Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular

After a Disaster, Technical Advice for the Sustainability and the Urban Integration of a Slum

Ana Sugranyes Bickel

Arquitecta PhD.

anasugranyesbickel@gmail.com

0000-0003-4128-5826

Nelson Carroza Athens

Sociólogo PhD.

nelsoncarroza@gmail.com

0000-0003-3902-3392

Florencia Muñoz Ebensperger

Antropóloga PhD.

lamismaflo@gmail.com

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Daniel Sepúlveda Voullième

Arquitecto

dansevou@gmail.com

0009-0003-3224-0703

Gonzalo Castillo Vera

Arquitecto

gonzalo.castillo.arquitecto@gmail.com

0009-0002-6456-8837

Melina García Pinto

Arquitecta

melina.garcia.arq@gmail.com

0009-0006-2756-0958

Gustavo Sepúlveda Vera

Topógrafo

mpo.valparaiso@gmail.com

0009-0000-8855-358X

Ana Vergara San Martín

Arquitecta MA

ana.vergara.independiente@gmail.com

0009-0007-7951-7334

Recibido: 10-06-2024

Aceptado: 23-07-2024

Cómo citar:
Sugranyes Bickel, Ana, Carroza Athens, Nelson, Muñoz Ebensperger, Florencia, Sepúlveda Voullième, Daniel, Castillo Vera, Gonzalo, García Pinto, Melina, Sepúlveda Vera, Gustavo y San Martín, Ana Vergara (2024). Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular. Hábitat y Sociedad, (17), 145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07

1. Introducción

1.1. Contexto del desastre

El mega incendio del 02 de febrero de 2024 es el más grave de la historia reciente de Chile. Ha afectado a grandes extensiones de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, del área metropolitana de Valparaíso, un poco más de cien kilómetros al poniente de Santiago (Figura 1). El fuego mató a 137 personas; quemó 10.000 hectáreas rurales y urbanas; afectó entre 12.000 y 15.000 viviendas; 7.000 familias perdieron su vivienda y enseres (CIGIDEN, 2024). Desaparecieron zonas de alto valor natural y medioambiental, y varios parques y reservas de bosque nativo.

La topografía accidentada de este borde costero, densamente poblado y con un estándar de urbanización deficiente, siempre ha sido vulnerable al fuego, como ya lo vimos en los grandes incendios de Valparaíso a través de los años. El mega incendio de 2024 ha causado gravísimos daños a las personas, a sus bienes, a la infraestructura de la ciudad y su entorno ambiental. La principal hipótesis sobre las causas de este incendio indica que fue un desastre intencional y la justicia sigue investigando los motivos.

Este incendio intencional se inscribe en un momento de la historia de Chile, marcado por 40 años de neoliberalismo real existente, la reducción de la capacidad de intervención del Estado y el individualismo (Hidalgo et al., 2016). Este contexto, a su vez, coincide con múltiples problemas habitacionales, que se visibilizan en hechos de exclusión, estigmatización y criminalización, que afectan por lo general a los sectores populares; también en hechos de informalidad y corrupción que cruzan todas las formas de producción del espacio urbano y del hábitat (Rodríguez y Sugranyes, 2005; Tironi, 2003).

En este contexto, es importante destacar la geografía social de los sectores afectados en esta catástrofe: la mitad formaba parte de áreas urbanas con título de propiedad; la otra, son ‘asentamientos precarios’, tal como el Estado de Chile denomina a las tomas de terreno, o campamentos (Matus Madrid et al., 2019). Para los efectos del documento aquí presentado, optamos por el concepto de ‘asentamiento popular’, que evita caer en la simplificación de una dicotomía entre lo formal e informal, lo legal e ilegal, legítimo e ilegítimo; permite abordar la complejidad de las formas de ocupación el territorio entre situaciones de ilegalidad y, a la vez, de la legitimidad de procesos sociales de producción del hábitat a través de la toma de terrenos y de lentas fases de urbanización progresiva. Como lo sugiere Cravino (2022), el asentamiento popular es “un fragmento de ciudad sin estatus de ciudad; algo que es parte de la ciudad, pero que no es considerado como tal, ni por el urbanismo, ni por la planificación”.

En Chile, como en toda América Latina, los asentamientos populares son construidos por las comunidades marginalizadas, ante los límites de las políticas habitacionales y de hacer ciudad. En Chile, la evidencia indica que estos asentamientos son el resultado de otros procesos de precarización de la vivienda tradicional: deterioro de los conjuntos de vivienda social (Matus Madrid et al., 2019); la multiplicación de nuevas formas de arriendo precario (Marín Toro et al., 2017); el hacinamiento y allegamiento de las familias (Urrutia y Cáceres, 2020); y el encarecimiento de los valores de las viviendas y los alquileres (Vergara-Perucich y Aguirre Núñez, 2019), entre otros.

En este contexto, proponemos primero entender los campamentos como la manifestación visible de un problema habitacional más profundo o la punta del iceberg de la crisis en el acceso a la vivienda, es decir, el resultado de un problema estructural. A la vez, vivir en un campamento implica una construcción social, donde se aprende a convivir colectivamente en un entorno adverso, excluyente y estigmatizador. En otras palabras, la capacidad de acción de quienes residen en ellos es crucial para negociar con una estructura que perpetúa la violencia y la exclusión, manifestada en la precariedad de la vivienda. Esto último se ha agravado, especialmente, desde 2023, por la aprobación en el parlamento de una ley contra la usurpación y ocupación de inmuebles, que llega a penalizar con cárcel a las familias pobladoras de los campamentos; y por una ola de violentos desalojos forzosos.[1]

El caso analizado corresponde a un asentamiento de unas quinientas familias en las afueras del sector Pompeya Sur de la comuna de Quilpué, del área metropolitana de Valparaíso. Son nueve organizaciones comunitarias que intentan resolver la formalización del acceso al suelo desde hace unos diez años, a través de una larga negociación con la dueña del terreno. Se trata de una iniciativa excepcional en estos sectores, de una compraventa de paños grandes en beneficio de cada organización, con una figura de posesión colectiva en modalidad de condominio. Después de la catástrofe, como parte del Movimiento de Pobladores Organizados, MPO, estas comunidades intentan reencontrarse para formular una solución propia frente a las amenazas de un inminente desalojo, que destruye nuevamente los sueños de una vivienda digna; en este esfuerzo de reagrupación, las organizaciones locales optan por el nombre de Villa La Unión.[2]

En este contexto, la evidencia sobre los procesos de reconstrucción post incendio de los asentamientos populares está orientada por tres enfoques (Maly, 2018). El primero tiene que ver con la intervención del Estado. En el caso de Chile, esto corresponde a la política instaurada desde hace 40 años, o sea la aplicación de subsidios individuales en lotes con título de propiedad. El gobierno enfatiza que “nunca se construirá como antes”[3] y que la política no dispone de instrumentos específicos para responder a la demanda de reconstrucción en los campamentos destruidos.[4] Un segundo enfoque viene de sectores profesionales que exigen el pleno respeto de la ley y normativa, de la planificación urbana y del marco de la mitigación y prevención de riesgos. En Chile, estas exigencias se limitan a la distribución de manuales para la reconstrucción individual y el acceso al subsidio. Un tercer enfoque, es la que prevalece en terreno, es la práctica de la auto reconstrucción inmediata, con recursos que provienen de los círculos familiares, de préstamos comerciales o de endeudamientos en el trabajo para reconstruir ya, de inmediato, y antes que comience el invierno.

En este sentido, este artículo pretende aportar evidencia para discutir este último enfoque emergente, mediante la sistematización de una asesoría técnica en un asentamiento popular de Valparaíso después de un desastre. Se exploran los desafíos y aprendizajes derivados de los procesos de auto reconstrucción inmediata y su relación con el acompañamiento técnico. Esto se lleva a cabo en un intento por conciliar las aspiraciones de formalización gradual de un asentamiento popular hacia un barrio integrado y protegido, en un entorno político e institucional poco inclinado hacia ideas transformadoras o innovación comunitaria.

1.2. Emergencia y reconstrucción

El caso de Villa La Unión ejemplifica cómo, en las situaciones de tantos posts desastres que conoce Chile, esta forma de reconstrucción se articula muy rápidamente. Durante el mes de febrero, centenares de jóvenes voluntarios llegaron a los cerros y limpiaron los escombros con apoyo de flotas de camiones, públicos y privados, con disposición de espacios de depósitos de los residuos; el Estado levantó un diagnóstico a través de fichas individuales de emergencia y el análisis topográfico de las áreas afectadas a través de un estudio topográfico con drones; acudieron diversas organizaciones sociales y partidistas para la instalación y puesta en marcha de ollas comunes; y la municipalidad distribuyó alimentos y ayudas de emergencia. En este contexto de ayudas solidarias, a partir del 10 de febrero, o sea una semana después del mega incendio, el MPO convocó la conformación de un equipo de asistencia técnica para acompañar la demanda de las familias damnificadas. Ante la amenaza de un desalojo, se concretó la idea de defender el proceso de la reconstrucción in situ, sin acatar las indicaciones de traslado a campamentos transitorios que, por cierto, nunca se concretaron; y de iniciar un largo y lento proceso de radicación del asentamiento popular.

A partir de la experiencia de una serie de iniciativas de trabajo en la Región de Valparaíso, de defensa del derecho a una vivienda adecuada; del derecho a la ciudad; de asesoría jurídica a comunidades sufriendo órdenes de desalojo[5] , se encontraron distintos profesionales de distintas disciplinas (una antropóloga, tres arquitectas, dos arquitectos, un sociólogo y un topógrafo) para constituir este equipo de trabajo voluntario en Villa La Unión y bajo el alero de MPO. Esto, con el objetivo de elaborar –desde sus experticias técnicas–, un plan maestro de reconstrucción. De esta manera, el equipo busca anticiparse a la acción no consultiva del Estado por medio de una propuesta sustentada en la experiencia de profesionales, que opere como una herramienta política para la permanencia de las comunidades en el territorio; el desarrollo de un plan de gestión territorial, que incluya a los habitantes como agentes de decisión; y el aprendizaje de espacios de negociación con las autoridades.

Los dirigentes se contactaron con un equipo multidisciplinario de profesionales en ciencias sociales y arquitectura. A partir de esta colaboración, se diseñó una metodología que integra dos dimensiones principales: la urbano-habitacional y la recuperación de la memoria local del territorio. Esta necesidad de abordar múltiples dimensiones surgió de la comunidad misma, en concordancia con la premisa de que un territorio es una construcción social, y que cualquier proceso de reconstrucción debe ineludiblemente incorporar elementos que surgen de la interacción de aspectos sociales, físicos, políticos, económicos y culturales en un mismo lugar (Borda, 2000). Entonces, se desarrolló un diseño metodológico emergente que empleó técnicas participativas, tanto para la recolección de información como para la validación de la propuesta. Este esfuerzo culminó en la elaboración de un documento que sintetiza las líneas clave para un plan maestro de Villa Unión.

A lo largo del proceso de asesoría técnica, surgieron diversas dificultades que finalmente se convirtieron en valiosos aprendizajes y desafíos aún por resolver. La emergencia e innovación de esta propuesta encontró obstáculos: la reacción variada ante una iniciativa que no estaba alineada con el plan oficial de reconstrucción. No obstante, el 25 de mayo, cuatro meses después, se llevó a cabo la entrega de un dossier con las primeras propuestas hacia el asentamiento definitivo de Villa La Unión en un acto comunitario, en el cual ocho profesionales socialmente comprometidos, sin apoyo institucional, mantuvieron su labor.

Con este propósito, el artículo se organiza en cuatro secciones. Comenzamos con el análisis de las diferencias entre los marcos legales de asentamientos y de reconstrucción post desastre, apoyándonos especialmente en una contribución reciente del Colegio de Arquitectos de Chile (2024) que fundamenta nuestra propuesta práctica. Luego, detallamos la metodología propuesta para la asesoría técnica. Seguidamente, presentamos una síntesis del ejercicio colectivo de recuperación de la memoria de Villa La Unión. Explicamos cómo desarrollamos una propuesta para un barrio ideal, con el objetivo de examinar la realidad de la reconstrucción y ofrecer perspectivas a largo plazo. Finalmente, concluimos con una discusión sobre los alcances y límites de esta experiencia de asesoría técnica en desarrollo, cuyo impacto es prometedor, desafiante, contradictorio y con un futuro aún incierto.

2. Enfoques de reconstrucción post desastre

Toda asesoría técnica a procesos de desarrollo debe estar inscrita dentro del marco legal vigente. En este caso, resulta clave tener en consideración la regulación sobre loteos y su subdivisión, problematizando su pertinencia y coherencia para los casos de asentamientos populares, sobre todo en lo relativo a la necesaria prevención de riesgos como incendios y derrumbes.

La Ley de Urbanismo y Construcciones, en sus artículos 136º a 139º, tipifica como delito la subdivisión y enajenación del suelo sin la previa materialización de obras de urbanización que doten de servicios básicos, pavimentos y áreas verdes. Esta ley también prohíbe en su artículo 55° la apertura de calles y creación de nuevas urbanizaciones en áreas rurales. No obstante, desde el período colonial, una de las formas a través de las cuales las clases populares han producido su hábitat, fue a través de asentamientos de hecho, donde primero se vive luego se construye, o simplemente se vive sin construir, en condiciones muy precarias (Riofrío, 2022). No obstante, desde mediados del siglo XX, comenzaron a generarse apropiaciones colectivas de terreno por parte de personas y familias sin posibilidad de acceder a la vivienda (Espinoza, 1988), quienes reivindicaban el derecho de propiedad sobre terrenos disponibles, generalmente pertenecientes al estado. Desde ahí, las tomas se han convertido en un mecanismo válidos de acceso a la vivienda para grupos precarizados y subalternos (Angelcos, 2015). Los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos 50 años sean de izquierda, el centro o derecha, han creado instrumentos legales y programas de financiamiento para atender esta realidad incontenible y permitir regularizar la tenencia, favorecer su formalización, dotar de un estatus urbano a estos asentamientos y reducir la vulnerabilidad en caso de emplazamiento en zonas de riesgo.

En la actualidad, junto con implementarse un programa de campamentos, el gobierno ha llevado a discusión parlamentaria proyectos de ley que buscan crear nuevos instrumentos para atender esta realidad. Estas iniciativas conviven con un marco constitucional que le otorga a la propiedad privada un rango superlativo y junto con eso, una agenda legislativa alentada por un discurso que criminaliza las usurpaciones y ocupaciones de inmuebles, y favorece los desalojos forzosos a través de la fuerza y la violencia de Estado.

Una buena parte de la superficie arrasada por el incendio de febrero de 2024 corresponde a este tipo de poblamiento. Desde ahí varios centros de investigación y acción reaccionaron, haciendo ver las limitaciones que presenta la planificación pública y la necesidad de superar las condiciones del país para enfrentar este tipo de catástrofes.

En ese marco, el Colegio de Arquitectos de Chile (2024) presentó un documento con propuestas a escala intercomunal, comunal y habitacional para enfrentar tanto la emergencia inmediata, como la reconstrucción y la prevención futura. Este, plantea la necesidad de aprovechar la Ley N°16.282 “de sismos y catástrofes”, ya que, entre otras cosas, permite flexibilizar procedimientos administrativos, posibilitando el recibir y efectuar donaciones y préstamos, así como disponer de recursos. Esta ley además regula el desarrollo de planes de acción, crea los comités de emergencia comunales y permite la construcción de soluciones habitacionales estandarizadas sin tener que tramitar los permisos de obra en cada caso. La propuesta del Colegio de Arquitectos hace también mención de la creación de “campamentos transitorios” para damnificados, instrumento que forma parte de las iniciativas legales en debate parlamentario a petición del Gobierno.

Todas esas consignas pueden ser útiles, pero ciertamente insuficientes. La dramática situación producida por el incendio se sucedió de la urgencia de las familias por resolver el acceso inmediato a una vivienda antes de la llegada del invierno; así surgieron iniciativas espontáneas, que sobrepasaron la acción operativa del Estado y toda voluntad planificadora. En menos de dos meses, las familias habían vuelto a localizarse en los terrenos que el incendio había arrasado.

3. Metodología de la asesoría técnica

La propuesta metodológica de asesoría técnica estuvo inspirada en la posibilidad de que la fuerza creativa de los entramados comunitarios y la producción de lo común permitieran ir superando obstáculos para la construcción del hábitat popular (Gutiérrez, 2020). Esto, tanto respecto a los obstáculos externos jurídicos, técnicos y financieros, como los internos, inherentes a toda organización.

Para ello, era necesario poner a disposición de la comunidad los saberes que suelen ser monopolio de técnicos y burócratas. Asumimos que los instrumentos legales y de financiamiento desarrollados por el Estado, en su notable tradición de disciplina y formalidad, son instrumentos que deben ponerse a disposición democrática de la ciudadanía, para que sus organizaciones sociales estén en condiciones de exigir su aplicación para la consecución de algo tan relevante como el derecho a un hábitat digno. Por lo tanto, junto a la comunidad, llegamos a proponer elementos de un plan maestro para el sector e ir preparando un manual de gestión, que permitiera a los habitantes contar con una carta de navegación para el largo proceso que deberán enfrentar, hasta que su campamento se constituya en una verdadera pieza urbana.

El diseño metodológico de la asesoría técnica no fue concebido como una propuesta convencional con metodologías y técnicas predefinidas y escalas determinadas, como suele ser habitual en este tipo de intervenciones. Más bien, puede describirse como un diseño metodológico emergente, adaptado a una realidad compleja post desastre, donde las escalas y unidades de análisis se vuelven más flexibles y las dimensiones y variables se problematizan en relación con la coyuntura. Esto permitió realizar un análisis de mayor complejidad, considerando causas múltiples (Sposito, 2016).

El diseño metodológico de la asesoría técnica integró dos dimensiones fundamentales: el diseño urbano habitacional y la recuperación de la memoria histórica y los significados del territorio. Es decir, la asesoría técnica propuso abordar la reconstrucción del territorio considerando tanto su dimensión física y material como su dimensión simbólica e histórica. Además, estas técnicas emergentes involucraron a la comunidad mediante diferentes niveles y grados de participación, tanto en la recopilación de información como en la validación de la propuesta. El abordaje de estas dos dimensiones de manera integrada representó una innovación surgida desde las propias inquietudes de la comunidad de Villa La Unión; o sea, una combinación especialmente relevante, ya que los procesos de reconstrucción suelen enfocarse principalmente en la dimensión física y material de la vivienda e infraestructura.

Para avanzar en este sentido, propusimos dos técnicas, con diferentes temporalidades y características que, lejos de ser excluyentes, fueron complementarias, sostenidas en ejercicios de generación de conocimiento colectivo, y que encontraron su integración al final del proceso metodológico, específicamente en la fase de devolución, a través de la reflexión con la propia comunidad.

Por un lado, llevamos a cabo la reconstrucción de la memoria local del asentamiento de Villa La Unión. Este proceso surgió de la necesidad de los habitantes por recuperar su historia y destacar las experiencias de lucha y el vínculo con el territorio. La propuesta metodológica se basó en la recopilación y construcción de conocimiento colectivo para reconocer los procesos de urbanización y consolidación del asentamiento, donde los residentes actualmente protagonizan un espacio de lucha, construcción de vínculos y reivindicación. Después de revisar diversas metodologías y experiencias de rescate de la memoria oral en asentamientos populares en Chile, optamos por la técnica de “entrevista colectiva con línea de tiempo”, propuesta por Garcés (2002). Esta técnica, asociada a la dinámica de un taller, se centra en generar conocimiento colectivo a partir de la experiencia, participación y conocimientos de los propios participantes. Utilizando un “eje temporal”, las comunidades identificaron los hitos principales y los procesos de urbanización y autoproducción de servicios básicos y viviendas en el territorio.

Por otro lado, el diseño urbano habitacional se llevó a cabo mediante una dinámica de recopilación de información itinerante. En colaboración con las lideresas de las nueve comunidades, se realizaron talleres in situ para abordar la precariedad del espacio destruido y el proceso de ocupación emergente y rápida ante la inminente llegada del invierno. Estos talleres fueron facilitados con cada una de las nueve comunidades, utilizando planos impresos, donde las vecinas delinearon la configuración y la ubicación de las familias en cada lote ocupado.

El levantamiento de estos datos primarios permitió desarrollar un sistema de información geográfica para comparar el asentamiento antes y después del incendio. Además, en base a las aspiraciones, opiniones y valoraciones expresadas por las líderes comunitarias, se elaboraron las primeras propuestas urbano-habitacionales, las cuales fueron analizadas y debatidas en reuniones semanales.

Finalmente, el diseño metodológico de la asesoría técnica culminó con dos procesos de devolución. Estos no solo sirvieron para compartir información con la comunidad, sino también para generar espacios de diálogo y reflexión acerca del proceso mismo. Esto contribuyó a mejorar y fortalecer las propuestas tanto del diseño urbano habitacional como de la recuperación de la memoria histórica del territorio. Esta fase final también permitió a la comunidad reflexionar sobre estrategias políticas para visibilizar su situación, difundir el proceso a otras comunidades afectadas y considerar canales de negociación con diversas instituciones y entidades políticas involucradas en la reconstrucción.

4. Historia de Villa La Unión

El incendio acontecido en febrero del 2024 arrasó no sólo con viviendas, sino también con buena parte de una memoria, tanto individual como colectiva, que se condensa en esos espacios físicos y sus materialidades (Halbwachs, 1997; Nora 2009). Pese a la devastación, en sus ruinas, así como en sus habitantes, persisten los recuerdos de muchas experiencias de esfuerzo, sueños, resiliencia, resistencia y lucha que conforman la historia local, y que hacen de ese territorio un espacio de vida sumamente significativo para quienes lo habitan, dotando de sentido sus acciones (Ramos, 2011). En este sentido, entendemos la memoria local como una construcción social que emerge de la conjunción de los elementos sociales, políticos, económicos y culturales en un mismo territorio, sobre el cual emergen los sentidos y significaciones que otorgan las comunidades a los hechos vividos, de manera no lineal, en contraposición a relatos dominantes y develando la importancia sobre lo que quiere recordar la propia comunidad (Garcés, 2002)

El rescate de la memoria colectiva permitió identificar una serie de hitos, es decir, acontecimientos significativos dentro del proceso de poblamiento e instalación y consolidación en el territorio, que permiten entender los complejos caminos que han transitado. Estos hitos pueden sintetizarse en cuatro etapas del asentamiento que ilustramos y detallamos a continuación.

4.1. Inicio (2006 – 2015)

Esta etapa fue descrita principalmente como las primeras familias que llegaron al territorio que hoy corresponde a Villa La Unión, motivados principalmente por el anhelo de tener una vivienda digna, que para ellos significa un lugar de vida seguro, que les pertenezca y que cuente con un mínimo de espacio y accesibilidad, además de ser un lugar conocido. El primer grupo llegó en 2006, cuando los servicios básicos eran inexistentes. Otro grupo importante llegó el 2012 y luego, durante el 2015, se asentó la tercera oleada de poblamiento, momento en que se crean los primeros ‘comités de vivienda’,[6] vislumbrando también los primeros intentos por desarrollar un trabajo comunitario y representativo con el fin de consolidar su permanencia en el lugar a través de la construcción comunitaria de infraestructura y servicios colectivos.

4.2. Regularización (2015-2020)

Debido al crecimiento de Villa La Unión, las y los vecinos se organizaron para regularizar el terreno y acceder legalmente a la propiedad de un terreno. Acá los esfuerzos estuvieron concentrados principalmente en tejer puentes con la dueña del sitio, además de realizar los trámites y gestiones necesarias para la regularización y así hacer posible la compra colectiva del predio. Sin embargo, comienzan a tensionarse los modos de organización comunitaria debido a desconfianzas y a la falta de asesorías técnicas y profesionales idóneos. Entre los años 2017 y 2018, el primer grupo se dividió, dando lugar a varios grupos y liderazgos paralelos, los que representaban distintas visiones de lucha y acción. Es así como, desde el año 2017 en adelante, se evidencia una fragmentación en términos de representatividad habitacional y organizacional.

No obstante, entre 2019 y 2020, un grupo de comités decide volver a organizarse para pedir asesoría de profesionales y técnicos que pudieran corregir los errores del pasado y diseñar una salida legal que les permitiera adquirir los suelos de forma regular.

4.3. Pandemia (2020 – 2022)

Este periodo resultó ser profundamente complejo para toda la comunidad, puesto que se vieron afectadas muchas familias que se sostenían en base al trabajo por cuenta propia y emprendimientos dentro de la misma comunidad (negocios, almacenes, panaderías, entre otras actividades). Respondiendo a las necesidades tanto económicas como sanitarias de los vecinos, varios comités organizaron acciones y actividades solidarias que propiciaron una mayor cohesión interna. Se gestaron así algunas ollas comunes y platos únicos, para ayudar a vecinos con discapacidad y/o enfermedades y porque así lo exigía la comunidad.

Esta etapa es descrita, no obstante, como una pausa en el trabajo representativo y organizativo de Villa La Unión hacia su proceso de regularización.

4.4. Incendio/ post incendio (2024)

El incendio de febrero del presente año arrebató sueños, historias de esfuerzo, e incluso vidas[7]. El impacto de este suceso en el territorio fue de tal profundidad, que hasta el día de hoy no se logran precisar la totalidad de dimensiones que invisten este fenómeno. Previo a la catástrofe, los planes para el 2024 estaban orientados a mejorar los vínculos comunitarios, seguir trabajando por la regularización, subdivisión y compra de los terrenos. La contingencia dictó reorientar las prioridades, no sólo a la reconstrucción, sino también frente a la amenaza de ser erradicados de ese territorio. En función de eso, las y los vecinos se han organizado y articulado con el fin de asegurar su permanencia en los sitios La figura 2 grafica el conjunto de los campamentos arrasados por el desastre del 04 de febrero.

4.5. Lógicas sostenidas a través de los años

A partir de este trabajo, fue posible identificar ciertos aspectos transversales en toda la historia de lo que hoy es Villa La Unión y que resulta interesante destacar:

1. En términos políticos, se evidencia una fuerte desconfianza hacia todo tipo de actores sociales, de representatividad, sobre todo institucionales. Esto, a razón de la sensación de abandono y la falta de respuesta oportuna ante la emergencia. Es así como nuestra Propuesta de Integración Urbana de Villa La Unión se cristaliza en la única respuesta alentadora, ante todas las crisis para sostener las luchas que quedaban inconclusas y sin esperanzas post incendio. Sin dejar de estar ajenas a las problemáticas señaladas, se logra avanzar en una propuesta por la unión de las nueve comunidades del sector para seguir creyendo posible la regularización del sector.
2. En términos sociales, se observa un trabajo de rescate de los vínculos establecidos previamente. Es decir, a razón de la crisis de representatividad, la misma comunidad es la que se organiza para responder ante la emergencia. Desde esta perspectiva, la comunidad restablecida de Villa La Unión es la que organiza y prioriza a las y los vecinos que necesitan ayuda de forma inmediata, así como también son los propios vecinos que guardan las ayudas de emergencia y las reparten de forma ordenada.

Esta forma espontánea de organización ante la emergencia se sustenta en dos variables: la primera de ellas, en las redes de apoyo social establecidas por los nodos de habitantes conocidos con los que se conformó el territorio de Villa La Unión; y el segundo, por la empatía de estar viviendo de forma simultánea el mismo evento traumático, por tanto, no existen mayores diferencias en la gravedad de la experiencia de emergencia.

En suma, el traumático incendio, en función de las necesidades tanto económicas como sanitarias de los vecinos, facilitó procesos de organización de las ayudas y actividades solidarias, que repercutieron en una mayor cohesión interna y crear nuevas alianzas y liderazgos.

La sistematización y análisis de las memorias de habitantes de Villa La Unión, a lo largo de su proceso de instalación en el territorio, permiten revelar la fuerte interrelación social, cultural y material entre los pobladores y el espacio ocupado. Desde esta perspectiva, este espacio hoy no puede ser entendido simplemente como un terreno vacío, desprovisto de las experiencias y sentidos dados por sus habitantes.

Esta contribución histórica revela cuánto este territorio habitado y significado es, a la vez, parte fundamental y necesaria de esa comunidad que lo habita. Las y los habitantes conforman un colectivo que no es independiente de ese espacio de habitación, razón por la cual enajenarlos de ese lugar significa desarticular completamente el colectivo en sí, y al mismo tiempo desmembrar un territorio con todas las tramas de sentido, prácticas, y materialidades que un espacio de estas características supone.

5. Lineamientos hacia un proceso de integración urbana

Además del trabajo social centrado en el rescate de la memoria comunitaria, nuestra asesoría técnica optó por una creación gráfica de lo que podría llegar a ser Villa La Unión. Se trata de una propuesta a largo plazo, cuyo objetivo fue generar imágenes objetivo para darle forma a un nuevo proyecto de barrio, sostenible y de integración urbana.

Primero, identificamos los principales lineamientos en términos de prevención de riesgos y ordenamiento territorial, de conformidad con la normativa vigente y tendencias en la materia, combinando estrategias de prevención, planificación territorial y de emergencia, así como también monitoreo y gestión de crisis. La formulación de la propuesta en planimetría se acompañó, desde un inicio, de la confección de imágenes, pensadas principalmente para facilitar la lectura de las propuestas por parte de las vecinas y vecinos.

A casi cuatro meses del mega incendio, el equipo técnico-profesional realizó la entrega de un “dossier” con una propuesta de plan maestro a las y los habitantes de insumos Villa La Unión. El objetivo de este documento era entregar un insumo a la comunidad no sólo para defender su permanencia en el lugar, sino también para luchar por disponer de condiciones de habitabilidad, abastecimiento, conexión y seguridad, para la vida en él. Se trata por lo tanto de un instrumento político, toda vez que busca desde la legitimidad de la experticia profesional, validar una demanda social.

A grandes rasgos la propuesta parte desde la noción de integración urbana, generando una nueva centralidad, con una plaza, equipamientos y servicios para todo el sector Pompeya Sur. Contempla también ajustes de vialidad para mejorar el tráfico y la evacuación del barrio en caso de emergencia. incendios. Junto con eso, presenta distintas soluciones habitacionales, en diferentes densidades.

Desde nuestra ética profesional, hay medidas indispensables e irrenunciables de sostenibilidad, con mitigación y prevención de riesgos, como los cortafuegos y sistemas de reutilización de aguas grises, para mantener humedales construidos, y así facilitar la regeneración de las laderas y disponibilidad de agua en caso de otras catástrofes.

Uno de los principales lineamientos con respecto a la mitigación tiene que ver con los riesgos topográficos de pendientes acentuadas en el uso habitacional y la prevención de medidas de seguridad ante posibles catástrofes a futuro. La propuesta de ese tipo de soluciones busca ser una alternativa de fácil mantenimiento, que se adapte a la geografía del lugar y colabore a la regeneración de las laderas de los cerros. Al aprovechar los procesos naturales y la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza no solo protegen a las comunidades de los desastres, sino que también mejoran la calidad del ambiente y promueven el desarrollo sostenible tanto para Villa la Unión como de sus alrededores.

Para ilustrar algunos componentes de la propuesta de integración urbana de Villa La Unión, reproducimos a continuación algunas láminas.[8]

5.1. Integración urbana entre Villa La Unión y el Sector Pompeya Sur

Reconstruir el área de manera planificada y segura, ofreciendo a los vecinos un espacio digno para vivir y desarrollarse. Densificación variada que responde a los flujos y cargas de ocupación de cada vía proyectada. Como lo ilustra la Figura 3 la mayor densidad se ubicará alrededor de la nueva centralidad, seguida por la densidad media que bordeará la zona de mayor densidad. La menor densidad se ubicará en las zonas más alejadas, asegurando flujos expeditos. Considerar 53.442 metros cuadrados de áreas verdes, incluyendo plazas y parques; valor que no incluye quebradas de regeneración.

5.2. Vialidad

Una red vial completa y segura que incluya vías colectoras, vías de servicio y vías locales (Figura 4). Las vías colectoras (Aconcagua y Atacama del sector Pompeya Sur) recibirán el flujo vehicular proveniente de toda el área y lo distribuirán hacia el resto de la ciudad. Las vías de servicio recolectarán el tránsito interno y lo derivarán a las vías colectoras y locales. Las vías locales, con un ancho promedio de 11 metros, darán accesibilidad expedita a las zonas de mayor concentración de viviendas.

5.3. Equipamiento[9]

Propuesta de una nueva centralidad, con una plaza y servicios de salud, educación, seguridad, comercio y otros. Esta centralidad no solo beneficiaría a Villa La Unión, sino también a todo el sector de Pompeya, como lo gráfica la Figura 5. Incluye:

Figura 5. Imagen objetivo de plaza de Villa La Unión. Fuente: Gonzalo Castillo, arquitecto.

• Parque endémico: Orientado al rescate de los bosques chilenos, generando y reproduciendo especies endémicas para la regeneración de quebradas. Incluye invernaderos y semilleros con fines educacionales.
• Parque deportivo: Permite la práctica de disciplinas como trekking, descenso en bicicleta y caminatas en la naturaleza. Cuenta con equipamiento ubicado en calle El Boldo.
• Parque de la memoria: Rescata las memorias existentes en el sector, destacando la animita y el comedor social en construcción en el terreno de la familia de Anastasia Orellana.
• Parque abierto: Alberga actividades de mayor envergadura y sirve como mirador y punto final de la propuesta.

5.4. Cortafuegos[10]

Son 100 metros lineales alrededor de Villa La Unión, con posibilidad de extenderse por todo el perímetro urbano. Esta zona contempla sistemas de tratamiento y reutilización de aguas grises, a través de humedales construidos. Estos, además del tratamiento de las aguas grises provenientes tanto de las viviendas como de los equipamientos, alivian la carga de colectores de aguas servidas y generan un positivo impacto ambiental. Además, facilitan el uso de las aguas ya tratadas para apoyar la reforestación del pie de cerro. (Emerge, 2024; Stefanakis et al., 2014; UICN, 2020)

Varios estudios sobre la calidad de agua en los más de 25 humedales construidos en Chile y otras partes del mundo (en Colombia, Dinamarca, España y Francia, entre otros), muestran que son aguas naturalizadas con propiedades que aportan al crecimiento de vegetaciones y a la regeneración del suelo.

Considerando que una familia promedio genera aproximadamente de 400 litros de agua gris al día, y que en el sector existen más de 400 familias, estamos hablando de generar más de 120 mil litros por día. Esta cantidad de agua puede almacenarse en variados estanques, conectados con un sistema de riego de emergencia, para apoyar al cortafuego como un sistema de mitigación adicional en casos de incendio.

La reutilización de aguas grises para efectos de mitigación de riesgos y de regeneración de la biodiversidad en apoyo a un asentamiento sostenible fue la propuesta se mayor aprobación entre las nueve comunidades de Villa La Unión, como lo grafica la Figura 6.

5.5. Acceso a la vivienda

Dada la diversidad de necesidades, expectativas y capacidades en la población de Villa La Unión, identificamos siete opciones,[11] entre las cuales cada familia deberá elegir:

• Lote urbanizado pagado con servicios formalizados de agua, alcantarillado y luz, con compromiso de pago por esta propiedad a largo plazo, para una vivienda individual por autoconstrucción, según normativa municipal y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC); con diseño y permiso de obra que contemplan ampliaciones;
• Vivienda subsidiada en lote urbanizado (de menor tamaño que la opción anterior), para la postulación a distintas opciones de subsidio habitacional, con o sin crédito hipotecario; para vivienda individual o micro condominio, o sea dos o tres viviendas en un mismo lote;
• Apartamento subsidiado, llave en mano, a través del DS 49,[12] en un edificio o conjunto habitacional; exige acreditar la cuenta de ahorro previo la postulación; da la opción de subsidio de hasta 40 mil euros y no conlleva deuda;
• Apartamento semi subsidiado, llave en mano, a través del DS 01,[13] en un edificio o conjunto habitacional; exige la acreditación de cuenta el ahorro; da la opción de un subsidio parcial y conlleva un crédito hipotecario;
• Cooperativa de vivienda, con un predio en propiedad colectiva, para el desarrollo de la vivienda por ayuda mutua, consolidando la opción autogestionaria de algunos de los comités de Villa La Unión; con subsidio de hasta 50 mil euros;
• Vivienda en arriendo, público o privado, especialmente para familias no decididas a quedarse en el sector Pompeya Sur de Quilpué;
• Vivienda en comodato para personas con discapacidad y personas mayores; incluye reserva para víctimas de violencia intrafamiliar.

Los edificios de viviendas colectivas podrían presentarse combinando estos programas habitacionales, permitiendo diversas tipologías de viviendas en un mismo inmueble, gracias a nuevas modalidades de ejecución que está desarrollando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está transitando hacia formas de respuesta más ajustadas a las diversidades que presenta la demanda habitacional. Pero ello requiere una alianza estrecha con la autoridad que permita que los proyectos no sean sólo desarrollados por funcionarios, sino en forma colaborativa con los pobladores, y que éstos tengan la capacidad de lograr que las formas tradicionales de producción habitacional del Estado se adecúen a sus necesidades y problemas concretos.

6. Discusión sobre la asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular

Uno de los hallazgos más significativos fue reconocer que apoyamos a un grupo humano que ha sido históricamente víctima de múltiples vulneraciones y violencias sociales, institucionales y simbólicas, todas ellas vinculadas a la larga lucha por el acceso a la vivienda digna en su territorio. Este trauma se intensificó notablemente con el mega incendio de febrero y sus secuelas, que incluyen desde la falta de reconocimiento de la autoridad hasta las amenazas de desalojo. Desde esta perspectiva, es comprensible el alto grado de desconfianza que la mayoría de estas pobladoras siente hacia cualquier actor social o liderazgo, lo cual dificulta significativamente tanto el trabajo colectivo como las asesorías técnicas y políticas. Identificamos un elemento crítico en esta sensación de desconfianza, por lo que resulta fundamental establecer procesos de reconocimiento social y generación de confianza a través de la apertura de canales de comunicación y participación.

Esto último se presenta como un punto crucial en cualquier proceso de reconstrucción post desastre en comunidades, donde la práctica de la auto reconstrucción inmediata con recursos comunitarios suele idealizarse gracias a sus componentes participativos, solidarios y de autoayuda, tal como también lo destaca Maly (2018). En este sentido, la lección principal de esta asesoría técnica radica en haber comprendido la necesidad de elaborar insumos técnicos post desastre para revertir los sentimientos de desesperanza, recelo y desapego hacia las ayudas institucionales.

Otro aspecto relevante son los impactos inesperados de este proceso, que trascienden el territorio inicialmente considerado, y que permiten entender estos fenómenos en diversas escalas. La presentación del dossier de asesoría técnica ha desencadenado una serie de reuniones tanto dentro de cada una de las nueve comunidades como entre ellas y juntas ante distintas instituciones locales y sectoriales. El análisis de la propuesta está siendo abordado desde las dirigencias de las organizaciones de Villa La Unión, y se extiende hacia el área metropolitana de Valparaíso y el puerto de San Antonio, a través de los enlaces del Movimiento de Pobladores Organizados, MPO.

En contraste con otros actores como agentes inmobiliarios, entidades gubernamentales y ONG/fundaciones, que han tendido a monopolizar la producción de conocimientos sobre los territorios para utilizarlos a su favor, las comunidades suelen carecer de las capacidades materiales y técnicas para desarrollar este tipo de estudios, que representen sus intereses y les permitan abogar por mejoras y transformaciones en sus entornos. En este sentido, reconocemos las asimetrías de información que afectan la capacidad de disputa y mediación por parte de las comunidades más vulnerables. Desde ahí, podemos decir que el proceso de asesoría técnica ha permitido avanzar en reducir esta brecha, razón por la cual la demanda por este ejercicio se ha propagado hacia otros territorios y comunidades.

Otro de los logros de este proceso, es que las comunidades han empezado a asumir la importancia de abordar sus intereses individuales desde el enfoque de la ciudad. Están repensando la experiencia del loteo inicial, descubriendo ventajas del cohabitar entre distintas tipologías de vivienda y la idea de devenir “un barrio ejemplar”. En este sentido, lo más urgente es la regularización de la tenencia del paño de cada comité[14], aunque siempre está el dilema entre la defensa del interés individual con una mirada en la gestión colectiva que será exigida por el Estado.[15] De esta manera, algunos de los comités aceptan la idea de cohabitar al lado de viviendas de mayor densidad y construcciones en altura, denominados “blocks”, siempre con un fuerte prejuicio por la historia de la mala calidad de la vivienda social construida masivamente en Chile en los años 80 y 90 del siglo pasado.

Por otro lado, en cuanto a la experiencia del equipo de asesoría técnica, hemos enfrentado propuestas que no logramos desarrollar. Nos referimos específicamente a la decisión pendiente desde febrero sobre acompañar o no el auto censo de las comunidades. Es crucial precisar la composición de las organizaciones y familias que serán protagonistas en el proceso de radicación de un asentamiento popular. Aunque los datos son indispensables, en esta ocasión hemos decidido no registrar información sobre las familias. Dada la naturaleza delicada de estos datos y la situación de fragilidad y violencia actual, su dinámica es demasiado compleja: algunas familias ingresan mientras otras salen. Entendemos que, en caso de avanzar hacia la formalización de Villa La Unión como espacio habitacional, será responsabilidad del Estado aplicar los instrumentos adecuados para definir los sujetos —no objetos ni beneficiarios— reales del proceso de urbanización y formalización de la tenencia.

Tras la entrega del dossier a Villa La Unión, se mantiene el compromiso de acompañar a las comunidades en su proceso de producción colectiva del hábitat; al menos en una fase inicial que les respalde en la planificación de la gestión futura. Para ello, nos hemos propuesto la elaboración colectiva de un manual de urbanización popular, que permita articular y sistematizar saberes desarrollados en colectivos comunitarios, en muchos años de lucha por el derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad, con el conocimiento técnico profesional, jurídico y administrativo, para valerse de los instrumentos financieros y legales vigentes.

En las negociaciones con las autoridades, el propósito es contribuir al ejercicio del derecho de las comunidades de ser parte de las decisiones que afectan al territorio de su convivencia, reconociendo el sujeto protagonista social de la producción colectiva del hábitat, alcanzando crecientes niveles de autonomía, es decir desarrollando capacidades de auto institucionalización y formulando normas propias (Castortiadis, 1997); con ello, fomentando la imaginación radical, propiciando nuevas alternativas colectivas para el barrio, en las que los deseos y los sueños no se limiten al realismo existente (Fusaro, 2022).

En un plazo de seis meses, el manual se elaborará en talleres por grupos de trabajo. Cada uno dedicado a planificar un ámbito específico de producción de bienes comunes urbanos y en esos grupos se avanzará en una reflexión sobre cómo se deben incorporar prácticas de cultivo de lo común en cada una de las tareas que se van planificando.

Finalmente, como equipo de asesoría técnica, nos hemos enfrentado constantemente a esta pregunta que trasciende la coyuntura de la catástrofe: ¿Cuál debe ser el rol de las y los profesionales de la arquitectura, el urbanismo, las ciencias sociales y la ingeniería, frente a comunidades que entretejen tramas comunitarias para producir su hábitat, como parte de un esfuerzo cotidiano de reproducción de la vida y que se ven enfrentados a disputar sus espacios de creación de riqueza social, frente a un sistema estado-mercado que prioriza la ciudad como lugar de creación de valor de cambio? (Gutiérrez, 2020). En otras palabras, tras este recorrido, hemos revisado nuestra definición de asesoría técnica a partir de esta experiencia: una propuesta inicial destinada a fortalecer el empoderamiento de la organización local para tomar decisiones, asumir tanto los beneficios como los costos de la integración urbana y la sostenibilidad, y concebir el barrio desde una perspectiva colectiva. También hemos reflexionado sobre los límites de la autogestión frente a las necesarias concesiones para involucrar al Estado en la urbanización e inversión.

Es evidente que contar con un equipo técnico sin respaldo institucional no es ideal. Habría sido preferible trabajar con respaldo de instituciones municipales, sectoriales o gremiales. No obstante, valoramos profundamente la oportunidad de participar en este ejercicio de producción colectiva y trabajo en equipo, donde pudimos imaginar escenarios urbanos diferentes a los impuestos por la normativa, los juegos de poder y la rigidez institucional. En pocos meses, tuvimos el privilegio de apoyar procesos sociales emancipatorios, desafiando los límites del “no hay alternativa”.[16]

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