Entramado de actores en la problemática habitacional: Estado, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad del municipio de La Matanza

Framework of actors in the housing problem: the state, civil society organisations and the community in the district of La Matanza

Florencia Bareiro Gardenal

Universidad Nacional de La Matanza

fbareiro@unlam.edu.ar

0000-0002-6682-936X

Recibido: 30-06-2022

Aceptado: 14-08-2023

Cómo citar:
Bareiro Gardenal, Florencia (2023). Entramado de actores en la problemática habitacional: Estado, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad del municipio de La Matanza. Hábitat y Sociedad, (16), 267-285. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2023.i16.11

1. Introducción

Argentina cuenta con una población de 46.044.703 habitantes y con 17.805.711 viviendas según los resultados provisionales del último censo nacional (INDEC, 2023). Por su parte, La Matanza es el municipio más poblado del Gran Buenos Aires[1] (GBA), sumando 1.837.774 habitantes y con un total de 577.276 viviendas particulares (INDEC, 2023). Teniendo en cuenta esta cantidad, su población supera a la de varias provincias del país sólo quedando por debajo de la provincia que integra, Buenos Aires (con 17.569.053 habitantes) que es la más poblada de Argentina, de Córdoba (3.978.984 habitantes), Santa Fe (3.556.522 habitantes), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (3.120.612 habitantes) y Mendoza (2.014.533 habitantes).

Además, tomando los datos del censo 2010, La Matanza presenta un índice de Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI) de 15,6% (INDEC, 2010) siendo este más alto que el total del país, de 9,13%, y el de la provincia de Buenos Aires, de 8,15%. Su extensión territorial es de 325,71 km2 y tiene una densidad poblacional de 5438,15 habitantes por km2. Su población representa el 15,38 % del total de habitantes de la provincia de Buenos Aires. Está conformado por 16 localidades que presentan características de ciudades urbanas, semirurales y rurales. La localidad con mayor extensión es Virrey del Pino, pero a la vez es la menos densamente poblada (ACUMAR, 2014). En este territorio, el déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo) afecta a 331.420 hogares (Di Virgilio y Serrati, 2019) y dentro del mismo es mayor la cantidad de viviendas que presentan situaciones de déficit cualitativo (ampliación/mejoras) que el cuantitativo (viviendas irrecuperables). Nos interesa recuperar estos datos para comenzar a delinear la problemática habitacional en el partido de La Matanza entendiendo al acceso a una vivienda como una de las partes que lo integran.

La problemática habitacional se puede expresar como aquella que afecta al conjunto o configuración de servicios que satisfacen necesidades humanas primordiales como la vivienda, la protección ambiental, el espacio, la seguridad, la privacidad y la identidad (Yujnovsky, 1984). También se encuentra vinculado con el derecho al espacio urbano, cómo propone Oszlak (2017), lo cual refiere a que diversas externalidades están estrechamente ligadas a la localización de la vivienda o la infraestructura económica como la educación, la recreación, la fuente de trabajo, la atención de la salud, el transporte o los servicios públicos. En la medida en que estos bienes y servicios tengan una distribución geográfica desigual las posibilidades de acceso van a variar correspondientemente (Oszlak, 2017)

Esto último está relacionado con el concepto de segregación socioespacial que, siguiendo a Clichevsky (2000), significa distanciamiento y separación de grupos de población de una comunidad donde los mismos se hallan concentrados en una zona específica de la ciudad conformando áreas socialmente homogéneas. La autora distingue dos tipos de segregación, vinculadas entre sí: socioeconómica y sociocultural. Mientras que la primera mide variables como el nivel de ingreso, el nivel de instrucción y condiciones materiales de vida, para la segunda se utilizan mayoritariamente indicadores como el idioma, nacionalidad, religión y etnia. En esta línea, Cervio (2020) afirma que la segregación socioespacial es un vector estructural sustantivo que dentro de las ciudades capitalistas muestran las complejidades y los conflictos asociados con la diferenciación, la desigualdad y los desencuentros entre clases como dinámicas sociales confluyentes. Estas dinámicas organizan las sociabilidades urbanas, se entrelazan en el ordenamiento espacial, incidiendo en la distribución diferencial del acceso a bienes y servicios urbanos.

En La Matanza existe una profunda segmentación y segregación socioespacial que divide al territorio en tres zonas o cordones diferenciados en cuanto a sus características sociohabitacionales, económicas, ambientales y culturales, donde a medida que se aleja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se presentan mayores condiciones de vulnerabilidad y precariedad (PELM, 2005, De Sena, 2019).

El primer cordón, incluye las localidades de San Justo (como cabecera del partido y sede administrativa), Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, Lomas del Mirador, Aldo Bonzi, Tapiales, La Tablada, Villa Madero y Villa Celina. Es la zona limítrofe a CABA donde los habitantes tienen mayores posibilidades de acceder a servicios básicos como agua potable y cloacas, así como a infraestructura urbana. Cinco de sus localidades son las que presentan mayor densidad poblacional. Esta zona es parte del primer anillo del conurbano bonaerense, que, junto con CABA, conforman los territorios donde se encuentran las villas de emergencia como urbanizaciones informales predominantes. La suma de sus villas asciende a 37 con 16.922 familias que viven allí según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2018).

Por su parte, en el segundo cordón de La Matanza se ubican las localidades de Isidro Casanova, Ciudad Evita, Rafael Castillo y Gregorio de Laferrere. Esta zona presenta una situación intermedia, en la que si bien en los últimos años se amplió la cobertura de servicios básicos, aún hoy continúa sin tenerlo en su totalidad. Este territorio presenta 26 asentamientos con un total de 7.726 familias (RENABAP, 2018).

El tercer cordón se ubica en la zona más alejada de CABA, con González Catán, Virrey del Pino y 20 de junio como las únicas tres localidades que lo integran. Este territorio es el que presenta las mayores situaciones de vulnerabilidad y precariedad respecto al acceso a los servicios básicos, la infraestructura de los barrios y a las externalidades ligadas a la lejanía de fuentes de trabajo y hospitales o centros de salud. Sólo sus dos ciudades principales juntan la cantidad de 66 asentamientos con 31.965 familias siendo el número más alto del partido que en total reúne 122 villas y asentamientos informales retomando los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (2018).

Además, La Matanza se destaca por el desarrollo de organizaciones de base y movimientos populares que surgen como estrategia para lograr procesos de ocupación y asentamientos populares (Manzano, 2007). Existen 411 Organizaciones de la Sociedad Civil[2] (en adelante OSC) en este partido que se encuentran presentes en barrios populares, villas y asentamientos donde llevan adelante una variedad de actividades que van desde la alimentación y el apoyo escolar, hasta el mejoramiento urbano. Se han vuelto un componente importante de las comunidades de excluidos y se constituyen como parte de las estrategias de supervivencia de numerosos hogares (Forni, 2004).

Las OSCs están presentes en el territorio en tanto actores que participan en la gestión de las políticas sociales y en la constitución de instancias multiactorales de formulación y/o seguimiento de políticas ya que están en relación con la esfera pública, aunque no forman parte estrictamente del Estado, pero que se proponen intervenir en cuestiones que interesan al conjunto de la comunidad y que pueden vincularse con el Estado (o no) de diversas formas (Rofman, González Carvajal y Anzoategui, 2010).

Teniendo en cuenta las características mencionadas, este artículo propone conocer las relaciones que se producen entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y la comunidad de La Matanza en la implementación de intervenciones habitacionales en este territorio. Para esto consideramos un abordaje cualitativo, retomando algunas entrevistas realizadas a integrantes de OSC que trabajan en algún aspecto la problemática habitacional en este municipio[3]. La estructura de la indagación tomara por un lado el vínculo de las OSC con el Estado y por otro el vínculo de las OSC con la comunidad.

La estrategia argumentativa será la siguiente: primero, se desarrolla un apartado teórico que concentra definiciones pertinentes sobre las organizaciones de la sociedad civil en tanto actores involucrados en la en la problemática habitacional. Luego, presentaremos un apartado metodológico donde aclaramos algunos aspectos relevantes al momento de elegir una estrategia cualitativa, específicamente, la entrevista en profundidad. Posteriormente, esbozaremos algunos resultados enfocándonos en los vínculos que tienen las OSCs con el Estado y con la comunidad en relación a la problemática habitacional, para finalizar con algunas reflexiones sobre el trabajo realizado.

2. Algunas definiciones conceptuales sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSCs)

A fines de 1970, comienza a resquebrajarse el Estado de Bienestar en conjunto con la crisis económica y de la sociedad salarial que llevó a “la desprotección social y el empobrecimiento de amplios sectores sociales, la desvertebración y exclusión social, la tendencia hacia la individualización e insolidaridad” (De Sena, 2016, p. 42). Esto abrió paso a un nuevo modo de abordaje de lo social (Rosanvallon, 1995; Castel, 1997) donde se instala un nuevo actor como agente de cambio y articulación entre el Estado-Mercado y la Sociedad: las Organizaciones de la Sociedad Civil, organizándose el denominado “quasi mercado” (De Sena, 2016)

La noción de quasi mercado supone una hibridación del sector público y privado que permite la promoción del denominado tercer sector a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Estos fueron promovidos por las políticas neoliberales modificando el rol del Estado y concretizándose una “tercerización hacia las Organizaciones de Sociedad Civil de los servicios sociales no rentables” (De Sena, 2016, p.42).

Diversos recorridos teóricos definieron a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) o a la sociedad civil como un concepto complejo, ambiguo o al menos difícil de abarcar en todas sus aristas. Se lo puede retomar en relación a sus objetivos “sin fines de lucro”, desde sus componentes, sus públicos y su relación con otros actores siendo una característica principal la autonomía ya que se encuentran desvinculadas del Estado, del sistema político, así como también del mercado y de los intereses económicos. Cohen y Arato (2000) las definen como “formas contemporáneas de autoorganización y autoconstitución” (p.54). En la misma línea, De Piero (2020) remite a una noción de sociedad civil que se construye a partir de la conformación de grupos o movimientos plurales y autónomos de las acciones estatales y del mercado cuyo objetivo principal no es la dominación política ni la acumulación de capital.

Sin embargo, Arato (2001) refiere a que aun después de diferenciarla de la sociedad política y económica (lo que para el autor no deja de ser cuestionable) sigue sin quedar claro qué es lo que presupone la dimensión de sociedad civil ya que dichos grupos o asociaciones no se encuentran en un solo nivel:

el tamaño, la lógica, la magnitud temporal y espacial y el papel político de los grupos informales, las asociaciones voluntarias, las organizaciones de especialistas y profesionales, los grupos de presión, entre otros aspectos, son diferentes. Y éstos a su vez, difieren de los movimientos —que son internamente distintos según su nivel de organización—, el número de asuntos en los que se enfocan, su tipo de interés, la conformación de su identidad y la necesidad de autoexpresión, etcétera. (Arato, 2001: 121)

Específicamente en América Latina, Ziccardi (2020) relaciona la presencia de las organizaciones sociales en el medio urbano con cierto grado de conflictividad social, espacial y política desde los cuales surgieron los llamados movimientos sociales urbanos que pasaron a ser interlocutores de las políticas urbanas y objeto de interés del análisis social. Pero, la represión política y los gobiernos militares y/o autoritarios que se implantaron en los años setenta, tendieron a su desintegración. A pesar de ello, los mismos fueron un embrión político importante cuando se reestructuraron los sistemas políticos y se dio una apertura democrática, ya que fueron proveedores de líderes políticos y de experiencias de organización social. La autora define a las organizaciones sociales como “los nuevos intermediarios” ya que son un componente fundamental en la producción del espacio urbano latinoamericano, particularmente en aquellas ciudades en las que vive un elevado número de familias de las clases populares en forma precaria:

Las organizaciones y movimientos urbanos de favelados, colonos, villeros, pobladores, han demostrado su capacidad para enfrentar la adversidad en el medio urbano a través de: l) organizar el trabajo colectivo para la autoconstrucción y la introducción de servicios básicos; 2) actuar como intermediarios y gestores ante las autoridades competentes; 3) ser un espacio para la formación y desarrollo de líderes populares. (Ziccardi, 2020, p.196)

Sumando otra definición, para Mosso (2013) las “organizaciones de la sociedad civil”, “organizaciones del tercer sector”, “organizaciones sin fines de lucro”, “organizaciones no gubernamentales”, etc., constituyen instituciones que se caracterizan por ser no gubernamentales, de carácter altruista y sin fines de lucro. A la vez, cada organización se distingue de las otras en cuanto a su origen, naturaleza, contexto de aparición (por ejemplo: movimiento de desocupados, organizaciones en defensa de los derechos humanos o por algún fin religioso, entre otros), el escenario físico y social en el que trabajan, y el tipo de prestación que brindan. Asimismo, en el interior de las organizaciones suelen existir agrupaciones de madres de familia con demandas de alimentos, escuelas, guarderías, de colonos sin casa, de pobladores que requieren regularizar sus tierras, etc. Sus interlocutores son, por lo general, las instituciones gubernamentales, tanto de nivel central como local, según el tipo de demanda.

Para Ziccardi (2020), “sus luchas han sido ampliamente documentadas y su capacidad de apelar a diferentes recursos les ha permitido sobrevivir en la adversidad” (p.196). Existe una amplia gama de intermediarios sociales que poseen legitimidad ante las instituciones gubernamentales, las organizaciones comunitarias de base (OCB), las organizaciones naturales (vecinales, políticas, sociales), y las ONG. Además, la autora señala alguno de los papeles en los que se desempeñaron las organizaciones relacionadas a las políticas sociales urbanas como:

(…) su contribución para desarrollar el potencial de la gente; su capacidad para mejorar su vivienda y sus barrios para satisfacer sus necesidades sociales, económicas y culturales básicas; sus esfuerzos para contribuir al desarrollo democrático que respete los derechos humanos, entre los cuales se destaca el derecho a un lugar donde vivir con paz y dignidad. También debe mencionarse su capacidad para influir en la orientación de políticas y estrategias relativas a los asentamientos humanos, a partir de considerar los aprendizajes que se desprenden de las acciones realizadas por la gente, las ONG y las OCB (Ziccardi, 1998, pp. 11 y 12).

En suma, la organización social se considera un recurso, un capital social importante, en particular para que los grupos más vulnerables de la población hagan frente a sus dificultades (Ziccardi, 2020). Por ejemplo, en Argentina encontramos que Di Virgilio (2012) ubica a mediados de 1990 el momento en el que un importante número de organizaciones de diferentes tipos se involucró en la gestión del hábitat de interés social. Estas experiencias se orientaron hacia la construcción de vivienda, el reordenamiento de villas, la provisión de lotes con servicio, la construcción de redes de agua y cloacas, la capacitación y el asesoramiento constructivo, la regularización dominial, entre otras cosas. Estas organizaciones sociales fueron contempladas por algunos programas sociales del Área Metropolitana de Buenos Aires para que actúen como organismos responsables de su implementación.

También, la autora señala algunas experiencias de microfinanciación habitacional, como intervenciones compartidas, donde las organizaciones sociales se constituyen en ámbitos a través de los cuales es posible acceder a los beneficios de los programas orientados a la producción social del hábitat. El acceso al beneficio está fundamentalmente mediado por las capacidades de gestión que hayan adquirido las organizaciones a lo largo del proceso de constitución. De este modo, las OSCs, a través de sus intervenciones, también se incorporan a las redes de las familias de menores ingresos. Las organizaciones sociales centraron sus actividades en la promoción y la administración de proyectos, y en la asistencia técnica y social a la población beneficiaria, articulando para ello con organizaciones de base, universidades y agencias de cooperación (Di Virgilio, 2012)

Existen diferentes criterios de clasificaciones de las OSC: en torno a los tipos de acción, a los grados de institucionalización y si surgen del territorio (internas) o no (externas). Respecto a los tipos de acciones que desarrollan las organizaciones en materia de transformación del medio físico, específicamente en los asentamientos informales, existen aquellas que impactan de manera directa e indirecta. Respecto a las que son directa, se destacan las siguientes actividades: tareas de saneamiento del barrio, construcción o mejoramiento progresivo de la vivienda, dotación de algún servicio como luz, agua, desagües, etc., entre otros (Mosso, 2013). Por otro lado, las indirectas son aquellas referidas a la capacidad de influir en las acciones del Estado u otros actores y que consiguen afectar la conformación del territorio —marcos normativos o regulatorios— o bien campañas de concientización, prevención, cursos, charlas, talleres de formación, etcétera.

Respecto al grado o nivel de institucionalización o formalización se diferencian aquellas que tienen una forma jurídica de actuación y en base a esto ubicamos por un lado a las organizaciones admitidas por su vía legal, es decir, organizaciones que cuentan con la formalidad como un aspecto fundamental. Éstas son asociaciones civiles y fundaciones, entidades de bien público y mutuales, entre otras. Y, por otro lado, se presencian ciertas organizaciones donde la formalidad no resulta esencial para su desarrollo. En efecto, las mismas no cuentan con una estructura legal, pero si una lógica de distribución organizativa interna. Aparecen aquí las asociaciones barriales, grupos asociados por algún interés en particular, etc. A la vez, existen aquellas organizaciones que se ubican en el medio de los dos grupos anteriores, es decir que cuentan para ciertos temas con formalidades y para otros no, dependiendo de caso en particular (Mosso, 2013).

Encontramos otra clasificación en Ziccardi (2020) que distingue entre las “organizaciones internas” (comisiones o juntas vecinales, clubes de madres) en tanto las mismas son el producto de una acción colectiva emprendida por los propios habitantes de estos asentamientos. Esta perspectiva no invalida la posibilidad de que estas organizaciones sean impulsadas por pobladores que posean experiencias previas y externas (sindical, política) o que en algún momento de su historia sea posible encontrar la incidencia de otros agentes sociales. Por otro lado, ubica a las “organizaciones externas” las cuales son promovidas por las instituciones del Estado o de la sociedad civil y constituyen representaciones de éstos en el territorio de estos asentamientos. Estas organizaciones asistencialistas se articulan y se superponen con las organizaciones internas.

Estas clasificaciones servirán de insumo para el trabajo de campo donde luego retomaremos algunas de estas nociones que servirán para orientar la mirada respecto a nuestras unidades de análisis y la heterogeneidad que presentan en relación a sus actividades. Luego de este recorrido teórico presentaremos la metodología con la que se llevó a cabo el estudio, enfocándonos en la técnica de la entrevista en profundidad y en las consideraciones a tener en cuenta al elegir una estrategia metodológica cualitativa.

3. Metodología

Parte del trabajo de campo presentado en este trabajo se realiza en el marco de una tesis de doctorado en la cual se propone una articulación de estrategias de indagación cualitativas, en virtud de comprender el sentido que los actores les dan a sus prácticas, en relación con el acceso a la vivienda en su vida cotidiana donde lo que nos interesa es el mundo social en el que participa el sujeto, el mundo de significaciones en donde el mismo interviene, llenando los significados con su experiencia personal entendiendo que posee una representación global de la sociedad (Mejía Navarrete, 2004; De Sena, Del Campo, Dettano, García Acevedo, Saenz Valenzuela, 2012).

Dentro de las estrategias cualitativas elegidas se combinó algunas de indagación “online” (etnografía virtual) y “offline” (entrevistas en profundidad presenciales y observación no participante). En este trabajo haremos foco en algunos resultados que pudimos encontrar a partir de las entrevistas semiestructuradas presenciales. Respecto a éstas, se justifica su elección para el tema de estudio desarrollado ya que la entendemos como una conversación a la que se recurre con el fin de construir datos en el marco de una investigación científica que es dirigida y registrada por el/la investigador/a desarrollando un discurso conversacional continuo con una línea argumental acerca del tema de interés que se está investigando (Piovani, 2018). La entrevista es un significativo modo de acceder a las diversas problemáticas que se encarnan en actores concretos. Por eso se utiliza para conocer la perspectiva de los actores, cómo ellos interpretan sus experiencias en sus propios términos y las miradas, perspectivas, el marco de referencia a partir del cual las personas y actores organizan y comprenden sus entornos orientando sus comportamientos (Piovani, 2018; De Sena, et al, 2012).

La entrevista en profundidad cuenta con un guion de posibles temas a tratar que es flexible en tanto se constituye de tópicos que no responden necesariamente a un orden, sino que funcionan como temas ordenadores de la interacción y que tienen como sustrato, los supuestos teóricos en los cuales la investigación se asienta (De Sena, et al, 2012). Siguiendo a las autoras, en la entrevista se establece un pacto de cooperación con sus reglas e infracciones, donde las personas están “cerca” físicamente pero no es posible asegurar que también lo sea simbólicamente, esta proximidad posibilita comprender los supuestos teóricos de la que depende. La característica de la exhaustividad del encuentro genera cierta “obligatoriedad” en donde la conversación debe agotar y/o saturar el tema objeto del diálogo, esto se plasma tanto en el guion como en la escucha activa y el habla con metas de conocimiento.

La interacción que se da en la situación de entrevista tiene finalidades acordadas por los participantes de acuerdo al tema de investigación y debe permitir al/la entrevistado/a poder hablar sin restricciones. Para esto es menester lograr un clima de confianza y tener en cuenta que la persona entrevistada es la verdadera experta en el tema por lo que la función principal de la entrevista es escuchar al otro y a su propio lenguaje. De Senna et al. (2012) mencionan que el momento de hacer una entrevista es algo más que el inter juego de preguntas y respuestas porque nos vamos a insertar en el mundo del entrevistado/a generando una relación atravesada por sentimientos y emociones de ambas partes que sólo es posible comprender en el hacer.

Ahora bien, siguiendo a Scribano (2007) uno de los problemas más usuales en una indagación cualitativa es la selección de la muestra donde la cuestión principal no reside en el número sino en qué queremos saber y qué, estimamos, deseamos afirmar. La muestra, según el autor, es una parte del universo de las unidades de análisis del estudio que permite obtener información sobre esa totalidad. El proceso de selección de la muestra es recursivo, dinámico y constructivo teniendo “forma de espiral que se contrae y vuelve sobre sí, en tanto círculo virtuoso de información” (Scribano, 2007, p. 36)

La estrategia a la que responde nuestro estudio respecto a la muestra es la máxima variación: búsqueda de diversidad extrema entre grupos de unidades de análisis (Scribano, 2007). Asimismo, entendemos que existen cuatro factores que intervienen para sugerir el número de casos de una muestra cualitativa, estos son:

1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que puedan manejarse de manera realista y de acuerdo con los recursos disponibles); 2. El entendimiento del fenómeno (el número de casos que permitan responder a las preguntas de investigación); 3. El hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales, lo que más adelante se denominará saturación de categorías; 4. La naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo). (Hernández-Sampieri, 2018, p.427)

Diversos autores concuerdan en que la muestra cualitativa busca la diversidad de matices de la naturaleza de las relaciones sociales denominando a esto la heterogeneidad estructural del objeto de estudio (Mejía Navarrete, 2000). De manera operativa se recurre a ejes que organicen la muestra y estos pueden ser respecto al nivel socioeconómico que destacan las relaciones de ocupación, clases sociales, educación, sexo, edad o cultura; el nivel del espacio, que permite ubicar el asentamiento, distrito, zonas urbanas o regiones; y el nivel del tiempo, el cual permite introducir las diferencias estructurales por años o períodos de un proceso evolutivo (Mejía Navarrete, 2000).

Retomamos a Scribano (2007) y sus cuatros preguntas que recomienda tener en mente a la hora de seleccionar las unidades de análisis y los procedimientos más utilizados para realizarla: ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo? Y ¿Qué quiero afirmar? El buscar responder la pregunta sobre quiénes, la muestra estuvo orientada a encontrar organizaciones de la sociedad civil en tanto unidades con fines colectivos que poseen origen, estructura, jerarquías y cultura (Hernández-Sampieri, 2018). Estas OSCs deben tener como requisito que su campo de acción territorial sea en algún barrio del partido de La Matanza y tienen que estar orientadas a vincularse, de alguna manera, con la problemática de acceso a la vivienda y/o habitacional. Cómo vimos anteriormente respecto a la heterogeneidad de las organizaciones, incluimos aquellas que tienen una estructura legal formal o informal (personería jurídica o no) así como aquellas que son tanto internas (asociaciones/juntas vecinales, agrupaciones de barrios) o externas a los barrios (ONGs que intervienen en varios barrios más allá de los La Matanza). Asimismo, nos interesó representar por lo menos una organización de cada cordón de La Matanza (primero, segundo y tercero) ya que como nombramos al inicio de este artículo el partido presenta una segmentación y segregación socioespacial que es de nuestro interés relevar respecto a las diferentes características socioeconómicas y problemáticas habitacionales.

A esto sumamos una categorización de actividades y campo de acción de las OSCs que encontramos en parte en el trabajo de Mosso (2013) dividida en tres grandes grupos. El primero refiere a las “OSCs interesadas a mejorar las condiciones del hábitat urbano” este incluye:

a) Facilitar el acceso al suelo urbano, tenencia segura. b) Dotar obras de infraestructura o servicios básicos: agua, cloaca, electricidad. c) Dotar equipamientos comunitarios: espacios públicos, educación, salud, seguridad. d) Conservar o mejorar el medio ambiente. e) Protección de áreas vulnerables.

Por otro lado, engloba actividades como a) Mejorar progresivamente la vivienda; b) Proveer de una nueva vivienda; c) Adecuar los estándares y considerar procesos progresivos de construcción; en la categoría “OSCs interesadas a mejorar las condiciones de la vivienda”.

Y en un último grupo denominado “OSCs interesadas a mejorar las dotaciones de capital social y humano” aparecen actividades como a) Mejorar el acceso de los pobres urbanos al empleo e ingresos estables; b) Promover campañas de concientización; c) Incorporar la capacitación en oficios de construcción y producción de materiales de construcción; d) Incorporación de actividades recreativas y/o culturales y la participación ciudadana.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la muestra quedó conformada de la siguiente manera: 8 organizaciones de la sociedad civil, 4 de ellas externas y 4 internas, solo una informal y las demás 7 con una estructura legal formal respecto a la personería jurídica; el lugar de actividad territorial se concentra principalmente en el segundo y tercer cordón de La Matanza; y dentro de los tipos de actividades encontramos 1 OSC interesada en mejorar las condiciones de la vivienda, 3 OSCs interesadas a mejorar las condiciones del hábitat urbano, 1 OSC interesada en mejorar las dotaciones de capital social y humano con campo de acción de los Derechos Humanos; 1 OSC interesada a mejorar las condiciones de la vivienda y a mejorar las condiciones del hábitat urbano; y 1 OSC interesada en mejorar las dotaciones de capital social y humano así como en mejorar las condiciones de la vivienda (tab. 1).