Elizabeth Andrade
Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 (Chile)
elizabeth.andrade.dh@gmail.com
Ana Sugranyes
Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN)
anasugranyesbickel@gmail.com
Recibido: 10-07-2022
Aceptado: 01-09-2022
Cómo citar: Andrade, Elizabeth y Sugranyes, Ana (2022). Construyendo la primera ciudad latinoamericana de Chile. Rompiendo Barreras desde el Macrocampamento Los Arenales en Antofagasta. Hábitat y Sociedad, 15, 255-271. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad/2022.i15.12
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Resumen Mujeres de distintas nacionalidades latinoamericanas lideran un proceso autogestionario, Rompiendo Barreras, para incidir en el reconocimiento de sus derechos en la radicación de uno de los mayores asentamientos populares de Chile, Los Arenales, con dos mil familias, en la ciudad de Antofagasta. Por el derecho a la ciudad, ellas aspiran a un entorno ideal y quieren ser parte de su construcción. Esta lucha se inscribe entre los desafíos del Chile de hoy: el proceso constitucional emancipador; el inicio de un gobierno de relevo generacional y socialmente comprometido; las barreras del acceso a la vivienda y al suelo; y el alto flujo migratorio, especialmente en el norte del país. Al cabo de siete años de organización solidaria y de interculturalidad, están dadas las condiciones para proponer un proceso de integración social, por la producción de un espacio de vida y por mejores condiciones habitacionales. |
Abstract Women of different Latin American nationalities lead a self-managed process, Breaking Barriers (Rompiendo Barreras), seeking for the recognition of their rights in the settlement of one of the largest slums in Chile, “Los Arenales”, with two thousand families, in the city of Antofagasta. For the right to the city, they are in search of an ideal environment and want to be part of its construction. This struggle is part of the challenges of today’s Chile: the emancipatory constitutional process; the beginning of a new and socially committed government; with high barriers to access to housing and land; and the high migratory flow, especially in the north of the country. After seven years of solidarity and intercultural organization, the conditions are in place to propose a process of social integration, for the production of a place to live in and for better housing conditions. |
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Palabras clave asentamientos precarios; políticas habitacionales; interculturalidad. |
Keywords slums; housing policies; intercultural development. |
El modelo político-económico chileno ha recorrido el mundo y está enfrentado a sus propios límites. La doctrina neoliberal implementada a punta de fusil en los tiempos de Pinochet ha mantenido durante 40 años a un Estado subsidiario que, supuestamente, sólo interviene donde el mercado no logra dar respuesta, a una sociedad fuertemente fragmentada e individualizada, al extractivismo y al agotamiento de los recursos naturales.
A partir de octubre 2019, la revuelta de las nuevas generaciones visibiliza las barreras del modelo y exige una recomposición y negociación del poder. Con el proceso constituyente, están dadas las condiciones para redefinir el rol del Estado social garante de los derechos fundamentales, así como nuevos mecanismos de articulación de poder entre los intereses corporativos, el respeto al bien común y el rol indispensable de las personas y comunidades en la producción y gestión del hábitat.
El flujo migratorio, constante y en fuerte aumento desde 2015, crea espacio de transformación. Hace 20 años, se decía que la comida en Chile había dado un salto cualitativo gracias a la multiplicación de restaurantes peruanos en todas partes, en todos los barrios. Ahora, la presencia de comunidades latinoamericanas marca pauta en varios ámbitos de la sociedad chilena, en términos culturales, en el hecho barrial y urbano, en la presencia de cárteles de narcotraficantes, también en la participación de mujeres y hombres en la construcción de otra ciudad posible, más centrada en sus habitantes que en los negocios inmobiliarios.
El propósito de este documento se centra en la relación hábitat y sociedad, en momentos de profundos cambios políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, como los que vive el Chile constituyente, en tiempos de pandemia, inflación y recesión, en medio de grandes movimientos migratorios en todo el continente. Sugiere analizar las posibilidades de cambio en la política habitacional para revertir los impactos sociales y urbanos de un mismo y único instrumento financiero, el agotamiento de 40 años de subsidio habitacional; también para revertir las profundas fragmentación urbana y segregación socioespacial.
El análisis se enmarca en la propuesta de la organización Rompiendo Barreras, liderada por mujeres bolivianas, chilenas, colombianas, ecuatorianas y peruanas para construir el espacio por ellas denominado ‘la primera ciudad latinoamericana de Chile’. Se trata de una práctica de convivencia solidaria, el Macrocampamento[1] Los Arenales, con dos mil familias ahí progresivamente asentadas desde 2016 en diez hectáreas, en la periferia de la ciudad de Antofagasta, capital extractivista del norte desértico del país. Es el relato de una acción autogestionaria hacia el proceso de integración urbana de un asentamiento popular. Es una demostración de praxis de la utopía del derecho a la ciudad. En 2017, Rompiendo Barreras realizó un ejercicio grupal de definición del concepto de derecho a la ciudad; las participantes escribieron el texto que se reproduce a continuación:
Soñando nuestra ciudad ideal en “Los Arenales” (Antofagasta, 2017)
En nuestra ciudad, tenemos buena comunicación con las vecinas. Hay paz, no se ven peleas.
Vivimos en tranquilidad, se pasa bien, nos respetamos mutuamente. No hay racismo, vivimos plenamente la diversidad. Hemos dejado de sobrevivir para comenzar a vivir y tener bienestar.
Las viviendas son dignas, amplias y permiten intimidad, estando refugiadas del exterior con privacidad. Nuestra ciudad es ordenada, limpia, digna. Hay áreas verdes, buenos colegios y servicios de salud apropiados a nuestras necesidades; el comercio está cerca; tenemos seguridad gracias a la cercanía de agentes del orden público con quienes mantenemos relaciones fluidas y de respeto. En nuestra ciudad, todxs tenemos acceso a la cultura y a la información.
Las niñas y los niños pueden asistir a varios talleres para encontrar nuevxs amigxs e intereses.
En esta ciudad, nos conocemos todxs. Algunxs se caen bien, otrxs mal, pero siempre predomina el respeto mutuo. Podemos encontrar espacios de recreación, llenos de alegría, ideales para que podamos reconocernos como vecinxs.
Esta ciudad aún no existe, pero queremos que se haga realidad.
Desde el espacio en disputa por el derecho a un lugar donde vivir en seguridad, paz y dignidad, las pobladoras[2] están luchando en la primera línea de batalla –antes de que estallara la revuelta en todo Chile, el 18 de octubre de 2019–. Formulan un documento centrado en las posibilidades de ir recuperando la dignidad humana en espacios compartidos, públicos y privados. Es un grito, inspirado ante todo por el valor de la convivencia sin discriminación, sin referencia a la mercantilización del bien común o al consumismo, reconociendo la dinámica intercultural y, de modo implícito, también la desigualdad.
La frase final del texto “Esta ciudad aún no existe, pero queremos que se haga realidad” refleja la convicción de las pobladoras de hacerse parte del proceso de transformación de la ciudad y de asumir un rol activo en la producción y gestión del hábitat; o sea, una definición concreta y localmente aterrizada del derecho a la ciudad, la praxis de la utopía (Sugranyes, 2010).
La estructura de este artículo empieza con la descripción de la historia y del proceso de urbanización del asentamiento Los Arenales, con sus dos mil familias en la ciudad de Antofagasta. Sigue situando Los Arenales en el contexto del Chile de hoy: las ciudades fragmentadas y segregadas del norte extractivo de Chile, con la mercantilización y financiarización de la vivienda y del suelo, así como el gran flujo migratorio que Chile vive desde 2015. Ilustra los avances y desafíos de la organización Rompiendo Barreras, entre principios y prácticas. Y concluye revisando la propuesta de la ciudad ideal hacia la conquista del derecho a la ciudad.
El asentamiento popular, objeto de esta praxis de la utopía del derecho a la ciudad, corresponde al Macrocampamento Los Arenales, en el sector La Bonilla, en Borde Cerro a unos diez kilómetros al norte del centro de la Ciudad de Antofagasta (ver Figura 1).
La historia de este asentamiento popular remonta a 2015, cuando familias chilenas y peruanas del sector La Bonilla inician la toma de 10,5 ha de terrenos fiscales, de los cuales 3 ha son del Municipio y constan en el Plan Regulador Comunal, PRC como área de servicios. Al cabo de 6 a 7 años de asentamiento progresivo, la densidad se ha multiplicado: entre 2018 y 2021, la población de Los Arenales se ha duplicado, pasando de mil a dos mil familias. El auto-censo, organizado por el Movimiento de Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna, MPVD-Antofagasta en diciembre de 2020, contabiliza a alrededor de 6.000 personas, pertenecientes a 2.000 familias de diverso tipo y que habitan en unas 1.800 viviendas (fig. 1).
Figura 1. Macrocampamento Los Arenales, inserto en el Sector Bonilla, 10 km al norte del centro de Antofagasta. Fuente: Google Earth, junio de 2022.
La organización territorial del Macrocampamento está establecida en torno a 14 Comités de Vivienda:[3]
Desde 2017, siete de estos Comités optaron por una estrategia general de asentamiento definitivo, o radicación del campamento. A tal efecto, se reagruparon y formaron la organización Rompiendo Barreras, para desarrollar y empoderar la capacidad auto-gestionaria, para la formación permanente de cuadros locales, la educación extraescolar de niñas y niños, y la creación de empleo, especialmente girado al sector de la alimentación procesada en el sector. Rompiendo Barreras está afiliada a dos instancias sociales nacionales: Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile[4] y del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna.[5] La riqueza intercultural de la población de Los Arenales proviene del encuentro y convivencia entre familias bolivianas, colombianas, ecuatorianas y peruanas (de 75 a 80%) con las chilenas.
En cuanto a las características socio-económicas de la población de Los Arenales prevalece la diversidad. Del trabajo de monitoreo de datos llevado por las dirigentes del asentamiento, se estima que el 65% de la población, especialmente por los niveles de educación, supera los requisitos formales para ser beneficiario de aportes estatales para resolver el problema habitacional, principalmente, el D.S. N°49 que regula el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, único instrumento del que se vale el Estado de Chile para atender el déficit habitacional de las y los más vulnerables.
Los seis años de desarrollo del Macrocampamento Los Arenales están marcados por su capacidad de organización y autogestión. Los principales hitos de este proceso son:
Figuras 2, 3 y 4. Los Arenales, Antofagasta. Fuente: Ana Sugranyes (2018).
Figuras 5 y 6. Los Arenales, Antofagasta. Fuente: Ana Sugranyes (2021).
La opción de la organización Rompiendo Barreras, en términos habitacionales y urbanos para la radicación definitiva en los terrenos de Los Arenales, se basa en una definición de integración social y urbana, otorgando a todas y todos quienes habitan asentamientos precarios las capacidades de transformar ‘fragmentos de ciudad sin estatutos de ciudad’ (Cravino, 2018) en un espacio de vida sostenible. Se enfoca esta transformación de la ciudad en una estrategia intercultural, con el apoyo del gobierno regional de Antofagasta, buscando respuestas de políticas públicas intersectoriales –porque la interseccionalidad aún no llegó a permear la rigidez institucional– con una cartera de proyectos de inversión plurianual, en convenio de programación,[6] reconociendo a las pobladoras y a los pobladores en el centro de la producción y gestión del hábitat.
En este sentido, entre 2017 y 2018, Rompiendo Barreras obtuvo el apoyo del Programa Know your City de la red Slum Dwellers Insternational (SDI) para apoyar un plan comunitario de planificación y formulación de propuestas comunitarias de urbanización de Los Arenales (ver Figura 7). Con asesorías de Fractal ONG y del Programa Ordhum de la Universidad Católica del Norte, se realizaron dinámicas diversas de diagnóstico, y se contó con un levantamiento topográfico fotométrico y, posteriormente, con mecánica de suelo.
Figura 7. Propuestas comunitarias de urbanización de Los Arenales. Fuente: Archivo de Rompiendo Barreras, Proyecto internacional SDI, 2018
Para avanzar hacia el ideal de la primera ciudad latinoamericana de Chile, a partir de una propuesta de urbanización (ver Figura 8), la Corporación Rompiendo Barreras, con el apoyo del Gobierno Regional de Antofagasta y del Colegio de Arquitectos de Chile, está formulando un concurso nacional de ideas “De la condición de Campamento a la integración social y urbana. Caso del Macrocampamento Los Arenales, Sector La Bonilla, Antofagasta” (fig. 7).
A través de la negociación con actores públicos y privados del sector del urbanismo y de la construcción, acuerdos concertados entre las distintas partes locales, regionales y de apoyo técnico, y con un apoyo comunicacional del Gobierno Regional, del Colegio de Arquitectos y distintas instancias locales, públicas, privadas y académicas, el concurso se inscribe en las siguientes dimensiones:
El concurso de ideas se concibe en función de los siguientes lineamientos:
Figura 8. Propuesta de integración urbana del Macrocampamento Los Arenales en el Sector Bonilla. Fuente: Asesoría técnica Corporación Rompiendo Barreras (2021)
La propuesta de un espacio de convivencia, llamado ‘primera ciudad latinoamericana de Chile’ se está concretando, bajo la bandera del derecho a la ciudad, proponiendo alternativas de políticas habitacionales, diferentes a los programas habituales aplicados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contribuyendo a superar la emergencia habitacional haciendo ciudad y aprovechando la oportunidad intercultural del momento migratorio. En este sentido, a continuación, se presentan elementos del contexto que marcan el proceso de urbanización descrito en el punto anterior.
La nueva Constitución incluye principios, derechos y obligaciones que harán posible la promoción y defensa de los derechos al hábitat: una definición de hace unos veinte años por el primer Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano a una Vivienda Adecuada define estos como los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna, a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad.
Para empezar a revertir los impactos sociales y urbanos de las políticas públicas en los últimos 40 años, la nueva Constitución de Chile representa la oportunidad de un salto cualitativo. El articulado en materia habitacional y urbana de la nueva Constitución es una base de acuerdo, a partir de la cual podremos iniciar un proceso de superación de la fragmentación y segregación de las ciudades.
La propuesta de nueva Constitución[7] aborda varios temas relacionados al ordenamiento territorial. Las líneas de descentralización facilitarán legislar las obligaciones y funciones entre los distintos poderes autónomos del gobierno central a través de sus instituciones sectoriales y de fiscalización, los gobiernos regionales y las municipalidades para asegurar la protección del bien público y, a la vez, la respuesta a la calidad de vida de cada persona y comunidad.
Más allá del artículo 19.24 de la Constitución vigente, que limita la función social de la propiedad a las condiciones de compensación monetaria en caso de expropiación, la nueva Carta Magna sugiere una función pública y ecológica del derecho de propiedad. Es otro gran avance de la Convención Constitucional que apunta al resguardo del bien común en equilibrio con la posesión. En términos comparativos, es una conquista más avanzada que la lograda en 2017 por la Constitución de la Ciudad de México.
El derecho a la ciudad está incluido en el nuevo pacto político y social de Chile. Se trata de un derecho colectivo en proceso de desarrollo. No está aún reconocido por Naciones Unidas por lo que no representa una norma internacional de obligación de Estado. Pero, en el largo camino a recorrer, sí representará un principio al cual recurrir a la justicia; seguirá siendo una bandera política para la utopía del buen vivir en la ciudad justa, donde las comunidades asumen responsabilidad en su permanente transformación.
La Constitución de 1980 apenas considera los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; al derecho a la vivienda, ni siquiera lo menciona. En América Latina, tan sólo las constituciones vigentes en El Perú y Chile no contemplan este derecho fundamental. Con el derecho a la vivienda digna consagrado en la nueva Constitución, será posible exigir las obligaciones de Estado reconocidas por el Comité DESC de las Naciones Unidas en 1991. Habrá forma de recurrir a los tribunales de justicia en caso de violación de este derecho humano, especialmente en lo referido a toda forma de desalojo forzado.
La nueva Constitución representa la oportunidad de abrir un gran abanico de modalidades distintas y variadas de producción y gestión de viviendas y de barrios para responder a la premura de la demanda y a la complejidad y especificidad de cada territorio, respetando a las personas y comunidades que los habitan. Vecinas y vecinos incidirán directamente en las decisiones que afectan los barrios y el enlace entre las distintas partes de la ciudad. Será posible ir definiendo normas que respeten más la calidad de vida de las y los habitantes que el negocio inmediato a favor de unas élites.
Son evidentes los límites de una política habitacional basada únicamente sobre el mecanismo financiero del subsidio habitacional, implementada en Chile desde los años 80 del siglo pasado y aún vigente en el día de hoy. Son duras las condiciones de vida en centenares de miles de viviendas sociales, agrupadas en condominios, con mala calidad de diseño, sin innovación tecnológica y con pobreza material. Era la vivienda que les había tocado, lejos de sus relaciones familiares, lejos de sus lugares de trabajo, lejos de toda posibilidad de movilidad social y habitacional. Familias que eran y siguen siendo beneficiarias y víctimas del modelo habitacional que Chile vendió en América latina, con el respaldo del Banco Mundial (Rodríguez y Sugranyes, 2021).
Este modelo demostró que al Estado le era posible movilizar recursos financieros para la construcción masiva de viviendas, reduciendo el déficit habitacional cuantitativo. A la vez, mostró la paradoja de que, al no preocuparse de lo que construía y dónde lo hacía, aumentó el déficit cualitativo. Siendo el financiamiento un componente indispensable de la política habitacional, la realidad de vida en los conjuntos de vivienda social evidencia tres omisiones graves que Chile ha sufrido a lo largo de los últimos cuarenta años: no haber colocado a la persona y su dignidad como protagonista de la producción y gestión del hábitat; no haber acompañado la construcción masiva de viviendas con una política pública de suelo; por ende, no haber contemplado la vivienda como parte de los barrios y de la ciudad.
Pasan los años y el problema habitacional aumenta. La construcción masiva de techos para los sectores más pobres ha disminuido fuertemente. Es más visible la ausencia de principios y derechos colectivos, desplazando la prevalencia del bien común. También el centralismo tradicional, sectorial y focalizado, que no corresponde a la especificad territorial. La permisiva y perniciosa especulación del suelo se mantiene. Se acrecienta la inequidad en la distribución de bienes y servicios públicos. Los efectos sociales y económicos de la pandemia visibilizan a su vez los desajustes de las políticas territoriales, urbanas y habitacionales. Se presagian mayores niveles de desigualdad a los ya evidenciados en los últimos cuarenta años.
La observación empírica hace temer que más de un tercio de la población sufre ahora alguna forma de precarización habitacional. El tema de la vivienda pasa por un proceso de creciente exclusión de los mercados que afecta a los sectores de menores ingresos. En el mercado formal, se produce el aumento ‘demencial’ de los precios de las viviendas y del suelo en las ciudades de todo el mundo, con la multiplicación además de una oferta privada de arriendo de nano-viviendas de 18 metros cuadrados en edificios de 30 a 40 pisos. En el mercado informal, con la precarización del empleo y el gran flujo migratorio, la vivienda se ha convertido sea en un asunto de sobrevivencia, sea en ‘arriendos abusivos’.
Las personas y familias en situación de pobreza son más que las contabilizadas en las cifras oficiales y sus condiciones de vivienda empeoran en los condominios sociales, en las poblaciones tradicionales, en los nuevos conventillos, las casas subdivididas, las piezas subarrendadas, en la toma de terrenos y en los campamentos.
En la pirámide del problema habitacional en Chile, la problemática de la toma de terrenos y campamentos viene a ser la punta del iceberg. Afecta a unas 80 a 90 mil familias, una mínima parte del déficit habitacional.[8] Es tema de gran relevancia en el debate nacional por tratarse de una agresión evidente al muy consagrado derecho de propiedad en la constitución vigente.
La política de intervención en los asentamientos populares está inserta en la lógica del subsidio habitacional. El programa de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, sigue aplicando modalidades enfocadas en la erradicación de viviendas precarias, sin opción de reconocimiento de otra forma de construcción de la ciudad en todo el continente. Las ofertas se limitan a subsidios de vivienda en propiedad y en arriendo para que unas familias se trasladen al mercado formal; intentos de cierre de los asentamientos, acción que se aplica en los casos de microcampamentos; y algunos servicios de habitabilidad básica (agua, electricidad y, en pocos casos, alcantarillado). Es una política en quiebra, que no aborda las demandas de los grandes asentamientos y que exige rediseños totales.
Estas intervenciones perpetúan la reproducción de los campamentos, donde la dinámica de entradas y salidas de familias es grande; y donde las características socio-económicas de la población no corresponden a las exigencias de asignación de los subsidios.
Ahora en Chile, entre el momento constituyente y el inicio del nuevo gobierno de promesas progresistas, corresponde aportar innovación de gestión de suelo y captura de plusvalías, de financiamiento, de tecnología, diseño y reconocimiento del hábitat autogestionario. Desde la especificidad de cada territorio, también en el caso de los asentamientos populares, se trata de gestionar paños urbanos de utilidad pública, de coordinar capacidades entre gobiernos regionales, municipios, ministerios y organizaciones ciudadanas, con una diversidad de proyectos estructurados a través de planes maestros, con sus respectivos concursos públicos de imagen urbana y convenios plurianuales de programación.
Las ciudades del norte enfrentan situaciones complicadas, a raíz del aumento del flujo migratorio desde diversos países latinoamericanos. En gran medida, el modelo chileno ha contribuido a promover estos movimientos de migrantes, abriendo las puertas, pero obstaculizando la otorgación de permisos de residencia. Desde 2015, por distintas razones políticas y económicas en distintos países de la Región, el flujo migratorio ha aumentado fuertemente; en términos cuantitativos, se puede estimar que, en el transcurso de los últimos siete años, han ingresado más de un millón y medio de migrantes, casi el 10% de la población. En tiempos de pandemia, la política de puertas abiertas ha cambiado: las exigencias de visa son mayores aún y el ingreso irregular de migrantes aumenta. El gobierno y los medios de comunicación tratan de crear relación directa entre migrantes, violencia y delincuencia, dejando a los municipios, la sociedad civil y organizaciones filantrópicas responder a las necesidades de sobrevivencia de migrantes, incluyendo a mujeres, niñas, niños y personas mayores (Bazo, 2022).
En las ciudades del norte del país, entre otras, Antofagasta, se observa una extrema precariedad en que sobreviven las personas y familias migrantes. En su fase de ingreso ilegal a Chile, a la espera de derivarse hacia ciudades donde tienen parientes y oportunidades de trabajo, las familias están asentadas en vías y espacios públicos. Se dan eventos de violencia ocasionados por la reacción de la población local ante esta ocupación de terrenos y bienes urbanos.
Como lo explica Mac Donald (2021), “habrá que interpretar adecuadamente las necesidades de vivienda de los migrantes, y visualizar alternativas técnicamente sólidas para enfrentarlas. Las líneas programáticas vigentes en el país difícilmente operarán para este grupo, dada la naturaleza particular de sus necesidades. Encargarse de proveer techo a los migrantes podría ser una excelente oportunidad para reencontrar la audacia –de mediados del siglo XX, cuando la ola migratoria interna del campo a la ciudad– con que las políticas respondían a circunstancias emergentes, antes que las capturaran los prejuicios –neoliberales– e intereses que hoy las paralizan”.
El fenómeno de la migración en América latina es muy complejo. Chile debe asumirlo desde múltiples dimensiones complementarias. El tema exige, entre otras, la aplicación del Pacto de Marrakech para la Migración Segura, Ordenada y Regular; el cumplimiento de todos los derechos humanos; el espacio de construcción de América Latina en una unidad política y económica; la guerra en contra de las mafias de trata de las personas; la interculturalidad, la integración social, la oportunidad de un modelo económico basado en la producción y no la especulación; también el respeto a la Madre Tierra.
El derecho a la ciudad, la aspiración a la ciudad ideal, convirtiendo a sus habitantes en protagonistas de la transformación de un asentamiento popular a formar parte del estatuto urbano, son los principios que conducen la acción de la organización Rompiendo Barreras para la opción de radicación del Macrocampamento Los Arenales. Son conquistas y, a su vez, desafíos, que se ilustran a continuación a través de frases recogidas en Andrade (2022):
Ahora todo el Macrocampamento tiene energía, poste, luz, agua, tomada de las matrices; tenemos agua directa y, algunos comités —no todos— ya tienen hasta alcantarillado. Así hemos ido urbanizando nuestro espacio, porque también hemos ido aprendiendo que, si el sistema no se hace cargo, nos hacemos cargo nosotros. Así de simple.
Para la asistencia técnica, al principio con Fractal [ONG de Desarrollo], con la Cooperativa Cintra, ahora con la Corporación Rompiendo Barreras, logramos juntar colaboradores amigas y amigos. Trabaja, por ejemplo, Luis Araya, un ingeniero de geomensura que nos ha hecho todas las topografías. Esto nos ha permitido tener la base para planificar nuestro loteo. Además, están con nosotras varios arquitectos, que nos han permitido hacer muchas cosas.
El Estado, cuando manda gente con subsidio a los condominios, manda gente que no se conoce entre sí, que no saben quiénes son. Nosotras ya nos conocemos, migrantes y chilenas. Ya sabemos quiénes somos. Hemos ido rompiendo los estigmas con que siempre nos han marcado: como cuando dicen que Los Arenales es un antro de delincuentes. Alguna vez, en la televisión, dijeron que éramos sicarios y traficantes. Enfocaron mi casa y dijeron que acá vivían prostitutas. Me da lo mismo si hubiera sido así; con inventos, han estigmatizado nuestro campamento.
Una vez la alcaldesa —que ya no está— nos dijo: “Vamos a ver si la población[9] quiere que ustedes, los del campamento, se queden en ese espacio”. Yo creo que antes del 18 de octubre, las personas nos hubieran dado una patada en la raja. Ahora somos los y las vecinas. Nosotras en nuestro campamento hemos dado de comer a los vecinos de la población. Sus juntas de vecinos son sedes muertas. Nosotros tenemos siete sedes vivas. Hemos podido lograr eso a fuerza de solidaridad. Siempre lo digo: el Estado desaparece, la solidaridad florece, Los Arenales se fortalece. Son cosas que salen del alma. Aquí hay mucha pasión, hay mucha vida.
Estamos siempre amenazadas con los desalojos. Desde el 2015, la Gobernadora mandó la orden de desalojo. Han desalojado a mucha gente, inclusive gente de Calama a pesar de que estaba el Plan de Superación de Campamentos. La gobernadora no lo hizo valer. Con esa orden hasta ahora nos siguen amenazando. Les decimos, con fuerza, de aquí no nos mueve nadie. El día 13 de diciembre [2020], estamos haciendo un censo comunitario: Aquí Vivo, Aquí Me Quedo. Ese logo va a ir en cada casa. Estamos concientizadas de que tenemos que trabajar para lograrlo.
Lo que queremos nosotras es que se haga una vivienda digna, se construya una sociedad digna, que se respete el derecho a la ciudad. El proyecto maestro que tiene Antofagasta es mandarnos a vivir a la punta del cerro. Pero ahora estamos muy cerca, estamos frente a la comisaría. Tenemos dos colegios, tenemos dos centros de salud, tenemos tres centros infantiles para nuestras hijas e hijos, aparte de la guardería que queremos crear acá. Son cosas por las que vamos a luchar con harta fuerza, y las vamos a ganar.
Las mujeres del Macrocampamento Los Arenales, desde su praxis de la utopía para la construcción de la “primera ciudad latinoamericana de Chile” presentan una opción emancipadora de hacer ciudad y de exigir nuevos parámetros para responder a la necesidad habitacional. Sus sueños y su capacidad de organización desafían los postulados de cuarenta años del mismo y único instrumento de política, el subsidio habitacional, aplicado con productos de mala calidad en entornos urbanos profundamente fragmentados.
La radicación y urbanización del asentamiento popular en la ciudad de Antofagasta es posible ahora, por los alcances de la nueva Constitución de Chile y por el plan de emergencia habitacional que el nuevo gobierno, desde su ámbito regional y sectorial, propone realizar en los próximos años. Están dadas las condiciones necesarias para colocar a las y los pobladores en el protagonismo de la producción y gestión del hábitat; también para facilitar una gestión de suelo desde su utilidad pública para el desarrollo posterior de diversos proyectos de barrio y de integración social y urbana.
Los desafíos de esta propuesta son enormes y exigen una muy hábil de articulación de aportes diferentes. Se podrá demostrar la realización del derecho a la ciudad para el buen vivir de las y los habitantes, entrelazando quimera y praxis, teoría y experiencia, lema y receta.
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Mac Donald, Joan (2021). Política habitacional y migrantes. Reflexiones a raíz de una crisis en el norte [Documento no publicado].
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[1] “Campamento” corresponde a la denominación de los asentamientos populares en Chile; algo como las villas de Argentina, las favelas de Brasil, las barriadas del Perú, o “el hábitat de los que sobran” (Sugranyes, 2017). Para la institucionalidad del sector, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, se trata de “Asentamientos precarios de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado), y cuyas viviendas conforman una unidad socio-territorial definida”. La denominación de “macrocampamento” corresponde a asentamientos grandes de mil o más familias, compuesto de varios comités o campamentos.
[2] “Pobladora, poblador” en Chile –en el Perú también– tiene una evidente connotación de actor social colectivo, en resistencia, habitando sectores populares urbanos.
[3] “El Comité de Vivienda” es la única figura jurídica disponible para la organización de familias en un asentamiento precario. Una figura que corresponde al modelo de intervención del Minvu en los campamentos. El Estado considera esta población como eventuales beneficiarios del programa de acceso a vivienda en propiedad individual, llave en mano, definido por el subsidio habitacional en su versión Decreto Supremo, DS.49, o Programa de Vivienda Solidaria, sin deuda, con un ahorro equivalente a unos 3 mil euros y un subsidio de 35 a 40 mil euros.
[6] La Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, MOP define los Convenios de Programación como acuerdos formales entre uno o más Gobiernos Regionales y uno o más Ministerios, en los que se establecen compromisos de financiamiento compartido y acciones tendientes a realizar proyectos de interés e impacto regional. Están insertos en la política de descentralización fiscal, definida de manera amplia como el conjunto de relaciones fiscales intergubernamentales entre aquellos organismos que toman decisiones públicas en los diferentes niveles territoriales de gobierno. Ver en http://www.dirplan.cl/direccionesregionales/conveniosdeprogramacion
[7] El 04 de julio de 2022, al cabo de un año de trabajo, la Convención Constitucional presenta a Chile la propuesta de nueva Constitución. Esta se somete a un plebiscito de salida del momento constituyente el 04 de septiembre de 2022, casi dos años después de la consulta ciudadana del 25 de octubre de 2020 cuando el 80% de la población aprobó el inicio de la formulación de una nueva Constitución, en reemplazo de la impuesta por Pinochet en 1980.
[8] Del déficit habitacional: la Cámara Chilena de la Construcción (2021) reconoce un déficit cuantitativo de 750 mil viviendas; y el Minvu (2016) por su parte reconoce un déficit cualitativo de un millón doscientas mil unidades.
[9] “La población”, término que identifica un barrio formal. El sector La Bonilla está formado por el Programa de Vivienda Progresiva, a principios de los años 90; son proyectos de subsidio habitacional, que no han dejado capacidad de organización local.