Luchas sociales urbanas por el acceso al hábitat en una ciudad intermedia de Argentina. La formación de un consenso represivo a las ocupaciones colectivas de tierras y viviendas en Tandil durante el siglo XXI

Urban social struggles for access to habitat in an intermediate city in Argentina. The formation of a repressive consensus on the collective occupations of land and housing in Tandil during the 21st century

Dana Valente Ezcurra

Centro de Estudios Sociales de América Latina, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CESAL FCH UNICEN) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

dvalente@fch.unicen.edu.ar

0000-0002-8597-5741

Recibido: 21-02-2025

Aceptado: 24-03-2025

Cómo citar:
Valente Ezcurra, Dana (2025). Luchas sociales urbanas por el acceso al hábitat en una ciudad intermedia de Argentina. La formación de un consenso represivo a las ocupaciones colectivas de tierras y viviendas en Tandil durante el siglo XXI. Hábitat y Sociedad, (18), 123-142. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2025.i18.06

1. Introducción

La desigualdad socioespacial constituye un rasgo característico de la urbanización capitalista, tal como lo demuestra el creciente desarrollo alcanzado por ciudades y áreas urbanas a nivel mundial. Esta dinámica global, también se expresa en América Latina, destacándose países como la Argentina, donde el proceso de urbanización crece sostenidamente desde mitad del siglo XX.

La desigualdad en las ciudades latinoamericanas resulta un correlato de la inequidad social (Torres, 2018, p. 415), encontrando en su economía política el fundamento de la urbanización de las desigualdades. Según Harvey (2012), esto se debe a que los procesos históricos de urbanización cumplen la función crucial de absorber excedentes de capital.

La consolidación de dinámicas extractivistas, de desposesión y saqueo de los bienes comunes, motivaron el crecimiento de los conflictos y luchas socioespaciales en distintas latitudes. Los problemas de acceso al hábitat urbano generaron demandas ciudadanas que motivaron el surgimiento de organizaciones y movimientos sociales con estrategias de lucha social urbana significativas para la consecución del Derecho a la Ciudad. Entre estas diversas formas de producción social del hábitat existe una modalidad particularmente identificable como experiencia de lucha social urbana por el acceso a (y la reapropiación de) la ciudad: las ocupaciones colectivas de tierras y viviendas.

Es de interés destacar este fenómeno, extendido en América Latina y relevante en tanto que, las políticas de hábitat, producción de suelo urbano y regularización dominial de las últimas décadas, poco han logrado en materia de reducir las brechas estructurales de desigualdad socioterritorial. En consonancia, a partir del estudio de caso sobre una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires (Argentina), esta investigación tiene por objetivo indagar en el desarrollo de relaciones de fuerza de experiencias de lucha social urbana protagonizadas por ocupaciones colectivas en Tandil durante el siglo XXI.

Con este fin, el artículo comienza con una aproximación histórica a las luchas sociales por el acceso al hábitat urbano, presentando aportes teóricos y antecedentes en el planteamiento del problema de investigación. Luego, se presenta el caso de Tandil y los principales rasgos de las experiencias de ocupación colectiva estudiadas. Después, se profundiza en el vínculo entre estas experiencias de lucha social urbana y el Estado, atendiendo a la construcción de un consenso represivo hacia las ocupaciones colectivas. Finalmente, las conclusiones reflexionan sobre el modo en que las luchas sociales urbanas contribuyen a la producción de ciudad, advirtiendo la selectividad de la política pública represiva a escala local y planteando nuevos interrogantes para los estudios de acceso al hábitat.

2. Aproximación histórica a las luchas sociales por el acceso al hábitat urbano

A lo largo del tiempo, las luchas sociales por el acceso al hábitat y la ciudad han sido impulsadas por distintos grupos y organizaciones sociales y políticas en diferentes latitudes. En consonancia, para estudiar sus formas de expresión resulta primordial situar el análisis de los procesos de lucha social en el marco de las relaciones que los constituyen, comprendiendo así el modo en que estos expresan el movimiento histórico de la lucha social y la lucha política (Marx, 1981). La potencia de los enfrentamientos radica en que permiten aproximarse a la dimensión cultural de las relaciones de dominación y a los procesos de lucha social que constituyen la experiencia de clase en un fenómeno histórico, que tiene tanto de condicionamiento como de agencia (Thompson, 2002). En tanto que las experiencias de lucha son una construcción histórica y socioterritorial, sus expresiones contienen una potencia creadora que se articula con el conjunto de formas de resistencia y agitación social presentes en los acervos culturales.

Autores como Gramsci (2010) han destacado la importancia de prestar atención a las relaciones de fuerzas de los grupos o alianzas sociales participantes en los enfrentamientos, siendo esta una manera de diferenciar entre movimientos orgánicos (relativamente permanentes) y movimientos de coyuntura (ocasionales o inmediatos) (Gramsci, 2010, p. 410). Asimismo, esto permite establecer el desarrollo de correlaciones de fuerza, aportando a comprender las formas de expresión cultural de las relaciones de dominación y resistencia al mostrar el vínculo entre hegemonía y lucha social. Dichas relaciones de fuerza se encuentran en movimiento permanente, vinculadas con el desarrollo de los procesos de lucha social y las estrategias desplegadas por sus protagonistas. De este modo, el análisis de las experiencias de lucha por el acceso al hábitat puede profundizarse mediante la distinción de diferentes coyunturas en las que se conforman alianzas o fuerzas sociales más amplias.

En América Latina la constitución de sujetos sociales colectivos emergió como resultado de procesos combinados de estructuración económica mundial, colonial capitalista y de diferenciación de clases subalternas, con rasgos de resistencia distintivos, como el enfrentamiento a las relaciones de dominación y la territorialidad. Esta dimensión analítica ha sido planteada para el estudio de los contra-espacios y espacios apropiados (Lefebvre, 2013) generados por movimientos sociales, puesto que su desarrollo permitiría comprenderlos a partir de la espacialización y la territorialización de los procesos de lucha social urbana, configurando movimientos socioespaciales y socioterritoriales (Fernandes, 2005).

En la Argentina, las disputas por el acceso a la tierra, la vivienda y el hábitat urbano permiten recuperar distintos antecedentes de experiencias y estrategias de producción social de ciudad. Con sus formas y medios específicos, las resistencias socioterritoriales forman parte de la experiencia de lucha de la clase obrera argentina. Una de sus expresiones más tempranas fue la “Huelga de Inquilinos” de 1907, que frente al aumento de los alquileres en piezas de conventillo suspendió el pago de la renta, realizando movilizaciones con escobas “para barrer a los caseros” en varias ciudades argentinas (cfr. Scobie, 1977, p. 201). Otro momento importante para estudiar las transformaciones en los procesos de lucha social urbana fue la década de 1980, debido a que la política de erradicación de villas impulsada por el gobierno militar dictatorial en la Ciudad de Buenos Aires repercutió en la conformación de organizaciones villeras, como una respuesta defensiva (Cravino, 2006). Además, surgieron las ocupaciones colectivas de tierras como una expresión característica de las desigualdades socioespaciales, comenzando con asentamientos en la zona sur del conurbano bonaerense (Stratta, 2011; Vommaro, 2014). Algunas de estas organizaciones urbanas resisten actualmente, siendo un ejemplo destacado el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), que se consolidó durante la década de 1990 con articulación sindical nacional en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) (Rodríguez, 2005) y, a escala latinoamericana, en la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SELVIHP) (Barín et al., 2021).

Las ocupaciones colectivas de tierras y viviendas comenzaron a extenderse como una práctica de lucha socioterritorial para la recomposición de las condiciones materiales mínimas de existencia de las clases desplazadas de la ciudad. Se trata de una estrategia de producción social de ciudad situada al margen del régimen legal vigente (incluso cuando no lo impugna), siendo acusada de “ilegalidad” por poner en cuestión la propiedad privada, piedra angular del sistema capitalista que asegura la apropiación diferencial de la renta y de la plusvalía. En este sentido, las luchas sociales por el acceso al hábitat pueden entenderse como parte de una disputa con el mercado por la reapropiación de la ciudad, colocando en el centro del debate la cuestión del uso del espacio urbano. En tanto objeto de conocimiento, fueron estudiadas desde diferentes perspectivas. Algunas pusieron el foco en su vinculación con el desarrollo de las relaciones sociales de producción, interpretándolas como expresión de resistencia a las leyes del capital (cfr. Iñigo Carrera y Podestá, 1988, p. 37) y, como manifestaciones de la producción del espacio urbano capitalista cuando no están plenamente garantizados por el Estado los derechos sociales de un hábitat digno (cfr. Barreto et al., 2018, p. 261). Otras explicaciones se centraron en los procesos organizativos de producción del hábitat y la ciudad generados por la rebelión frente a la exclusión, ya sea como estrategias de construcción social de hábitat y de integración urbana (cfr. Stratta, 2011, p. 49) o, como un proceso de subjetivación ciudadana colectiva cuyos protagonistas son productores de ciudad que se sublevan y reclaman el derecho a la ciudad inclusiva (cfr. Scargiali et al., 2015, p. 7).

Estas experiencias de organización y lucha por el acceso a la tierra, la vivienda y la ciudad han sido destacadas como un modo de territorialización política colectiva que (re)configura y (re)apropia la ciudad de forma alternativa (Brandán Zehnder et al., 2013, p. 78-79). Desde esta perspectiva, es la colectivización de la resolución de problemáticas urbanas la que contiene un germen de autoorganización comunitaria que es parte activa del cumplimiento de derechos y de la generación de condiciones de vida digna (cfr. Rodríguez Alagastino y Delfino, 2023, p. 149). La siguiente sección profundiza sobre el tema analizando las experiencias de ocupación colectiva desarrolladas en la ciudad de Tandil durante el siglo XXI.

3. Las ocupaciones colectivas de tierras en Tandil (Buenos Aires, Argentina) ¿Una estrategia de acceso al hábitat urbano y producción social de ciudad en disputa?

Para profundizar en el estudio de caso hay que considerar que la ciudad de Tandil es una aglomeración de tamaño intermedio, emplazada sobre las Sierras de Tandilia, en la región centro sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina)[1].

Si bien durante el siglo XX experimentó un crecimiento industrial y urbano sostenido, las políticas neoliberales de la década de 1990, seguidas por la crisis de 2001 y el abandono de la convertibilidad económica en 2002, generaron transformaciones estructurales. Cayeron las ramas de la industria metalmecánica y crecieron los servicios, la industria manufacturera, el sector inmobiliario, transporte y hotelería, también el software y los servicios informáticos. Esto generó una reestructuración urbana, con polarización entre las áreas norte y sur de la ciudad, donde el precio del suelo se incrementó de manera diferencial producto de inversiones del capital inmobiliario. Además, aumentó la segregación socioespacial de la población en los márgenes urbanos de las periferias oeste, norte y este de la ciudad (Migueltorena, 2019).

En Tandil, el siglo XXI comenzó con una reestructuración económica, social y urbana que implicó el agravamiento de las desigualdades en materia de acceso a tierra, vivienda y ciudad. En el período 2001-2022, esto se verificó en el déficit habitacional, persistente a pesar de que el incremento absoluto en la cantidad de viviendas superó al aumento poblacional (con valores de +97,5 y +33,8 puntos porcentuales, respectivamente). También se plasmó en la modificación de las relaciones de tenencia de vivienda, que en el mismo lapso mostraron un descenso de población propietaria de -15 y un crecimiento de población inquilina de +14,3 puntos porcentuales (INDEC, 2001; 2022).

El acceso al hábitat urbano se instaló como un problema crítico en la agenda pública tandilense, para el cual las políticas de vivienda social resultaron insuficientes. En este contexto, un rasgo distintivo del siglo XXI en materia de conflictividad social urbana fue la emergencia de un nuevo tipo de expresión en las estrategias de lucha por el acceso al hábitat: las organizaciones surgidas de experiencias de ocupación colectiva (Valente Ezcurra, 2022). No obstante, hubo otras organizaciones sociales urbanas que protagonizaron luchas por el acceso al hábitat y la ciudad: algunas de origen sindical y mutual, espacios de participación comunitaria, asociaciones civiles y, también, cooperativas abocadas especialmente a la producción social del hábitat (Valente Ezcurra, 2024a).

Para estudiar estas formas de confrontación social, desarrolladas en ámbitos urbanos con el objetivo de garantizar un territorio que provea condiciones de vida digna, se profundizó la indagación sobre las experiencias de ocupación colectiva, analizándolas como una forma de acceso al hábitat y una estrategia de producción social de la ciudad. A continuación, se presentan la metodología y los resultados de investigación.

3.1. La construcción de una estrategia metodológica para el estudio luchas sociales urbanas por el acceso al hábitat y la ciudad

Si bien la complejidad social contiene particularidades, existen también elementos comunes y relaciones sociales que son transversales e históricamente compartidas. En consonancia, con el objetivo de comprender los procesos de acceso al hábitat y la ciudad desde la articulación de sus diferentes dimensiones constitutivas, se buscó conocer cuáles fueron las transformaciones acontecidas en Tandil durante el siglo XXI.

Este enfoque histórico y socio-territorial entiende la ciudad como parte de un proceso multiescalar más amplio, donde se ponen en pugna diferentes proyectos y fuerzas sociales, conformando relaciones de fuerza (socioespaciales/ socioterritoriales) que pueden verse expresadas tanto en los contra-espacios, como en los movimientos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Asimismo, en el caso de Tandil, la permanencia de una misma alianza social al frente del poder político local por más de dos décadas[2] constituyó una particularidad en términos de gestión del Estado (y de modelo de ciudad), habilitando la reflexión procesual sobre las políticas públicas de acceso al hábitat urbano.

El abordaje metodológico de la investigación fue cualitativo, de base multi-estratégica (Piovani, 2006). Esto posibilitó la articulación de diferentes técnicas, como análisis documental, entrevistas y observación participante. Se emplearon distintas fuentes de información: estadísticas, orales, registros de campo y fuentes periodísticas. A su vez, la identificación del conjunto de experiencias de organización y lucha socioterritorial se logró mediante el relevamiento exhaustivo de información publicada en noticias correspondientes al período, analizando cinco medios de prensa de la ciudad (El Eco de Tandil, Tandil Diario, La Voz de Tandil, Nueva Era y El Diario de Tandil). De este modo, se identificó un conjunto de experiencias de organización popular por el acceso al hábitat urbano en la ciudad, protagonistas de estrategias de participación comunitaria, cooperativas, organizaciones sociales urbanas y, ocupaciones colectivas. En total, entre 2001 – 2021 fueron analizadas 43 experiencias, de las cuales 17 fueron de ocupación colectiva[3].

La reconstrucción de las luchas sociales urbanas desarrolladas por las experiencias de ocupación colectiva de tierras y viviendas implicó comprenderlas como una estrategia de lucha territorializada, en tanto que la ocupación colectiva inicial, además de una forma de lucha en sí misma, fue condición de posibilidad para el desarrollo de la experiencia. En concordancia con los planteos teóricos, esta forma de acción implica una reapropiación del espacio urbano y la construcción de un contra-espacio mediante la acción colectiva directa, sostenida por los cuerpos de quienes se asientan en un determinado territorio. La disposición a confrontar la propiedad privada la distingue de otras formas de lucha por el acceso al hábitat urbano que fueron investigadas como parte de las estrategias de resistencia frente al avance de la desterritorialización y la mercantilización de la ciudad. Precisamente, eso la presentó como una amenaza al orden social capitalista, motivando la criminalización de estas formas de resistencia social por parte del Estado, incluso cuando hubo orientaciones familiares y vecinales barriales, tendientes a la negociación e institucionalización de demandas para el acceso a derechos. Sobre estas características profundizó la investigación, logrando reconstruir los rasgos principales de organización y lucha, así como las relaciones de fuerzas políticas, aspectos que son presentados en los siguientes apartados.

3.2. Experiencias de lucha social urbana protagonizadas por ocupaciones colectivas de tierras y viviendas en la ciudad de Tandil entre 2001 y 2021

Al momento de caracterizar quienes fueron los sujetos protagonistas de las ocupaciones colectivas se destacó la participación de grupos sociales afectados por procesos de expulsión social y espacial. Sus condiciones de vida y existencia estaban precarizadas, siendo fracciones pauperizadas de la clase obrera, población desocupada y, en situación de emergencia habitacional por imposibilidad de pagar un alquiler, habitando en condiciones de hacinamiento o, incluso, viviendo en la calle. Además, en términos de género, hubo una composición feminizada, con presencia significativa de mujeres jefas de hogar y, en algunos casos, víctimas de violencia de género. Asimismo, se registraron protagonistas de todos los grupos etarios, siendo importante la presencia de infantes y jóvenes.

En busca de analizar el perfil histórico socioterritorial de las experiencias de ocupación colectiva de tierras y viviendas, se consideraron cuatro dimensiones: temporalidad, espacialidad, modo de organización y, hechos de lucha social urbana (Cuadro 1).

Como se puede observar, la temporalidad de las experiencias muestra un notable crecimiento de la conflictividad social urbana durante la segunda década del siglo XXI, destacándose el período 2009-2015 por una mayor contenciosidad socioterritorial, reuniendo 8 de las 17 experiencias de ocupación colectiva estudiadas. Si bien hubo una experiencia surgida a comienzos del 2000 y dos que se remontan al año 2009, la mayor parte se desarrollaron después, coincidiendo con los bienios 2014-2015 y 2017-2018. Estas coyunturas críticas estuvieron vinculadas con crisis económicas nacionales e internacionales y períodos de elecciones de representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. A su vez, la duración temporal de las mismas fue variando, principalmente, en función de la respuesta del sistema institucional. Los desalojos comenzaron en el año 2014, generalizándose a partir del 2015. Sin embargo, las ocupaciones colectivas no disminuyeron. Entre 2016 y 2021 se desarrollaron 8 experiencias, pero, sólo 2 lograron permanecer (La Movediza II y Villa del Parque). De este modo, entre 2001 y 2021, fueron desalojadas y desterritorializadas, total o parcialmente, 10 experiencias de ocupación colectiva —indicadas en el cuadro con dos asteriscos—, mientras que, otras 7 perduran y se consolidan actualmente como barrios populares —señaladas con un asterisco y en color amarillo en el mapa (Figura 1).

En cuanto a su espacialidad, 15 de los territorios ocupados se localizaron en el arco Oeste - Norte - Noreste de la ciudad, concentrándose 9 experiencias en el barrio La Movediza. La mayoría, fueron zonas urbanas en consolidación, barrios alejados del centro, poco valorizados por el capital inmobiliario; a excepción de las 2 experiencias que se ubicaron en la zona sur de la ciudad (Villa del Lago y Villa del Parque/ Las Tunitas). La localización geográfica de los territorios ocupados también implicó una lectura de la coyuntura socioespacial urbana y una experiencia habitada de la ciudad. En este sentido, la orientación política de todas las experiencias estuvo enmarcada en procesos de disputa por el uso, la tenencia, asignación o regularización dominial de terrenos (públicos y privados).

El modo de organización pudo ser establecido para 15 experiencias, predominando formas de base familiar y vecinales barriales en 10 de ellas. En las 5 experiencias restantes se registraron formas de organización asamblearias, con división de tareas y responsabilidades. Varias experiencias lograron construir articulaciones con organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos, registrándose en 10 ocupaciones colectivas. Entre las intervenciones de apoyo, contaron: la Mesa barrial de Villa Aguirre, el Partido Socialista, el Movimiento Evita, la Agrupación Mujeres sin Techo, el Movimiento Patria Grande, la Asamblea de Tierra y Vivienda, el Movimiento 1° de Octubre José María Bulnes, la Agrupación Cacique Yanquetruz, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Argentina para Todos y, la Mesa barrial de Villa Gaucho.

Todas las experiencias desarrollaron acciones colectivas de lucha social urbana. Los hechos de lucha social urbana fueron diversos y comprendieron diferentes medios, en ocasiones combinados entre sí, tales como: asambleas, declaraciones o conferencias de prensa, caravanas barriales, entrega de petitorios, protestas en actos y sesiones del Consejo Deliberante, pedidos de reunión con funcionarios públicos, presentación de Proyectos de Ordenanza en Banca XXI del Honorable Consejo Deliberante (HCD), entre otros. Asociadamente, si se observa el proceso de espacialización/ territorialización de las acciones de lucha se advierte que, además de las ocupaciones colectivas, se desplegaron expresiones de lucha tradicionales, como las movilizaciones. Pero, también, otras formas de confrontación donde la territorialización ocupó un papel clave, como cortes de calle, acampes, ocupaciones de edificios de instituciones públicas y resistencias a desalojos. En total, se identificaron 48 hechos de lucha social urbana, destacando por su cantidad: 19 movilizaciones, 17 ocupaciones colectivas de tierras y/o viviendas, 4 manifestaciones, 2 cortes de calle, 2 resistencias a desalojos y, con 1 sola acción, otras expresiones como acampe, huelga de hambre, concentración y ocupación de edificios públicos.

Algunas experiencias de ocupación colectiva orientaron su lucha a la canalización institucional de demandas y a la negociación con funcionarios, mientras que otras se volcaron hacia la confrontación pública, empleando la acción directa como método para lograr acceder al hábitat y reapropiarse la ciudad. De este modo, la investigación permitió constatar que fueron 6 las experiencias que, además de la ocupación colectiva, desplegaron otras formas de lucha, articuladas en función de la coyuntura (Plan Federal, Smata, Plan Federal II, Villa Cordobita, Cerro Granito y Cerro La Movediza). Así lo planteaba uno de los entrevistados:

[…] las órbitas se iban definiendo según la coyuntura, por ahí lo primero fue el territorio de la toma de la vivienda y después se pasó a una instancia, ya cuando el Municipio no daba respuesta, se pasó a una instancia... a un territorio nacional (…) así que una estrategia o una táctica a corto plazo, en el marco de una lucha más general, pero sí, siempre las órbitas se iban definiendo, y la amenaza siempre estaba de corte de ruta o de corte de la avenida. (Entrevista a referente de la Comisión de Toma y Posesión de Plan Federal de La Movediza, 2019).

La visibilización del conjunto de hechos de lucha impulsados por las experiencias de ocupación colectiva permitió dimensionar mejor la importancia de la conflictividad urbana durante el período estudiado, trazando una cartografía de las luchas sociales urbanas protagonizadas por las experiencias de ocupación colectiva. En ella se destacaron puntos importantes de la ciudad: el Municipio, el Juzgado, el Anfiteatro, el Calvario, el Club Independiente e, incluso, de localidades cercanas como la ciudad de azul, donde se movilizó durante el juicio referentes de la ocupación de Villa Cordobita (Valente Ezcurra, 2024b, p. 221). De este modo, se constató que los hechos de lucha social urbana se originaron en las periferias y se proyectaron hacia el centro para visibilizar demandas, poniendo en disputa la ciudad misma. No obstante, no siempre lograron construir las relaciones de fuerza políticas necesarias para obtener respuestas favorables, siendo progresivamente deslegitimadas y criminalizadas desde el Estado. Sobre los efectos generados por la hegemonía del modelo de ciudad mercancía en la conformación de un consenso represivo hacia las ocupaciones colectivas de tierras y viviendas, profundiza el siguiente apartado.

4. Construcción de un consenso represivo de las luchas sociales urbanas con ocupación colectiva de tierras y viviendas en Tandil

La intervención del Estado en los conflictos urbanos adquirió características específicas en relación a las distintas experiencias de producción social del hábitat. En este sentido, la problemática del acceso al hábitat fue segmentada por las políticas públicas, diferenciando la respuesta estatal a las demandas de la sociedad civil. Para ello, se estableció cierta población beneficiaria (organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas y organizaciones no gubernamentales), que reunía los requisitos para acceder al derecho a la ciudad, así como al conjunto de derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

Además, la existencia de mecanismos de selectividad contribuyó a dicha segmentación mediante la distinción de las condiciones socioeconómicas de la población que solicitaba atención estatal y, por la burocratización de la misma, que estipulaba la inscripción previa (de modalidad virtual) en el Registro de Demanda Única Habitacional del Municipio de Tandil. Por ejemplo, para participar de los sorteos de vivienda social, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio exigía a la población: “…demostrar determinado nivel de ingresos en el grupo familiar (…) [y] justificar alguna capacidad de ahorro” (La Voz de Tandil, 23 de noviembre de 2010). También, requería que: “…el grupo familiar no superara las cuatro personas (…) [excluyendo a] quienes formaban parte del conflicto por la ocupación de viviendas” (El Eco de Tandil [edición impresa], 24 de noviembre de 2010, p. 1-3). Así, las intervenciones estatales en conflictos por acceso al hábitat urbano fueron consolidando una tendencia a la judicialización de ocupantes, a quienes, una vez denunciados por usurpación, se les impedía participar en sorteos para adjudicación de viviendas sociales, entre otras cosas.

Cabe preguntarse por qué, al momento de demandar por el desarrollo de políticas de acceso al hábitat, ante estos procesos de conflictividad urbana subyace en la opinión pública el imaginario de un Estado “ausente”. Concretamente, la acción estatal se verificó tanto por omisiones, como por acciones de criminalización de la protesta social y de represión de ocupaciones colectivas. La ambivalencia de las omisiones sobre los procesos de apropiación territorial resulta paradigmática, ya que sobre las formas privatistas de apropiación de la ciudad el Estado no intervino activamente, sin limitar construcciones en las sierras, ni “ocupaciones VIP”. En cambio, se construyó una amplia gama de políticas y herramientas de actuación sobre otras formas, consideradas como delictivas; equiparando a las ocupaciones colectivas protagonizadas por población precarizada y excluida con el delito de usurpación.

Estas experiencias de producción social del hábitat que se clasificaron como delitos muestran la consolidación de mecanismos punitivos en la intervención estatal. Sirven de ejemplo, las “listas negras” de ocupantes, los comunicados y proyectos de ordenanza en repudio a las ocupaciones, los dispositivos de intervención en desalojos y, hasta las medidas de abrigo para sacar infantes de las ocupaciones. En consonancia, puede plantearse que la diferencialidad de la acción estatal expresa el proyecto societal de la alianza gobernante, a la vez que da cuenta de un momento en la correlación de fuerzas políticas: la conformación de un consenso represivo sobre las experiencias de lucha social urbana con ocupación colectiva de tierras y/o viviendas en la ciudad de Tandil.

La existencia de un “doble estándar” en el abordaje institucional de las ocupaciones fue cuestionado en diferentes ocasiones. Así lo denunció una militante del Movimiento 1° de Octubre, que en declaraciones de prensa cuestionó la discrecionalidad de la gestión municipal:

[…] que sistemáticamente ha permitido la toma de terrenos con situación nominal irregular —y por lo tanto en custodia del Estado— en la sierras a través de la ausencia de control, y la regularización posterior con multas, como las construcciones en Villa del Lago, así como el cambio de uso de suelo —de rural o complementario a urbanizable— de los terrenos de dominio privado con excepciones y convenios (…) paso de terrenos usados con fines rurales por algunos pobladores, a la usucapión de 10 hectáreas, loteo y construcción de un country. ¿Qué hizo el Gobierno ante esto? (Nueva Era, 16 de septiembre de 2015).

Lo mismo hicieron desde la Defensoría Oficial, entidad que patrocinó a ocupantes denunciados advirtiendo que: “...persiste un doble estándar para medir las situaciones de esta naturaleza (...) tienen diferentes acepciones según quiénes las ejecuten. En algunos casos se habla de usucapión (...) Pero en otros casos, pesa el estigma y se habla directamente de usurpación” (El Eco de Tandil, 27 de septiembre de 2020).

En síntesis, las formas de intervención del Estado Municipal se caracterizaron por la discriminación de la población ocupante, el control sobre las infancias, la criminalización de las experiencias de lucha social urbana protagonizadas por ocupaciones colectivas y, también, de las organizaciones políticas que las apoyasen. En este sentido, se identificó a quienes formaron parte de experiencias de ocupación colectiva, excluyéndoles de acceder a políticas públicas, servicios y prestaciones sociales. Las denuncias públicas evidenciaron violencia institucional y prácticas ajenas a garantizar el acceso a derechos de grupos vulnerables:

[…] nosotros estábamos yendo a retirar garrafas, mercadería, leche y ahora (…) nos niegan todo por el solo hecho de que somos usurpadores. Yo me pregunto: ¿un usurpador no es una persona, no tiene criaturas para que pueda tener un paquete de fideos, una leche? (El Eco de Tandil, 30 de julio de 2013).

Tanto las infancias como sus cuidados estuvieron especialmente en el foco del control social, generando temor entre las familias ocupantes, a quienes se denunció en la Justicia y en el Servicio local de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En relación al tema, la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio anunció que: “...si alguno de los niños llega a entrar en algún tipo de riesgo (...) por no deponer su actitud (...) tomaré otra medida de abrigo y me llevaré a los niños” (El Eco de Tandil, 6 de julio de 2019).

La criminalización se orientó a estigmatizar a quienes formaron parte de experiencias de ocupación colectiva, sosteniendo que cometían actos delictivos y buscaban imponerse con métodos violentos, perturbadores de la paz social. Este mensaje fue instalado por declaraciones de prensa vertidas por funcionarios del gobierno municipal, dirigidas a formar opinión pública. Pero, también, a partir de mecanismos de institucionalización de conflictos por la vía judicial (empleados en 14 experiencias de ocupación colectiva), frecuentemente acompañados por la intervención del Ejecutivo Municipal y, en ocasiones, por el Legislativo (en 9 y 7 experiencias respectivamente).

El consenso represivo sobre las luchas sociales urbanas protagonizadas por ocupaciones colectivas se conformó a partir del año 2015, cuando los cuatro bloques políticos del HCD del Municipio de Tandil dieron apoyo unánime al desalojo. Mediante comunicados y ordenanzas, expresaron: “...el total y absoluto rechazo y repudio a toda ocupación de lotes en forma planificada y organizada”; reafirmando que “...el estricto cumplimiento de la ley es la única vía para acceder a los derechos garantizados por nuestra Constitución y toda la legislación vigente”; y, respaldando “...todas las medidas del poder judicial tendientes a garantizar el orden y la paz social” (El Diario de Tandil, 13 de septiembre de 2015). En este sentido: “...por primera vez el bloque político Unificado manifestó el total y absoluto rechazo y repudio a toda ocupación de lotes en forma planificada y organizada e instan a la desocupación” (Nueva Era, 14 de septiembre de 2015). Este consenso represivo habilitó la consolidación de los desalojos como una política de Estado, posicionamiento que mantuvo unanimidad hasta el final del período estudiado.

Además, la represión avanzó por medio de la criminalización de vocerías y de referentes políticos de las experiencias de lucha social urbana con ocupación colectiva de tierras y/o viviendas. Durante la experiencia de Cerro Granito (2015), el intendente y su gabinete presentaron una denuncia judicial: “...por la comisión de delitos que atentan contra el orden público (...) bajo la consigna de la lucha social por lo que hoy se llama “generación de suelo urbano” (Nueva Era, 16 de septiembre de 2015). Este proceso judicial alcanzó a 11 integrantes del Movimiento 1° de Octubre que enfrentaron acusaciones varias: “...usurpación, daños calificados, resistencia a la autoridad, perturbación del acto legítimo e instigación a cometer delitos” (El Eco de Tandil, 9 de febrero de 2019). La acusación pidió prisión de cumplimiento efectivo sosteniendo que: “…bajo el ropaje de la protesta social se cometieron delitos” (El Eco de Tandil, 16 de febrero de 2019). Contrariamente, el abogado defensor planteó que la protesta social constituía un “derecho supremo del ser humano”: “…es la resistencia social (...) la forma de protestar de los que están fuera del sistema, lo que se considera extra poder” (El Eco de Tandil, 16 de febrero de 2019). El veredicto del magistrado fue un fallo condenatorio, con una pena de 2 años y 10 días, en suspenso. Es decir, sin cumplimiento efectivo, aunque aclarando que: “…para no ir a la cárcel no tendrá que cometer nuevo delito” (El Diario de Tandil, 25 de febrero de 2019).

El juicio no tuvo el efecto ejemplificador sobre esta estrategia de lucha social urbana pretendido por la alianza social dominante, ya que las ocupaciones continuaron sucediéndose a pesar del posicionamiento del Estado Municipal. Sin embargo, uno de sus resultados más notorios fue la desarticulación política de las organizaciones de ocupantes, que tendieron a alejarse de la confrontación pública y de la base asamblearia, orientándose hacia modos de participación familiares y vecinales barriales. Esto también se expresó en menores posibilidades de obtener apoyos y alianzas con movimientos y partidos políticos, al menos en la arena pública. Correlación de fuerzas mediante, el impulso a la criminalización de la protesta social sentó las bases para la construcción de un sentido común estigmatizador de las ocupaciones colectivas, contribuyendo al sostenimiento del consenso represivo hacia esta estrategia de producción social del hábitat y reapropiación de la ciudad, lo que consagró la hegemonía de la ciudad mercancía y los desalojos como política de Estado.

5. Conclusiones

La desigualdad socioespacial constituye actualmente uno de los ejes de la conflictividad urbana que más se profundizaron como resultado de las políticas neoliberales que delegan la producción de ciudad al mercado. En este sentido, este artículo se propuso contribuir al estudio de las formas de resistencia en la sociedad contemporánea, haciendo foco en las acciones de lucha social urbana que tienen como objetivo el acceso al hábitat y la ciudad.

Considerando la importancia de los conflictos urbanos, así como también, la capacidad instituyente de las organizaciones y movimientos sociales, se realizó una reconstrucción histórica de las luchas sociales urbanas y de las estrategias de quienes impulsaban demandas por hábitat digno y Derecho a la Ciudad. Especialmente, se profundizó en las formas de lucha y organización de las experiencias de ocupación colectiva, problematizando los vínculos con el Estado y con el sistema institucional. Los datos construidos permitieron conocer los rasgos espaciotemporales, las formas de organización y los hechos de lucha de un tipo particular de estrategia por el acceso al hábitat urbano: las ocupaciones colectivas de tierras y/o viviendas. En este sentido, los resultados aportaron a conocer el perfil histórico y socioterritorial de las 17 experiencias de ocupación colectiva identificadas en Tandil entre 2001 y 2021.

En un contexto signado por los espacios diferenciales, las experiencias de ocupación colectiva amplificaron las tensiones socioterritoriales presentes en la producción y apropiación de la ciudad. Los territorios ocupados se encontraban en disputa, eran considerados de propiedad difusa o en litigio de regularización dominial. De este modo, la elección del territorio objeto de la ocupación colectiva fue resultado tanto de una interpretación de la coyuntura, como de la construcción de relaciones de fuerzas políticas. Al mismo tiempo, los medios de lucha social urbana desplegados por estas experiencias fueron capaces de articular con el conjunto de formas de resistencia y agitación social que integran el acervo de experiencias de clase (con expresiones múltiples, tales como acciones de ocupación colectiva de tierras y/o viviendas, manifestaciones, cortes de calle, resistencias a desalojos, acampes, huelgas de hambre, concentración y ocupación de edificios públicos). Cabe destacar que estas experiencias han cuestionado el modelo hegemónico de ciudad, reivindicando el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat urbano a partir de la construcción de formas de organización basadas en la solidaridad y la autogestión, desafiando las lógicas individualistas impuestas por el mercado.

Asimismo, la localización de los hechos de lucha social urbana impulsados por las experiencias de ocupación colectiva mostró una proyección de las acciones desde los barrios periféricos hacia otros puntos importantes de la ciudad y de ciudades cercanas. De esta manera, los procesos de espacialización de estas experiencias de lucha social por el acceso al hábitat urbano evidenciaron el desarrollo de estrategias de organización socioespacial y de lucha política territorializada. Lo relevante fue que el desarrollo político de las ocupaciones colectivas encontró en la territorialización un medio y una condición fundamental para consolidarse. Por ello, se advierte que estas estrategias emergieron en base a la construcción de correlaciones de fuerzas, enfrentamientos, relaciones de solidaridad y antagonismos, que permitieron evidenciar la existencia de modelos de ciudad en disputa. En determinados momentos, alianzas y oposiciones a las experiencias de ocupación colectiva se tradujeron como diferentes relaciones de fuerza socioterritoriales y políticas, así como también, en intervenciones y omisiones estatales, cuyos rasgos fueron cambiando a lo largo del siglo XXI.

Atendiendo al desarrollo del proceso histórico y socioterritorial de acceso al hábitat urbano en Tandil, se pudieron observar diferentes momentos en la construcción de relaciones de fuerza. En el período 2001-2021 hubo momentos en los que las relaciones de fuerza construidas por las experiencias de lucha social urbana fueron favorables y permitieron su consolidación, con diversos grados y matices de regularización e integración, concretamente entre los años 2009 y 2014. Contrariamente, fue entre los años 2015 y 2021 cuando las intervenciones impulsadas por el Estado Municipal se orientaron principalmente a la judicialización del conflicto y el desalojo —voluntario, negociado o compulsivo— como política pública. Reflexionando sobre el proceso de criminalización de las experiencias de lucha social urbana protagonizadas por ocupaciones colectivas surgió el interrogante respecto a qué sucede cuando una fuerza gobernante logra construir un consenso público en torno a la coacción, como es el caso del consenso represivo hacia este tipo de luchas sociales urbanas y sus formas de producción social de ciudad. Ello se buscó estudiar al advertir la tendencia a la desterritorialización de grandes grupos de población trabajadora y excluida en la ciudad de Tandil, la cual fue reforzada por la consolidación de los desalojos como una política de Estado.

La estigmatización de la población ocupante se desarrolló, principalmente, desde el Estado Municipal, que progresivamente se orientó hacia la judicialización de los conflictos urbanos, avanzando en la conformación de un consenso represivo hacia las luchas sociales urbanas protagonizadas por ocupaciones colectivas de tierras. Este consenso represivo tuvo basamentos sociales y políticos que la alianza dominante supo construir e instalar tanto en la opinión pública como en la agenda institucional, operando a partir de la estigmatización, discriminación y judicialización. Además, se desarrollaron mecanismos punitivos y de disciplinamiento que fueron incorporados en las intervenciones institucionales estatales. En este sentido, la criminalización de las ocupaciones colectivas ha sido clave para legitimar el consenso represivo, ya que, a través de discursos mediáticos y acciones judiciales, negaba a la población ocupante su condición de sujetos de derechos. Dicho consenso, no solo justificó los desalojos, sino que también dificultó la articulación de alianzas sociales más amplias en defensa del derecho a la ciudad. Además, en muchos casos, implicó la desterreritorialización de las familias ocupantes, así como la prevalencia del derecho a la propiedad —y de la propiedad privada, incluso ociosa— por encima de la función social de la propiedad y de la garantía del derecho a la vivienda y la ciudad, tanto como al conjunto de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. De este modo, la tendencia en la intervención estatal fue la consolidación de un consenso represivo que criminalizó las ocupaciones colectivas desarrolladas por los grupos sociales desterritorializados, tipificándolas como un delito de usurpación y haciendo de los desalojos una política pública.

Entonces, ¿cómo fue que el gobierno local logró que este posicionamiento no fuese interpretado como un ejercicio coactivo del poder, obteniendo en cambio, el consenso del conjunto de las fuerzas políticas? Los datos construidos en esta investigación indicaron que la respuesta radica en que el consenso represivo a las ocupaciones colectivas se sostuvo a través de la institucionalización de mecanismos punitivos y de disciplinamiento social para la resolución de conflictos. Ejemplo de ello fue la construcción de “listas negras” de ocupantes a quienes se les negaba asistencia, las reiteradas ordenanzas de repudio aprobadas por unanimidad en el HCD o las denuncias impulsadas contra referentes de organizaciones sociales urbanas que apoyaban experiencias de ocupación colectiva. El modo de intervención del Estado fue variando a lo largo del proceso histórico socioterritorial en función de las estrategias de organización, las alianzas y relaciones de fuerza construidas por cada experiencia de ocupación colectiva. No obstante, esta pregunta abre la puerta a nuevas indagaciones que permitan explorar en profundidad los procesos de construcción de relaciones de fuerza sociales, espaciales y políticas por el acceso al hábitat urbano y la reapropiación de la ciudad.

En síntesis, la investigación permitió visibilizar cómo las luchas sociales urbanas contribuyen a la producción de ciudad, no solo a través de la territorialización producida por la ocupación física del espacio urbano, sino también, mediante la construcción de relaciones de fuerza socioterritoriales y políticas. La criminalización de estas prácticas plantea interrogantes sobre las posibilidades de ejercer el derecho a la ciudad en contextos de creciente desigualdad, como lo es el capitalismo actual. El caso de Tandil ilustra la necesidad de problematizar los procesos de acceso al hábitat urbano en aglomeraciones intermedias, puesto que a pesar de que casi la mitad de la población argentina habita en ciudades medias y pequeñas, es menor el desarrollo relativo de estos estudios. Asimismo, el proceso de transformación político cultural que se expresa en la progresiva formación a escala local de un consenso represivo en defensa de la propiedad privada ilimitada, contribuye a repensar las políticas urbanas desde una perspectiva integral de derechos, donde se priorice la función social del suelo y la participación ciudadana por sobre la vivienda mercancía. Es evidente que las experiencias de ocupación colectiva no son meras expresiones de la conflictividad, sino que representan estrategias legítimas de resistencia, construcción de ciudadanía y producción social de ciudad. En consonancia, su estudio no sólo aporta al debate académico sobre la producción social del hábitat, sino que también ofrece insumos para pensar la lucha política por la transformación urbana y para la comprensión de los modos en que se reproduce el desarrollo territorial desigual en la historia reciente argentina.

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