Entre la exclusión y la convivencia multicultural. Panorámica regional de la inmigración en Andalucía

Between exclusion and multicultural coexistence. Regional overview of immigration in Andalusia

Francisco José Torres Gutiérrez

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España).

fjtorgut@upo.es

0000-0001-6269-2557

Recibido: 09-06-2022

Aceptado: 11-08-2022

Cómo citar:
Torres Gutiérrez, Francisco José (2022). Entre la exclusión y la convivencia multicultural. Panorámica regional de la inmigración en Andalucía. Hábitat y Sociedad, 15, 45-66. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.03

1. Introducción

Desde finales del siglo pasado y especialmente en la primera década del actual, la preocupación en España por el incremento de la población extranjera, sobre todo proveniente de países pobres o en vías de desarrollo (periféricos o semiperiféricos), ha puesto de relieve una diversidad cultural que, filtrada territorialmente por la desigualdad socioeconómica, había pasado hasta entonces desapercibida o había sido solo contemplada como un fenómeno secundario. Esta preocupación por la cuestión migratoria, reflejada en su inclusión en las múltiples encuestas de barómetros sociales, en delicadas decisiones de calado geopolítico o en el manejo de determinados discursos maniqueos que recrean o impulsan visiones xenófobas o racistas, adquiere gran interés en una región como Andalucía, periferia europea y frontera Sur de su espacio Schengen al tiempo que representante de una “milenaria cultura mediterránea”, tradicionalmente abierta a los cambios y al fructífero encuentro inter o transcultural[1]. Frente a esta condición –siempre variable según coyunturas históricas– se va imponiendo un modelo de relaciones meramente multicultural, subyugado a los intereses económicos empresariales en el medio agrícola y, por otro lado, condicionado por los procesos de segregación, estigmatización y rechazo que aparecen en el medio urbano.

El abordaje de la cuestión migratoria por parte de la literatura científica presenta múltiples enfoques según la escala y el aspecto que se pretenda analizar. Más allá de los trabajos e informes que relacionan inmigración y territorio de un modo simplemente descriptivo (Consejo Económico y Social, 2019), se encuentran las investigaciones que tratan de profundizar en los procesos socioespaciales que vinculan ambos hechos, con explicaciones o interpretaciones sobre los mismos. La mayor parte de estos estudios parten de una idea ya argumentada por autores como Wacquant desde finales del siglo anterior, “la inmigración, y más concretamente, el lugar de procedencia se está convirtiendo en uno de los principales ejes explicativos de la segregación residencial” (Wacquant, 2001, cit. en Checa et al., 2011, p. 220). En el ámbito rural, las referencias conocidas –al menos en Andalucía– suelen partir de organizaciones no gubernamentales o constituyen monografías específicas sobre las condiciones laborales y de alojamiento (Jaén Acoge, 2015; Fundación CEPAIM, 2018; Montaño, 2016) mientras que en el ámbito urbano y metropolitano suelen abordar, sobre todo, la indicada segregación residencial y su relación con el mercado de la vivienda, los condicionantes de la movilidad y los discursos y comportamientos discriminatorios (Checa et al., 2011; Iglesias, 2019; Benassi et al., 2021).

Algunos estudios específicos sobre la pobreza en Andalucía y sobre los factores de vulnerabilidad que se muestran inherentes a determinados caracteres socioterritoriales pueden considerarse, al menos parcialmente, antecedentes del trabajo aquí presentado. En Torres y Ojeda (2004) se hace referencia a un modelo territorial en el que se circunscriben los espacios representativos de las distintas formas de pobreza y exclusión social. Por otro lado, en el marco de los diferentes informes de desarrollo territorial de Andalucía auspiciados por el GIEST[2], concretamente en el tercero (Pita y Pedregal, coords., 2011), en el apartado dedicado a “Extranjeros” (capítulo 13) se aporta una breve caracterización geográfica de la inmigración económica.

En el presente artículo centramos la atención en la distribución y asentamiento de población migrante extranjera en el interior del territorio andaluz, otorgando especial significación a aquella que se concibe bajo una iniciativa de carácter laboral o económica (delimitada genéricamente a partir de la consideración de procedencias ajenas a la UE-15)[3]. Se trata de ofrecer así un marco de análisis, también de comprensión, de diagnóstico e intervención, que pone en relación distintos ámbitos geográficos de la región –agrícolas y urbanos– y sus dinámicas socioeconómicas, con la presencia de población inmigrante y sus posibilidades de alojamiento e integración social. Estas posibilidades (o dificultades) pueden ser manifestaciones de situaciones que basculan desde la vulnerabilidad y exclusión hasta la generación de entornos propicios para la convivencia y el encuentro intercultural. Se presenta de este modo una panorámica regional de la inmigración en Andalucía basada en “modelos territoriales” que diferencian y caracterizan las singularidades detectadas en estos sentidos.

2. Metodología. Fases, técnicas y fuentes

El planteamiento metodológico se sustenta en la sucesión de distintas fases del trabajo y en la combinación, a raíz de ello, de diferentes técnicas y fuentes disponibles: tabulación de información estadística, análisis territorial a partir del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y representación manual digitalizada de los modelos interpretados, ello gracias a la revisión bibliográfica y documental y a la búsqueda de noticias en prensa digital. Lo expresamos sintéticamente en la Figura 1.

Con este procedimiento, se realiza en primer lugar una aproximación estadística general en la que se observa, de acuerdo con la información de los padrones municipales (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2021, 20 de enero), la distribución de población de origen extranjero a nivel provincial y según las regiones mundiales de procedencia. A partir de ello, también en base a los datos de los padrones municipales, adoptamos un enfoque propiamente geográfico y temporal-diacrónico, en el que se analiza cuantitativamente la evolución experimentada por la inmigración entre 2001 y 2021, en su proceso de llegada y asentamiento en los distintos municipios andaluces. Debe tenerse en cuenta que el acto administrativo del empadronamiento comporta en sí mismo una fase importante en el proceso de radicación e integración de la población extranjera en la sociedad andaluza. En la segunda parte del texto, donde describimos los contextos específicos de vulnerabilidad social, las situaciones de irregularidad representan los casos de mayor fragilidad y exclusión, tanto en el medio agrario como urbano.

En la siguiente fase y apartado de “Resultados”, ejercicio primordial derivado del trabajo, se distinguen tres modelos territoriales representados cartográficamente, estos se relacionan con las diferentes condiciones en que se encuentra la población inmigrante desde el punto de vista del hábitat. Se amplía con ello metodológicamente este análisis introduciendo información cualitativa pormenorizada de los diferentes espacios o escenarios; partimos de fuentes bibliográficas y documentales, especialmente de informes y monografías de ONG que, junto a noticias recopiladas de prensa digital, facilitan el diagnóstico de las diversas circunstancias existentes. En concreto, en el tercer modelo territorial reconocido, correspondiente con los ámbitos urbanos y metropolitanos, se emplean herramientas y fuentes específicas, como el visor de la Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía (I.E.C.A., 2020, 1 de enero), el Catálogo de Barrios Vulnerables de España 2011 (Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 2021) y la información sobre los niveles de vulnerabilidad observados en ellos (Ministerio de Fomento, 2016).

En función de todo este planteamiento metodológico y los resultados derivados del ejercicio de análisis e interpretación, definimos por último una breve conclusión, así como algunas consideraciones finales sobre las posibilidades de intervención que podrían contemplarse frente estas realidades.

3. Aproximación general y análisis territorial del proceso de asentamiento

3.1. Datos provinciales sobre la inmigración en Andalucía

Andalucía, la región más meridional de la España peninsular, concentra el 17,9% de la población del país, siendo así la más densamente poblada, y contiene el 10,5% de la población nacida en el extranjero, por debajo de la media nacional (15,5%; I.E.C.A., 2021). Como puede observarse en la Tabla 1, donde se muestra la distribución de esta última población según continentes o regiones mundiales, destaca la procedente de América Central y del Sur (28,2%) así como la africana (25,8%), seguidas por la propia de la Unión Europea (23,9%). Su localización se produce principalmente en la provincia de Málaga, donde se ubican, mayormente, las personas nacidas en la UE-15[4], aunque también las originarias de América y África. De acuerdo con esta cuantificación, en un segundo escalón se sitúa la provincia de Almería, donde predomina el origen norteafricano, y en un tercero la de Sevilla, donde tiene mayor notoriedad la población latinoamericana.

La población nacida en países de la UE-15, conformada en gran medida por personas que han optado por vivir en la región durante su jubilación, está representada especialmente por británicos (40,9%), con más de 50.000 residentes que se instalan sobre todo en la Costa del Sol. Dentro del grupo de países restantes de Europa la procedencia rumana significa más de la mitad (50,2%); hay cerca de 20.000 residentes en la provincia de Almería, más de 13.000 en Huelva y más de 10.000 en Málaga.

Por otro lado, la proveniente de países de América Central y del Sur, a pesar de que no domina en una parte relevante de los municipios andaluces, es en general la más abundante en la Comunidad Autónoma (28,2%), sobre todo la originaria de la América andina –de Colombia principalmente– y de Argentina. En cuanto a la población de origen africano, hay que mencionar la relevancia general de la marroquí (78,5%), muy evidente en las provincias de Almería y Málaga. Finalmente, la asiática (5,2% del total) procede fundamentalmente de China (43,5%) y reside en municipios de las provincias de Málaga y Sevilla. La tabulación de la base de datos original también otorga cierta significación a la de origen pakistaní, aunque supone solo unos 5.700 habitantes.

3.2. Análisis territorial del proceso de asentamiento, 2001-2021

El proceso de asentamiento residencial de la población inmigrante que consideramos genéricamente como “económica” (no UE-15) queda representado a partir de los tres mapas de la Figura 2, correspondientes con tres fechas (2001, 2011 y 2021) que permiten observar la evolución en las dos primeras décadas del presente siglo. A tenor de la secuencia visual que establecen, se muestra una distribución geográfica bien definida desde finales de los años 90 del pasado siglo, caracterizada por una preferencia clara por municipios litorales, y una ampliación demográfica y de carácter territorial, de la costa hacia el interior, que se produce sobre todo en la primera década, hasta la crisis de 2008, y que se mantiene –con ciertos cambios en las tendencias previas– hasta la actualidad. El establecimiento de unos mismos intervalos en la clasificación de los valores del indicador facilita este análisis diacrónico.

El mapa de 2001 manifiesta una concentración ya visible en los municipios de la costa mediterránea, sobre todo en los de las provincias de Málaga y Almería, siguiendo dos pautas principales diferenciadas según orígenes, perfiles socioeconómicos y objetivos migratorios. El empadronamiento de esta población en localidades de la Costa del Sol o la Axarquía malagueña puede estar relacionado con los atractivos climáticos, en general ambientales, para grupos sociales relativamente acomodados que deciden pasar en ellas sus años de jubilación; no obstante, también constituyen contextos con importantes oportunidades laborales, en torno precisamente a la actividad turística, que motivan una inmigración socioeconómica que difiere claramente de la anterior. Por otro lado, en la costa de Almería, tanto en municipios del Poniente como del Levante, las dinámicas migratorias y paulatinamente residenciales mayoritarias son muy distintas, ya que se vinculan con el desarrollo de un sector agrícola en auge desde bastantes años atrás, el de la agricultura intensiva bajo plástico (fig. 2).

Aparte de estos dos ámbitos territoriales con mayor presencia extranjera, otras áreas andaluzas comienzan a perfilar a nivel geográfico la expansión que va a ir adquiriendo el fenómeno: algunos municipios del litoral onubense ofrecen una representación superior al 3%, otros de la provincia de Jaén, de la comarca de Las Villas en concreto, también superan el 3% o incluso el 5%. En ambos casos se encuentra la actividad agrícola como factor determinante, en los primeros será el afianzamiento del sector hortofrutícola mientras que en los segundos el olivarero. Por su parte, en las capitales provinciales y ciudades con más de 50.000 habitantes, al margen de las costasoleñas, esta presencia es reducida en términos relativos.

Si reparamos en el mapa de 2011, esta población ha crecido de un modo muy notable y su distribución se ha extendido por numerosos municipios interiores, afectando a las ocho provincias. Se afianzan los dos ámbitos litorales comentados anteriormente, de Málaga y Almería, con los caracteres señalados, y se proyecta el fenómeno hacia otras localidades costeras y otras contiguas, más o menos próximas, del espacio del traspaís. Se suman también a esta tendencia municipios pequeños de la costa de Granada, con representaciones muy importantes comparativamente, como la de Polopos (36,7%) y Gualchos (27,1%). En ellos, la mayor parte de esta población, en torno al 75%, es de origen rumano.

En el litoral de Huelva, el desarrollo de la horticultura intensiva y las explotaciones para el cultivo de la fresa acaparan desde inicios del siglo una gran necesidad de mano de obra procedente de países pobres, de los que depende el funcionamiento y rentabilidad de sus producciones. Aunque el empleo generado trata de ser satisfecho con la llegada estacional de contingentes definidos según cupos, se cuenta también con inmigrantes que se mantienen en poblados chabolistas donde –como remarcaremos– las condiciones de vida son muy precarias. Este factor socioeconómico también ha propiciado una paulatina localización con perspectivas de permanencia en los núcleos urbanos de la zona. Desde Lepe (al oeste) hasta Almonte (al este), varios municipios superaban en el año indicado el 15% de habitantes nacidos en otros países (hasta el 30,9% en Lucena del Puerto), estando representadas numerosas nacionalidades; aunque domina en ellas el origen rumano, la diversidad cultural es mayor a partir de personas procedentes de otros países del Este de Europa y de Latinoamérica, que acompañan a un grupo siempre amplio de marroquíes, y a los que además se suman residentes de países de la UE-15.

Por otra parte, la actividad agrícola olivarera del interior de la región, ya sea en espacios de vega, campiña, piedemonte o serranías de baja altitud, manifiesta con mayor claridad su influencia en los movimientos migratorios, no solo con carácter temporal –según la secuencia de sus campañas– sino también, cuando emerge la posibilidad, a la hora de establecer destinos de preferencia residencial. Probablemente, la localización en estas localidades guarde también relación con las oportunidades laborales que en este periodo brindan otros sectores, como la construcción o los servicios, así como con las propias estrategias de reagrupamiento familiar. Un amplio número de municipios, repartidos por Sevilla y Córdoba, ya superan el 5% de población nacida en otros países en esta fecha; en Granada cuentan con más del 10% localidades situadas en diferentes comarcas y en Jaén se consolida en tal sentido la comarca de Las Villas y su entorno.

En las capitales provinciales también se producen algunos incrementos significativos: entre ambas fechas, 2001 y 2011, llegan más de 16.000 personas extranjeras (al margen de la UE-15) a la capital almeriense, alcanzando así las 21.000 (11,1%). En Málaga, un 9,8% representa a los 55.700 habitantes originarios de estos países, casi 40.000 más que diez años antes. Además de la nacionalidad marroquí destacan las de distintos países americanos, entre ellos Argentina. Granada pasa del 2,7 al 7,4% gracias a unos 11.300 extranjeros que establecen en ella su residencia, la mayor parte originarios de América del Sur. Por su parte, Sevilla, capital autonómica, no experimenta un especial incremento; los prácticamente 42.000 empadronados solo constituyen un 5,9% de la población total del municipio, manteniendo en su composición unos patrones similares a los de 2001.

En otras ciudades andaluzas, los datos muestran situaciones variables. En El Ejido (Almería), caso ilustrativo de las dinámicas del litoral almeriense y de la denominada “nueva agricultura”, el incremento es muy notable: cerca de 20.000 nuevos residentes extranjeros elevan el porcentaje al 30,7%, mostrando un claro predominio de la procedencia marroquí. Motril, en el marco de los procesos económicos y territoriales de la costa granadina, acoge a unos 6.000 en este periodo, principalmente de Rumanía, elevando la proporción al 10,9%. Por su parte, los municipios de la Costa del Sol sitúan estas cifras entre el 20% y el 30%, probablemente favorecidos por el boom de la construcción y la reactivación económica inducida por este sector. En estas ciudades, aunque la población extranjera europea residente (de la UE) es muy mayoritaria, tiene cada vez más visibilidad la procedente del norte de África y de la América andina. Las demás capitales y municipios con más de 50.000 habitantes se mantienen en unos porcentajes en general irrelevantes.

En la segunda década del siglo, en consonancia con la evolución general del conjunto de la población andaluza, el incremento de esta población extranjera residente ha sido reducido. Si entre 2001 y 2011 la inmigración desde países no pertenecientes a la UE-15 aumentó en más de un 5%, en el siguiente decenio lo hace por debajo del 1%. Dentro de esta trayectoria se distinguen varios momentos: hasta 2016 se manifiestan los efectos de la crisis económica, pero a partir de 2017, según los datos del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, la tendencia cambia y vuelve a crecer el número de extranjeros (OPAM, 2019). Eso sucede hasta 2020 que se interrumpe a causa de la pandemia del COVID-19. Desde el punto de vista territorial, como puede observarse en el mapa inferior, de 2021, el leve crecimiento general consecuente se traduce, en algunas áreas geográficas, en el mantenimiento de situaciones ya descritas para el periodo anterior, mientras que en otras se detectan ciertos cambios que afectan a nivel cuantitativo y en la composición demográfica y sociocultural.

En las provincias de Almería y Huelva se consolida la presencia de extranjeros en el ámbito litoral con dinámicas distintas según comarcas y municipios, expandiendo también el fenómeno hacia municipios del interior: hacia el valle del Nacimiento y del Almanzora en Almería y hacia El Andévalo en Huelva. En la Costa del Sol la evolución también es variable según municipios; mientras que en Fuengirola se reduce de manera importante el número de habitantes originarios de estos países (no sucede sin embargo lo mismo con los comunitarios de la UE-15)[5], en otros se mantiene en un porcentaje similar a 2011 o algo superior. En la provincia de Málaga también es visible la distribución en localidades del interior, como en Antequera, donde, curiosamente, la nacionalidad brasileña es la más común; por otro lado, se vislumbra un cambio de tendencia en La Axarquía, donde esta población se sitúa ahora por debajo del 10% en buena parte de sus municipios.

En la provincia de Granada son ya muchos municipios, repartidos por comarcas muy distintas, en los que esta población ha superado el 5% del total de habitantes; en otros casos el 10% e incluso el 15%, como sucede en la costa, o en núcleos como Zafarraya, donde se alcanza el 20,2%, con una presencia dominante de marroquíes. La posición geográfica de la provincia, que posibilita la comunicación con otras áreas de la región de acuerdo con el desarrollo anual de las campañas agrícolas, así como la complementariedad de diferentes paisajes y tipos de explotaciones dentro de la misma (olivares, almendros, hortalizas, bajo plástico…) pueden haber influido en esta circunstancia.

En las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, sin embargo, la extensión del fenómeno parece haberse detenido, observándose incluso una evolución regresiva. Así sucede por ejemplo en la comarca jiennense de Las Villas, ya señalada anteriormente. Probablemente, la dependencia del monocultivo del olivar, unido a las dificultades derivadas de la crisis del 2008, especialmente agudas a partir de 2011 y 2012, así como las restricciones y efectos sociales y económicos de la pandemia iniciada en 2020, puedan explicar esta dinámica. Son aspectos que se evidencian con mayor claridad en estos ámbitos geográficos, donde los procesos de arraigo han sido más difíciles.

Por otro lado, en relación con las capitales y ciudades de mayor tamaño, apreciamos situaciones divergentes. En Almería se observa un incremento leve (sube al 12,8%) con una variación importante en la composición sociocultural: continúa creciendo de manera notable la población de origen marroquí al tiempo que decae significativamente la procedente de Rumanía; ello puede tener relación, en cierta medida, con los efectos de la gestión de los empadronamientos durante la pandemia. En El Ejido se detecta igualmente el descenso de habitantes nacidos en países del Este de Europa, lo que hace disminuir el porcentaje general de extranjeros ajenos a la UE-15 al 26%. En cuanto a otras capitales provinciales sobresalen Málaga (11,3%) y Granada (10,1%), mientras que Sevilla ofrece un discreto 7,7%. En algunos contextos metropolitanos aparecen concentraciones relativas que pueden deberse a las redes formales e informales que se generan, a la proximidad de ciertos recursos y a las posibilidades socioeconómicas de estas áreas. Esto es mayormente palpable en núcleos como Armilla (11,1%), en la corona de Granada, o San Juan de Aznalfarache (11,2%), en la de Sevilla. En la provincia de Cádiz solo puede destacarse el Campo de Gibraltar, donde se mantienen unas proporciones relativamente altas, sobre todo en Algeciras, donde estos residentes representan el 10,4%. El carácter fronterizo y portuario influye decisivamente en el asentamiento de migrantes marroquíes.

4. Resultados: Territorios, hábitats y escenarios significativos de la inmigración económica

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad social y la exclusión, la distribución geográfica en Andalucía de las situaciones más significativas para la migración económica está relacionada con tres tipos de hábitat y escenarios principales: el de las comarcas interiores de la región, donde se practica una agricultura de temporada primordialmente vinculada al olivar, el que constituyen las áreas litorales de Almería y Huelva, donde se concentra la actividad de la agricultura intensiva hortofrutícola y el contexto de los barrios, generalmente periféricos, de las algunas de las principales áreas urbanas y metropolitanas de la región. Se revelan así tres ámbitos territoriales diferenciados que pueden categorizarse y describirse de acuerdo con el modelo que presenta la Figura 3. Estos ámbitos se superponen gráficamente al mapa de 2021 –en escala de grises– relativo al porcentaje de población nacida en el extranjero (no UE-15) empadronada en los distintos municipios.

4.1. El contexto de las campañas agrícolas en comarcas interiores

Aunque el trabajo agrícola de temporada lo pueden llevar a cabo familias autóctonas de los propios municipios y jornaleros de localidades más o menos próximas, el requerimiento de población extranjera para esta actividad, sobre todo en algunas campañas y para determinadas tareas, ha sido cada vez más palpable en estos últimos quinquenios. Una parte de la población inmigrante que participa en ella se encuentra empadronada y se vincula de manera más estable a la campaña agrícola, otra parte es contratada en sus países de origen, y, por último, otro porcentaje importante se encuentra en una situación irregular en cuanto a la documentación requerida en términos laborales y residenciales.

Para entender esta migración y la localización a priori transitoria de sus protagonistas, debemos tener en cuenta las producciones agrícolas más relevantes según provincias y comarcas y su secuenciación estacional en función de las correspondientes campañas. Muy sintéticamente podríamos destacar las siguientes en Andalucía: la fresa en Huelva, entre el final del invierno y la primavera; el espárrago en distintas provincias (Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla) en primavera; productos hortofrutícolas en Almería, de septiembre a mayo; la aceituna de verdeo en Sevilla, en otoño; y la aceituna de molino en diversas provincias, en invierno. Esta secuencia de las campañas, complementarias a veces según productos, localizaciones, periodos de plantación y cosecha y tareas específicas, provoca una migración temporera ejercida por una población así conocida como “golondrina”.

Los caracteres que adquiere dicha población difieren según las provincias y los espacios comarcales y productivos; cada nacionalidad además, según los aspectos demográficos y culturales de cada grupo –o sus necesidades puntuales–, puede manifestar sus propias pautas de organización[6]. No obstante, si tomamos como referencia las áreas interiores de la región, fundamentalmente sus campiñas, donde tiene gran extensión la actividad olivarera (delimitada por la recolección de la aceituna y muy condicionada por sus coyunturas productivas), encontramos algunas particularidades sobre las condiciones laborales y de alojamiento.

Apoyándonos en el informe final de la campaña de aceituna (2014-15) elaborado por Jaén Acoge, hablamos de una mayoría de temporeros norteafricanos y subsaharianos, también en menor medida de países del Este de Europa, que de manera itinerante –jornaleros “golondrinas”, como se ha dicho– se desplazan por la geografía española para trabajar en las distintas campañas. Llevan un importante número de años en el país y no suelen tener problemas de documentación. En el caso de esta provincia, además de otros recursos disponibles coordinados por el Foro Provincial de Inmigración, existe un dispositivo de emergencia en la capital (que funciona como punto de llegada y de distribución hacia zonas con ofertas de trabajo) y una veintena de albergues y centros de atención. En este marco, las carencias más urgentes se han detectado en pueblos de cierto tamaño, como Alcalá La Real y Úbeda, con escasas plazas o con sus centros cerrados, provocando el desarrollo de núcleos chabolistas u ocupaciones de naves abandonadas. Con el estado de alarma la situación se agravó debido a las restricciones impuestas y la imposibilidad de contar con trabajadores extranjeros (Delgado, Belén, 2020, 10 de abril).

En este contexto geográfico y económico de la campiña olivarera, que se prolonga y diversifica en áreas serranas, de los espacios interiores de vega, donde domina la producción de cítricos, o de los llanos ubicados en altiplanicies (dedicados a hortalizas y verduras), se aprecian problemáticas comunes, como son las duras condiciones laborales y las necesidades de alojamiento digno. Tal como aparece reflejado en las noticias publicadas por diferentes diarios digitales, sobre todo durante el periodo de la pandemia, se pone también de relieve la explotación laboral ejercida por redes criminales en localidades de Córdoba y Sevilla (Redacción, 2020, 18 de octubre; Saiz, Eva, 2021, 6 de octubre), o en enclaves del altiplano granadino (Redacción, 2020, 20 de julio). En todos estos casos se denuncia además las condiciones infrahumanas de los alojamientos disponibles.

Desde la administración autonómica, tratando de responder a los objetivos del Programa de Atención a la Población Inmigrante[7], por el que se debe facilitar el alojamiento temporal o normalizado, se han destinado subvenciones para la mejora de las condiciones de vida y para el mantenimiento de albergues y servicios de acogida; sin embargo, desde la primera década del siglo, la situación se ha desbordado debido a la gran cantidad de personas inmigrantes que han acudido a las campañas agrícolas, en parte sin documentación y sin recursos económicos. Ello se ha visto agravado a partir de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones del estado de alarma. Tal como resalta el referido informe de Jaén Acoge (2015), hay que incidir también en la falta de implicación del empresario que, acogiéndose al Convenio del campo correspondiente, no se siente obligado a facilitar el necesario alojamiento a los trabajadores no residentes que contrata.

4.2. Chabolismo y exclusión social en los litorales de Huelva y Almería

En las periféricas y emergentes comarcas litorales de Almería y Huelva, donde tiene mayor implantación la agricultura intensiva bajo plástico, encontramos las situaciones más graves en cuanto a condiciones de alojamiento y manifestaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Los asentamientos de poblaciones inmigrantes se explican en este contexto por las sucesivas acumulaciones coyunturales de ingente mano de obra foránea que, de un modo espontáneo u organizado (mediante contratos en origen) han ido llegando a estos municipios. En muchos casos, en vez de regresar a sus países de origen tras las campañas agrícolas, han decidido permanecer en ellos, logrando su empadronamiento o manteniéndose en una situación administrativa irregular. El estudio sobre asentamientos en Lepe (Huelva) realizado en 2016 por la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS) con la colaboración de otras organizaciones, introduce una importante consideración en relación al carácter de estas migraciones; aunque genéricamente se identifican como “económicas”, para el 95% del colectivo, compuesto sobre todo por poblaciones de Mali, Marruecos y Senegal, “se trata de migraciones forzadas por guerras, hambre, pobreza extrema o malos gobiernos” (FECONS y Montaño, 2016, p. 49).

En este ámbito territorial, donde proliferan de manera dispersa estos poblados chabolistas o de infraviviendas, contemplamos las necesidades más urgentes a nivel habitacional y, derivado de ello, también en el plano sociosanitario, convivencial e incluso desde la más elemental seguridad: los problemas de accesibilidad, las inundaciones tras intensas lluvias o los incendios recurrentes –a veces con víctimas mortales– permiten constatarlo. Es por este motivo por el que distintos informes de ONG que trabajan en estos lugares, tanto de Huelva como de Almería, denuncian la falta de alojamiento para la población migrante temporera (Hernández, 2018; Fundación Cepaim, 2018 y FECONS y Montaño, 2016).

En la misma línea, el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, tras su visita a España en el verano de 2020, en la que se adentró en uno de estos asentamientos, describe unas condiciones materiales que se sitúan “entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo” (ONU, 2020, p. 18). Nos encontramos además con manifestaciones claramente discriminatorias que se ven agudizadas desde la perspectiva de género. El trabajo de campo de Soledad Castillero abunda en el modo en que funcionan los estereotipos sobre estas mujeres y se impone la condición de retorno (Castillero, 2021, p. 10), en Hernández se subraya el modo en que las trabajadoras son apartadas de los núcleos de población y no pueden diferenciar su vida privada de la laboral (2018, p. 38); por su parte, el estudio de la Brigada Feminista de Observación (Filigrana et al., 2021) incide en una vulneración constante y flagrante de derechos humanos y fundamentales, observando incluso casos de trata de seres humanos.

Centrándose en la realidad habitacional, Mónica Montaño realiza un reportaje gráfico con el que intenta visibilizar el duro escenario en que se desarrolla la vida de miles de personas excluidas en los enclaves agrícolas onubenses de mayor producción (fig. 4). Indica como “La exclusión ha logrado que el chabolismo transforme la estructura y el paisaje urbanístico y residencial de las localidades freseras y agrícolas, ofreciendo verdaderas ciudadelas donde la vida de los inmigrantes discriminados discurre de forma paralela al resto del pueblo” (Montaño, 2016, 378-379). Esta invisibilidad de un fenómeno territorial y humano con esta dimensión queda igualmente reflejada en un artículo del Diario de Huelva, de junio de 2021, en el que se contabilizan 3.500 personas y unos 50 poblados en el pico de producción agrícola, es decir, antes de la entrada del verano. En él se insiste en la idea de una “provincia paralela” compuesta por “minipueblos” (sin agua, sin luz, sin servicios de ningún tipo…) que ya cuentan con más de dos décadas de existencia. Resultan además muy cambiantes, con construcciones móviles que modifican su fisonomía interna periódicamente, convirtiéndose así en auténticos laberintos para las asistencias médicas, la extinción de incendios o el auxilio urgente (Redacción, 2021, 22 de junio).

En definitiva, hablamos de un escenario de “emergencia humanitaria habitacional” que –si bien ha contado en algún momento con experiencias locales positivas, reconocibles en municipios como Lepe, Cartaya, Rociana o Almonte[8]- no ha sido enfrentado realmente, en su integridad, por parte de empresarios agrícolas y administraciones públicas. La implicación de estas últimas ha sido en general muy escasa, la ausencia de una voluntad política decidida, con discursos que desvían las responsabilidades hacia instancias superiores o diferentes (excusándose en la complejidad y globalidad del fenómeno) se ha acompañado de medidas sectoriales e inconexas que evidencian la descoordinación existente (Landero, Jordi, 2020, 16 de agosto).

4.3. Distancia y convivencia en ámbitos urbanos y metropolitanos

Las seis ciudades andaluzas, mayores de 100.000 habitantes, cuyos municipios acogen –en una comunión de términos absolutos y porcentuales– las mayores cifras de población extranjera (concretamente de países no incluidos en la UE-15) son Málaga (65.170 hab.; 11,3%), Sevilla (52.600 hab.; 7,7%), Marbella (37.943 hab.; 25,6%), Almería (25.635 hab.; 12,8%), Granada (23.365 hab.; 10,1%) y Algeciras (12.736 hab.; 10,4%). Dada la especial dimensión que presentan las concentraciones intraurbanas existentes y su correspondencia, en muchos casos, con entornos socio-habitacionales desfavorecidos y relativamente degradados, centramos en ellas el contenido de este apartado.

Las pautas de distribución urbana de la inmigración económica se encuentran muy influenciadas por algunos factores conocidos. En primer lugar, la propia desigualdad que generan y reproducen los precios del suelo y de la vivienda, motivando la localización, por lo general, en barrios de cierta antigüedad, con viviendas de baja calidad, en los que el acceso a ellas –en principio mediante alquiler– puede ser más sencillo. A esta condición se suman otros componentes diversos, entre los que habría que destacar las redes de apoyo que se despliegan según áreas por parte de personas de la misma nacionalidad, o del mismo grupo étnico o cultural, así como la proximidad a recursos y servicios que contribuyen a facilitar el proceso de integración (Torres et al, 2011).

La Tabla 2, cuyas informaciones recopiladas parten de dos fuentes diferentes, una documental (Catálogo de Barrios Vulnerables de España 2011[9]) y otra estadística (Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía[10]), desvela los casos en los que la localización residencial de esta población inmigrada se corresponde con barrios ya empobrecidos, barrios que se identifican estadísticamente con áreas urbanas clasificadas según varios niveles de vulnerabilidad (Ministerio de Fomento, 2016). En dicha tabla se puede ver como en Almería, donde se producen las concentraciones más significativas, protagonizadas principalmente por habitantes de origen marroquí, estas coinciden con entornos críticamente desfavorecidos, como sucede en El Puche, caso paradigmático donde la segregación urbana preexistente ha ido adquiriendo una notable complejidad a causa de una diversidad cultural que, en tales circunstancias, no resulta fácil gestionar (Checa y Arjona, 2008).

Esta realidad descrita se vive, en una escala menor, en el también periférico y deprimido barrio de Palma-Palmilla, de la capital malagueña, o en el sevillano Tres Barrios (“Los Pajaritos”). Este último, constituido por promociones públicas de viviendas de los años 50, 60 y 70, muy deterioradas, de tamaños ínfimos y sin ascensor, constituye una amalgama de penalidades derivadas del paro, el deterioro indicado y un envejecimiento solo contrarrestado por la estructura demográfica de esta población inmigrada. En este barrio de Sevilla, tal como sucede también en La Macarena (Torres et al., 2011) o en Su Eminencia, la amplia variedad de nacionalidades representa al mismo tiempo un indudable reto para la convivencia y un estímulo para el dinamismo social de la zona.

Este complejo al tiempo que interesante carácter multicultural queda subrayado igualmente en municipios como Marbella, donde la especialización turística de su territorio ha propiciado que, como en otras ciudades de la Costa del Sol, residan numerosos colectivos extranjeros procedentes de muchos países del mundo; eso sí, la propia configuración social del núcleo urbano principal y la barriada de San Pedro de Alcántara delimitan con claridad los entornos residenciales que acogen o son apropiados por unos y otros grupos socioeconómicos. En otras ciudades, como Almería –ya se ha mencionado el caso del Puche– Granada o Algeciras, el dominio de una determinada nacionalidad en algunos de sus barrios más vulnerables, como ocurre comúnmente con la marroquí, unido a una elevada segregación socioespacial, no favorece en general la comunicación intercultural y los procesos de integración. En su consideración de las percepciones y la construcción de discursos, Checa y Arjona plantean como una mayor visibilidad de los colectivos a causa de su mayor concentración territorial produce una mayor discriminación y situaciones de rechazo (ob. cit., p. 256).

En todos estos ámbitos urbanos, cuyos emplazamientos, tamaños y dinámicas económicas, estructuras residenciales y recursos sociales, han propiciado esta presencia destacada de la población inmigrante, el proceso de llegada y asentamiento así como la distribución interior de las distintas nacionalidades y grupos también se han visto condicionados por las fases temporales que, de manera general, se han descrito para el conjunto de la región andaluza en los últimos veinte años: mientras que el intenso desarrollo de la construcción y actividad económica derivada de los primeros años del siglo generó mayores oportunidades de alquiler e incluso de compra de viviendas en distintos sectores urbanos, facilitando ciertas pautas de dispersión, la crisis posterior frenó tal inercia y replegó sobre determinados barrios las poblaciones con menos recursos. A partir de 2012 o 2013, la lenta pero paulatina recuperación, ha podido contribuir a recuperar esa tendencia a la dispersión apuntada; sin embargo, desde 2020, la pandemia y la crisis económica consecuente pueden conducir nuevamente al efecto contrario.

Al margen de todo lo anterior, y sin restar gravedad a los efectos de la segregación social urbana, a los problemas generados por la acumulación de vulnerabilidades sociales que implica la concentración de la inmigración socioeconómica en barrios ya deprimidos y a los efectos que determinadas percepciones y discursos generan, queremos también plantear, a modo de hipótesis al menos, las múltiples oportunidades que –paradójicamente– emergen en escenarios multiculturales como estos. Tal como hemos desarrollado en IESMALÁ, en ellos tienen lugar experiencias que, desde la diversidad, la complementariedad y la sociabilidad, pueden desencadenar sinergias transformadoras e inclusivas:

En estos barrios […] se han visto emerger ciertas iniciativas y prácticas, tanto institucionales como de carácter comunitario y vecinal que, en base al deporte, la educación, la cultura, o incluso el comercio o el ocio, han conseguido promover estrategias inclusivas que no sólo han propiciado una pedagogía social integradora, sino que también han podido conducir a una desigualdad menos acusada en un ambiente más abierto y sugerente, con mayores interacciones e intercambios, con más oportunidades. (2019, pp. 16 y 17)

5. Conclusión y consideraciones finales

Dentro de un marco general en el que la población nacida en otros países es proporcionalmente inferior en Andalucía a la media española (también la de aquella que mantiene su nacionalidad extranjera), la contabilización y distribución de la población inmigrante en el territorio andaluz muestra una importante diversidad cultural en sus provincias y unas particulares concentraciones en las de Málaga, en ella primordialmente, y en la de Almería, con diferentes objetivos migratorios y perfiles culturales, demográficos y socioeconómicos. Se trata de poblaciones que proceden principalmente de Latinoamérica, de África y del resto de la Unión Europea.

Por otro lado, la evolución experimentada en las dos primeras décadas del presente siglo, entre 2001 y 2021, muestra dos tendencias algo distintas; una inicial, que prolonga una coyuntura iniciada en la segunda mitad de los años 90, en la que se produce una vertiginosa llegada de población foránea que formaliza su residencia mediante empadronamiento –decisión que implica una cierta voluntad de permanencia–, y una posterior a la crisis de 2008, en la que el fenómeno se frena significativamente, aspecto que se refleja en los datos de 2021 aunque el proceso comenzase a intensificarse de nuevo en los años anteriores a la pandemia del COVID-19. Desde el punto de vista territorial, el asentamiento se produce fundamentalmente en toda la franja litoral, primero en Málaga y Almería, con dispares “escenarios de acogida” y perfiles socioeconómicos, y progresivamente en Huelva, donde la expansión de la agricultura intensiva se convierte en reclamo para ello. También se manifiesta de forma notable, aunque desigual en áreas interiores, sobre todo en las capitales provinciales (Málaga, Sevilla, Almería y Granada) y ciudades costeras de cierto tamaño, como Marbella o Algeciras.

Sobre la base de esta información, los resultados del trabajo conducen a un modelo territorial definido según las situaciones más preocupantes de vulnerabilidad y exclusión social. Este modelo no solo nos presenta las principales problemáticas y urgencias al respecto, también nos sugiere a partir de ello las diferentes posibilidades u oportunidades de intervención:

• En las comarcas interiores, donde se desarrollan las campañas agrícolas de temporada, ya sea en torno al cultivo del olivar –dominante en campiñas y serranías bajas– o en otros tipos de explotaciones, resulta acuciante la atención sobre la tramitaciones y ejecuciones de los contratos y las condiciones laborales de la población migrante, sobre todo en los casos en que su propia irregularidad contribuye a que se produzcan graves abusos por parte de empresarios e intermediarios. Así mismo, con el estado de alarma por la pandemia del COVID-19 (a partir de marzo de 2020) y sus medidas de confinamiento, se pusieron de relieve las necesidades existentes en cuanto a la dotación de albergues y servicios de acogida, insuficientes desde hace años en bastantes municipios, sobre todo en determinadas localidades de la provincia de Jaén.
• En el ámbito de las comarcas litorales de Almería y Huelva, en el que se desarrolla fundamentalmente la agricultura intensiva, hortofrutícola o especializada en frutos rojos, aparecen las mayores manifestaciones de segregación y marginación de los colectivos migrantes. En ellas, en zonas retiradas de los núcleos urbanos, se localizan numerosos poblados chabolistas donde las condiciones de vida resultan absolutamente indignas, con circunstancias muy discriminatorias hacia las mujeres. En este contexto, aunque se han formulado iniciativas políticas de interés, como la Estrategia para la Inmigración 2021-2025, la constitución de los Foros Provinciales para la Inmigración o la Mesa de Integración de Huelva, son necesarias acciones decididas y efectivas que faciliten la integración de estas poblaciones y permitan erradicar estos asentamientos. En este sentido, puede ser una buena noticia los fondos destinados a proyectos habitacionales anunciados recientemente por el secretario de estado Agenda 2030, que supondrán la puesta en marcha de cuatro alternativas entre Palos y Moguer (Carrasco, Antonio, 2022, 14 de mayo) o la ejecución en Lepe y Lucena de los dos primeros albergues públicos para inmigrantes (González, Virginia, 2022, 31 de enero). Son actuaciones que pueden comenzar a mitigar esta insoportable e invisible –o invisibilizada– exclusión que sufre la población inmigrante en estos entornos dialécticamente emergentes y marginales.
• En el complejo y dinámico ámbito de las áreas urbanas y metropolitanas el aspecto más considerado es de la segregación social y los conflictos que devienen de la visibilidad que otorga la propia concentración espacial de los inmigrantes, sobre todo cuando representan determinadas nacionalidades o grupos que, desde la perspectiva de los discursos que se construyen, despiertan actitudes de rechazo o xenofobia. Como se muestra en la Tabla 2, barrios desfavorecidos con un alto grado de vulnerabilidad concentran buena parte de las poblaciones inmigrantes que residen en la ciudad, sobre todo provenientes del Magreb (Marruecos) y en menor medida de América del Sur. En estos contextos, algunos autores han sugerido propuestas de intervención de gran interés. En Checa y Arjona (2008), además de recomendaciones acerca de acciones en muy diversos planos (político, social, económico, de género…), resaltamos las que afectan a la gestión directamente sobre el propio medio urbano. En este sentido, apunta la importancia de la creación de nuevos lugares de encuentro y sociabilidad entre autóctonos e inmigrados, atribuyendo por tanto un especial valor a los espacios públicos (ob. cit., pp. 258-260); Iglesias (2019) argumenta en esta misma línea al considerar la utilidad de los mismos para la convivencia y el intercambio intercultural, e incide en otros aspectos esenciales, como enfocar la gestión pública de la vivienda para favorecer una distribución más equitativa en la ciudad de las minorías étnicas más excluidas. Por último, reconociendo el papel protagonista que debe tener la ciudadanía, merece la pena señalar casos ejemplares de buenas prácticas[11]. En ellos, los recursos públicos y la actividad ciudadana generan lugares de encuentro propicios para que la sociabilidad y el intercambio puedan superar el simple estadio multicultural, avancen hacia relaciones interculturales o incluso adopten enfoques que conduzcan hacia la esperada transculturalidad (IESMALÁ, 2019).

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