Trabajo, Persona, Derecho, Mercado 5 (2022) 211-232
https://dx.doi.org/10.12795/TPDM.2022.i5.09
Guadalupe Medina Casado
Universidad de Sevilla
ORCID: 0000-0002-2355-5100
Resumen: En el presente trabajo se analiza la transformación de la economía española hacia una economía circular, bajo el soporte social, económico y medioambiental. Se analizan ejemplos de políticas inclusivas con las que se propone un crecimiento en el empleo sin discriminación. Se hace mención al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se encuentra en la actualidad en fase de ejecución en España.
Palabras clave: Economía circular; no discriminación; brecha salarial; criterios DNSH.
Abstract: This essay studies the transformation of the Spanish economy towards a circular economy, under social, economic and environmental support. It analyses examples of inclusive policies that propose employment growth without discrimination. Mention is made of the Recovery, Transformation and Resilience Plan that is currently being implemented in Spain.
Keywords: Circular economy; non-discrimination; pay gap; DNSH criteria.
1. Antecedentes. Estado de la cuestión. 2. Análisis del objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ODS 8. 2.1. Crecimiento del empleo sostenido. 2.2. Crecimiento del empleo inclusivo. 2.3. Crecimiento del empleo sostenible. 3. La consecución de la integridad ambiental a través de la justicia social. 4. Políticas orientadas a potenciar el empleo, sin discriminación. 4.1. Políticas salariales inclusivas. 4.2. Políticas para promover el desarrollo de competencias y el aprendizaje a lo largo de la vida. 4.3. Políticas con perspectiva de género para apoyar el pleno empleo y el trabajo decente. 4.4. Las normas de trabajo y las instituciones del mercado de trabajo, y su función en la promoción de la inclusión, la equidad, la seguridad y la no discriminación. 5. Situación actual en España. 6. Bibliografía
A partir de las conferencias promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Estocolmo (1972) y Rio (1992), se comenzó a utilizar por primera vez el término sostenibilidad[1] para integrar el medio ambiente y el ámbito social en la economía.
Se promueve de esta forma, un crecimiento económico y protección medioambiental que garantiza la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.
En 1987 se crea la Comisión Brundtland[2] para: «satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones», es decir, respeto al medio ambiente y a sus propios mecanismos de reproducción y conservación y no a través de pagar las «externalidades»; parafraseando a Stiglitz, J. E. (1986)[3]. Nobel de Economía en 2021, que las considera como un fallo del mercado. Bajo la hipótesis de que los costes siempre tienen que ser asumidos por alguien, una externalidad se produce cuando el coste que provoca un actor no es asumido por él mismo, sino que recae sobre otra persona.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro consolidó el concepto de desarrollo sostenible, basado en los 27 principios establecidos en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
El objetivo de estos principios fue procurar acuerdos internacionales para el respeto mutuo entre los países, proteger el medio ambiente y el desarrollo mundial y que –como expondremos al final de esta introducción– desencadenarán en los actuales 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas.
De entre ellos destacamos el octavo objetivo para el desarrollo sostenible (ODS 8) que hace referencia al trabajo digno y no discriminatorio.
Objetivo que será objeto de estudio del presente trabajo y que como señala Sánchez Bravo (2021) es «un instrumento canalizador que garantiza el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales y de la democracia»[4].
Siguiendo con la cronología establecida en el párrafo anterior, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro en junio de 2012[5], conocida como «Río+20», los líderes mundiales se reunieron con ONG y grupos del sector privado para determinar el futuro del desarrollo sostenible con las siguientes líneas de acción: más empleos, energía más limpia, mayor seguridad y mayor bienestar; para culminar en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU de 2015[6].
Posteriormente, en 2015, la Comisión Europea desarrolla el Plan de Acción de Economía Circular[7], que tiene como objetivo desarrollar acciones concretas a nivel europeo para «cerrar el círculo» de los ciclos de vida de los productos a través de un mayor reciclaje y reutilización; con beneficios ambientales y sostenibles.
En efecto, el objeto de la Comisión era obtener el máximo valor de todas las materias primas, productos y residuos; así como promover el ahorro energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En particular, con la economía circular –concepto que desarrollaremos a continuación– se hace una contribución fundamental en los esfuerzos de la Unión Europea incardinados a lograr una economía sostenible, baja en carbono, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
Deteniéndonos en el concepto de economía circular en palabras de Fernández Liesa (2021)[8] va a suponer un nuevo modelo económico a escala mundial, que surge como un nuevo modelo de organización de la economía, basado principalmente en el comportamiento de los seres vivos en la naturaleza. Los cuales obtienen los materiales y productos para su supervivencia para consumirlos sin, posteriormente, generar desechos.
Esto es, estamos ante un modelo recurrente que se retroalimenta constantemente, sin dejar remanentes. Porque los residuos que se generan ahora ya no son un desecho, sino que son la materia prima que se utilizará para otro nuevo proceso productivo.
Este modelo se basa en la famosa regla de las 3R[9], propuesta ideada por la asociación ecologista Greenpeace: Reducir, Reusar y Reciclar, por las que se potencia la tendencia de mantener hábitos saludables para el planeta; y en las siete erres que ayudan al consumidor a adquirir los bienes y servicios de forma más responsable y sostenible y que son: Rediseño, Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Recuperar y Reciclar[10].
En 2020, la Comisión Europea aprobó un nuevo plan de acción que constituye un plan de futuro para lograr una Europa sostenible y más competitiva en estrecha colaboración con los agentes económicos, los consumidores y los ciudadanos.
Plan de actuación centrado en el diseño y la producción, con miras al nuevo modelo de economía circular, influyendo en los patrones de consumo para evitar el desperdicio, al tiempo de garantizar que los recursos utilizados permanezcan en la economía el mayor tiempo posible.
En 2020, el Ministerio de Transiciones Ecológicas y Retos Demográficos crea la «Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030»[11]. Inspirada en 13 principios generales y un conjunto de orientaciones estratégicas, a partir de las cuales se derivan las acciones específicas que integrarán el correspondiente plan de acción.
Las líneas de actuación en las que se centrarán las políticas y herramientas de la Estrategia Española de Economía Circular, con referencia al primer Plan de Acción de la Comisión Europea son: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y reutilización y depuración del agua; y, con carácter transversal, sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, y empleo y formación.
Para facilitar la transición a un modelo de economía circular, el gobierno español ha desarrollado la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030. Y con ella se sientan las bases para la promoción de nuevos patrones de producción y consumo en los que el valor de los productos, materiales y recursos se reutilicen al máximo posible, minimizando la generación de residuos y aprovechando al máximo aquellos que no se puedan evitar.
Por ello, en Andalucía se están desarrollando actualmente nuevas líneas de actuación y medidas en el ámbito de las estrategias de desarrollo sostenible, poniendo en práctica las conclusiones de la cumbre Río+20 y los compromisos de la Agenda 2030. En concreto, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Andalucía 2030[12] (EADS 2030).
Podemos concluir que, en la actualidad, la Agenda 2030 es el resultado de más de cuarenta años de diálogo y debate multilateral sobre los desafíos ambientales, sociales y económicos a los que se enfrenta la comunidad internacional. Y lo conforman un conjunto de medidas a alcanzar y adoptadas por líderes de países de todo el mundo con unos objetivos globales muy claros: «Erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos».
La Agenda 2030[13] se basa en cinco pilares fundamentales: Personas, Prosperidad, Planeta, Compromiso Colectivo y Paz. Pilares que informan las decisiones de política de desarrollo.
En base a estos fundamentos, se desarrollan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son 17 áreas de acción necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible y que enumeramos a continuación. ODS1, terminar con la pobreza; ODS2, hambre cero; ODS3, salud y bienestar; ODS4, educación de calidad; ODS5, igualdad de género; ODS6, agua limpia y saneamiento; ODS7, energía asequible y libre de contaminación; ODS8, trabajo decente y crecimiento económico; ODS9, industria, innovación e infraestructura; ODS10, reducir la desigualdad; ODS11, ciudades y comunidades sostenibles; ODS12, producción y consumo responsable; ODS13, acción climática; ODS14, vida submarina; ODS15, vida en los ecosistemas terrestre; ODS16, paz, justicia e instituciones sólidas; ODS17, alianzas para lograr los objetivos.
Fue precisamente para hacer cumplir estos 17 objetivos, por lo que se hizo necesaria la transformación del modelo económico de producción actual hacia un nuevo modelo que garantizara un crecimiento sostenible. Un modelo basado en la economía circular que dilapida el modelo de producción lineal basado en producir, consumir y tirar; y que fomente el uso racional de los recursos finitos, alargue la vida útil de los productos y minimice la generación de residuos.
Llegados a este punto, seis de los 17 ODS están directamente relacionados con la economía circular. Mencionamos específicamente las energías limpias (ODS7), el trabajo digno (ODS8), la innovación industrial (ODS9), la producción y el consumo responsable (ODS12), la acción climática (ODS13) y la vida de los ecosistemas terrestres (ODS15).
En Andalucía, se están desarrollando actualmente nuevas líneas de actuación hacia un modelo de economía circular y medidas en el ámbito de las estrategias de desarrollo sostenible, poniendo en práctica las conclusiones de la cumbre Río+20 y los compromisos de la Agenda 2030. En concreto, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Andalucía 2030[14] (EADS 2030).
En el marco de las perspectivas para el desarrollo sostenible antes citadas y en el contexto de crisis económica y de cambio global actual, el objetivo de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 es orientar y reforzar las políticas e iniciativas públicas y privadas con incidencia en la comunidad autónoma andaluza, hacia un modelo de crecimiento económico sostenible basado en la protección del medio ambiente y en la integración de las dimensiones ambientales, económicas y sociales.
En este contexto, el 25 de mayo de 2021, el Consejo de Ministros español aprobó el I Plan de Acción de Economía Circular 2021-2030[15] (PAEC), previsto en la Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC) y Planes de Acción y que, junto a la inminente Ley de Residuos y Suelos Contaminados[16], y la Ley de Economía Circular Andaluza[17] (LECA), conforman el Paquete normativo en materia de Economía Circular.
La economía circular según Revuela Pérez (2021)[18] supone una estrategia para el desarrollo económico de Europa y para el bienestar y calidad de vida de sus ciudadanos. Porque como además afirma la Organización Internacional del Trabajo[19], en su informe de 2018, la legislación medioambiental europea es el «empujón» necesario para la transición climática y, en consecuencia, también para el mercado laboral. Y «los cambios en la producción y el uso de energía, con el objetivo de alcanzar el objetivo de 2ºC, previsto en el Acuerdo de París, podrían conducir a la creación de alrededor de 18 millones de empleos verdes en todo el mundo en el 2030».
Todo ello debido a que la fabricación de productos aplicando las nuevas tecnologías con criterios de sostenibilidad, provocarán la aparición de nuevos puestos de trabajo.
Pongamos el ejemplo del aumento de la producción de coches eléctricos, que supondrá además de la necesidad de mecánicos en el sector, un incremento de puestos de trabajo de ingenieros eléctricos.
En consecuencia, los cambios en el sector del reciclaje, al afectar a los nuevos procesos productivos, tendrá un impacto en el empleo en un sentido amplio. En el fomento del diseño, la reparación, la remanufactura[20], redes de logística inversa asociadas[21], que requerirán mayor cualificación técnica y tecnológica, demandadas por las reparaciones; más creativa, para crear nuevos diseños y nuevos materiales; e inclusiva, porque tendrán cabida en el mercado laboral trabajadores poco especializados o con diversidad funcional con aportaciones muy valiosas en el sector del reciclaje.
Como afirmó la organización europea REEUSE[22] en su informe de 2015 sobre el potencial de creación de empleo en el sector de la reutilización: «10.000 toneladas de residuos indiferenciados suponen hoy en día 1 empleo si el destino es la incineración, 6 empleos si es el vertido, 36 puestos de trabajo si es el reciclaje y 296 puestos de trabajo si se promueve la reutilización»[23].
Benedit Guillot (2021)[24] afirma que el 80% de los residuos se ahorran con el diseño del producto. Y a partir de este análisis nos preguntamos ¿tenemos que consumir un producto, o un servicio? Es decir, necesitamos un coche o desplazarnos. La respuesta está como afirma Flores et al. (2021)[25] en dar alternativas ante una necesidad. Si vemos satisfecha nuestra carencia con un producto o con un servicio. Si finalmente nos decidimos a comprar, elegir los productos que vamos a adquirir según su índice de reparabilidad –que se puedan reparar o no.
En efecto, hay muchísimas iniciativas entre las que destacamos las impulsadas por la Fundación Ellen MacArthur[26] como es la simbiosis industrial, por la cual aquel material que le sobra a una industria, es utilizado como materia prima por otra.
Un ejemplo lo podemos observar en el olivar andaluz, los huesos de aceituna pueden ser utilizados en la calefacción como sustituto al pellet; o los restos de poda, que pueden ser usados como compost o producir biomasa (fuente de energía renovable).
Otras iniciativas muy interesantes son la remanufactura, que consiste en reparar máquinas para ponerlas en el mercado con las mismas garantías que una nueva. El consumo colaborativo, taladros en alquiler por wallapop, bloque de apartamentos con lavadora industrial, envases cada vez más reciclables, entre otros.
La conclusión que ya adelantamos y que extraemos de todos estos datos en el área del empleo –que es la materia objeto de estudio en este trabajo– es que esta transformación hacia una economía circular, creará nuevos yacimientos de empleo y demandará nuevos profesionales con nuevas habilidades, que sean capaz de tomar decisiones comerciales novedosas e ingeniosas que reduzcan el impacto ambiental.
Pensadores más creativos que desafíen los diseños tradicionales; colaboradores que faciliten el intercambio de recursos entre industrias; o expertos digitales que potencien el proceso, son algunos de los roles extremadamente valiosos en la economía circular.
La Comisión Europa[27], por su parte, considera que «la transición a la economía circular es una oportunidad de modernizar y transformar Europa en su camino hacia competitividad sostenible», mediante:
Nuestra comunidad autónoma andaluza y con objeto de revisar los planes de residuos vigentes, y actualizar los objetivos de prevención, reciclado, valoración y eliminación, a los nuevos objetivos europeos y estatales, ha creado el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030[28] (PIRec 2030).
El plan lo conforman actuaciones orientadas a «reforzar y acelerar la transición de Andalucía hacia una economía circular, para impulsar la competitividad, crear empleo y generar un crecimiento sostenible» y diez estrategias que han servido para orientar el programa de actuaciones del PIRec 2030 y de entre ellos destacamos la estrategia dedicada al empleo para la economía circular, que consiste en «consolidar políticas de empleo que favorezcan la transición justa y solidaria hacia una economía circular, identificando nuevos yacimientos de empleo y facilitando la creación de capacidades para los mismos».
Acciones que juegan un papel muy importante en la aceleración de los empleos verdes (Miñarro, 2021)[29].
De entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el presente trabajo analizaremos el ODS 8, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exhorta a la comunidad internacional a «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos».
En efecto, las metas del ODS 8 están directamente relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible desde una perspectiva holística, puesto que el crecimiento se ha de realizar en tres dimensiones: sostenido, inclusivo y sostenible.
Las metas propuestas en la Agenda 2030[30] son diez: 8.1. Crecimiento económico; 8.2 Diversificación, tecnología e innovación; 8.3 Fomento de la pequeña y mediana empresa; 8.4 Producción y consumo eficiente y respetuoso; 8.5 Pleno empleo[31] y trabajo decente; 8.6 Jóvenes sin trabajo ni estudios (ninis); 8.7 Esclavitud, trata y trabajo infantil; 8.8 Derechos laborales y trabajo seguro; 8.9 Turismo sostenible; 8.10 Servicios bancarios.
Crecimiento económico sostenido porque en un país existe una relación entre el producto interior bruto (PIB) y la productividad laboral. A mayor crecimiento de la economía, mayor empleo y mayor productividad.
En efecto, la primera dimensión que vamos a analizar es el crecimiento sostenido del ODS 8 –en el sentido de aumentar el umbral de crecimiento del PIB a partir del cual se crea empleo.
Basándonos en la Ley de Okun, propuesta en 1962 por el economista americano Arthur Okun, que relacionó el crecimiento de una economía con la tasa de paro, para mantener los niveles de empleo en un país era necesario que el PIB del mismo creciese cada año a un ritmo entre el 2,6% y el 3%. Señalaba que cualquier crecimiento inferior a esta cifra se traducía en un incremento del desempleo debido a la mejora de la productividad laboral.
En efecto, existe una relación estrecha entre el crecimiento del PIB de un país y la generación de empleo. Además, la Ley de Okun señala que una vez mantenido el nivel de empleo gracias al crecimiento del 3% anual, si se pretende disminuir el paro es necesario crecer dos puntos porcentuales más, por cada punto de desempleo que se quiera reducir. No podemos establecer una cifra exacta de crecimiento necesario para generar empleo porque hay que tener en cuenta las circunstancias del periodo concreto que se analice y el país.
Para el caso de España, los analistas afirman que si con el avance tecnológico y la maquinaria es necesaria menos mano de obra, hemos de crecer a más de un 3% para disminuir la tasa de paro (Murillo et al., 2003)[32].
Con este nuevo enfoque se debe promover un crecimiento económico pero sostenido a largo plazo. Y para garantizarlo es necesario que se apoye en unas actividades productivas diversificadas y en inversiones financieras estables.
En efecto, como propone Bhatt (2015)[33], con el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones financieras de un país, los ciudadanos tendrán un mejor acceso a los servicios bancarios y financieros. Especialmente aquellos trabajadores con empleos más precarios o que residen en el ámbito rural.
En consecuencia, para conseguir la meta 8.10, en la que todos los ciudadanos tengan mejor acceso a los servicios bancarios y financieros, se hace necesaria la inversión en infraestructura digital y poder disfrutar de los beneficios de los servicios bancarios móviles (Benería et al. 2015)[34].
En segundo lugar, analizaremos la dimensión social del ODS 8. Según el informe del año 2020 de la Organización Internacional del Trabajo[35] «los derechos de los trabajadores son derechos humanos y el cumplimiento de las normas del trabajo son la base del derecho decente y la justicia social”. En efecto el aumento del empleo ha de ser inclusivo, que absorba a las personas con diversidad funcional, sin discriminación salarial por razón de género y que disminuya la proporción de jóvenes con consideración de ninis; jóvenes sin empleo, sin estudios y sin capacitación.
La meta 8.5 del objetivo ODS 8 reconoce el «pleno empleo y productivo y el trabajo decente» como objetivo y «lo hace extensivo a todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con diversidad funcional». Esta inclusión horizontal, junto con el «principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor», es fundamental para la cohesión social.
Afirman Acemoglu y Robinson (2012)[36], que una tasa alta de estabilidad laboral es señal de instituciones eficaces e inclusivas de las que se beneficia toda la sociedad y que «son esenciales para promover la innovación y la creatividad».
En consecuencia, el crecimiento económico se ha de analizar desde el punto de vista de la justicia social, sin discriminación. Un trabajo decente, como lo define y promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) «proporciona a las personas identidad social, dignidad y autoestima».
Por tanto, no basta con que aumente la productividad, sino que el crecimiento y el desarrollo han de ser inclusivos y no discriminatorios.
La OIT (2020), organiza las metas del ODS 8 y basa el crecimiento inclusivo en cuatro pilares con una fuerte interrelación entre ellos y que enumeramos a continuación.
La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (OIT, 2008)[37] «define los cuatro objetivos estratégicos del Programa de Trabajo Decente –empleo, protección social, diálogo social y derechos en el trabajo– y confirma que son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente».
El tercer pilar del crecimiento y el desarrollo inclusivos guarda relación con los derechos laborales. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo destaca los siguientes «la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (vinculado a la meta 8.7), la abolición efectiva del trabajo infantil (también vinculado a la meta 8.7) y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (vinculado a las metas 8.5 y 8.8)».
La OIT (2020) afirma que «la negociación colectiva actúa como un mecanismo institucional esencial para la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo, fomentando de este modo una distribución justa de los ingresos generados por el trabajo. Si no se regulan, los mercados laborales no distribuirán con equidad ni justicia las ganancias procedentes de la productividad. Ocurre así porque el poder de negociación salarial se distribuye de forma asimétrica entre trabajadores y empleadores, así como por la ausencia de mecanismos en el libre mercado para repartir las ganancias entre los sectores de alta y baja productividad».
Además, la negociación colectiva es uno de los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo promovidos por la OIT, y aparece incluida como un indicador en la meta 8.8.
De hecho, la Agenda 2030[38] se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y el diálogo social como un derecho fundamental.
En tercer lugar, analizaremos la dimensión ambiental del ODS 8. Considerando, como propone la Organización Internacional del Trabajo en su informe de 2020 (OIT, 2020) «que la transición se haga mediante la adopción de innovaciones tecnológicas, desvinculado de la degradación del medio ambiente y modificando los hábitos de consumo hacia una conducta responsable».
Mediante políticas que incidan en los tres ámbitos que forman las líneas de investigación que seguimos en el presente trabajo: crecimiento, social y medioambiental. A través de: a) políticas de empleo nacionales; b) cambios en la legislación laboral; c) alianzas y diálogo social.
Políticas que, según el informe OIT (2020) «tienen en cuenta los vínculos con las políticas salariales del objetivo OSD 10 que hace referencia a reducir la desigualdad y discriminación y con la protección social del ODS 1».
En consecuencia, la consecución del objetivo ODS 8, está relacionado con el logro de otros objetivos como son: la no discriminación (ODS 10), la promoción de la justicia, la paz y el fortalecimiento de las instituciones (ODS 16), la erradicación de la pobreza y el hambre (ODS 1 y 2), la promoción de la vida sana, el bienestar y la igualdad de género (ODS 3 y 5) y la educación de calidad (ODS 4).
Como afirma la OIT (2020) «si no se avanza en el resto de los ODS, no se conseguirá el ODS 8, y el ODS 8 es un medio y un fin esencial para llevar a la práctica la Agenda 2030».
El objetivo fundamental de la Agenda 2030 es conseguir el progreso, pero apoyado en tres soportes: económico, social y ambiental. La meta 8.4 –dentro del objetivo ODS 8– exige «Mejorar progresivamente de aquí a 2030 la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente»; y se apoya ese objetivo mediante la identificación de las formas de lograr el crecimiento al tiempo que se protege el medio ambiente[39].
La meta 8.5, hace referencia a la tasa de desempleo desglosada por sexo, edad y situación de diversidad funcional. Y tiene en cuenta, además, la brecha salarial de género.
Por tanto, como afirman Altbeker y Bernstein (2017), para medir la tasa de desempleo es necesario tener en cuenta la «subutilización de la mano de obra»[40], compuesta por personas que no forman parte del mercado laboral. Bien por su diversidad funcional, porque que han dejado de buscar un empleo, porque son objeto de discriminación o porque no se les ofrece un salario justo.
A los factores anteriores se le añade como señala Périvier (2018), el poco apoyo que puedan ofrecer las políticas públicas a la conciliación familiar, el escaso aprendizaje técnico para los que acceden al mercado laboral a una edad temprana o la limitación de acceso a un puesto de trabajo para las personas con alguna diversidad funcional.
En consecuencia, como afirma el informe OIT (2019), «el hecho de tener un empleo no garantiza poder salir de la pobreza y la exclusión social. La igualdad de acceso a un trabajo decente es tan importante como tener un empleo».
Como solución, el modelo de crecimiento que propone la OIT (2020) es un esquema en espiral que incluye políticas macroeconómicas y sectoriales favorables al empleo junto con otras medidas que promuevan subidas de los salarios acordes con el coste de vida, incremento de las competencias, la tecnología y la innovación que permitan a los países avanzar hacia el pleno empleo, el trabajo decente y aumentar la productividad (metas 8.2 y 8.9 del ODS8), el empleo (metas 8.6) y el crecimiento económico (8.1), al tiempo que se reduce la informalidad (8.3). En combinación con mecanismos institucionales que, de conformidad con las normas internacionales del trabajo, garanticen la salud y la seguridad en el trabajo, defiendan los derechos laborales (8.7), proporcionen protección social para todos (8.8) y promuevan la igualdad de género (8.5).
Afirma Grimshaw (2017)[41], que «la protección de los derechos laborales y la promoción de entornos de trabajo seguros y sin riesgos, previstos ambos en la meta 8.8 del ODS, son fundamentales para lograr el trabajo decente para todos los trabajadores. La meta 8.8 también menciona expresamente la necesidad de garantizar la protección de los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Los derechos laborales representan una base fundamental sobre la que los países pueden sustentarse para lograr la justicia social. Existe fuerte vínculo entre los derechos laborales y los avances en el desarrollo sostenible e inclusivo».
Como indica Polanyi (1944)[42], «las economías forman parte integral de las sociedades, lo que significa que los cambios transformadores en la economía y en el mundo laboral se ven influidos y moldeados por las instituciones, las estructuras y las organizaciones que componen la sociedad».
Por otra parte, cada sociedad desarrolla sus propias costumbres y tradiciones como la cultura, las ideologías, las religiones y las filosofías. Estas tradiciones pueden ejercer una fuerte influencia sobre las mentalidades, las actitudes y las expectativas, así como en el grado de apertura de una sociedad frente al cambio (Rodrigo, 1994)[43].
De esta forma, las sociedades pueden bien optimizar la capacidad de innovación mediante la movilización de la creatividad, el espíritu empresarial (Schumpeter, 1911)[44]; o bien la pericia técnica (Sennett, 2008)[45]; o mediante la inversión, la innovación y la investigación: desarrollo I+D+I (North, 1990)[46].
Además, se pueden introducir nuevos valores en las sociedades que transforman el comportamiento, las preferencias y la demanda de los consumidores, como lo demuestran los trabajos llevados a cabo en 1998 por los investigadores Strasser, McGovern y Judt[47], que analizaron el efecto producido por la promoción de nuevos valores en los Estados Unidos durante las décadas 1920 y 1930, cuando a la población se le prometió la felicidad ilimitada a través del consumo. Idea que fue impulsada y apoyada por nuevas instituciones de crédito al consumo y por los nuevos medios publicitarios de la época.
La Organización Internacional del Trabajo en su informe (OIT, 2020) concluye que «los sistemas de creencias y las instituciones compartidas fomentan la cohesión social al generar confianza, promover un sentido de equidad y justicia en la sociedad e impulsar la inclusión. De hecho, la existencia de instituciones inclusivas que presten servicio a todas las capas de la sociedad suele ir acompañada de una mayor rapidez de los cambios tecnológicos y las innovaciones dinámicas, un incremento de las inversiones y una verdadera transformación productiva (Nübler, 2018; Acemoglu y Robinson, 2012)».
En efecto, la meta 8.2, dentro del objetivo ODS 8, propone los avances en tecnología e inteligencia artificial, la diversificación y la transformación estructural como las vías para generar más empleo y productividad.
Los autores Penrose (1959) y Neffke y Henning (2013)[48], identifican el crecimiento de las empresas como un proceso de innovación y diversificación, así como de nuevos diseños y reasignación de recursos.
En consecuencia, como afirma la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) en una de sus conclusiones «un proceso continuo de crecimiento y transformación estructural solamente puede sustentarse en la transformación continua y en el enriquecimiento de la base de conocimientos y los sistemas de creencias de la sociedad. Dicho de otro modo, el motor que impulsa el crecimiento es el aprendizaje social. Los propios ODS reflejan el hecho de que ese aprendizaje se lleva a cabo por distintas vías. La promoción del empleo pleno y productivo (meta 8.5) y del desarrollo empresarial (meta 8.3) forma parte de una estrategia de aprendizaje social que busca ayudar a aprendices y trabajadores a adquirir experiencia, habilidades técnicas y competencias profesionales (ODS 4). Del mismo modo, los emprendedores pueden ganar habilidad a la hora de gestionar el cambio, recombinar recursos y crear valor y empleo. El cambio tecnológico suele generar nuevas oportunidades de aprendizaje, ya que las empresas desarrollan productos innovadores que, a su vez, crean nuevos puestos de trabajo y profesiones más complejas (Vivarelli, 2014; Nübler, 2018)».
La meta 8.4 del ODS 8, establece la necesidad de reducir la extracción de recursos naturales al tiempo de proteger los ecosistemas que sustentan la vida en nuestro planeta.
Más importante aún, reconoce la compensación entre los objetivos relacionados con el crecimiento y los objetivos ambientales. Porque, las nuevas técnicas agrícolas (monocultivos, pesticidas y fertilizantes) tienen efectos adversos en la biodiversidad vegetal y animal y en los sistemas hídricos. De hecho, la industrialización y la globalización han exacerbado la contaminación del aire, causando emisiones masivas de gases de efecto invernadero. Por tanto, el consumo a gran escala conduce a un gran desperdicio de alimentos y otros recursos, lo que ha causado la aparición de grandes cantidades de microplásticos en ríos, lagos y océanos (SAPEA, 2019)[49].
El cambio climático está aumentando la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías y huracanes (Mata-Sánchez, 2022)[50].
Este enfoque en la sostenibilidad significa no solo reconocer que el medio ambiente impone restricciones al crecimiento socioeconómico, sino también reconocer la relación entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. A la luz de lo expuesto en la declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno al principio de la Agenda 2030 (párrafo 9):
Aspiramos a un mundo […] donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible, incluidos el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos.
Para concluir este epígrafe, el ODS 8 propone una nueva estructura transformadora para crear empleos productivos, sostenibles y dignos para todas las mujeres y hombres, así como para los jóvenes, sin discriminación.
La inestabilidad laboral es consecuencia directa de las pocas oportunidades de puestos de trabajo dignos en una sociedad. Que coexisten con barreras de acceso al mercado laboral, jóvenes con escasa capacitación y desigualdades de género en el mercado laboral. Muy alejado del objetivo ODS 8.
En consecuencia, para la consecución del objetivo ODS 8, son necesarias políticas de creación de empleo firmes, apoyadas en una legislación laboral sólida. Políticas que serán objeto de análisis en el siguiente apartado.
Para lograr el ODS 8, la economía debe estimularse a través del crecimiento de los ingresos y los salarios. En muchos países, sin embargo, el crecimiento de los salarios ha sido inferior al crecimiento de la productividad laboral, y la participación del trabajo en los ingresos ha disminuido en las últimas décadas. La implementación de una política salarial efectiva y sostenible tiene varias ventajas. En primer lugar, estas políticas ayudan a establecer un patrón de crecimiento económico sostenido basado en el aumento gradual del consumo interno de los grupos de ingresos medios y bajos, estimulando así la inversión de largo plazo y la demanda agregada. En segundo lugar, pueden promover la cohesión social y la movilidad, de modo que el éxito económico de un país sea alcanzado por amplios segmentos de la sociedad. Tercero, pretenden reducir la discriminación en el mercado laboral; por razones de género, por diversidad funcional, entre otras.
Los salarios mínimos son una parte importante de estas políticas, como lo reconoce el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos de 1970 (núm. 131)[51]. El análisis muestra que, en países en los que el salario mínimo es suficiente y razonable, los efectos adversos sobre el empleo son mínimos o inexistentes.
Muchos países utilizan la negociación colectiva para establecer normas mínimas y fijar salarios por encima del salario mínimo vigente. De esta manera, los convenios colectivos ayudan a garantizar que una parte justa del valor agregado y las ganancias de productividad se distribuyan entre los trabajadores y sus familias (Grimshaw, 2013)[52].
Establece la OIT (2020) que el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949 (núm. 98)[53] ha guiado a los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el diseño, desarrollo y uso de mecanismos de negociación colectiva durante más de setenta años. Si bien la medida en que se incorporan estos mecanismos varía de un país a otro, los gobiernos pueden tomar medidas políticas para extender el alcance de los convenios colectivos a los no signatarios, mejorando así los efectos de promoción de la equidad de los convenios colectivos. la negociación colectiva (Hayter y Visser, 2018)[54].
Por su parte, las políticas fiscales, como los impuestos ecológicos con finalidad extrafiscal pueden respaldar la creación de empleos ecológicos. Según la OIT (2013)[55], en China se crearon 5 millones de puestos de trabajo a través de su plan de estímulo económico verde.
Todo ello considerando que no es fácil evaluar un impuesto en el sentido de su repercusión ambiental. Porque los impuestos verdes pueden surtir efectos en períodos de tiempo de dos a cinco años y porque este tipo de impuestos ambientales tienen otros efectos secundarios en otros ámbitos, además del medio ambiente, como la innovación y la competitividad, el empleo y el sistema tributario.
La OCDE[56] define las políticas activas del mercado de trabajo como aquellas encaminadas a «aumentar las oportunidades de empleo de quienes buscan trabajo y mejorar la adecuación entre el empleo (vacantes) y los trabajadores (desempleados)».
En consecuencia, estas políticas promueven la integración de los grupos más desfavorecidos entre los que destacan los jóvenes con poca capacitación y los desempleados de larga duración para garantizar el objetivo del ODS 8 de «no dejar a nadie atrás».
Los futuros puestos de trabajo cada vez dependerán más del aprendizaje permanente, que permite a las personas adquirir nuevas competencias y mejorar las existentes a lo largo de toda su vida. Las políticas de desarrollo de competencias son un componente importante de todo marco general de políticas para lograr los ODS.
Las competencias son un amortiguador que ayuda a los trabajadores y a las empresas a gestionar los posibles efectos negativos que conlleva la reasignación de mano de obra entre sectores y ocupaciones. También funcionan como facilitadoras del progreso tecnológico y la innovación, impulsando así la transformación estructural productiva (OCDE y OIT, 2019)[57].
Las mujeres tienen que superar más obstáculos que los hombres para acceder al mercado de trabajo; corren un mayor riesgo de desempleo, y les cuesta más conseguir un trabajo decente, como lo demuestran sus mayores tasas de informalidad en la mayoría de los países y la persistencia de las brechas salariales de género.
Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres (meta 8.5) es esencial para conseguir un crecimiento inclusivo y con perspectiva de género. Aumentar el número y la calidad de los empleos que pueden desempeñar las mujeres contribuirá a reducir las brechas de género en el trabajo. Esto también es pertinente para avanzar hacia la consecución del ODS 5 (Igualdad de género), en particular la meta 5.4, que insta a que se reconozcan, redistribuyan y reduzcan los trabajos de cuidados no remunerados que realizan las mujeres (OIT, 2018d)[58].
En opinión de Tejani y Milberg (2016) las políticas deben promover la formación profesional para garantizar el empleo de mujeres en sectores de alta productividad, para facilitarles el acceso a áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y cibercapacidades. Para que las mujeres puedan acceder a una gama más amplia de trabajos de mayor productividad y acabar con la segregación sectorial y ocupacional.
El ODS 8 reconoce el trabajo decente como un motor clave del crecimiento inclusivo.
En efecto, según los datos ofrecidos por la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo de la OIT (2019)[59], una gobernanza sólida y eficaz del mercado laboral garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo y la productividad de los trabajadores.
En relación a los inmigrantes, en la Agenda 2030, se reconoce «la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible». La OIT (2020), declara que la meta 8.8 insta en concreto a que se proteja a «todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes; esta meta está estrechamente vinculada a la meta 10.7, que tiene por objeto facilitar una migración segura, ordenada y bien gestionada».
Llegados a este punto, traemos a colación lo que en el ámbito económico se conoce como la «teoría del cisne negro»[60] del economista Nassim Nicholas Taleb. Un suceso según Taleb es un cisne negro si reúne dos características: que sea inesperado y que tenga un gran impacto.
En efecto, un cisne negro es lo que se ha producido en el mundo con el fenómeno del Covid 19.
Ante esta esta situación, ha habido una caída drástica del consumo, del gasto privado.
Ante esta situación, en Europa, se ha reaccionado con políticas Keynesianas[61], sustituyendo el gasto privado por el gasto público.
Surgen entonces un conjunto de medidas –sin precedentes por parte de la UE– que son el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, propuesto por la Comisión Europea en mayo de 2020 con 750.000 millones de euros[62] y que tiene su origen en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que obliga a los Estados Miembros a presentar un «Plan de Recuperación y Resiliencia» para poder acceder a los fondos procedentes de este mecanismo financiero.
En España, el Plan de Recuperación y Resiliencia se ha denominado «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» (PRTR) y fue aprobado a nivel nacional por la Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El PRTR fue aprobado formalmente por la Comisión Europea en junio de 2021 a través de la «Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España» (CID).
El PRTR se estructura en 4 ejes que se concretan en 10 Políticas Palanca en las que se engloban un total de 30 Componentes.
Una de esas políticas, la palanca número 8[63], es «nueva economía de los cuidados y políticas de empleo». Formada por 102 reformas y 110 inversiones.
De esos 30 componentes, el número 22 hace referencia al «plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión».
Y el 23: «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo».
Este plan está ya aprobado y está actualmente en fase de ejecución mediante la Orden HFP/1030/2021 y la Orden HFT/1031/2021, del Ministerio de Hacienda.
Fondos europeos en fase de ejecución y que se apoyan en tres ámbitos: social, ambiental y tecnológico. Que los pondrán en práctica las administraciones mediante ayudas no reembolsables y préstamos con condiciones ventajosas a partir de este momento y hasta el año 2026.
En la actualidad la regulación de ejecución nacional para el seguimiento de estos fondos se ha concretado en la Orden HFT/1030/2021 y la Orden HFT/1031/2021, del Ministerio de Hacienda.
Entre los condicionantes de ejecución, se encuentran los relativos al medio ambiente (DNSH)[64] –no causar un daño significativo en ninguno de los objetivos medioambientales[65]–, y entre los que se encuentra como cuarto objetivo la transición hacia una economía circular. Transformación económica y social que describíamos al inicio este trabajo.
En consecuencia, estamos en España –y en Andalucía– ante una oportunidad excelente y única para llevar a cabo estos cambios y políticas tanto en el ámbito social y económico como en el medioambiental.
Acemoglu, D.; Robinson, J.A. (2012), Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty, Crown Publishers, Nueva York.
Altbeker, A.; Bernstein, A. (2017). No country for young people: The crisis of youth unemployment and what to do about it, Centre for Development and Enterprise, Johannesburgo.
Benedit Guillot, M. (2021), De residuo textil a almohadones de diseño y calidad, Piloü.
Benería, L.; Berik, G.; Floro, M.S. (2015). Gender, development, and globalization: Economics as if all people mattered, segunda edición, Routledge, Nueva York.
Bhatt, E.R. (2015), Anubandh: Building hundred-mile communities, Navajivan Publishing House, Ahmedabad.
Bruce C. Greenwald; Joseph E. Stiglitz, “Externalidades en economías con información imperfecta y mercados incompletos, The Quarterly Journal of Economics”, volumen 101, número 2, mayo de 1986, 229–264, https://doi.org/10.2307/ 1891114.
Fernández Liesa, C. R. (2021), Nuevas dimensiones del desarrollo sostenible y derechos económicos, sociales y culturales. Editorial Aranzadi.
Flórez, J. J. R.; Rodríguez, J. J. J.; Romero, R. Á. S. (2021), «Economía social como alternativa ante una sociedad post coronavirus», Revista de ciencias sociales, 147-162.
Grimshaw, D. (coordinador) (2017), Minimum wages, pay equity and comparative industrial relations, Routledge, Londres.
Miñarro Yanini, M. (2021), Innovación tecnológica, organización del trabajo y sostenibilidad ambiental: ¿es el teletrabajo una forma de empleo verde?, Centro de Estudios Financieros, http://hdl.handle.net/10234/192859.
Murillo, I. P.; Usabiaga, C. (2003), Estimaciones de la tasa de paro de equilibrio de la economía española a partir de la Ley de Okun, 15-03 Classification-JEL: E24.
North, D.C. (1990), Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Nueva York.
Nübler, I. (2011), Industrial policies and capabilities for catching up: Frameworks and paradigms, Employment Sector Working Paper, 77, Ginebra, OIT.
Périvier, H. (2018), «Recesión, austeridad y género. Análisis comparado de ocho mercados de trabajo europeos», Revista Internacional del Trabajo, vol. 137, núm. 1, 1-40.
Polanyi, K. (1944), The great transformation: The political and economic origins of our time, Farrar & Rinehart. Nueva York.
Revuelta Pérez, I; Ochoa Monzó, J. (2021), Economía circular y responsabilidad social, Editorial Aranzadi.
Rodrigo, M. J. (Ed.) (1994), Contexto y desarrollo social, 21-43, Síntesis, Madrid.
Sánchez Bravo, A. (Ed.) (2021) Sensibilidad, sociología y derecho: libro homenaje al Prof. Dr. José Alcebiades de Oliveira Junior. Sevilla: Universidad de Sevilla. Departamento de Filosofía del Derecho, https://hdl.handle.net/11441/127147.
Schumpeter, J.A. (1911), The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, Harvard University Press, Cambridge.
Sennett, R. (2008), The craftsman, Yale University Press, New Haven.
Strasser, S.; McGovern, C.; Judt, M. (coordinadores), (1998), Getting and spen- ding: European and American consumer societies in the twentieth century, Cambridge University Press, Cambridge.
Tejani, S.; Milberg, W (2016), «Global defeminization Industrial upgrading and manu- facturing employment in developing countries», Feminist Economics, vol. 22, núm. 2, 24-54.
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/Final-briefing-on-reuse-jobs-website-2.pd
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/es/fundacion-ellen-macarthur/la-fundacion
https://drive.google.com/file/d/1VHuacfetduxOc7DQz60qlemAfGbHdo5Y/view
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024
https://ecoembesdudasreciclaje.es/reducir-reutilizar-reciclar/
https://www.aborgase.com/wp-content/uploads/2021/09/PIRec_2030_Definitivo_compressed.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/
https://www.deustoformacion.com/blog/gestion-empresas/10-ejemplos-logistica-inversa
https://www.giec.es/doc/i_plan_accion_eco_circular_2021_2023.pdf
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_629917/lang--es/index.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/180521-enlace-residuos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.remanufacturing.fr/es/paginas/principios-remanufactura.html
https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-de-biorresiduos-nicho-de-empleo-para-discapacitados/
https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2015
[1] Según la RAE, sostenible en ecología y economía es aquello que «se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente».
[3] Bruce C. Greenwald; Joseph E. Stiglitz, (1986), «Externalidades en economías con información imperfecta y mercados incompletos», The Quarterly Journal of Economics, volumen 101, número 2, 229–264, https://doi.org/10.2307/ 1891114
[4] Sánchez Bravo 2021
[5] https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/climate-change-and-the-environment/rio20-conference
[8] Fernández Liesa 2021.
[11] https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
[12] https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/planificacion-evaluacion-estadistica/planes/detalle/150292.html
[14] https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/planificacion-evaluacion-estadistica/planes/detalle/150292.html
[17] https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/consulta-previa/detalle/189997.html
[18] Revuelta Pérez, Ochoa Monzó 2021.
[20] Consiste en utilizar máquinas que ya no funcionan o sus componentes para fabricar unas nuevas con las mismas garantías, https://www.remanufacturing.fr/es/paginas/principios-remanufactura.html
[22] https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-de-biorresiduos-nicho-de-empleo-para-discapacitados/
[24] Benedit Guillot 2021.
[25] Flórez, Rodríguez, Romero 2021, 147-162.
[27] https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/comision-europea/
[29] Miñarro Yanini, 2021
[31] El pleno empleo se alcanza cuando cada persona que busca empleo y está disponible puede encontrar un puesto de trabajo. Ello no implica una tasa de desempleo nula, porque todavía puede haber desempleo friccional, que se da cuando los trabajadores dejan un empleo para buscar otro.
[32] Murillo, Usabiaga, 2003.
[33] Bhatt 2015.
[34] Benería, Berik, Floro 2015.
[36] Acemoglu, Robinson 2012
[37] Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), Ginebra.
[38] Naciones Unidas (2015), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre, A/RES/70/1, https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
[39] La meta 8.9, que aboga por la promoción del turismo sostenible, también está estrechamente relacionada con la dimensión ambiental del ODS 8.
[40] http://wcmsq3.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_234036.pdf
[41] Grimshaw 2017
[42] Polanyi 1944.
[43] Rodrigo 1994
[44] Schumpeter 1911.
[45] Sennett 2008.
[46] North 1990.
[47] Strasser, McGovern, Judt, 1998.
[48] Penrose 1959. Neffke y Henning 2013, describen la diversificación de las empresas como una actividad de innovación «porque una empresa añade una actividad que es nueva desde el punto de vista de la empresa, pese a que la actividad en sí pueda no ser nueva para el mundo».
[49] SAPEA 2019
[50] Mata-Sánchez 2022, 1-309.
[52] Grimshaw, 2013.
[54] Hayter, Visser 2018.
[55] «El desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes» (2013), Informe V, Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, Ginebra.
[56] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_active-labour-market-policies_es.pdf
[57] Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2019 (Ginebra).
[58] Care work and care jobs for the future of decent work, resumen ejecutivo en español titulado El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, Ginebra.
[59] Trabajar para un futuro más prometedor. Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, Ginebra, https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569909/lang--es/index.htm
[60] El creador de esta teoría es el economista Nassim Nicholas Taleb, que la bautizó así porque, hasta la llegada de los primeros exploradores a Australia en el siglo XVII, en Europa se pensaba que todos los cisnes eran blancos. El descubrimiento de este tipo de aves con plumas negras fue un hecho que se consideraba altamente improbable, pero que sucedió y que cambió la percepción que había hasta ese momento. De esta manera, Taleb trata de cuestionar los análisis económicos que se hacen para predecir el futuro mediante una extrapolación de lo que ha ocurrido en el pasado, predicciones que, tarde o temprano, se verán confrontadas por la aparición imprevista de un cisne negro.
[61] La política keynesiana, es un tipo de política económica basada en los estudios y recomendaciones del economista británico John Maynard Keynes que se basa en el intervencionismo mediante el cual el Estado aumenta el gasto público, para estimular la demanda y, así, regular la economía.
[62] El 16 de febrero de 2022, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) edita la Guía Básica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
[63] Políticas de empleo | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España. (planderecuperacion.gob.es)
[64] “Do No Significant Harm” (DNSH), principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Factor regulador de los fondos europeos Next Generation EU.
[65] Que son seis: Mitigación del cambio climático. Adaptación al cambio climático. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. Transición hacia una economía circular. Prevención y control de la contaminación. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf