacidad, siendo las tasas más bajas en España que en la UE y la Eurozona, pero el comportamiento de este indicador en España ha hecho que, aun permaneciendo por debajo, la tasa se haya acercado a la de su entorno europeo.

En España, las diferencias de tasas AROPE entre la población extranjera y no extranjera, es mucho mayor que para el conjunto de la Eurozona. En el caso del indicador de riesgo de pobreza monetaria, éste es superior para la población extranjera que para la no extranjera. Con respecto al indicador de privación material severa para la población extranjera, en España alcanza valores muy superiores a los de la población española, siendo, al igual que en la Eurozona, superiores para la población extranjera no pertenecientes a la UE.

El análisis de la discriminación percibida por los ciudadanos de los Estados Miembros de la UE, revela una mayor percepción de discriminación generalizada por origen étnico, orientación sexual e identidad de género. Además, dentro de la discriminación de origen étnico es mayor la percepción de discriminación hacia la etnia gitana, que en España es superior en 4 puntos a la de los países de la UE. Como dato positivo, se observa que entre 2015 a 2019, se ha producido un descenso en la percepción de todos estos tipos de discriminación, en contraposición a la tendencia que se observa entre 2012 y 2015.

Con relación a la actitud de los ciudadanos hacía los grupos en los que se percibe mayor discriminación generalizada, podemos concluir que es de nuevo la etnia gitana y los colectivos transgénero, intersexual y LGB los que tiene una menor aceptación o genera una mayor incomodidad en el resto de la población tanto en participación en la política como en el entorno laboral próximo.

Finalmente, del análisis de la discriminación podemos deducir que la edad es, por lo general, el factor que se percibe como mayor causa de discriminación en el acceso a un puesto de trabajo.

5. Bibliografía  ^ 

Adiego Estella, Marta; Moneo Ocaña, Cristina, (2002), Pobreza y pobreza persistente en España. 1994-2001. Instituto Nacional de Estadística, Madrid.

Ayala Cañón, Luís; Jurado Málaga, Antonio; Pérez Mayo, Jesús, (2022a), “El impacto de la pandemia sobre la desigualdad”, en Ayala Cañón, Luís; Laparra Navarro, Miguel; Rodríguez Cabrero, Gregorio (Coords.), Evolución de la Cohesión Social y Consecuencias de la Covid-19 en España, Fundación FOESSA y Cáritas Española Editores, Colección de Estudios 50, capítulo 4, 99-113.

Ayala Cañón, Luís; Jurado Málaga, Antonio; Pérez Mayo, Jesús, (2022b), “El efecto de la pandemia sobre la vulnerabilidad económica y la falta de ingresos”, en Ayala Cañón, Luís; Laparra Navarro, Miguel; Rodríguez Cabrero, Gregorio (Coords.), Evolución de la Cohesión Social y Consecuencias de la Covid-19 en España, Fundación FOESSA y Cáritas Española Editores, Colección de Estudios 50, capítulo 5, 115-137.

Ayala Cañón, Luís; Laparra Navarro, Miguel; Rodríguez Cabrero, Gregorio, (2022): Evolución de la Cohesión Social y Consecuencias de la Covid -19 en España, Fundación FOESSA y Cáritas Española Editores, Colección de Estudios 50, Madrid.

Comisión Europea (2009), Discrimination in the EU in 2009 Report, Special Eurobarometer 317, disponible: https://cilvektiesibas.org.lv/media/record/docs/2012/02/06/ebs_317_en.pdf

Comisión Europea (2012), Discrimination in the EU in 2012 Report, Special Eurobarometer 393, disponible en http://www.respectfreedom.eu/wp-content/uploads/2015/06/Eurobarometer-393.pdf

Comisión Europea (2015), Discrimination in the EU in 2015 Report, Special Eurobarometer 437, disponible: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d629b6d1-6d05-11e5-9317-01aa75ed71a1

Comisión Europea (2019), Discrimination in the European Union, Special Eurobarometer 493, disponible en https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251

Del Río Otero, Coral; Gradín Lago, Carlos Manuel; Cantó Sánchez, Olga, (2008), “Pobreza y discriminación salarial por razón de género en España”, Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública, 184-(1/2018), 67-98.

Fernández Maíllo, Guillermo (2019): VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, Fundación FOESSA y Cáritas Española Editores, Madrid.

Gradín Lago, Carlos Manuel; Del Río Otero, Coral; Cantó Sánchez, Olga, (2006), “Poverty and women’s labor market activity: The role of gender wage discrimination in the EU”, ECINEQ WP 2006-40.

Gradín Lago, Carlos Manuel; Del Río Otero, Coral; Cantó Sánchez, Olga, (2010), “Gender Wage Discrimination and Poverty in the EU”, Feminist Economics, 16:2, 73-109, DOI: 10.1080/13545701003731831

Lafuente Lechuga, Matilde; Faura Martínez, Úrsula; García Luque, Olga; Losa Carmona, Antonio, (2009), “Pobreza y privación en España”, Rect@, vol. 10, 1–28.

Llano Ortiz, Juan Carlos (Dir.), (2021), El estado de la pobreza. Seguimiento de indicadores de pobreza y exclusión social en España 2008-2020, EAPN-España.

Lorenzo Gilsanz, Francisco (2014), VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, Fundación FOESSA y Cáritas Española Editores, Madrid.

Martínez Ríos, Beatriz, (2013), “Pobreza, Discapacidad y Derechos Humanos”, Revista Española de Discapacidad, I, 9-32.

Poza Lara, Carlos; Fernández Cornejo, José Andrés, (2011), “¿Qué factores explican la pobreza multidimensional en España? Una aproximación a través de los modelos de ecuaciones estructurales”, Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 12, 81-110.

Rueda Narváez, Mario F; Navarro Gómez, Mª Lucía, (2011), “Las ganancias de los trabajadores inmigrantes en España”, Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública, 197-(2/2011), 37-65.

---