Desalojos forzosos de asentamientos precarios en Chile. Nuevas amenazas y resistencias

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Carroza Athens, Nelson, Cociña, Camila, Rodríguez Arranz, Alfredo, Sugranyes Bickel, Ana, y Zagal Ehrenfeld, Geanina (2025). Desalojos forzosos de asentamientos precarios en Chile. Nuevas amenazas y resistencias. Hábitat y Sociedad, (18), 73-93. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2025.i18.04

Resumen Por décadas, los desalojos forzosos de asentamientos precarios parecían una amenaza durmiente en Chile. Los últimos años, sin embargo, el crecimiento del número, tamaño y diversidad de los campamentos y tomas en Chile, sumado a condiciones políticas complejas, ha enfrentado a las pobladoras y pobladores de asentamientos precarios a nuevas amenazas y a una creciente criminalización del hábitat popular. En este artículo, presentamos reflexiones surgidas del trabajo emergente de la Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile. Luego de presentar el contexto de desalojos forzosos y resistencias a nivel internacional y chileno, de referir abordajes teóricos al respecto, el artículo discute los principales hallazgos del monitoreo de desalojos forzosos desarrollado por esta Red. Tras presentar el panorama actual, discutimos las estrategias de resistencia que la sociedad civil y organizaciones de pobladoras han movilizado en el ámbito jurídico y de acción social y urbana, para concluir con una discusión sobre desafíos y tareas pendientes.

Palabras clave hábitat popular, Derechos Humanos, asistencia legal, observatorio territorial, Chile.

Abstract For decades, forced evictions of precarious settlements seemed like a dormant threat in Chile. In recent years, however, the growth in the number, size, and diversity of settlements and land occupations in Chile, coupled with complex political conditions, has confronted the inhabitants of precarious settlements with new threats and a growing criminalization of their habitat. In this article, we present some reflections arising from the emerging work of the Red de Derechos Humanos y Desalojos in Chile, which shed some light on this process. After presenting the context of forced evictions and resistance at the international and Chilean levels, and some of the theoretical approaches in this regard, the article discusses some of the main findings of the Red’s monitoring of forced evictions. Based on the current panorama, we discuss some of the resistance strategies that civil society and women’s organizations have mobilized in the legal, social, and urban action spheres, concluding with a discussion about challenges and pending tasks.

Keywords popular habitat, Human Rights, legal assistance, territorial observatory, Chile.

1.1. Introducción

1.1. Una mirada general a los desalojos forzosos

En Chile, desde 2023, se observa una tendencia creciente de desalojos forzosos por la que surgen varias preguntas. ¿Cómo y por qué se ha llegado al uso de la violencia en desalojos masivos, desahucios o lanzamientos? ¿Qué retrocesos políticos nos han llevado a penalizar las tomas de terreno, y a un marco legal que criminaliza la pobreza de la gente? ¿Y cómo poder resistir a esta violación de derechos humanos?

En este artículo, examinamos estas preguntas entendiendo el caso chileno como parte de fenómenos globales y regionales que afectan, de distintas maneras, a los más de mil millones de personas que viven en asentamientos precarios en todo el mundo. Estas reflexiones surgen a partir del trabajo de la Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile, que se organizó para responder a la necesidad de abordar algunas de estas cuestiones de manera colaborativa y sostenida.

A nivel global, a pesar de la dificultad de contar con datos exactos, el Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de Naciones Unidas estima que anualmente alrededor de 2 millones de personas son víctimas de desalojos forzosos (ONU-OACDH, n.d.). Reconociendo que los desalojos forzosos constituyen una violación grave a los derechos humanos, ONU Hábitat estableció hace dos décadas un Grupo Asesor de las Naciones Unidas sobre Desalojos Forzosos (UN-AGFE, por sus siglas en inglés), que publicó informes entre 2005 y 2011, y realizó un importante trabajo de incidencia para encontrar soluciones al grave problema que los desalojos suponen. A pesar del cese del funcionamiento de UN-AGFE, los desafíos en torno a detener las violaciones que los desalojos forzosos conllevan, siguen más vigentes que nunca. Esto lo demuestran los crecientes casos documentados por la Red de Derechos a la Vivienda y a la Tierra de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-HLRN por sus siglas en inglés) en su base de datos sobre “Violaciones al derecho a la vivienda y la tierra” a nivel mundial.[1]

Asimismo, tendencias y crisis asociadas al cambio climático, conflictos armados o COVID-19, se asocian a nuevos desafíos y evidencian la importancia de monitorear y detener los desalojos forzosos. Por una parte, iniciativas como la campaña “Desalojo Cero” en Brasil, que se articuló en 2020 en el contexto de las respuestas a COVID-19, ha mapeado más de 42.000 familias desalojadas, y más de 334.000 amenazadas.[2] Por otro lado, el Banco Mundial estima que, para 2050, 216 millones de personas serán afectadas por la migración climática interna (Clement et al., 2021). A esto se suma el fortalecimiento de relatos políticos, leyes y programas que utilizan los desalojos como una materialización de la criminalización del hábitat popular.

Los desalojos forzosos violan, directa e indirectamente, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, consagrados en Tratados Internacionales, ratificados por Chile. Una situación de desalojo forzoso, independientemente de las razones por las cuales deba efectuarse, exige procedimientos regidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General N°7 de 1994.

El desalojo forzoso viola el derecho a una vivienda adecuada y todos los derechos sociales; no respeta las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y sobre los derechos de la niñez, que exigen la protección del derecho a una vivienda adecuada; y en ocasiones violan los derechos civiles y políticos que prohíben el uso arbitrario de la fuerza.

La Constitución chilena vigente establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Los desalojos forzosos se oponen a las garantías constitucionales del Estado de derecho; penalizan la forma de habitar de decenas de miles de familias que, sin otra alternativa, deben tomar decisiones desesperadas con tal de resguardar su seguridad y las de sus familias.

Es importante recalcar que los desalojos se inscriben en un círculo vicioso, entre el uso de la fuerza, funciones inefectivas del Estado y una grave violación de derechos humanos. La violencia que enfrentan las comunidades no resuelve los problemas sociales del acceso a la vivienda.

Se cruzan además situaciones de incumplimiento tanto por parte de los gobiernos y legislaturas en sus obligaciones legales y constitucionales; y los poderes fácticos potencian una industria inmobiliaria contraria a los principios más elementales de la sostenibilidad. Corresponde entonces revisar las condiciones de vida en todos los asentamientos populares, desde las obligaciones de Estado establecidas por los derechos humanos, abriendo espacios de diálogo real, hacia soluciones concretas para el bien de todas y todos. Las medidas a considerar son la prevención y detención de las órdenes de desalojo, así como la regularización de los procedimientos. Las respuestas a la demanda de las comunidades exigen instrumentos de planificación territorial, un abanico de ofertas habitacionales en distintos tipos de tenencia y habitabilidad. Exigen también estrategias comunicacionales para revertir las olas de desinformación y estigma, que contribuyen a más angustia e inseguridad entre las comunidades afectadas. En consecuencia, los asentamientos populares deben formar parte de las exigencias de convivencia y buen vivir de toda la población.

1.2. La situación en Chile

En Chile, como en toda América Latina, las múltiples facetas de los problemas habitacionales se visibilizan en hechos de exclusión, estigmatización y criminalización, que afectan especialmente a los sectores populares; también en procesos de informalidad, corrupción y de la economía del crimen, que cruzan todas las formas de producción del espacio urbano y del hábitat. Además, se inscriben en medio del gran ciclo migratorio latinoamericano, que aumenta el déficit habitacional, según la tendencia mundial del no acceso a la vivienda.

Desde hace más de un siglo, los asentamientos populares han sido válvulas de compensación, construidas por las comunidades marginalizadas, ante los límites de las políticas habitacionales y del mercado. En Chile, las evidencias en las últimas dos décadas de estos problemas habitacional ha sido ampliamente estudiada, con investigaciones que han revisado y analizado la precarización de las poblaciones tradicionales (Ruiz-Tagle et al., 2016; Larenas Salas et al., 2018), el deterioro y desigualdades de conjuntos de vivienda social (Rodríguez y Sugranyes, 2005; Cociña, 2016), la multiplicación de nuevas formas de conventillos y allegamiento, así como mercados de arriendo, y subarriendos abusivos de lotes, casa y piezas (Toro et al., 2017; Urbina Julio, 2024; Urrutia y Cáceres, 2020); también de las diferentes dinámicas en tomas de terrenos, denominadas en Chile como campamentos (Contreras y Seguel, 2022; Ossul-Vermehren, 2018; Pino y Ojeda, 2013; Rodríguez y Rodríguez, 2019).

En los últimos años (y en el contexto de la exacerbación de preocupaciones y discursos regresivos en torno a la seguridad y la migración), el debate mediático ha centrado su preocupación habitacional con especial ahínco por tomas y campamentos, donde habita el 1,9% de la población del país.[3] En otras palabras, si bien las tomas y campamentos corresponden tan sólo a la punta del iceberg del problema habitacional, estos son fuertemente mediatizados porque afectan directamente el derecho de propiedad, consagrado constitucionalmente, que debe defenderse y revisarse. Pero es escasa la capacidad de debatir la función social y ecológica de la propiedad privada.

Actualmente, ir a vivir al campamento es un salto atrevido de una precariedad a otra, de una inseguridad a otra, como han mostrado diversos estudios recientes. Sin embargo, las encuestas confirman[4] que, para las pobladoras, las condiciones de vida en el campamento son mejores que en el hacinamiento, el allegamiento, o el pago de arriendos abusivos. Vivir en el campamento es una construcción social, es un aprendizaje de vida colectiva en un contexto adverso, excluyente y estigmatizador.

Luego de décadas en que los desalojos forzosos de asentamientos precarios parecían una amenaza durmiente en Chile, estos han vuelto a ser hechos políticos que afectan a más de treinta mil familias que viven en un contexto de criminalización del hábitat popular.

La lógica de despojo y desalojo creció a partir de inicios de 2023, en una ola de lanzamientos. Coincide con la aprobación de la Ley de Usurpaciones, formalmente conocida como Ley N°21.633 (República de Chile, 2023), que modifica el Código Penal para endurecer las penas por la ocupación de inmuebles y agilizar los procesos de restitución a sus dueños legítimos. Esta ley busca disuadir la ocupación por la necesidad y proteger la propiedad privada, estableciendo nuevas penas y mecanismos para la restitución de los inmuebles. Se da entre múltiples órdenes de desalojo emanadas de tribunales de alzada y de la Corte Suprema. El análisis de los recursos de protección presentados a Cortes de Apelación por propietarios de terrenos privados demuestra que muchas tomas se han realizado con la autorización de sus dueños, a su vista y paciencia. En términos jurídicos, esto significa que se trata más bien de casos de precario que de usurpación.[5] En la lógica de la necesidad habitacional, son ocupaciones planificadas que se desarrollan con calma, sin violencia.

En este contexto complejo y cambiante, este artículo discute algunos de los principales hallazgos del monitoreo de desalojos forzosos desarrollado por la Red de Derechos Humanos y Desalojos. Después de reflexionar sobre los desalojos en el debate académico, presentamos una reseña de la historia de esta red, y explicamos la metodología de trabajo que permite presentar el estado actual de las amenazas de desalojos; luego discutimos algunas de las estrategias de resistencia que la sociedad civil y organizaciones de pobladoras han movilizado en el ámbito jurídico y de acción social y urbana; para concluir, una discusión sobre desafíos y tareas pendientes.

2. Situando los desalojos en el debate académico

Además de ser reconocidos como una violación grave a los derechos humanos, diversos enfoques teóricos han abordado los desalojos forzosos a través de conceptos y marcos que intentan dar cuenta de la complejidad y profundidad de sus impactos. Conceptos como “transición permanente” (Villela de Miranda et al., 2019), “permanencia y desplazamiento” (Gatti, 2015), o “desplazabilidad” (Yiftachel, 2020) intentan capturar las distintas dimensiones que atraviesan las amenazas y ejecuciones de desalojos y desplazamientos de población.

Estos distintos abordajes dan cuenta de que los desalojos tienen implicancias profundas en las capacidades de las personas y comunidades de habitar en condiciones de certeza y estabilidad que impactan aspectos mucho más amplios que la vivienda, incluida su salud y bienestar (Emmel y Souza, 1999; Goplerud et al., 2021). Algunos autores han discutido los impactos que las posibilidades de embargos y desahucios pueden tener incluso en la “seguridad ontológica” de las personas (Hiscock et al., 2001; Madden y Marcuse, 2016), es decir, en la seguridad y confianza en los aspectos más fundamentales de la vida humana.

A nivel internacional, los desalojos forzosos han sido un importante foco en la investigación empírica por décadas, con autores ya desde los 1990s abordando cuestiones sobre violencia y justicia (Environment & Urbanization, 1994), manipulación demográfica (Schechla, 1994), o la protección de los ‘comunes’ (The Ecologist, 1994), y más recientemente acuñando conceptos como ‘guerra de lugares’ (Rolnik, 2017).

En América Latina, los desalojos han sido un foco de la investigación sobre vivienda e informalidad por décadas (Kothari,1994; Everett, 1999; Rodríguez, 2010). En Brasil, por ejemplo, los procesos de remociones en torno a los juegos olímpicos y el mundial de fútbol a comienzos de la década pasada, dieron pie a un nutrido debate (Faria y Fernández, 2024; Freire, 2022; Lopes, 2024; Rolnik et al., 2017).

En Chile, sin embargo, a pesar de la nutrida producción académica sobre cuestiones de vivienda y campamentos, el debate sobre los desalojos ha estado virtualmente ausente de toda discusión estudiosa desde que estos volvieron a darse en los últimos dos años; es que había dejado de ser tema de preocupación después de la dictadura civil militar cuando se unas cien mil personas sufrieron desplazamientos en la década de los 1980s (Gurovich,1989).

En este contexto, el análisis que presentamos a continuación no sólo busca dar cuenta de la ignorada magnitud y características de las amenazas y resistencias ante los desalojos en Chile, sino que también busca dar luces sobre las profundas y desestabilizantes incertezas que estas condiciones de “transición” y “desplazabilidad” generan en la población. Buscamos entender, así mismo, cómo estas incertidumbres e inseguridades hacen parte de un sistema mayor de violencia y vulneración de derechos a la que se expone el hábitat popular.

3. La Red de Derechos Humanos y Desalojos: Historia, enfoque y metodologías

3.1. Por la razón, no la fuerza: Conformación y enfoque de la Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile[6]

La noche previa a que se ingresara el veto parcial del gobierno a la Ley de Usurpaciones, también llamada “ley anti-tomas”, se reunió en el salón del directorio nacional del Colegio de Arquitectos/as de Chile un grupo de representante de diversos sectores con el objetivo de avanzar hacia una visión compartida en torno a las tomas, campamentos y dicha ley. Era septiembre de 2023, y se vivían días complicados: por una parte, movimientos de pobladoras y pobladores se encontraban en alerta ante las amenazas y criminalización que la nueva ley levantaba para la protección del derecho a una vivienda adecuada y digna para miles de habitantes del territorio chileno; por otra, sectores más reaccionarios acusaban al gobierno de ser cómplices de actos ilegítimos por querer vetar la ley.

En ese contexto, un pequeño grupo vinculado a diversos espacios de intercambio en temas urbanos, decidió abrir un diálogo que, desde distintas realidades e intereses institucionales, tuviesen la voluntad de intercambiar ideas al respecto. En el segundo semestre de 2023, unas treinta personas realizaron tres encuentros, para intercambios y aprendizajes, para establecer bases comunes y protocolos ante los desafíos enfrentados.[7] De este proceso surgió la Red de Derechos Humanos y Desalojos,[8] estableciendo un espacio de trabajo permanente que busca denunciar, detener y prevenir los desalojos forzosos, promoviendo y coordinando acciones de monitoreo, protocolo y aprendizaje desde una perspectiva de derechos humanos.

Hemos priorizado el trabajo en torno a cuatro áreas:

Consolidar espacios de intercambio, aprendizaje, movilización e incidencia política en torno a la prevención de desalojos y al avance de políticas públicas de acceso al suelo y la producción de vivienda, como herramientas que promuevan el derecho a la ciudad y a una vivienda digna y adecuada. Hemos promovido y participado espacios a nivel local, nacional, de Latinoamérica y del sur global.
Facilitar apoyo legal y asesoría jurídica a las comunidades que se ven afectadas por órdenes de desalojo, generando espacios de intercambios entre abogados litigantes, y fortaleciendo vínculos entre comunidades y profesionales que puedan apoyar sus procesos.
Establecer y promover la aplicación de principios de derechos humanos para la prevención de los desalojos forzados, incluyendo el desarrollo y la promoción de protocolos
Monitorear de manera constante las amenazas de desalojo de asentamientos precarios, o campamentos, mediante la articulación de la información proveniente de fuentes oficiales y la producida y validada por las propias comunidades afectadas, que permitan actuar de manera colectiva y oportuna para prevenir los desahucios.

Para avanzar en este último punto, la Red ha trabajado de manera continua en establecer mecanismos para monitorear y estimar la magnitud de los desalojos en el país. Estas actividades han sido posible gracias a la asociación con un equipo interdisciplinario trabajando bajo el alero del proyecto “Más allá de la vivienda: Enfoques interdisciplinarios para comprender las repercusiones sociales de la crisis habitacional en Chile”, liderado por la universidad de Playa Ancha.[9] En conjunto, hemos establecido una serie de mecanismos para avanzar en una estimación del estado de las amenazas de desalojo de asentamientos precarios en Chile, que nos permita monitorear y apoyar de manera más adecuada las luchas en contra de las violaciones de derechos humanos.

3.2. Metodología de monitoreo, denuncias y resistencias

La metodología de monitoreo se inscribe en los desafíos propios de la investigación social aplicada, especialmente en el esfuerzo por estimar y cuantificar fenómenos que, por su carácter complejo y multidimensional, difícilmente pueden ser capturados totalmente mediante indicadores simples o sintéticos. Se parte de la premisa de que, a través de una estrategia rigurosa y coherente, es posible aproximarse al fenómeno, capturar sus principales dinámicas y aprender de él en su complejidad (Asún, 2006). En este contexto, la construcción de un sistema de estimación y monitoreo exige, en primer lugar, la precisión de los criterios metodológicos que permitan delimitar y comprender el fenómeno a abordar, así como la explicitación de las decisiones que orientan el proceso de recolección, organización y síntesis de la información disponible.

A partir de lo anterior, se propuso una estrategia, cuyo primer paso fue definir operacionalmente qué se entendería por “desalojo” en el contexto de esta metodología, más allá del hecho puntual asociado exclusivamente al desplazamiento forzoso, sino como un proceso de mayor extensión temporal y complejidad institucional.

Se optó por considerar como casos de desalojo aquellos campamentos que han sido afectados por algún tipo de proceso institucional —judicial o administrativo— orientado al desalojo, ya sea ejecutado o en curso. El segundo paso consistió en delimitar la unidad de análisis y establecer el universo. Dada la dificultad de precisar el número y extensión de los campamentos en Chile, se decidió integrar las dos principales fuentes públicas de información existentes: el Catastro de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 2024) y el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de TECHO-Chile (2023)[10].

Una vez definidas la unidad de análisis y el universo de estudio, se procedió a la integración de distintas fuentes de información que permitiera identificar y caracterizar los casos de desalojos forzosos en Chile. En este estudio se consideraron dos tipos principales de fuentes: medios de comunicación y solicitudes de información pública.

Primero, se realizó una recopilación sistemática de reportes de prensa desde el año 2019.[11] Esta revisión permitió registrar aquellos de alta visibilidad mediática y patrones de cobertura pública en torno a los desalojos. Segundo, se recurrió a solicitudes de acceso a la información pública para obtener antecedentes oficiales provenientes de instituciones como el MINVU y las gobernaciones regionales. El objetivo fue acceder a información sobre órdenes de desalojo emitidas, tanto en su dimensión judicial como administrativa. Esta fuente aporta formalidad, respaldo documental y mayor trazabilidad institucional al análisis, complementando la información obtenida por medios de comunicación.

Estas fuentes de información fueron integradas a la matriz general de campamentos, lo que permitió construir una base de datos estructurada en torno a variables clave: localización (comuna, región), estado del desalojo (ejecutado, en curso, sin amenaza), tipo de desalojo (judicial, administrativo), actor querellante (público, privado), tipo de propiedad del terreno (pública, privada), tamaño de la comunidad afectada y superficie estimada del asentamiento (en hectáreas),

Esta base de datos constituye el insumo principal -y una primera línea base- para la estimación y monitoreo sistemático de los desalojos forzosos en el país; y también para el análisis sistemático de los desalojos forzosos en Chile, ya que permite estimar su magnitud, caracterizar sus principales dimensiones institucionales y territoriales, e identificar patrones relevantes que pueden orientar tanto futuras investigaciones como decisiones de política pública. Esta tipología constituye una herramienta analítica clave para monitorear dinámicas de desplazamiento forzoso y anticipar escenarios de riesgo.

4. Estado de las amenazas de desalojos en Chile

La estimación construida a partir de múltiples fuentes permite identificar tendencias relevantes que ofrecen un panorama inédito sobre las amenazas de desalojo en el país. Este panorama, a marzo de 2025, entrega información sobre la magnitud del fenómeno, los mecanismos institucionales y actores involucrados, las características del suelo, así como la distribución geográfica y composición territorial de dichas amenazas. En conjunto, estos elementos aportan a una comprensión más integral del problema y a la identificación de focos críticos para la acción pública y la investigación.

4.1. Magnitud

Según los datos levantados, se identifican 73 asentamientos actualmente amenazados por procesos de desalojo, los cuales representan a 15.957 familias, es decir, al 16,8% del total de familias que habitan en campamentos en el país.

Por otro lado, el último Catastro de Campamentos elaborado por TECHO-Chile (2025) identifica 447 campamentos —donde viven 43.583 familias— como amenazados de desalojo. La diferencia entre ambas estimaciones se debe principalmente a las distintas metodologías utilizadas: mientras el catastro de TECHO recoge la percepción de las familias respecto a una posible amenaza, esta medición se basa en antecedentes mediáticos e institucionales (judiciales o administrativos). En este sentido, aunque los resultados son dispares, ambos enfoques son complementarios: uno da cuenta de la experiencia vivida y sentida del riesgo, y el otro del avance formal del proceso institucional.

4.2. Mecanismos y actores

Del total de campamentos actualmente amenazados, el 69,8% corresponde a desalojos por vía judicial, mientras que el 30,2% se originan en procesos administrativos. Esto refuerza el rol preponderante que sigue teniendo el sistema judicial en la tramitación de desalojos en Chile, aunque también destaca el creciente papel de las Delegaciones Presidenciales[12] en la ejecución administrativa de estos procesos.

En cuanto a los actores querellantes, el 59% corresponde a entidades privadas, incluyendo inmobiliarias, constructoras, empresas forestales, sociedades comerciales, asociaciones y personas naturales. El 41% restante corresponde a instituciones públicas, entre ellas Delegaciones Presidenciales, ministerios y municipalidades, que han iniciado acciones legales o administrativas para el desalojo de terrenos ocupados.

4.3. Características del suelo

Otra dimensión relevante es la superficie estimada de los asentamientos actualmente amenazados: en total, se identifican 645,34 hectáreas. Para poner esta cifra en perspectiva, equivale aproximadamente a más de 900 canchas de fútbol profesional (tomando como referencia una superficie promedio de 0,7 ha por cancha).

Respecto a la propiedad del suelo, el 56% de los campamentos amenazados se encuentran en terrenos privados, mientras que el 38,5% están emplazados en terrenos de propiedad fiscal o municipal. Un 5% corresponde a suelos con superposición de propiedad pública y privada, lo que evidencia la complejidad de la tenencia y uso del suelo en varios casos.

4.4. Análisis territorial

La distribución territorial de las amenazas de desalojo muestra un patrón marcadamente desigual. Utilizando como referencia el número de familias afectadas, se observa una alta concentración en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Atacama y Metropolitana, cada una con más de 2.500 familias en riesgo. En contraste, regiones como Coquimbo, Biobío y Arica y Parinacota presentan cifras considerablemente menores, con menos de 300 familias en riesgo.

Este patrón sugiere que son las regiones del norte y centro del país las que concentran la mayor cantidad de familias amenazadas por procesos de desalojo, lo que debe ser considerado en la planificación de respuestas e intervenciones territoriales. Ver Figura 1.

Figura 1. Distribución regional de familias afectadas por amenazas de desalojos. Fuente: Elaboración propia en base a informe de la Red de Derechos Humanos y Desalojos, a marzo de 2025.

4.5. Tipologías y escenarios estratégicos

Con el objetivo de visibilizar la diversidad de situaciones y las posibles líneas de acción, ver en Figura 2, se elaboró un gráfico de dispersión que cruza las variables “número de familias en riesgo” y “número de campamentos por comuna”. Este análisis permite distinguir distintos tipos de escenarios:

Figura 2. Cruza las variables “número de familias en riesgo” (horizontal) y “número de campamentos por comuna” (vertical). Fuente: elaboración propia en base a informe de la Red de Derechos Humanos y Desalojos, a marzo de 2025.

Cuadrantes 2: comunas con campamentos grandes y altamente visibles, que concentran muchas familias y presentan mayor sensibilidad política y mediática.
Cuadrantes 3: comunas con numerosos campamentos más pequeños, menos visibles, pero que representan la mayoría de los casos a nivel nacional.

Esta tipología evidencia la heterogeneidad de los campamentos actualmente enfrentados a procesos de desalojo, y al mismo tiempo permite proyectar escenarios futuros y orientar estrategias de intervención más focalizadas. Contar con información anticipada sobre las comunas donde se concentran las amenazas de desalojo forzoso facilita la planificación de acciones preventivas, el despliegue de acompañamiento institucional y el diseño de respuestas territoriales específicas.

En este sentido, cada campamento amenazado por un proceso de desalojo debe ser comprendido como un caso particular que requiere un tratamiento específico, atento a su contexto social, jurídico y territorial. Sin embargo, los desalojos no pueden abordarse únicamente como situaciones aisladas, sino también como parte de procesos interrelacionados que afectan simultáneamente a múltiples ciudades y comunas del país. Adoptar esta doble mirada —que reconoce tanto la singularidad como la dimensión estructural del fenómeno— permite superar una lógica meramente reactiva y avanzar hacia enfoques más integrales de monitoreo, prevención e intervención, capaces de abordar la complejidad y territorialidad de los desalojos forzosos en Chile.

La diversidad, magnitud y complejidad del escenario expuesto por este ejercicio de estimación, requiere de respuestas igualmente complejas y heterogéneas. A la luz de estos resultados, en la próxima sección describiremos algunas de las estrategias de resistencia que hemos podido observar y acompañar desde la Red, discutiendo cómo estas se entrelazan con procesos territoriales, urbanos y políticos cambiantes y desafiantes.

5. Estrategias de resistencia

La práctica de desalojos forzosos está inscrita en una lógica de violencia. Esta afecta en primera instancia a las familias que pierden el lugar donde lograron arreglarse la vida, confrontadas a la violencia, a menudo desmedida, de la policía; incluso a la entrada de maquinaria pesada para demoler todas las construcciones, viviendas y equipamiento, de materialidad liviana y sólida. Se trata de una violencia que cruza toda la sociedad, por ejemplo, por el empeño mediático de criminalizar a quienes ocupan un espacio de otros dueños, sean estos el fisco o un privado.

Frente a la violación grave de derechos humanos, ¿cómo resistir? Desde la experiencia de la Red de Derechos Humanos y Desalojos, y en un contextos social desmovilizado, este apartado documenta dos tipos de resistencia a los desalojos: primero, a partir de la estrategia jurídica en el marco del (aún) Estado de derecho; y segundo, desde un ejemplo de organización comunitaria territorial que, a través de ocho años de lucha, logró revertir la lógica de desalojo para que el Estado reconociera el asentamiento y lo interviniera en un proceso de radicación haciendo ciudad.

5.1. La defensa jurídica

El legado de los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el Derecho Humano a una Vivienda Adecuada[13] en materia de desalojos forzosos se centra en dos dimensiones de intervención.

La primera, relacionada a las obligaciones de Estado y la implementación de la Observación General N°7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CDESC, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidad, apunta esencialmente a la capacidad de negociación entre los distintos actores involucrados y afectados. En oposición al uso de la violencia, el enfoque de derechos humanos, de la dignidad humana, busca espacios de diálogo entre los gobiernos, en su ámbito local, regional/provincial y nacional, junto a parlamentarios, las familias amenazadas en sus derechos de sobrevivencia, los propietarios afectados en su derecho a la propiedad, y distintas expresiones de la sociedad civil.

Para apoyar estrategias de resistencia jurídica a la ola de desalojos, nuestra Red recurrió al análisis de cómo y cuándo se instaló esta lógica violenta en la institucionalidad chilena (Red de Derechos Humanos y Desalojos, 2025).

Hacia finales de 2022, pocos meses después de que Chile quedara fuera de la posibilidad de un cambio constitucional progresista, y re-consagrara el derecho de propiedad y de la casa propia, la Corte Suprema resolvió un recurso de protección interpuesto por el propietario de una toma en Viña del Mar,[14] donde vivían ochenta y cinco familias, desalojadas en marzo de 2025.[15]

Esta sentencia marcó el inicio de una seguidilla de órdenes de desalojos en todo el país que describimos en el apartado anterior, afectando a situaciones diversas – representando cada una, una situación en sí misma poco comparable con las otras – de ocupación de terrenos fiscales y privados, de “tomas VIP”,[16] de refugios de delincuentes y narcotraficantes, de cobijo para migrantes en situación regular e irregular; pero por sobre todo, de solución habitacional precaria para unas ciento veinte mil familias (TECHO-Chile, 2024), que no encuentran solución a su demanda de vivienda, ni en el mercado ni en las políticas públicas, ni en el acceso a la vivienda en propiedad ni arriendo.

Este fallo marcó un antes y después en una judicialización de un problema social, con colisión de derechos constitucionales de las familias y del derecho de propiedad.[17] Este tribunal abrió una veta, por un lado, reconociendo lo establecido por los derechos económicos, sociales y culturales en materia de desalojos[18] y en la protección constitucionalmente consagrada del derecho a la propiedad.[19] Por otro lado, sin embargo, marcó un precedente como fallo al tomar un rol activo en la generación de políticas públicas cuyo rol no le corresponde sino al gobierno con pleno respeto a los derechos humanos.

Mientras se multiplicaban los recursos de protección de diferentes propietarios de inmuebles, el Congreso Nacional estaba legislando la nueva Ley de Usurpación de inmuebles, penalizando con cárcel a las familias de los campamentos que se encuentran fuera del catastro del MINVU vigente a marzo de 2024, y resolviendo el tema de los plazos de denuncia apelando al concepto jurídico de “flagrancia permanente” en la cual un delito –en este caso la usurpación de terreno– se entiende está cometiendo en todo momento.[20] Un modelo de ley que la oposición al Gobierno de Lula está proponiendo ahora en Brasil.[21]

Por lo general, los lanzamientos se realizaron sin cumplir con las garantías que exigen los estándares en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Algunos de los casos más duros y documentados son Frei-Bonn en Calama[22] y la Toma 17 de Mayo en la comuna de Cerro Navia de Santiago.[23]

Entre la complejidad y especificidad de cada caso de ocupación de terrenos, la Toma de San Antonio es aquella que ha recibido más atención social y por parte de los medios de comunicación (Andrade Huaringa et al., 2025). La orden de desalojo fue promulgada el 23 de junio de 2023 y debía cumplirse el 23 de octubre de aquel año. Varias apelaciones promovidas por pobladoras y pobladores organizados, y que han desarrollado una estrategia de defensa judicial, han permitido correr el plazo de esta amenaza. Para el 27 de febrero de 2025, se postergó nuevamente el lanzamiento de cuatro mil familias, acordando el establecimiento de una Comisión Técnica que deberá encontrar una solución dentro de seis meses, para que el Gobierno de Chile no caiga en desacato ante una orden de la Justicia.[24]

Prácticamente toda la institucionalidad de Chile reconoce que el desalojo de los campamentos en el Cerro Centinela de San Antonio, que ocupan 256 hectáreas de la Inmobiliaria San Antonio, es inviable. No existe fuerza ni capacidad para sacar a unas diez mil personas de sus viviendas, para dejarlas en la calle. Además, ninguna instancia de la administración pública local, regional o nacional tiene la capacidad de albergar a cuatro mil familias y respetar así los protocolos que prohíben dejar a familias en la calle, tal como lo establece la Observación General N°7 del CDESC.

Hasta entrado 2025, la asesoría jurídica de abogados litigantes tan sólo ha logrado extender o correr el plazo de ejecución de las órdenes judiciales de desalojo. No ha logrado aún hacer prevalecer las garantías constitucionales en materia de protección de los derechos de las familias afectadas; tampoco de exigir el cumplimiento de los requisitos suscritos por Chile en materia de prevención de los desalojos forzosos.

5.2. La organización comunitaria

Las luchas en el mundo contra los desalojos forzosos demuestran que la capacidad de resistencia está directamente relacionada al nivel de organización social en el asentamiento afectado. Para ilustrar esta aseveración en el caso de Chile, este apartado aborda dos situaciones de resistencia, en asentamientos populares del norte de Chile.

Entre marzo y abril de 2018, las noventa familias del Campamento René Schneider II de la ciudad de Antofagasta sufrieron y resistieron cuatro órdenes de desalojo por parte del delegado del Gobierno de Chile; también repelieron el despliegue violento de la llegada de las fuerzas policíacas (Feres y Fauré, 2018). Siete años después, este asentamiento es reconocido por el registro de campamentos del MINVU, que sigue prestando servicios de habitabilidad básica, con abastecimiento de agua, luz y alcantarillado. La comunidad se siente liberada de la amenaza de desalojo y unas quince familias aceptaron ser relocalizadas por riesgos de remoción en masa en laderas de mucha pendiente y con arenas sueltas. La experiencia de resistencia de la René Schneider II se explica por distintos factores: evidente el liderazgo y el trabajo de organización comunitaria alcanzado por la figura emblemática de la dirigente Dora Grisaldes; también incidieron el tamaño reducido de la comunidad, inferior a cien familias; y la fecha de las órdenes de desalojos, que fue anterior a los instrumentos judiciales descritos en el punto 5.1.

Otro caso es el de Los Arenales, un gran asentamiento de unas dos mil familias de distintas nacionalidades, asentadas desde 2015 en un área urbana deprimida, al norte de la ciudad de Antofagasta (Andrade Huaringa y Sugranyes Bickel, 2022).

Desde un inicio, esta comunidad descubrió cómo convivir en un territorio hostil, por la criminalización permanente que sufrieron sus dirigentes y la amenaza constante de desalojo. La necesidad llevó a estas familias a aguantar condiciones habitacionales precarias, también a la organización comunitaria para resistir: de la sobrevivencia individual a la solución solidaria; del sálvese quien pueda a la resistencia colectiva; del acceso a la vivienda a la construcción compleja de un barrio integrado en un área urbana degradada (Andrade Huaringa et al., 2023).

Las 11 hectáreas de terrenos fiscales, sobre las cuales se levanta el asentamiento están en el centro de un barrio popular de 50.000 habitantes al norte de Antofagasta, esta ciudad de casi 400 mil habitantes, una larga franja entre el Océano Pacífico y el Desierto de Atacama. Es una ciudad marcada por la economía extractivista (el cobre y el litio) y un gran flujo migratorio; 10% de la población de la ciudad ha tenido que optar por vivir en terrenos fiscales ocupados en el Pie de Cerro, en diferentes campamentos con un promedio de 75% de familias migrantes; entre ellos, Los Arenales.

El inicio de la ocupación de Los Arenales remonta a 2012 y se masificó a partir de 2015 por los muy altos costos del arriendo de viviendas en Antofagasta, que hacía la vida imposible, especialmente para las familias inmigrantes. Las mejoras empezaron en 2017 con la construcción de once sedes sociales equipadas. Siguieron con servicios de guardería y escuelas de autoformación; la construcción del alcantarillado y la conexión a la red de Aguas de Antofagasta; una negociación directa con la empresa de electricidad se tradujo en medidores en todas las casas y con iluminación en pasajes y calles.

La mitigación de riesgos en Los Arenales se traduce en el control del deslizamiento de la arena debajo de las construcciones livianas, con la siembra de plantas grasas estabilizando el suelo movedizo; y los vertederos se transformaron en jardines, parques y huertos comunitarios.

Desde 2017, el enfoque del derecho a la ciudad ha permitido empoderar la capacidad autogestionaria para salir de la amenaza de desalojo y formular las bases del proceso de Radicación enfocado en la lógica de ‘Haciendo Ciudad’.

La comunidad ha pasado de la lógica de la necesidad a la capacidad de propuestas con una imagen objetivo de un nuevo barrio, con distintas densidades en las soluciones habitacionales, con múltiples servicios públicos, con su enfoque de ciudad de los cuidados; también con una metodología de negociación e incidencia para que el Estado incluya a la comunidad en sus programas.

Como declara la comunidad, “Nos rebelamos contra la burocracia, nos organizamos, logramos ir sumando cohesión entre los comités y trabajamos en la formulación de nuestra Hoja de Ruta”. A finales de 2024, el MINVU licitó los estudios para el plan maestro y el proyecto urbano integral de Los Arenales. Estos planes urbanos están siendo desarrollados por una consultora, al tiempo que escribimos este artículo, con la participación de una mesa de trabajo con representantes de la comunidad. El poder de la organización comunitaria demuestra la factibilidad de revertir la condición de amenaza de desalojo hacia un proceso de integración social urbana.

6. Discusión y desafíos: fortaleciendo datos y estrategias de resistencia

Los desalojos forzosos no son un fenómeno nuevo. Sin embargo, en el contexto chileno, las condiciones políticas, urbanas y judiciales de los últimos años han abierto un nuevo frente de amenazas de una nueva complejidad para el país. En este artículo hemos compartido algunos de los antecedentes recopilados que demuestran de manera empírica la magnitud y características del fenómeno. Creemos que el trabajo sostenido, riguroso y colaborativo de monitoreo de las amenazas de desalojos es fundamental para avanzar en respuestas sistemáticas e inclusivas a este fenómeno.

A la luz de los datos aquí expuestos, consideramos prioritario abordar esta violación de derechos humanos como una cuestión de interés nacional, reconociendo la vulnerabilidad de las comunidades amenazadas que viven en campamentos por necesidad habitacional. En otras palabras, es fundamental debatir al respecto y comprender que los desalojos son parte de un proceso estructural de desplazamiento forzoso de la población, entrelazado con diversas capas de violencia y con implicancias profundas para la construcción de trayectorias de vida en constante incertidumbre e inseguridad.

Enfrentar el crecimiento de desalojos forzosos desde una perspectiva de derechos humanos requiere de la convergencia de diversas estrategias de resistencia. Aquí hemos expuesto dos mecanismos, el jurídico y el comunitario, que debieran ser entendidos como complementarios y mutuamente necesarios. Las estrategias judiciales – que en la práctica se han traducido en lograr extender plazos y ganar tiempo – sólo serán sustentables en el largo plazo si son acompañadas por la movilización social, la articulación comunitaria, y el avance de propuestas que puedan contrarrestar las amenazas de desalojo con alternativas de ciudad, como el caso descrito en Antofagasta. Asimismo, requieren de un enfoque colaborativo en que la sociedad en su conjunto se haga cargo de los conflictos por la tenencia del suelo, sin dejar que el peso de la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre los hombros de las comunidades organizadas y sus liderazgos. Tal como indica la evidencia internacional, los desalojos forzosos son una violación de los derechos humanos, y quienes atraviesan este tipo de experiencias quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad, incertidumbre e inseguridad, a menudo en condiciones de movilidad constante. En suma, los desalojos forzosos, aun cuando sean sólo en forma de amenazas, contribuyen a la reproducción y profundización de la desigualdad social y la crisis habitacional.

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[1] Más información en https://hlrn.org/welcome_violation.php.

[2] Más información en https://www.campanhadespejozero.org/.

[3] Datos del CENSO 2024, Chile, disponible en www.ine.cl.

[4] MINVU (2022) Catastro Campamentos 2022, p. 32, señala que, a la pregunta, “en comparación con la situación habitacional anterior de la jefatura de hogar, ¿considera que la calidad de vida, acceso a servicios públicos de su hogar actual ha mejorado, está igual o ha empeorado?”, el “78% de los hogares en campamentos, declara que su calidad de vida ha mejorado”.

[5] En términos jurídicos, un caso de precario es una situación civil, una posesión sin título válido, tolerada o ignorada por el dueño; mientras que la usurpación es un asunto penal, una ocupación ilegítima, generalmente con violencia o clandestinidad.

[6] “Por la razón o la fuerza” es el eslogan del escudo nacional chileno.

[7] Un resumen de estos encuentros está disponible en: https://ddhhydesalojos.cl/historia/

[8] Se trata de una red constituida por personas, convocadas por cinco instituciones: Corporación SUR; el Observatorio de Participación Social y Territorio UPLA; la Premio Nacional de Derechos Humanos 2022; el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED); y Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN).

[9] Proyecto FONDECYT Regular Nº1241518

[10] En Chile, los principales instrumentos de medición de asentamientos precarios son el Catastro de Campamentos del MINVU y el Catastro de TECHO-Chile. El primero es el Catastro Nacional MINVU 1996, con el objetivo de mapear periódicamente asentamientos precarios y orientar la política habitacional. Por su lado, TECHO documentó la emergencia de estos asentamientos, con su primer levantamiento en 2001-2002 y posteriores actualizaciones regulares cada dos o tres años.

[11] El desalojo de 300 familias en el campamento Frei-Bonn de la ciudad de Calama, región de Antofagasta, el 30 de julio de 2019, es una referencia para analizar el inicio de esta tendencia de desalojos forzosos en Chile.

[12] Las Delegaciones Presidenciales en Chile son la representación del Ministerio del Interior en cada una de las 16 regiones y en cada una de las 56 provincias.

[13] Desde el año 2000, el cargo de Relator Especial para el Derecho a una Vivienda Adecuada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sido desempañado por: Miloon Kothari (2000 a 2008); Raquel Rolnik (2008 2014); Leilani Farha (2014 a 2020); y Balakrishnan Rajagopal (2020-2026). Para más información, ver ONU-OACDH (n/d).

[14] Sentencia emanada de la Tercera Sala de la Corte Suprema, en ausencia de su presidente, Sergio Muñoz, con una reconocida trayectoria de defensa de DDHH; la sentencia es firmada por el ministro Jean-Pierre Matus, con trayectoria cuestionada; ambos ministros interpelados desde el Parlamento, con inhabilitación de Múñoz y reinserción de Matus.

[15] Caso Toma El Edén de Lajarilla, Reñaca Alta, Viña del Mar, en terreno de propiedad de José Massú Márquez. Como en la mayoría de las tomas de terrenos de propiedad privada, se evidencian procesos de ocupación a la vista y paciencia de los propietarios; en algunos casos, como éste, son tomas promovidas por los dueños en busca de un cambio de uso de suelo, expropiación o compraventa directa. Una nueva orden de desalojo tenía plazo al 22 de febrero de 2025

[16] Concepto acuñado a loteos brujos, que no cumplen la norma de urbanización y de construcción, y son habitados por familias no vulnerables.

[17] Hasta noviembre de 2022, los recursos de protección interpuestos por propietarios víctimas de tomas de su propiedad ante tribunales de apelación no habían logrado respuesta. Esto debido principalmente a un vacío legal por el cual la usurpación de inmuebles debía denunciarse inmediatamente; la flagrancia era de 12 horas.

[18] Observación General N°7 (1994) del CDESC, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

[19] Artículo 19, 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

[20] El debate de la ley para regular los delitos de ocupación ilegal de inmuebles – conocida entre las organizaciones sociales como la “maldita ley anti-tomas” – se alargó sobre cuatro años; la iniciativa de ley estaba centrada en el control de las demandas de recuperación de suelo en Araucanía por el conflicto bélico de la Macrozona Sur (desde 2017). A partir de 2021, distintas organizaciones de pobladores hicieron ver el tenor de la ley en debate aplicaba también a demandas habitacionales urbanas. La Ley N°21.633 fue aprobada y publicada en noviembre de 2023.

[21] Este proyecto de ley se ha promovido bajo el nombre Invasão Zero (‘Cero Invasión’), con referencia directa a la coalición y campaña contra los desalojos forzosos, lanzada en el contexto de COVID-19, Despejo Zero (Cero Desalojo). Más información:https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/pedro-venceslau/politica/mst-reage-ao-projeto-aprovado-na-camara-que-penaliza-invasores-de-terra/

[22] Más información en: https://ddhhydesalojos.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/02/no-al-desalojo-en-frei-bonn_vers3.pdf

[23] Para más información, ver la Acción Urgente de Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN), “Repudio al desalojo de 200 familias en Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile CHI-FEDN-17052024. Exigir reparación para las familias de la Toma 17 de Mayo, que quedaron en la calle, responder a las demandas de solución definitiva y llegar a que Chile tenga protocolo de desalojo”, en https://hlrn.org/img/cases/CHI-FEDN_17052024.pdf

[24] A la fecha de entrega de este artículo, agosto 2025, todo indica que el problema sigue vigente y que la amenaza se mantiene.