Exclusión laboral en asentamientos informales en España. Relevancia del permiso de trabajo y dependencias de la economía informal

Labor exclusion in informal settlements in Spain. Relevance of the work permit and informal economy dependencies

Gabriel López-Martínez

Universidad de Alicante

gabriel.lopez@ua.es

0000-0001-8258-7260

Diego-Pascual López-Carmona

Fundación Cepaim

diegolopez@cepaim.org,

0000-0003-3010-1534

Francisco Eduardo Haz-Gómez

Universidad de Santiago de Compostela

francisco.haz@usc.es

0000-0003-4400-3978

Recibido: 21-02-2025

Aceptado: 24-03-2025

Cómo citar:
López-Martínez, Gabriel, López-Carmona, Diego-Pascual y Haz-Gómez, Francisco Eduardo (2025). Exclusión laboral en asentamientos informales en España. Relevancia del permiso de trabajo y dependencias de la economía informal. Hábitat y Sociedad, (18), 325-347. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2025.i18.15

1. Introducción

En el contexto global contemporáneo, los flujos migratorios se presentan como un fenómeno multidimensional y heterogéneo donde encontramos movilidades motivadas por distintas necesidades y de diferente duración, así como perfiles diferenciados (De Coninck y Matthijs, 2020; Boccagni, 2023; Shizha y Makwarimba, 2023; Madhu y Uma, 2024). En esta complejidad, los migrantes económicos, que buscan mejorar su nivel de vida, conforman un grupo significativo (OECD, 2023), al tiempo que encontramos un número considerable de solicitantes de asilo provenientes de países en conflicto (Kosyakova y Kogan, 2022; Shelest-Szumilas y Wozniak, 2024). Muchas de estas personas terminan en situaciones de extrema vulnerabilidad al no integrarse en las estructuras formales del mercado laboral y social de los países receptores. En este contexto, los asentamientos informales, que en muchos casos surgen como soluciones temporales, se han cronificado, convirtiéndose en espacios de marginalización donde estas personas migrantes establecen su residencia. En su caso, quedan atrapadas en un estado de expulsión brutal (Sassen, 2015), invisibilizados por las políticas públicas y a riesgo de ser privados de derechos fundamentales, lo que cronifica su exclusión de la sociedad formal (Roulleau-Bergar, 2022).

Las condiciones de vida en estos asentamientos informales reflejan una precariedad extrema (Córdova et al., 2024). Estos espacios suelen estar desprovistos de accesos a agua potable, saneamiento adecuado y servicios básicos de electricidad, de modo que se sitúan al margen de la planificación urbana. Además, estas zonas son altamente insalubres, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de sus habitantes, quienes a menudo enfrentan problemas graves de salud derivados de las malas condiciones ambientales y la falta de acceso a servicios de atención primaria (Jiménez-Lasserrotte et al., 2023). En este contexto, las viviendas suelen estar hechas con materiales improvisados y no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad (Benedikt, 2024; Fravega, 2023), lo que configura una infraestructura que limita el bienestar y desarrollo de estas comunidades, perpetuando el ciclo de pobreza y exclusión social (Matulic Domandzič et al., 2021).

La supervivencia en estos asentamientos está estrechamente vinculada a actividades económicas informales. Las personas que habitan estos lugares suelen desempeñar trabajos precarios que escapan a la regulación oficial, como la recogida de chatarra, la venta ambulante o empleos temporales en la agricultura (Fundación ISEAK, 2023). Estas actividades no sólo reflejan la falta de acceso al mercado laboral formal, también se presentan como una respuesta a la exclusión estructural a la que se enfrentan. La economía informal se convierte de este modo en un medio de supervivencia para estas personas, en un contexto donde en ocasiones los requerimientos administrativos dificultan o hacen imposible la integración en el mercado laboral formal, al no poder completar aquellos que posibilitan mejorar sus condiciones socio-económicas, generando situaciones de precariedad y vulnerabilidad (Gadea et al., 2015; Briones Vozmediano y González-González, 2022; Torino, 2023).

En el caso de España, los migrantes en situación irregular (personas extracomunitarias en situación administrativa irregular) no pueden acceder directamente a un contrato de trabajo a no ser que dispongan de una autorización de trabajo y residencia, que obtienen a través del mecanismo del arraigo (social, laboral y/o familiar). Una vez recibidas estas autorizaciones, para residir y trabajar, se podrá acceder a un contrato de trabajo. En algunos casos, se otorgan permisos especiales para actividades específicas, como en el caso de los trabajadores temporales en el sector de la agricultura o la construcción, donde existe una demanda de mano de obra estacional (González Rodríguez et al., 2021). En todo caso, la normativa que se aplica, los requisitos que deben cumplir estas personas y los plazos para ser reconocidas como sujetos de derecho se convierten en un laberinto que en ocasiones consolida su exclusión y marginación social (Fernández, 2021; Maranillo-Castillo y Penya i Guillarte, 2022; Ribas-Mateos et al., 2024).

Este trabajo analiza el perfil laboral y económico de personas residentes en asentamientos informales en España. Se examina el alcance y la eficacia del permiso de trabajo como instrumento para la integración de las personas de estos asentamientos en el mercado laboral formal. En este sentido, se plantea si su posesión garantiza una mayor estabilidad económica y laboral, y si aquellos que consiguen un contrato de trabajo disfrutan de mejores condiciones que quienes desempeñan trabajos no regulados. En definitiva, se trata de conocer si, en situaciones de extrema exclusión social y discriminación estructural propia de estos asentamientos en España, el “valor de uso” del permiso de trabajo es efectivo para superar las barreras que favorecen la economía informal en este contexto. Además, se analiza si esta informalidad persiste incluso cuando las personas disponen de la documentación en regla, reforzando en su caso la cronificación de la precariedad laboral y perpetuando el ciclo de informalidad como única opción de supervivencia.

2. Exclusión residencial, exclusión social y mercado de trabajo

Delimitar la frontera entre las distintas manifestaciones de la exclusión residencial resulta complejo y a menudo controvertido (López-Carmona, 2024). Una de las principales razones es que la exclusión residencial es un proceso dinámico, lo que conlleva que las personas con mayor riesgo social se muevan en espacios comunes (Hernández Pedreño et al., 2024; Chiodelli et al., 2024). Así, una persona sin recursos y recién llegada a España puede ser atendida por una entidad social en un programa de acogida humanitaria. Mientras esto sucede, sería una persona sin vivienda según la tipología ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusión) elaborada por la Federación Europea de Entidades Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA, 2008), pero al tiempo, saldrá del programa y si no ha conseguido estabilidad, manejar el idioma, un trabajo o una vivienda podrá verse en distintas situaciones que suponen también exclusión residencial. Por ejemplo, en vivienda insegura, al ser acogido/a por familiares, amistades y en vivienda inadecuada, si esta acogida se da en una vivienda que no reúne unos estándares básicos de habitabilidad (por ejemplo, hacinamiento) o si la vivienda finalmente no es ni siquiera eso, una vivienda y es una chabola construida con materiales de desecho, un barracón abandonado o un vehículo.

En este trabajo nos centramos en estas personas, aquellas que residen en viviendas que no lo son, los denominados asentamientos informales. Se trata de lugares donde se dan situaciones de inseguridad e inadecuación residencial, pero técnicamente se trata de campamentos de personas sin hogar, tal y como los definió la relatora de las Naciones Unidas para el derecho humano a la vivienda adecuada (Farha y Schawn, 2020). No obstante, de entre todas las definiciones conocidas, para esta investigación se ha tenido particularmente en cuenta la desarrollada por Fundación Cepaim (GES 2009, p.10):

Llamamos Asentamientos a espacios utilizados a modo de vivienda, que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad; que están al margen de la ley (esto es, sin ninguna relación contractual); tanto horizontales (viviendas abandonadas ocupadas, chabolismo, bajo plásticos, etc.) como verticales (hacinamiento en pisos); que pueden estar situados en entornos rurales o urbanos; y que constituyen núcleos de personas excluidas socialmente.

Como se desprende de esta definición, las personas que habitan estos lugares se encuentran socialmente excluidas, lo que significa que son personas en situación de exclusión social y residencial. La relación entre estos dos conceptos teóricos, y sus implicaciones empíricas, han sido ampliamente analizadas en nuestro país (García-Luque, 2016). Ambos fenómenos comparten, que son procesos dinámicos, de naturaleza multifactorial y multidimensional, desencadenamos principalmente por factores estructurales, aunque también pueden verse afectados por factores de naturaleza individual (un problema de salud o discapacidad) o familiares (López-Carmona, 2018).

Para esta investigación resulta de particular utilidad el carácter multidimensional del fenómeno, ya que, se pone el foco de atención en tres de las siete dimensiones habitualmente definidas, la vivienda, el empleo y los ingresos, así como, en las posibles relaciones que se producen entre estas dimensiones y algunos desencadenantes clásicos de la desigualdad, como el género y el origen.

2.1. Empleo e inclusión sociolaboral en España

El empleo es una de las principales vías de inclusión social, y su ausencia o precariedad están fuertemente relacionadas con los procesos de exclusión social (Herrera-Ballesteros, 2020; Arévalo et al., 2022; Carrizosa y Jalil, 2023). En este sentido, la exclusión del mercado laboral formal, especialmente en contextos de vulnerabilidad como los asentamientos informales, representa un factor central en la marginalización social (Kotulovski y Laleta, 2020). Desde una perspectiva estructural, la falta de acceso a empleos formales impide que los individuos disfruten de derechos laborales plenos, protección social y la posibilidad de generar ingresos suficientes para tener un proyecto de vida digno (Julián-Véjar y Hernández-Aracena, 2017; Manzanera-Román et al., 2019). Esta circunstancia refuerza un ciclo de pobreza y exclusión que afecta a los sectores más vulnerables de la población (Vicente-Vicente y Valmorisco-Pizarro, 2024).

Las desigualdades estructurales del mercado laboral también se encuentran atravesadas por dinámicas de discriminación racial, étnica y de género. Los migrantes pueden encontrarse con barreras significativas para acceder a empleos formales, como la falta de permiso de trabajo o la imposibilidad de homologar sus títulos académicos o experiencias previas (Coe y Jordhus-Lier, 2023). Estas barreras estructurales pueden reforzar la segregación laboral y la precariedad de aquellos que, debido a su situación administrativa, legal o social, no pueden integrarse de manera plena en el mercado laboral formal. En este contexto, la economía informal surge como una respuesta inmediata a la falta de acceso a este mercado laboral. En el caso de estudio que aquí nos ocupa, los habitantes de asentamientos recurren a estas actividades sin regulación. Aunque estos empleos proporcionan una fuente de ingresos, suelen ser inestables, mal remunerados y con condiciones que reproducen la situación de vulnerabilidad de estas personas.

Este fenómeno pone de relieve las dinámicas de precarización y vulnerabilidad que afectan de manera desproporcionada a estos colectivos. Las políticas públicas que se articulan como expresión del Estado de Bienestar contemporáneo tienen una importancia central en el bienestar de la ciudadanía, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y en este sentido activan mecanismos dirigidos a este colectivo concreto. Así, la actuación de las políticas públicas en el contexto del empleo se define como el conjunto de medidas que tratan de ofrecer posibilidades ocupacionales para satisfacer las necesidades de las personas trabajadoras o en búsqueda de empleo (Herrador-Buendía, 2008; Manzanera-Román, 2018), desde la lógica de la necesaria intervención pública para salvar las desigualdades del mercado de trabajo. Desde este presupuesto, las personas migrantes en ocasiones se encuentran en una situación de vulnerabilidad exacerbada por la falta de cobertura social, así como la ausencia en su caso de una red de apoyo de amistad o familiar para resolver situaciones de conciliación u otras contingencias.

La situación de vulnerabilidad del colectivo inmigrante se puede agravar si los mecanismos públicos de intervención no demuestran su eficacia. En el caso de España, las situaciones en la que se encuentra esta persona extranjera son diversas, desde aquellos que estén autorizados a residir y trabajar, ya sea como persona asalariada o autónoma, hasta aquellas personas que no poseen ningún tipo de documentación (Pérez-Campos y Redinha, 2017).En cuanto a la obtención de un contrato de trabajo, es cierto que este sólo puede celebrarse cuando la persona dispone de permiso de residencia y de trabajo. Sin embargo, y a pesar de las responsabilidades legales que puedan recaer tanto en la persona empleadora como en el propio trabajador, existe la posibilidad de contratar a una persona en situación administrativa irregular.. En ese caso, el contrato sería válido, ya que reúne los elementos esenciales de un contrato de trabajo, aunque la autorización (permisos requeridos) se configuran como condicionantes de la validez del contrato, y de ahí su invalidez (Ceinos-Suárez, 2021); “[…] se trata de un problema jurídico que se solapa con un problema humano al que es necesario alcanzar una solución ponderada” (Fernández-Orrico, 2006, p. 64).

3. Objetivos y metodología

El principal objetivo de esta investigación es establecer un perfil de la exclusión laboral y económica dentro de los asentamientos informales en España. En concreto, se evalúa la eficacia del permiso de trabajo como instrumento de integración en el mercado laboral formal, y si su obtención garantiza una mejora en las condiciones laborales y sociales de las personas residentes, al tiempo que evita la práctica de la economía informal. De manera concreta se indaga en los siguientes objetivos complementarios:

• Conocer si estar en posesión de un permiso de trabajo (en el caso de la población extranjera) es un elemento que garantiza la estabilidad económica y laboral.
• Saber si aquellos que trabajan de manera formal (asalariados o autónomos) tienen mayor estabilidad laboral y unos ingresos superiores a aquellos que desarrollan otro tipo de actividades no reguladas.
• En relación con el objetivo anterior, establecer si en contextos de exclusión social y laboral extrema disponer de documentación representa un “valor de cambio” que fomente entre esta población informalidad y economía sumergida como práctica en estos contextos.

Para abordar este objetivo, se analizan los resultados del proyecto KËR. I Mapa estatal sobre discriminación racial y/o étnica en el ámbito de la vivienda y asentamientos informales en España (2023). La principal técnica empleada en este estudio fue la encuesta realizada a personas mayores de 18 años que residen en asentamientos informales en España. Los asentamientos informales seleccionados fueron los definidos por el Gabinete de Estudios Sociales como asentamientos de segunda generación (GES, 2009). Esto es, asentamientos surgidos en los años 90 del siglo XX, ocupados en un principio por familias españolas que fueron reubicadas en otras viviendas a través de planes de erradicación del chabolismo, y que, con el tiempo, dieron paso a nuevos enclaves chabolistas habitados por inmigrantes como única alternativa habitacional.

3.1. Descripción de la muestra

El tamaño de la muestra lo conforman 1655 encuestas (afijación por cuotas según la estimación de residentes en estos asentamientos). Se encuentran distribuidas en 7 comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, además de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Conformando así 12 zonas de estudio subdivididas en 129 puntos de muestreo. Cabe añadir que para delimitar la zona de muestreo se han utilizado las áreas tomando como referencia el ayuntamiento del núcleo urbano más influyente. En España, la ausencia de registros oficiales hace imposible precisar, de manera fiable, el número total de personas que habitan en asentamientos informales. Por ello, con el fin de establecer un ajuste mayor y dar más fiabilidad a la muestra, se partió de la hipótesis de que los pobladores de este tipo de asentamientos constituyen una población infinita (Universo >100.000 sujetos). De este modo, en el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% (2 sigmas) y máxima varianza (p=q=0,5), el error de muestreo es de ± 2,5 % para toda la población. Y, en el mismo supuesto, para una un nivel de confianza del 99,73% (3 sigmas), y máxima varianza (p=q=0,5), el error muestral representa el ±3,7%.

3.2. Procedimiento y técnicas de análisis

Las variables utilizadas son no paramétricas (nominales y ordinales), como se observa en la Tabla 1, por lo que, en primer lugar, se opta por un análisis comparando proporciones, tomando la posesión de un permiso de trabajo vigente y el género como las principales variables discriminantes. Para ello, se utiliza la prueba de Chi2 (χ2) para contrastar que las distribuciones son estadísticamente significativas y no fruto del azar. Esta prueba establece que la hipótesis nula no se cumple cuando p > 0,05. A continuación, con el fin de medir el nivel de asociación entre variables se procede al uso de los estadísticos V de Cramer (para variables con más de 2 categorías) y Phi (variables con 2 categorías). Asimismo, se incluyen para el análisis dos variables métricas: Tiempo percibiendo estos ingresos (meses o fracción equivalente) e Ingresos medios durante este periodo (con referencia a los dos o tres últimos meses). Cabe apuntar que la relación de ingresos y su graduación como variable ordinal responden a la relación de estos en su propio contexto. Así, los ingresos altos, son altos respecto al contexto de los propios asentamientos. Para estas variables, se utiliza un análisis de comparación de medias basado en el estadístico T de Student para verificar la igualdad de medias entre las categorías de la variable dicotómica Permiso de trabajo vigente, para posteriormente aplicar una segmentación del archivo según género. Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS IBM en su versión 25.

3.3. Estructura del análisis

El análisis de esta investigación está dividido en los siguientes cinco apartados, en todos ellos se busca primero la obtención de unos resultados generales para, posteriormente, aplicar un análisis según el género del sujeto. En el primero, se analiza la relación entre la posesión o no de un permiso de trabajo en vigor y la situación laboral del entrevistado. A continuación, el segundo análisis se centra en la relación entre el permiso de trabajo y la actividad laboral (ocupación). El tercer apartado, analizan la relación entre la posesión de un permiso de trabajo vigente, el tipo de actividad que se desarrolla y la fuente de ingresos. En cuarto lugar, se busca averiguar si hay una diferencia significativa entre aquellos que poseen o no un permiso de trabajo y el tiempo que estos perciben ingresos de manera estable. Por último, se realiza una comparación de medias entre aquellos que tienen permiso de trabajo y sus ingresos promedio los últimos meses.

4. Análisis de la exclusión laboral y económica en los asentamientos informales

4.1. Posesión de un permiso de trabajo y situación laboral

El objetivo de este primer análisis es comprobar en qué medida se ocupan diferentes categorías laborales según la posesión de este documento, así como, saber si el permiso de trabajo se distribuye de desigual manera entre personas en situación de ocupado y no ocupado/pasivo, se prefiere utilizar el término ocupado al de activo ya que población activa es aquella que trabaja o está en disposición de hacerlo, en este caso los parados serían también población activa.

4.1.1. Relación entre permiso de trabajo y si es ocupado o pasivo.

Para este primer análisis el número de casos válidos utilizados es de 1547, lo que equivale a un 93,5% de la muestra (N 1655). El resultado de esta prueba de Pearson (χ2 42,320, gl. 1, Sig. 0,000) muestra un nivel de significación menor que 0,05, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y afirmar que existe una desigual distribución entre las categorías de esta distribución.

Al comprobar el grado de asociación entre variables, al tratarse de dos variables dicotómicas nominales, se realiza la prueba de asociación Phi, que mide el nivel de correlación entre variables nominales. El resultado (Phi 0,165, Sig. 0,000) nos indica que, aunque existe una relación significativa entre la posesión de permiso de trabajo y la ocupación, esta vinculación es débil, en términos porcentuales equivaldría a un 16,5%.

De los resultados de las distribuciones marginales que nos muestra el Cuadro 2 se puede apreciar que los pasivos o que no trabajan, representan el 40,5% (627). Frente a aquellas personas que desempeñan alguna actividad (con contrato, sin contrato, por cuenta propia o ajena) que representan el 59,5% (920) de total de la muestra. Por su parte, aquellos con permiso de trabajo vigente son el 41,2% (637). Los que carecen de permiso en esta distribución ascienden a un 58,8% (910), con una diferencia de 17,2 puntos porcentuales entre las categorías de esta variable.

Entre aquellos que tienen permiso de trabajo vigente, los ocupados (Figura 1) ascienden al 49,8% (317) muy próxima a la cifra de los que no trabajan 50,2% (320). Sin embargo, cuando nos remitimos a los que carecen de permiso de trabajo la cifra de pasivos (no trabajan) asciende a un 33,7% (307), a mucha distancia de aquellos ocupados que carecen de permiso de trabajo, cuya proporción es del doble 66,3% (603).

Por lo tanto, se aprecia una diferencia clara según se tenga o no permiso de trabajo. Entre quienes tienen permiso, casi la mitad está ocupada (49,8%). Sin embargo, entre quienes no tienen permiso, la mayoría (66,3%) está trabajando. Esto sugiere que muchas personas sin permiso realizan alguna actividad, mientras que quienes tienen permiso encuentran más dificultades para conseguir empleo en el mercado formal (Figura 1).

4.1.2. Permiso de trabajo, situación laboral y género

En el caso de los hombres, la muestra válida utilizada fue de 1251 casos, 94,8% del total de los varones (1320). El resultado del estadístico Chi2 (χ2 17,128, gl. 1, Sig. 0,000) arroja una significación menor a 0,05, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y afirmar que existe una desigual distribución entre los hombres respecto al estado ocupacional y la posesión de permiso laboral. Además, para este grupo el grado de asociación entre variables indicado por el estadístico Phi (Phi 0,117, Sig. 0,000) nos indica que, aunque existe una relación significativa entre la posesión de permiso de trabajo y la ocupación, dentro del grupo de los hombres, esta es débil, equivaliendo a un 11,7%.

En el Cuadro 3, se puede apreciar que los hombres ocupados son el 64,3% (805) del total de la muestra. Frente a los pasivos o que no trabajan cuyo porcentaje es de 35,7% (446), con 28,6 puntos de diferencia. Por su parte, aquellos con permiso de trabajo vigente son el 37,9% (474), mientras que los que carecen de permiso ascienden a un 62,1% (777), con una diferencia de 23,2 puntos porcentuales. Entre aquellos hombres que tienen permiso de trabajo vigente los ocupados ascienden al 57,2% (271), en esta misma categoría la de aquellos que no trabajan es de 42,8% (203), con una distancia de 14,4 puntos. A su vez, aquellos que carecen de permiso de trabajo y no trabajan constituyen el 31,3% (243), a mucha distancia se sitúan los hombres ocupados sin permiso de trabajo, cuya proporción es de más del doble con 68,7% (535).

En el caso de las mujeres, debe tenerse en cuenta que su proporción es menor dentro de la muestra total, 20,2% (335). Para este análisis (Cuadro 4), se utilizaron 296 casos, o lo que es lo mismo, un 88,4% del total para este grupo. El resultado del estadístico Chi2 (χ2 17,256, gl. 1, Sig. 0,000) arroja una significación menor a 0,05, rechazando la hipótesis de desigualdad en la distribución entre mujeres respecto al estado ocupacional y la posesión de permiso laboral. Además, para este grupo el grado de asociación entre variables indicado por el estadístico Phi (Phi 0,241, Sig. 0,000) nos indica que existe una relación significativa, aunque baja, es mayor que la de los varones.

En este caso, el 61,1% (181) de las mujeres no trabaja, frente al 38,9% (115) que se encuentra ocupada. Así mismo, el 55,1% (163) posee un permiso de trabajo en vigor y el 44,9% (133) carece de él. Entre las mujeres que tienen permiso de trabajo vigente las ocupadas representan el 28,2% (46), en esta misma categoría la cifra de aquellas que no trabajan es de 71,8% (117), esta última categoría supera más del doble a la primera, con una distancia de 43,6 puntos. A su vez, aquellas que carecen de permiso de trabajo y no trabajan constituyen el 48,1% (64), a poca distancia se sitúan aquellas ocupadas sin permiso de trabajo 51,9% (69), tal como se aprecia en la Figura 3.

4.2. Permiso de trabajo y actividad laboral (ocupación)

Esta segunda exploración busca esclarecer si existe relación entre la posesión de un permiso de trabajo y la actividad laboral (ocupación). Como en el análisis anterior, el número de casos válidos fue de 1547, un 93,5% de la muestra (N 1655). En este, la χ2 de Pearson (χ2 438,270, gl. 5, Sig. 0,000) muestra un nivel de significación que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y afirmar que existe una desigual distribución de las categorías de las variables. El grado de asociación entre variables, en este caso utilizando el estadístico V de Cramer para variables de más de dos categorías, (V de Cramer 0,532, Sig. 0,000) nos indica que existe una relación significativa entre la posesión de permiso de trabajo y la actividad laboral y que esta tiene un gran efecto, o lo que es lo mismo, las variables tienen un alto nivel de correlación.

Tal y como se puede apreciar en el Cuadro 5, aquellas personas que tienen permiso de trabajo se ubican en mayor medida entre los parados 47,3% (301) y asalariados 35,0% (223), conformando más del 80% del total. A estos les siguen quienes realizan actividad sin contrato con un 11,5% (73), a mayor distancia, los autónomos 3,3% (21), los pasivos 2,8% (18) y, en último lugar, estudiantes con un solo caso 0,2% (1). A su vez, la disposición entre los que no tienen permiso de trabajo en vigor se distribuye teniendo en cuenta que la categoría que aglutina a más de la mitad de la distribución es la de trabajadores sin contrato con un 58,6% (533), en menor medida los parados con 31,8% (289). El resto de las categorías están por debajo del 6%. Así tenemos a los asalariados 5,6% (51), autónomos 2,1% (19), estudiantes 1,3% (12) y en último lugar los pasivos 0,7% (6)

4.2.1. Permisos de trabajo y situación laboral según género

Tal y como se puede apreciar en el Cuadro 6, aquellos hombres que tienen permiso de trabajo se ubican en mayor medida entre los parados 39,9% (189) y asalariados 39,7% (188), conformando un 79,6% del total. A estos les siguen los trabajadores sin contrato con un 13,5% (64), a mayor distancia, los autónomos 4,0% (19) y los pasivos 3,0% (14); no se encuentran casos en la categoría de estudiantes. A su vez, la disposición entre los que no tienen permiso de trabajo en vigor se distribuye teniendo en cuenta que la categoría que aglutina a más de la mitad de la distribución es la de trabajadores sin contrato con un 60,0% (466) y, en menor medida, los parados con 29,6% (230). El resto de las categorías están por debajo del 7%. Así tenemos a los asalariados 6,3% (49), autónomos 2,4% (19), estudiantes 1,0% (8) y en último lugar los pasivos 0,6% (5).

En el caso de las mujeres, aquellas que tienen permiso de trabajo se ubican en mayor medida entre los parados 68,7% (112) y asalariados 21,5% (35), conformando el 90,2% del total, el resto de las categorías están por debajo del 3%. A su vez, la disposición entre las que no tienen permiso de trabajo en vigor se distribuye teniendo en cuenta que la categoría que aglutina a más de la mitad de la distribución es la de trabajadores sin contrato con un 50,4% (67), seguida de los parados con 44,4% (59), ambas suponen el 94,8% del total. El resto de las categorías están por debajo del 4% y menos de cinco casos.

4.3. Permiso de trabajo, tipo de trabajo, fuente de ingresos y género

En este segundo análisis se persigue conocer la relación entre la tenencia de permiso de trabajo y la fuente de ingresos, según género. Para ello, se establecen cuatro categorías de análisis: hombres (con y sin permiso de trabajo) y mujeres (con y sin permiso de trabajo).

4.3.1. Hombres con permiso de trabajo vigente

La muestra para este análisis entre hombres con permiso de trabajo y su fuente de ingresos es de 425 sujetos, 89,7% del total de los hombres en esta categoría. En cuanto a la distribución de fuentes de ingresos y categorías ocupacionales entre los hombres con permiso de trabajo vigente, observamos que los parados perciben sus ingresos en mayor medida por actividad laboral regular 28,6% (42), paro 19,7% (29), actividad irregular 14,3% (21) y prestaciones sociales 14,3% (21). Por su parte, los autónomos distribuyen sus fuentes principales de ingresos según: actividad laboral regular 63,2% (12), actividad irregular 31,6% (6). En tercer lugar, están los asalariados cuya principal fuente de ingresos es por actividad laboral regular 96,2% (177). Le siguen aquellos que carecen de contrato, en este caso la principal fuente de ingresos es la actividad irregular 90,6% (58). Por último, los pasivos cuyos ingresos se obtienen mediante pensiones 54,5% (6), prestaciones sociales 18,2% (2) y apoyo amistades 27,3% (3).

4.3.2. Hombres sin permiso de trabajo

La muestra para este análisis entre hombres sin permiso de trabajo y su fuente de ingresos es de 688 sujetos, 88,2% del total de los hombres en esta categoría. De acuerdo con la distribución de fuentes de ingresos y categorías ocupacionales entre los hombres sin permiso de trabajo vigente tenemos que los estudiantes mayoritariamente obtienen sus ingresos por actividad irregular 50% (4). En segundo lugar, se encuentran los parados cuyas fuentes de recursos económicos son: la actividad laboral irregular 41,4% (67), apoyo amistades 21,6% (35), ayuda ONG 13,6% (22), apoyo familiar 10,5% (17) y mendicidad 8% (13). En tercer lugar, los autónomos, dentro de esta categoría, reciben únicamente ingresos por actividad irregular 100% (19). Del mismo modo, los asalariados sin permiso de trabajo vigente recurren mayoritariamente a la actividad laboral regular 89,8% (44) y, en menor medida, a la actividad irregular 10,2% (5). En el caso de los trabajadores sin contrato ni permiso de trabajo vigente, la actividad irregular es casi su única vía de ingresos, así es un 95,3% (425) de los casos. Por último, están los pasivos, sus fuentes de ingresos se reparten entre apoyo amistades 50% (2), actividad irregular 25% (1) y prestaciones sociales 25% (1).

4.3.3. Mujeres con permiso de trabajo vigente

La muestra para este análisis entre mujeres con permiso de trabajo y su fuente de ingresos es de 153 sujetos, 93,9% del total de las mujeres en esta categoría. En la distribución de fuentes de ingresos y categorías ocupacionales entre las mujeres con permiso de trabajo vigente tenemos que las estudiantes reciben sus ingresos del apoyo familiar 100% (1). La siguiente categoría es la de las paradas, en este caso las fuentes de ingresos se distribuyen entre el apoyo familiar 36,3% (37), prestaciones sociales 15,7% (16), actividad laboral regular 12,7% (13), subsidios de desempleo 7,8% (8) y actividad irregular 5,9% (6). Le sigue el grupo de mujeres autónomas, sus fuentes de ingresos se distribuyen entre aquellas por actividad laboral regular 50% (1) y las prestaciones sociales 50% (1). A continuación, se encuentras las asalariadas en las que la actividad laboral regular, con un 94,3% (33), se alza como prácticamente su única fuente de ingresos, aunque también en un porcentaje mucho menor está la actividad irregular 5,7% (2). Le siguen las trabajadoras sin contrato, en este caso las fuentes de ingresos corresponden a la actividad irregular 66,7% (6), actividad laboral regular 22,2% (2) y ayuda ONG 11,1% (1). En último lugar, están las pasivas, siendo las estudiantes el grupo menos numeroso, sus ingresos provienen de pensiones 50% (2) y prestaciones sociales 50% (2).

4.3.4. Mujeres sin permiso de trabajo vigente

La muestra para este análisis entre mujeres sin permiso de trabajo y su fuente de ingresos (figura 7) es de 123 sujetos, 92,48% del total de las mujeres en esta categoría. La distribución de fuentes de ingresos y categorías ocupacionales entre las mujeres sin permiso de trabajo vigente tenemos que las paradas obtienen sus recursos del apoyo familiar 28,6% (14), ayuda ONG 24,5% (12), apoyo amistades 18,4% (9), por actividad laboral irregular 14,3% (7), prestaciones sociales 6,1% (3), mendicidad 4,1% (2) y otras actividades 4,1% (2). Las asalariadas perciben sus ingresos económicos por actividad laboral regular 50% (1) y pensiones 50% (1). Aquellas que carecen de contrato laboral casi en exclusiva recurren a la actividad irregular 92,5% (62) como única fuente de recursos. Por último, las pasivas, aunque con un solo caso recurren a la mendicidad como única vía de ingresos 100% (1).

4.4. Permiso de trabajo y tiempo percibiendo ingresos de manera estable

En este tercer apartado, se analiza la relación entre la posesión de un permiso de trabajo y la estabilidad temporal en la percepción de ingresos. Puesto que la variable tiempo percibiendo ingresos es métrica continua (meses o fracción equivalente), esta aproximación se realizará a través de una comparación de medias para dos grupos (Con permiso de trabajo; Sin permiso de Trabajo), utilizando el estadístico T de Student. En un segundo paso, se introducirá la variable de segmentación género para averiguar si existen diferencias de medias entre hombres y mujeres.

La prueba de Levene para el contraste de igualdad de varianzas nos indica que (F 16,388; Sig. 0,000) su significación es inferior a 0,05. Por lo que, debemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas de las muestras. O lo que es lo mismo, las varianzas de las dos muestras se comportan de forma diferente. Por su parte, también vemos que la prueba T (T. 3,001, g.l.1491, Sig.0,003) nos indica que su p valor es P>0,05, lo que indica que las medias también son significativamente diferentes entre grupos.

Como se puede observar en el Cuadro 7 existe una diferencia significativa entre poseer un permiso de trabajo y no poseerlo respecto a la percepción de ingresos de manera estable. Así, aquellas personas con permiso de trabajo llevan mayor tiempo percibiendo los mismos ingresos de forma regular, con una media de 14,98 (611), frente a los que carecen de este permiso, cuyo promedio es de 10,73 (882), más de 4 meses de diferencia.

La prueba de Levene nos indica que (F 9,717; Sig. 0,002) para esta variable, solo en el caso de los varones, existe una diferencia de varianzas. Conjuntamente, también se aprecia que los resultados de la prueba T (T. 2,377, g.l.1212, Sig.0,018) indican que su p valor es P>0,05, lo que indica que las medias también son significativamente diferentes entre grupos. Siendo los resultados diversos entre categorías de hombres se aprecia que aquellos con permiso de trabajo llevan mayor tiempo percibiendo los mismos ingresos de forma regular poseen una media de 14,72 (459) frente a los que carecen de este permiso cuyo promedio es de 10,91 (755), lo que equivale a una diferencia de 3,81 meses.

En el caso de las mujeres prueba de Levene dada su significación permite asumir diferencia de varianzas (F. 8,309; Sig. 0,004). Esto puede ser debido a que la muestra de mujeres es mucho menor que la de los hombres. Sin embargo, en este supuesto el estadístico T no permite asumir la igualdad de medias T (T. 1,932, g.l.277, Sig.0,054). En este sentido, se opta por seguir el análisis asumiendo la diferencia entre varianzas, ya que de este modo los resultados de la prueba T son estadísticamente significativos (T. 2,049, g.l.219,042, Sig.0,042) y sus medias difieren de un modo sustancial. Las diferencias de medias entre mujeres son mayores que entre los hombres, se observa que aquellas con permiso de trabajo llevan mayor tiempo percibiendo los mismos ingresos de forma regular y poseen una media de 15,79 (152) frente a las que carecen de este permiso cuyo promedio es de 9,73 (127), lo que equivale a una diferencia de 6,1 meses.

La diferencia de meses percibiendo ingresos entre hombres y mujeres que poseen permiso de trabajo es de 1,07 meses, o lo que es lo mismo, las mujeres con permiso de trabajo superan en un 7,014 % a los hombres dentro de esta categoría. Por su lado, los hombres y las mujeres sin permiso de trabajo difieren en el tiempo percibiendo el mismo tipo de ingresos en1,18 meses, lo que arroja una diferencia porcentual de 11,434 % en favor de las mujeres. En términos generales, se puede afirmar que las mujeres tienen mayor estabilidad respecto al tiempo en el que llevan recibiendo sus ingresos de manera continua, en ambas categorías.

4.5. Permiso de trabajo e ingresos medios

Por último, se analiza la relación entre la posesión de un permiso de trabajo y la media de ingresos obtenidos en los tres últimos meses. Puesto que la variable ingresos corresponde a una variable métrica continua nuevamente se hará una comparación de medias utilizando el estadístico T de Student. Al igual que en el análisis anterior, se introducirá la variable de segmentación género para averiguar si existen diferencias de medias entre hombres y mujeres.

La prueba de Levene para el contraste de igualdad de varianzas nos indica que (F 42,112; Sig. 0,000) dado que P>0,05 se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas. Por otro lado, también vemos que la prueba T (T. 11,699, g.l.1471, Sig.0,000) nos indica que las medias también son significativamente diferentes entre grupos.

Como se puede observar en el Cuadro 8, existe una diferencia significativa entre poseer un permiso de trabajo y no poseerlo respecto a la media de ingresos. Así, aquellas personas con permiso de trabajo disponen de ingresos más altos con unos 605,02€ (600) frente a los que carecen de este permiso cuyo promedio es de 374,21€ (882), una diferencia de 230,81€, o lo que es lo mismo aquellos con permiso de trabajo perciben 1,61 veces más ingresos que los que carecen de este permiso.

Si segmentamos estas variables por sexo se aprecia que, en el caso de los hombres la prueba de Levene nos indica que (F 42,869; Sig. 0,000) existe una diferencia de varianzas. Conjuntamente, también se aprecia que los resultados de la prueba T (T. 11,353, g.l.1200, Sig.0,000) nos indican que sus medias también son significativamente diferentes. Consecuentemente, los hombres con permiso de trabajo disponen de ingresos más altos con unos 629,52€ (455) frente a los que carecen de este permiso cuyo promedio es de 377,08€ (747), una diferencia de 252,44€.

En el caso de las mujeres, la prueba de Levene no nos permite asumir varianzas diferentes (F. 8,309; Sig. 0,310) por lo que se opta por aceptar la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Sin embargo, el estadístico T de Student prueba la diferencia entre medias (T. 3,911, g.l.269, Sig.0,000) lo que nos lleva a asumir la hipótesis de que los ingresos promedio de las mujeres respecto según su tenencia de permiso de trabajo son diferentes. Por consiguiente, las mujeres con permiso de trabajo disponen de ingresos más altos con unos 528,15€ (145) frente a las que carecen de este permiso cuyo promedio es de 357,20€ (126), una diferencia de 170,95€.

La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres que poseen permiso de trabajo es de 76,87€ , o lo que es lo mismo, las mujeres con permiso de trabajo ganan un 13,57% menos que los hombres dentro de esta categoría. Por su lado, los hombres y las mujeres sin permiso de trabajo difieren en sus ingresos en 19,88€, lo que arroja una diferencia porcentual de 5,42 %, en este caso mucho menor, aunque significativa.

5. Resultados y conclusiones

Los resultados de este trabajo señalan la relevancia del permiso de trabajo como factor de integración en el mercado laboral formal entre la población residente en asentamientos informales en España. Si bien disponer de este documento facilita el acceso a empleos regulados y a una mayor estabilidad económica, su posesión no asegura la mejora de las condiciones laborales. En este sentido, una proporción significativa de personas con permiso de trabajo continúa desempleada (47,3%), y en su caso en la economía informal (11,5%), lo que revela la persistencia de dinámicas de precariedad incluso dentro del marco legal.

Por otro lado, la ausencia de permiso de trabajo se presenta como un obstáculo estructural que puede explicar que la mayoría de las personas en situación irregular desempeñen actividades laborales al margen de la regulación formal. El trabajo sin contrato, característico de la economía sumergida, predomina entre este colectivo, lo que no sólo perpetúa su exclusión del mercado laboral, sino que también refuerza las condiciones de vulnerabilidad económica y social que atraviesan.

Desde una perspectiva de género, las diferencias en el acceso al empleo formal entre hombres y mujeres migrantes son significativas. Los hombres con permiso de trabajo suelen encontrar mayores facilidades para insertarse en el mercado laboral formal, mientras que las mujeres, aun contando con la documentación en regla, se enfrentan a barreras adicionales. Esta situación refleja una doble vulnerabilidad: ser mujer e inmigrante, lo que no sólo limita sus oportunidades laborales, sino que también perpetúa la brecha salarial. A pesar de tener los mismos derechos legales para trabajar, las mujeres migrantes perciben salarios más bajos que sus contrapartes masculinas, y su acceso a puestos mejor remunerados sigue siendo limitado. Esta doble discriminación revela un sistema que desventaja estructuralmente a las mujeres en un entorno donde las oportunidades ya son escasas.

Además, la economía de cuidados juega un papel crucial en esta problemática. Las mujeres migrantes, especialmente aquellas sin permiso de trabajo, suelen depender de sectores informales como el trabajo doméstico y el cuidado de personas, donde las condiciones laborales son de alto riesgo y baja remuneración. Este tipo de empleo no solo contribuye a su precariedad económica, sino que también las expone a situaciones de explotación y abuso, exacerbando su vulnerabilidad estructural. La falta de protección social en estos sectores informales y la invisibilidad de estas actividades en la economía formal subrayan la urgente necesidad de abordar la desigualdad de género en el acceso al empleo y en la valoración del trabajo de cuidados.

En términos de estabilidad en los ingresos, las personas que poseen un permiso de trabajo experimentan una mayor continuidad en la percepción de ingresos, lo que les otorga una mayor seguridad económica. Sin embargo, las mujeres, pese a que en algunos casos alcanzan una mayor estabilidad que los hombres, continúan percibiendo ingresos sustancialmente inferiores, lo que pone de manifiesto la persistencia de una brecha de género en el ámbito económico.

En definitiva, el análisis refleja que la tenencia de un permiso de trabajo es un elemento determinante para la mejora de las condiciones laborales y económicas en los asentamientos informales. No obstante, la mera posesión de este documento no elimina las dinámicas de exclusión y precariedad que afectan a estos colectivos, especialmente a las mujeres. Así, las desigualdades estructurales y las barreras de género siguen siendo factores que dificultan una plena integración socioeconómica.

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Financiación

Proyecto desarrollado por CONVIVE Fundación Cepaim y financiado a través de la Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, convocadas mediante Resolución de 22 de octubre de 2021 (B.O.E. número 256 del día 26 de octubre de 2021). Correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.