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EXPEDIENTE DE CENSURA INQUISITORIAL DE 1724 AL MANIFIESTO DEL INTENDENTE DE VALENCIA

INQUISITORIAL CENSORSHIP DOSSIER OF 1724 ON THE MANIFIESTO OF THE INTENDANT OF VALENCIA

Carmen Caballero Lozano

Universidad Rey Juan Carlos

ccaballerol@alumnos.urj.es | https://orcid.org/0000-0002-2762-9402

1. Cuestiones preliminares

El presente trabajo centra su atención en el expediente de censura[1] que se tramita en la Inquisición de Valencia contra un manifiesto[2] del intendente de dicha ciudad, en el que se defiende la idea de que el estado eclesiástico no es inmune a los gravámenes y el pago de tributos.

Algunos expedientes relacionados con el que se analiza en esta ocasión por razón de la temática y la época son los siguientes: Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas[3]; Il Nuovo progetto d’una Riforma d’Italia[4]; Profecía de Santa Hildegarda, abadesa del convento de monjas de Maguncia[5]; Profecías del P. Ignacio Gilliol de la Compañía de Jesús[6]; Tuba altera majorem clangens sonum[7]; Histoire du admirable D. Iñigo de Gupúzcoa y Continuation de l’Histoire Universelle[8]; Memoria secreta de la República de las Letras[9]; El pájaro en la liga[10]; Siglos de Cristianismo del abate Ducreux[11]; Essai sur l’histoire naturelle de quelques espèces des moines, décrits à la manière de Linée[12]; Carta XXXIX de “El Corresponsal de Censor”[13]; y Versos mancos de un discurso romo[14].

Las censuras tramitadas por la Inquisición en dichos procesos abarcaban cuestiones muy amplias que afectaban al dogma, a todas las órdenes religiosas, especialmente a los jesuitas, y a las inmunidades eclesiásticas.

Los procesos analizados entonces, junto al que aquí se presenta, se situaban en el marco histórico concreto de la Ilustración y de la crisis de pensamiento que surgió cuando las Luces irrumpieron en el panorama filosófico del siglo XVIII.

Estos planteamientos filosóficos son concomitantes a una práctica política que los monarcas “absolutos” católicos emprenden en su relación con la Iglesia.

A esas alturas, las ideas de la Reforma protestante habían hecho mella en el panorama político de bastantes monarquías europeas y, de manera particular, en el territorio francés, de forma que los poderes temporales recabaron para sí la potestad de determinar hasta qué punto las jerarquías religiosas podían influir, como hasta entonces, en la toma de decisiones llevadas a cabo por los organismos laicos del Estado. Esto es lo que se conoce como Regalismo[15].

Los documentos en los que se basa el presente estudio han sido extraídos del Archivo Histórico Nacional, serie Calificaciones y censuras, que se tramitaron en el Consejo de Inquisición.

Se ha seleccionado el documento analizado por ser un claro exponente de la conflictiva relación entre la Iglesia y el Estado en el marco del Regalismo.

Para este análisis han resultado de ayuda inestimable, además de las obras generalistas publicadas por Henry Charles Lea y Henry Kamen[16], los trabajos realizados en el marco del proyecto coordinado por Enrique Gacto[17] y otras obras como Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII de Marcelin Defourneaux[18]. De imprescindible consulta han sido los estudios recogidos en Intolerancia e Inquisición, coordinados por José Antonio Escudero[19], así como Historia de la Inquisición en España y en América[20] y La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes[21], ambas obras dirigidas y editadas por Pérez Villanueva. También cabe reseñar los artículos Carlos III y la política religiosa de Francisco Martí Gilabert[22], Censura gubernativa, Iglesia y Liberalismo: Una aproximación jurídico-política de Carmen Bolaños[23] y Sociedad y Religión en el siglo XVIII de Antonio Mestre[24].

Como generalidades previas al análisis exhaustivo del documento titulado Expediente sobre la censura de varias proposiciones contenidas en el Manifiesto de D. Luis de Mergelina, Intendente de Valencia, debemos hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, debemos destacar que ese documento participa de bastantes rasgos comunes a otros que se redactaron en la época, todos ellos relacionados con la tensión Iglesia-Estado y la posición privilegiada de los entes religiosos en el naciente esquema social posterior a la monarquía austriaca, dónde las instituciones religiosas podían adoptar decisiones que eran automáticamente asumidas por el Derecho de la corona. Ese carácter semi-automático se pierde, no solo de hecho, sino también en el plano jurídico, a partir del momento en que la política regalista irrumpe en el panorama jurídico español.

En muchos casos, detrás de estos conflictos se esconden determinados intereses económicos que se habían mantenido para el estamento eclesiástico y que durante la etapa regalista serían puestos en tela de juicio por los poderes estatales.

La Iglesia, en esa coyuntura, recurría ocasionalmente a la Inquisición para intentar eludir el creciente autoritarismo regio o, simplemente, para que el Santo Oficio mediara entre ambos ámbitos de poder, cual es el caso del documento analizado.

Así pues, el Expediente sobre la censura de varias proposiciones contenidas en el manifiesto de D. Luis de Mergelina, Intendente de Valencia, va dirigido, no tanto a que se analice el carácter herético de una publicación concreta, cosa que solía ser objeto de los expedientes habituales de censura, sino a defender una antigua prebenda tributaria frente a las pretensiones de un intendente de Hacienda que intentaba ignorarla, lo cual se constituye en una excepción a la dinámica habitual de los expedientes de censura.

Se trataba pues de determinar la verdadera naturaleza jurídica de dos figuras tributarias, diferentes a juicio de la Iglesia. Los poderes hacendísticos, por el contrario, rebatían que el hecho imponible fuera aquel que afirmaban los eclesiásticos involucrados en el expediente.

A esas dificultades técnicas de carácter tributario, se unían otras derivadas de la creciente Guerra de Sucesión que había dado al traste con todas las peculiaridades jurídicas propias del reino valenciano y que habían desaparecido tras el Decreto de 1707. A tenor del Decreto, nada debía modificase en lo relativo a las prebendas eclesiásticas, que debían seguirse rigiendo por los acuerdos con la Santa Sede. Ello chocaría con las aspiraciones regalistas de la corona, que haría caso omiso de algunos compromisos adquiridos a raíz de los Decretos de Nueva Planta[25], como se analizará más adelante.

Los postulados de la Razón exigían revisar todos los aspectos de la realidad a partir de un marcado componente rupturista con el pasado. No es extraño, por ello, que Descartes le concediera al conocimiento histórico solamente una cierta dosis de utilidad[26]. El siglo XVIII representó, en el ámbito jurídico, el periodo en que se sientan las bases de una revisión profunda del orden establecido, donde se va a considerar pertinente una ordenación sistemática por materias de todo el derecho vigente para los territorios que conforman un Estado. Es el tiempo del constitucionalismo y la codificación[27].

El Positivismo racionalista es una corriente de pensamiento jurídico rupturista que, sin duda, alcanzaría también y del mismo modo a la forma en que la sociedad debía aproximarse a la religión. En ese contexto se producen los acontecimientos objeto de estudio en el presente trabajo.

Sin embargo, el caso de España es singular en este sentido respecto a lo que acaecía en el resto de Europa durante esta etapa. España había quedado excluida de cualquier disidencia religiosa ajena al catolicismo desde la creación del Santo Oficio en 1478.

Una red de funcionarios reales e inquisitoriales velaban por mantener en los Pirineos, así como en los llamados Puertos secos y Puertos mojados, el cordón sanitario que protegería el suelo español frente a la entrada de cualquier doctrina sospechosa de contravenir la ortodoxia católica y, lo que es igualmente importante, la autoridad de la corona española. En el siglo XVIII la actividad inquisitorial en gran medida focalizó sus esfuerzos por poner coto a la entrada de las corrientes racionalistas de la Ilustración que amenazaban con destruir los pilares sobre los que se asentaban el poder de la Iglesia y el absolutismo monárquico[28].

Cabe matizar que el ilustrado observador de este periodo analizaría a la Iglesia desde todos sus ángulos y, sin llegar todavía a negar la existencia de Dios, sometería a revisión la organización eclesiástica y sus reglas tradicionales, siendo especialmente cuestionado su régimen privilegiado. Por ello, no es extraño que el clero, representado especialmente en las distintas órdenes religiosas, fuera el foco de severas críticas. Este deísmo decepcionado que había derivado en un Dios lejano e inaprehensible desde los parámetros de la razón, cuestionaba a cualquier institución erigida como medio para acceder a la divinidad. La Iglesia católica no sería una excepción.

Dicha posición acogía la tolerancia religiosa y la libertad de culto. Será claramente también la doctrina antecesora de la indiferencia religiosa y del relativismo[29]. En los distintos documentos examinados para llevar a cabo este trabajo se observa una gran diversidad en cuanto al tono empleado a la hora de expresar las críticas contra la Iglesia o la propia religión, a veces enmascaradas por medio de una notable agudeza de ingenio[30]. Si bien tal fue la tendencia habitual, también debe tenerse presente que hubo ocasiones en que los escritos contenían expresiones blasfemas y abiertamente sacrílegas que determinaron no solo su prohibición expresa al ser incluidos en el Índice de libros prohibidos, sino que además se mandaron quemar[31].

El factor común en la mayoría de los textos de contenido crítico en materia eclesiástica es la propuesta de reforma, en ocasiones, con la doble intención de modernizar la Iglesia y adaptarla al momento histórico además de liberarla de aquellos elementos que la desvirtuaron y alejaron de su primitivo carácter.

A modo de clasificación de las diferentes actitudes que conducían a la censura de manifestaciones similares a las que obran en el escrito objeto de análisis específico, podemos señalar cinco escenarios de crítica que fueron objeto de los expedientes del Santo Oficio. El primero lo constituyen los documentos cuya argumentación se halla en la defensa abierta de la libertad religiosa[32]. Un segundo grupo lo forman aquellos documentos que ponen en duda algunos de los dogmas de fe, así como los que critican abiertamente la infalibilidad del papa, cuestionando su posición como cabeza de la Iglesia[33]. Un tercer grupo lo componen aquellos documentos que comparten el común propósito de atacar directamente al clero, representado en las órdenes religiosas, especialmente a la Compañía de Jesús[34]. Finalmente, un último grupo de documentos hacían alusión a los privilegios de la Iglesia, como, por ejemplo, su inmunidad fiscal o su capacidad normativa sobre el común de los súbditos, siendo estos expedientes especialmente interesantes porque en muchos de ellos se puede vislumbrar un trasfondo de la política regalista por la cual la intervención real empieza a ampliar su radio de acción alcanzando a los asuntos eclesiásticos[35]. Es entre estos últimos donde se ubica el expediente aquí examinado.

El expediente de censura elegido resulta en conjunto de gran interés por varias razones: en primer lugar por la ya referida peculiaridad de tipo documental al tratarse el escrito delatado de unas alegaciones jurídicas; en segundo lugar por ser la causa de la denuncia la vulneración de la inmunidad del clero habida cuenta del compromiso de respeto a sus privilegios tras el decreto de abolición de los fueros; en tercer lugar, por ser una de las partes involucradas un intendente como funcionario de nueva creación en la Administración del régimen de gobierno borbónico; y en último lugar por la incógnita sobre las razones de haber quedado inconcluso.

2. Censura inquisitorial y poder real: los escritos regalistas en el siglo XVIII

El siglo XVIII, desde el punto de vista de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, quedó en gran medida determinado por la tensión existente entre el poder real y la jurisdicción eclesiástica[36]. En este contexto resulta interesante así mismo observar el papel jugado por la Inquisición en sus actuaciones y decisiones por deber lealtad tanto al papa como al rey[37].

La Inquisición española se situaba, de este modo, en un escalón intermedio entre los poderes de la Iglesia y la autoridad regia. A partir del siglo XVIII se rompe ese difícil equilibrio mantenido entre los siglos XV y XVII, durante los cuales se había producido una colaboración recíproca en la represión de actitudes que afectasen a la religión, al poder del monarca y a la moral, generándose la figura de los delitos de mixto fuero, susceptibles de ser juzgados alternativamente o acumulativamente por la jurisdicción regia y la inquisitorial[38].

En el siglo XVIII, la Inquisición se vio en la difícil coyuntura de continuar defendiendo las prerrogativas de los monarcas sin menoscabar los tradicionales privilegios eclesiásticos. Se convertía, así, en una especie de árbitro componedor en el marco de las controversias Iglesia-Estado. Ello en un contexto dentro del cual los reyes españoles intentaban hacer valer su exclusiva y creciente potestad normativa frente a otras instituciones patrias. Muestra de ello es el expediente traído a colación en estas páginas.

Se produce así una especie de esquizofrenia en el seno del Santo Oficio que, por definición, formaba parte del aparato de poder y burocrático de la monarquía. Sin embargo, sus funciones primordiales, supuestamente consistentes en el mantenimiento de la ortodoxia católica, la situaban como baluarte para la salvaguarda de los intereses eclesiásticos. Desde esta perspectiva resulta de interés el texto analizado, donde se sometió a la censura del Santo Oficio una decisión adoptada por cierta autoridad de la corona que resultaba lesiva para los intereses económicos de la Iglesia. En esa decisión se abogaba por favorecer a la autoridad real frente a la eclesiástica. Es la plasmación genuina de la forma en que la política regalista afectaba, no solo a las grandes tomas de decisiones por parte del rey frente a las instituciones eclesiásticas, como lo fue, por ejemplo, la expulsión de la Compañía de Jesús, sino también a algunos asuntos mucho más cotidianos[39].

El manifiesto de Don Luis de Mergelina y Mota, Intendente de Hacienda en Valencia, incluye una crítica a los privilegios de la Iglesia, para la cual reivindica su carácter meramente terrenal a ciertos efectos, proponiendo abiertamente la supresión de su presunta exención impositiva. En el expediente salen a colación otros asuntos adyacentes, como, por ejemplo, las resonancias del Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, donde se expresaba claramente la incorporación del territorio valenciano al sistema castellano en todos los aspectos jurídicos[40].

El poder real había por fin y definitivamente exportado su carácter absoluto también a uno de los territorios de la Corona de Aragón, si bien un siglo después de las propuestas del conde-duque de Olivares[41]. Este Decreto supuso para el Reino de Valencia la supresión en su integridad manifiesta de todas sus peculiaridades políticas y jurídicas, pero sin que eso supusiera una ruptura con el orden del Antiguo Régimen como de hecho parece deducirse del propio Decreto cuando recoge como excepción de su aplicación a la jurisdicción eclesiástica[42].

A la luz de episodios como el que sirve de base a este trabajo, resulta apreciable que el concepto de soberanía como ejercicio pleno de la misma por parte de los reyes se fortaleció extraordinariamente frente al resto de los poderes del Estado, en este caso, al de la Iglesia[43]. Así pues, debe tenerse presente que, como ocurriera en los países protestantes, la monarquía absoluta en los países católicos intentó también arrogarse unas competencias de intervención sobre la vida eclesiástica que acarreó constantes conflictos[44].

3. El Manifiesto del intendente Luis Antonio de Mergelina y el proceso de censura

La Real Academia de la Historia ofrece ciertos datos biográfico de D. Luis Antonio de Mergelina y Mota (1660-†1724) que resultan de interés para este trabajo por ser aclaratorios de su trayectoria política y su vinculación a la Inquisición. Nacido en la Corona de Aragón, más precisamente oriundo de Villena, Alicante, provenía de una familia bien situada en el Reino de Valencia. Fue alcalde mayor perpetuo de la Inquisición de Villena en el reinado de Carlos II. También fue consejero de Felipe V y posteriormente, ejerció como intendente en diferentes lugares como Murcia, Castilla mientras residía en Salamanca y Valencia donde además incorporó el corregimiento de la ciudad[45].

La actividad de los intendentes hasta su supresión por Carlos III, auspiciada por Campomanes debido al conflicto jurisdiccional con los corregidores, ha sido definida por Vallejo García Hevia del siguiente modo:

[…] la administración de las rentas y todo lo relativo a la materia militar fueron realmente las atribuciones esenciales de los intendentes, ya que las competencias de policía y justicia solo sirvieron para reforzar su autoridad y complementar su actuación[46].

3.1. El Manifiesto del intendente de Valencia

Centrada la atención en el Manifiesto objeto de análisis, cabe destacar que, a diferencia de la mayor parte de los textos objeto de censura inquisitorial, este no se recoge en un libro o en un periódico. La peculiaridad que presenta en este sentido es su adscripción al género de alegaciones jurídicas o informaciones en Derecho[47], conocido más coloquialmente como porcones[48]. Se trataba de un tipo de escritos elaborados por los abogados en los que exponían las circunstancias del juicio y los argumentos jurídicos sobre los que fundamentaban la defensa[49]. Eran por tanto un tipo de documentos procesales que se elaboraban con fines forenses y estaban circunscritos al ámbito judicial. Sin embargo, durante buena parte de la Edad Moderna, a raíz de la frecuente práctica por parte de los abogados de difundirlos, se trasladaron a la escena pública[50] y se generaron una serie de problemas que afectaron por una parte al buen curso del proceso y por otra a la falta de control de unos contenidos que no habían sido revisados y aprobados previamente para poder ser publicados[51].

En relación con el especial interés de los abogados en imprimir las alegaciones jurídicas conviene incidir en que además de por una necesidad forense buscaban hacer públicos los argumentos que fundamentaban la defensa de su representado, sobre todo en casos con gran impacto social que suscitaban controversias más allá del ámbito judicial[52]. Es por ello especialmente donde más sorprende que su difusión no fuera sometida a un mayor control previo o licencia. La elaboración de este tipo de escritos, manuscritos o impresos, estaba destinada a ser utilizada en el proceso y su contenido debía mantenerse es secreto hasta ser presentado ante los jueces[53]. Sin embargo, no existía un sistema efectivo que impidiese a los abogados imprimir libremente las alegaciones jurídicas y circularon con libertad durante la mayor parte de la Época moderna.

La propia naturaleza de estos documentos los había exceptuado de los requisitos que la legislación exigía a cualquier escrito antes de publicarse; se escapaban así de la censura gubernativa previa[54], pero no de la inquisitorial que actuaba a posteriori sobre las publicaciones ya impresas[55]. El Santo Oficio, por su parte, prohibió por edicto de 1647 publicar escritos de alegaciones relacionados con procesos que estuvieran sustanciándose en los sus tribunales. De los estudios sobre esta cuestión se deduce que el tribunal trataba con ello de circunscribir los escritos de alegaciones al ámbito judicial. Reforzaba así su capacidad censora que en cualquier caso podía ejercer si el contenido de dichos escritos incurría en alguna de las amplias causas sobre las que tenía jurisdicción; en el caso que nos ocupa unas alegaciones jurídicas contra la inmunidad eclesiástica cuya protección se otorgaba desde 1640 por la Regla XVI del Índice de libros prohibidos[56].

El Manifiesto, constituía, a lo largo de sus 169 páginas, un escrito de alegaciones jurídicas en las que el intendente exponía una amplia y detallada información que legitimaba la supresión de los privilegios de la Iglesia de Valencia en materia fiscal, lo cual implicaba una vulneración de la Regla XVI del Índice y de la legislación eclesiástica.

Esta información, al igual que la presentada por el cabildo en protesta por las medidas adoptadas por el intendente se harán públicas y generarán un ambiente de conflicto social que influirá posteriormente en la revisión de los poderes atribuidos al intendente.

3.2. El procedimiento de censura: el escrito de delación

El inicio de la tramitación de este expediente se produce a través de la delación hecha por un clérigo que se presenta en la Inquisición de Valencia el 22 de septiembre de 1724[57]. El religioso se identifica como D. Luis Gascón, Rector de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Valencia y catedrático jubilado de teología, de 52 años. Interrogado el clérigo por la causa por la cual pedía ser atendido, declaró su objetivo de denunciar la existencia de un manifiesto que a su juicio contenía proposiciones erróneas. Es interesante entrar en el desarrollo de este trámite por dos razones: en primer lugar, porque es el único que proporciona información sobre el contenido de este escrito al no existir informes de calificación, y en segundo, por la estudiada y ordenada denuncia que presenta el delator, haciendo gala de su condición de catedrático. Así pues, D. Luis Gascón expone su denuncia mediante el empleo de los siguientes instrumentos: una exposición oral, la presentación del Manifiesto impreso y una carta en la que, cual si de un calificador se tratase, analiza y fundamenta cada una de sus acusaciones de censura.

En la exposición oral, el clérigo explica al tribunal los datos básicos del texto que denuncia, esto es, que se trata de un escrito impreso, sin fecha y cuyo autor es el intendente general de la ciudad y reino de Valencia, D. Luis Antonio de Mergelina.

Seguidamente, entrega el Manifiesto al tribunal explicando a sus miembros brevemente que la estructura del mismo es la siguiente: está dividido en tres partes, la primera contiene un resumen del contenido, la segunda constituye el texto íntegro y la tercera recoge los instrumentos que sirven de fundamento a sus alegaciones. Aclara esto último precisando que todo el Manifiesto era una contestación a las quejas expresadas por el cabildo eclesiástico de la ciudad de Valencia en cuestiones de inmunidades.

Por último y junto al Manifiesto, presenta una carta en la que expone las razones por las que el texto debe condenarse.

Encabezando el análisis del contenido, el delator destaca entre las proposiciones censurables dos, alrededor de las cuales gira todo el manifiesto. La primera, se refiere a la que niega la inmunidad de los eclesiásticos en relación con el pago de tributos impuestos por los príncipes supremos[58]. La segunda alude a la potestad de la Iglesia sobre príncipes y reyes a la hora de eximir a los entes eclesiásticos del pago de impuestos establecidos por ellos[59].

A continuación, se recogen las proposiciones que el delator selecciona por haberle producido mayor “disonancia” junto con la motivación en la que basa su condena:

1. El intendente se declara defensor de que los eclesiásticos tengan el deber de pagar los derechos de puertos[60] por no ser estos derechos de alcabala, sino regalía; basa su defensa en la inexistencia de texto canónico alguno ni decisión formal que les libere de ello y en consentimiento y aprobación de este deber por los santos pontífices.

   El delator, por su parte, para contrarrestar esta proposición opone todas las constituciones eclesiásticas que eximen de forma general a los eclesiásticos de cualquier tipo de tributo, sin necesidad de una licencia expresa del pontífice, completando este argumento mediante sendas referencias al Concilio de Letrán y al Concilio de Trento[61]. En ellos se establecía la renovación de todas las constituciones hechas a favor de la libertad e inmunidad eclesiástica. Además, fundamenta su defensa en la Bula de la Cena publicada solemnemente cada año, por prohibirse en ella la imposición de cualquier género de tributo a los eclesiásticos[62].

   Así pues, el delator califica de errónea la proposición en la que el intendente fundamenta el derecho a exigir el pago de tributos de los puertos a los eclesiásticos apoyándose en la aprobación de los sumos pontífices.

2. El intendente afirma que los eclesiásticos deben observar las leyes estatuidas genéricamente “pro bono público” en lo que afecta también a los tributos y gabelas[63].

   El delator denuncia que esta doctrina niega la inmunidad a los eclesiásticos, puesto que según esta proposición estarían obligados al cumplimiento de las mismas tanto los eclesiásticos como los seculares sin distinción.

3. Otro motivo de denuncia para el delator es la proposición en la cual el intendente afirma que los capítulos de derecho canónico que prohíben la aplicación de las leyes y estatutos seculares a los eclesiásticos se refieren a los aprobados por personas inferiores al príncipe supremo; no aluden por tanto ni a las leyes ni a los tributos emanados de este, a cuya jurisdicción política también están sujetos los eclesiásticos. El delator apunta que, según esta doctrina, las leyes civiles establecidas por el príncipe Supremo y los tributos que este imponga, deben aplicarse tanto a los eclesiásticos como a los seculares sin distinción alguna; lo cual no parece dejar la menor inmunidad a los primeros.

   Califica, pues, esta doctrina de errónea por oponerse a las constituciones de la Iglesia e incluso al mismo culto con el que esta venera y celebra a santos que padecieron grandes persecuciones y martirios por resistirse a las leyes civiles de príncipes supremos cuando eran injuriosas para la libertad e inmunidad eclesiásticas[64].

   Añade el intendente que la Bula de la Cena solo prohíbe exigir las gabelas prohibidas no las lícitas[65], sobre lo cual el delator considera que esa distinción carece de sentido en ese momento, e interpreta que aquella bula prohíbe claramente cualquier tipo de género o modo aún indirecto de exigir tributo de persona eclesiástica sin especial y expresa licencia de la Sede Apostólica.

4. Prosigue la carta de delación recogiendo la defensa que el intendente hace de prohibir aquellos derechos indebidos e impuestos sin autoridad, pero no los establecidos por los príncipes superiores, en quienes ni la Bula de la Cena ni las disposiciones conciliares han alterado cosa alguna[66].

   El delator señala que se trata de una proposición que parece oponerse notoriamente a lo que establece la Iglesia sobre este punto y presenta públicamente a los eclesiásticos como individuos e instituciones que están tan sujetos a las leyes de los príncipes supremos como otros integrantes de la sociedad.

5. La siguiente proposición es de gran importancia, pues se refiere a las implicaciones del derecho de conquista como fundamento de estas reformas fiscales. Hábilmente, el intendente afirma que el monarca pudo abolir en el territorio conquistado las exenciones o privilegios pertenecientes a la inmunidad eclesiástica, así como también pudo establecer las leyes y los estatutos que le parecieron convenientes a su regalía.

   El denunciante de este Manifiesto califica esta proposición de error palmario. Nuevamente, reitera para rebatirla que la inmunidad eclesiástica viene establecida por una autoridad superior a la de los príncipes y que estos no pueden en modo alguno alterarla o disminuirla, ni por derecho de conquista ni por otro cualquiera.

6. Por último, el intendente pretende que la competencia para tratar las controversias y las dudas que surjan sobre la violación de la inmunidad eclesiástica sobre el cobro de tributos a los eclesiásticos pertenezca a la jurisdicción secular, aun en aquellos lugares donde esa competencia estaba atribuida a la jurisdicción eclesiástica, como podía ser el caso de los señoríos eclesiásticos y de las órdenes religiosas. Esta propuesta se opone a lo recogido en los cánones, que indican que toda causa eclesiástica, como es la violación de la inmunidad, se trate ante el juez eclesiástico.

3.3. Buscando una explicación a un expediente inconcluso

El 6 de octubre de 1724 la Inquisición de Valencia decide enviar al fiscal del Consejo una carta con toda la documentación aportada por el párroco de San Bartolomé sin haber ejecutado los trámites de calificación. Seguidamente, los inquisidores informaron que se trataba de un escrito del intendente en respuesta a las quejas que los eclesiásticos habían expresado contra su Majestad en cuestiones de inmunidad. Además, señalaban haber tomado la decisión de solicitar del Consejo una resolución por precaución pues “estas controversias se siguen en esta ciudad con sobrado conato por entrambas partes”[67].

Un mes después se recibe la respuesta del Consejo, que vuelve a dejar la responsabilidad de la calificación en manos de la Inquisición valenciana. Sin embargo, en el expediente no consta ninguna referencia a que el Tribunal de distrito de Valencia enviase a los censores el escrito para su calificación como tampoco ninguna resolución al respecto. En el Índice de libros prohibidos[68] no aparece registrado ni por autor, ni por título. Hay que suponer por ello que el procedimiento de censura quedó en suspenso, no llegando a concluirse[69].

4. Consideraciones finales

A lo largo de estas páginas hemos podido comprobar los numerosos conflictos que se desencadenaron entre la iglesia de Valencia y la monarquía a raíz de la abolición de los fueros en 1707 y la importancia que tuvieron los escritos de alegaciones para defender de manera pública sus respectivos derechos hasta el punto de llegar a ser denunciados ante la Inquisición para su censura.

Durante el siglo XVIII los monarcas absolutistas en España irían fortaleciéndose en el ejercicio de su gobierno centralista gracias a la victoria en la Guerra de Sucesión y a los apoyos proporcionados por las nuevas ideas ilustradas, apostando por la aplicación de unas reformas que teniendo como fin la felicidad y el bienestar social solo podrían reportarles beneficios que consolidasen su poder.

La Iglesia empezará a sufrir las consecuencias de estas nuevas coordenadas en las que el estamento eclesiástico deberá reubicarse ante la política regalista de la monarquía.

Se presenta así un escenario político y social en el que se materializan una serie de cambios respecto al estamento eclesiástico que habían conseguido frenarse hasta entonces.

En cualquier caso, como ha quedado recogido en el presente trabajo, la intención de los reyes a la hora de desarrollar su plan de reformas no consistía en modificar los pilares del Antiguo Régimen. Los monarcas seguían manteniendo la estructura social estamental. El cambio más importante fue la diferencia de peso que cada uno de los poderes representaban en ella.

El presunto mantenimiento y respeto a ese orden se observa en la letra de los Decretos de Nueva Planta, donde se expresa que la jurisdicción eclesiástica no se vería afectada por la derogación de los fueros. Sin embargo, los monarcas irían modificando ese criterio en la práctica, dando prioridad al nuevo fin del Estado Moderno. Ese no era otro que el fortalecimiento del poder regio junto con el aumento de la felicidad y el bienestar de los súbditos, atendiendo también a las necesidades económicas que ello implicaba. El reajuste fiscal supuso el pago de mayores tributos por parte de los entes eclesiásticos para acrecentar los ingresos de las arcas reales y dedicarlos a los fines que la corona estimara más oportunos.

Entre las reformas más importantes de la política centralista están las que afectaron a la organización y funcionamiento de los órganos de la administración central, territorial y municipal del Estado. Una de las más significativas dentro de la administración territorial fue la introducción de los intendentes, una figura importada de Francia, con poderes muy amplios entre los que destacaba la gestión de los recursos de las provincias. Esta materia hacendística le legitimaba para ejecutar aquellas medidas que fueran necesarias a fin de mejorar el sistema tributario y el desarrollo económico de los territorios sujetos a su gobierno; una función difícil cuando suponía recortar privilegios a otros poderes. El caso analizado y ocurrido en Valencia es un ejemplo de los muchos conflictos que se produjeron a raíz del reajuste fiscal que emprendió la monarquía borbónica de acuerdo a los criterios de uniformidad y centralización que presidieron su política.

De acuerdo al expediente estudiado, la Inquisición fue requerida por un religioso para impedir la circulación de unas alegaciones jurídicas que bajo el título de Manifiesto formaban parte de un conflicto en el que se hallaban implicadas la jurisdicción real y la eclesiástica.

Se recurría, paralelamente al Santo Oficio para pronunciarse sobre diversos aspectos contenidos en el escrito del intendente con los que legitimaba la toma de una serie de decisiones de carácter fiscal que atentaban contra la inmunidad eclesiástica.

El tribunal de distrito de Valencia opta por no someter el escrito a las preceptivas calificaciones y remitirlo directamente a la Suprema para que fuera esta quien resolviese pues, según su parecer, “estas controversias se sirven en esta ciudad con sobrado conato por entrambas partes”. Sin embargo, al no constarnos las acciones y resolución de la Suprema al respecto, la censura del escrito de alegaciones del intendente Mergelina quedó en suspenso y por tanto el Manifiesto en libertad.

Las causas para que un expediente de censura quedara inconcluso podían ser muy diversas. En el caso que nos ocupa, la razón podría ser la muerte del intendente Mergelina en diciembre de 1724, tres meses después de la delación de su escrito; sin embargo, la tramitación de los expedientes de censura no se suspendía, aunque el autor hubiera fallecido, ya que lo que se valoraba era el contenido y el potencial impacto social de las obras. Por otra parte, existe la posibilidad de que la Suprema quisiera evitar prohibir unas alegaciones jurídicas que cuestionaran, en último término, la autoridad real. Este hecho sería aislado, porque fueron muchos los que corrieron la misma suerte por cuestiones relacionadas con la propia supervivencia de una institución inquisitorial que se veía maniatada cuando se trataba de defender a la Iglesia de la intervención real. Sin embargo, en este caso no está suficientemente demostrado, teniendo en cuenta además que el Santo Oficio se caracterizó por obstaculizar la difusión de este tipo de escritos de alegaciones por considerar imprescindible durante un proceso respetar el secreto de las actuaciones.

5. Apéndice Documental

Expediente sobre la censura de varias proposiciones contenidas en el Manifiesto de D. Luis de Mergelina, Intendente de Valencia.

AHN, Inquisición, leg. 4450-10, 9 fols.

[fol. 1]

Valencia 1724.

El Promotor Fiscal del Santo Oficio. Contra un papel delatado, por varias proposiciones.

[fol. 2]

En el Sto Oficio de la Inquisición de Valencia, a veinte y dos dias del mes de Septiembre del año mil setecientos veinte y quatro, estando en su Audiencia de la mañana el Sr. Inquisidor Ldo. D. Joseph de la Rassa Cossio del Orden de Calatraba Dignidad y Sacristán Mayor della, que asistia solo entro en ella de su Voluntad un clerigo del qual siendo presente fue recibido juramento more sacerdotali so cargo del qual prometio dezir verdad y guardar secreto, y dixo llamarse D. Felix Gastón Presbitero Rector de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de esta ciudad, natural de Alcalá Givert, Catedratico de Theologia jubilado en esta ciudad, y de edad que dixo se de cinquenta y dos años.

Preguntado para qué ha pedido audiencia.

Dixo, que la ha pedido para delatar en este Santo Oficio como lo hace en cumplimento de su obligacion y descargo de su conciencia, un papel impreso, sin fecha de impresión, hecho por D. Luis Antonio de Mergelina Intendente general de esta ciudad, y Reyno, que contiene tres partes, la primera resumen de todo lo en él expresado, la segunda manifiesto en que el Sr. D. Luis Mergelina satisface a las quejas dadas a Su Magestad por el cabildo eclesiastico de esta ciudad, y la tercera, diversos instrumentos en apoyo de lo por él alegado; y la primera hoja de dicho papel empieza: resumen/ [fol. 3] del manifiesto de Mergelina y la última concluye: en testimonio de verdad Miguel Calbo: y aunque el resumen no está foliado pero el manifiesto lo está asta el nº 48 y el quaderno de diversos órdenes y testimonios corre asta el nº 62; cuya delación la hace por juzgar el denunciante que dicho manifiesto contiene proposiciones y injurias al estado eclesiástico, impías, escandalosas, temerarias y aun erróneas, que todas las expresa en el papel escrito de la mano que juntamente presenta en este Tribunal, compuesto de dos hojas escritas las tres llanas, y parte de la última, firmado del denunciante; y que para esto ha pedido audiencia. y en todo ha dicho la verdad so cargo de su juramento.

Leyósele, encárgasele el secreto, prometiólo y lo firmo. = Entre renglones, esta foliado, valga. Sr. Felix Gaston. Rector de S. Bartholome (rubricado) Thomas Hinart y March (rubricado) / [fol. 4] Muy Iltes. Señores. El Dr. Felix Gaston Rector de la Iglesia Parroquial de San Bartolome de esta ciudad en descargo de su conciencia, acude a este Santo Tribunal para delatar un Manifiesto impresso de Don Luis de Mergelina, Intendente de las rentas reales, y Corregidor de Valencia, que presenta y delata; por juzgar el denunciante que aquel Manifiesto contiene proposiciones injuriosas al estado eclesiástico, impías, escandalosas, temerarias, y aun erróneas; pues siendo cierto que la Iglesia ha concedido exempcion a los Eclesiásticos de todos los tributos que impusieron los Principes Supremos, no se puede negar esta inmunidad, como la niega el referido Manifiesto, sin negar que la Iglesia tenga potestad superior a todos los Reyes y Principes en orden a eximir a los Eclesiásticos de los tributos que ellos impusieren, y sugetando su parecer el denunciante al juicio de este Santo Tribunal, señaladamente delata las proposiciones siguientes por averle causado mayor disonancia.

Desde el nº 124 pretende probar que los Ecclesiasticos deven pagar los derechos de Puertos, por no ser estos derechos alcavala, sino regalia; y dice en el nº 128 hablando de esa contribución: en que no ay texto canónico, ni formal decisión que les liberte; antes si allarse asistida de la aprobación, y formal annuencia de los Summos Pontifices. Esta proposición manifiestamente se opone a todas las constituciones de la Iglesia; que generalmente eximen a los Eclesiasticos de qualquier genero de tributo que se impusiere sin especial y expressa licencia del Summo Pontifice; y algunas de estas constituciones expressan también los tributos que impusieren Los Reyes, o Principes Supremos, como la del Concilio Lateranense sub Leone X Sess.9. sub finem, et eum a jure divino, donde se dice: Innovamus omnes Apostolicas Sanctiones in favore Libertatis Ecclesiasticae, contra eius violatores quomodolibet/ [fol.5] editas: et cum in Lateranensi, pariter ac Conciliis generalibus sub excommunicationis poena prohibitur fuerit nec Reges, Principes, Collectas, Decimas, et alia hujusmodi onera clericis, praelatis, et aliis quibuscum que Personis ecclesiasticis imponant exiqantque. Lo mismo establece el Concilio de Trento sess. 25 cap. 20 renovando todas las constituciones que le avian echo a favor de la libertad, è inmunidad ecclesiastica. Y en la Bulla de la cena 18 se renuevan también las sobredichas constituciones, y expresamente la del Concilio Lateranense, y con toda claridad se comprenden todos los Principes Supremos etiam aut imperali regali praefulgeat dignitate. Y publicándose solamente todos los años la Bulla de la Cena, en que se prohíbe el imponer qualquier genero de tributo a los Ecclesiasticos, es error el juzgar que en exigir a los Ecclesiasticos los tributos de los puertos ay aprobacion y annuencia formal de los Summos Pontifices.

En el nº 131 dice que Las leyes estatuidas pro bono publico no directamente a los Ecclesiasticos, sino genéricamente, se deben observar por esos y aun en términos de tributos y gavelas. Esta proposición obliga a los Ecclesiasticos sin excepción alguna a la observancia de las mismas Leyes, a que están obligados los seculares; pues toda Ley se ha de establecer pro bono público para que obligue a los seculares; con que si a las leyes estatuidas genéricamente pro bono publico están obligados los Ecclesiasticos, aun en términos de tributos, y gavelas, será preciso que los Ecclesiasticos esten tenidos a las mismas leyes que los seculares, sin ninguna excepción. En que se ve queesta doctrina niega toda inmunidad a los Ecclesiasticos.

En el nº135 dice que los Capítulos del Derecho Canónico que prohíben el que las leyes, y estatutos seculares comprehendan a los Ecclesiasticos hablan de las leyes o estatutos hechos por Personas inferiores al Príncipe Supremo, pero no de las leyes, y estatutos que este hace: A cuya jurisdicción política también están tenidos los Ecclesiasticos.- Esta doctrina parece no dexa la menor inmunidad a los Ecclesiasticos, o distinción entre /[fo. 6] ellos y los seculares; en lo que toca a las Leyes Civiles que estableciere el Príncipe Supremo, y a los tributos que supusiere, lo qual no solo se opone a las Constituciones de la Iglesia sino también al mismo culto con que esta venera y celebra a S. Thomas Cantuariense, y otros Santos, que padecieron grandes persecuciones, y aun Matirio por resistir a las Leyes Civiles de Principes Supremos injuriosas a la libertad e inmunidad Ecclesiastica.

Añade en el mismo Manifiesto que la Bulla de la Cena solo prohíbe exigir las gavelas prohibidas no las licitas. - Esta doctrina haze inútil y ridícula la prohibicion de tributos sobre Ecclesiasticos, y la censura de aquella Bulla, que con tanta claridad prohíbe cualquier género o modo aun indirecto, de exigir tributo de Persona Ecclesiastica, sin especial, y expresa Licencia de la Sede Apostólica.

Prosigue diciendo, que el cap.= Quamquam de censibus y otros, prohíben los derechos indebidos, y que sin autoridad se impusieren mas no los impuestos por los Principes Superiores: en quienes ni la Bulla de la Cena, ni las disposiciones conciliares han alterado cosa alguna=Esta proposición parece oponerse notoriamente a lo que tiene establecido La Iglesia sobre este punto, y dexa a los Eclesiásticos tan sugetos a Las Leyes de los Principes Supremos, como a los mismos seculares.

En el nº 153 dice que el Rey por derecho de conquistador pudo abolir en el pays conquistado las exempciones o privilegios, que pertenecen a la inmunidad eclesiástica. Y concluye generalmente que por aquel derecho de conquistador pudo establecer las Leyes, y estatutos que le parecieren convenientes a su Regalia. - Lo que generalmente dicho, parece ser error manifiesto: pues la inmunidad ecclesiastica está establecida por authoridad superior a la de los Principes; y assi estos ni por título de conquista, ni por otro pueden en algun modo alterarla, o disminuirla.

Desde el nº 185 pretende /[fo. 7] probar que las bulas puedan incurrir sobre la violación de la immunidad ecclesiastica en cobrar tributos de los Ecclesiasticos, pertenecen a la jurisdiccion secular, aun aquellos lugares donde este conocimiento era propio de la jurisdiccion ecclesiastica.- Esta doctrina parece se opone a lo que tienen determinado Los Sagrados Cánones que toda causa ecclesiastica, qual es la de violación de inmunidad, se trate ante Juez Eclesiástico.

Esto es lo que he juzgado tenía obligación de delatar en particular, y distinctamente a este Santo Tribunal en el referido manifiesto assi lo hago sujetándome enteramente a su rectissimo juicio. D. Felix Gaston. Rector de San Bartolome (rubricado)

[fol. 8] Al Consejo de Su Magestad de la Santa General Inquisicion.

Inquisicion de Valencia.

Madrid.

[fo. 9] Al Sr. Fiscal. M.I.S.

En este Santo Oficio se ha delatado un manifiesto Impreso en 169 hojas de afolio en que Don Luis de Mergelina Intendente de esta ciudad y reyno, satisfaze a las quejas que ha dado a Su Magestad el Estado Ecclesiastico sobre puntos de su inmunidad, por contener differentes proposiciones a las quales el delator califica por censurables de oficio; y respecto de que estas controversias se sirven en esta ciudad con sobrado conato por entrambas partes, nos ha parecido no calificarle aquí, sino remitirlo a V.A.; para que en su vista se sirva resolver lo más conveniente. Dios guarde a V.A. Valencia, y octubre 6 de 1724. Ldo. Joseph Antonio de Zepeda y Castro (rubricado). Ldo. Joseph de la Rassa y Cossío (rubricado).

[Al margen:]

En el Consejo a 16 de octubre de 1724.

El Fiscal: he visto esta Carta, con que la Inqon. de Valencia remite â V.A. un papel impreso que se intitula Resumen del Manifiesto de D. Luis de Mergelina, Intendente de esta Ziudad y Reyno y la declaración que le acompaña al respecto de que por el motivo que expresan los Inquisidores les ha parecido preciso remitirle sin calificar= para este efecto se servirá V.I. mandar se remita a La Junta de Calificadores, o a los que pareciere a V.A. que en vista de la Zensura proceda pedir o que sea más de justicia. Madrid y 9 de 12 de 1724=Joseph de la Rassa Cossio (rubricado).

6. Bibliografía citada

Abad, Fabrice; Ozanam Didier (1992), Les intendants espagnols de XVIIIe siècle, Casa de Velázquez, Madrid.

Álvarez de Morales, Antonio (1989), “La influencia del regalismo en la configuración de la Inquisición” en José Antonio Escudero (ed.) Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid, pp. 795-804.

Álvarez de Morales, Antonio (1988), La Ilustración y la reforma de la universidad en la España del siglo XVIII, Madrid.

Bolaños Mejías, María del Carmen (2002), “Censura inquisitorial, Ilustración y Liberalismo: una aproximación jurídico-política” en Anuario del Derecho español 76, pp. 605-643.

Bolaños Mejías, María del Carmen (2004), “La Controvertida relación entre la Inquisición y la prensa ilustrada”, Actas del Congreso Internacional de Intolerancia e Inquisición. Intolerancia e Inquisición vol. III, pp. 457- 477.

Canet Aparisi, Teresa (2010), “Conflictividad jurisdiccional en la Valencia Moderna. Instancias enfrentadas y vías de solución”, Studia Histórica, Historia Moderna 32, pp. 335-373.

Canet Aparisi, Teresa (2020) “Exentos de la fiscalidad del General en el Reino de Valencia. La reivindicación de inmunidad por el clero regular”, Pedralbes: Revista de Historia Moderna 40, pp. 257-285.

Caro López, Ceferino (2004), “Censura Gubernativa, Iglesia e Inquisición”, Hispania Sacra 56, pp. 479-512.

Catalán Martínez, Elena (1997), “El fin de un privilegio: la contribución eclesiástica a la Hacienda Real (1519-1794), Studia Histórica, Historia Moderna 16, pp.177-200.

Coronas González, Santos C., (2003), “Alegaciones e informaciones en Derecho (porcones) en la Castilla del Antiguo Régimen”, Anuario de Historia del Derecho 73, pp.165-192.

Dawson, Christopher (2020), Hacia la comprensión de Europa. Madrid.

Defourneaux, Marcelin (1973), Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid.

Egido, Teófanes (1979), “El Regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII” en Ricardo García-Villoslada (dir.); José Joaquín Maestre Sanchis (coord.) La Historia de la Iglesia en España en los siglos XVII y XVIII, Madrid, pp. 125-154.

Escandell Bonet, Bartolomé; Pérez Villanueva, Joaquín (dirs.) (2000), Historia de la Inquisición en España y América. Madrid.

Escudero, José Antonio (ed.) (2006), Intolerancia e Inquisición. Madrid.

Escudero, José Antonio (coord.) (2007), “Los Decretos de Nueva Planta en Aragón” Génesis territorial de España, Zaragoza, pp. 41-90.

Fernández Armesto, Mónica (2023), “La reducción de la jurisdicción y potestades de la Iglesia en el alargado proceso regalista de los siglos modernos” en José María Ímicoz Beunza; Javier Esteban Ochoa de Eribe; Andoni Artola Renedo (coords.) Los entramados políticos y sociales en la España Moderna: Del orden corporativo jurisdiccional al Estado Liberal, Vitoria Gasteiz, pp. 125-137.

Fontana, Josep (1980), La Hacienda en la Historia de España:1700-1931, Ministerio de Hacienda, Madrid, p.15.

Franch Benavent, Ricardo (2005), “El cambio de naturaleza de las rentas de la Generalitat Valenciana tras la abolición de los fueros: la reacción del clero en defensa de su inmunidad y los conflictos provocados por la gestión de los intendentes”, Estudis: Revista de Historia moderna 31, pp. 269-300.

Franch Benavent, Ricardo (2007), “Regalismo e inmunidad eclesiástica en la España del siglo XVIII: la resistencia del clero valenciano a la imposición del estanco del tabaco”, Hispania: Revista Española de Historia 67, 225, enero-abril, pp. 295-316.

Franch Benavent, Ricardo (2009), “Los conflictos generados por la implantación del nuevo sistema fiscal en la Valencia del siglo XVIII. La resistencia del clero en defensa de su inmunidad” en Franch Benavent (ed.) La sociedad valenciana tras la abolición de los fueros, Valencia, pp. 215-261.

Gacto Fernández, Enrique (ed.) (2006), Inquisición y censura. El acoso a la inteligencia en España. Madrid.

Gambra, Rafael (2014), Historia sencilla de la filosofía, Madrid.

García Cárcel, Ricardo (1991), La Inquisición. Madrid.

Girard, René; Vattimo, Gianni (2011), ¿Verdad o fe débil? Dialogo sobre el cristianismo y relativismo. Massa.

Gómez González, Inés (2022), “Contra el descrédito del Santo Tribunal: circulación y censura inquisitorial de alegaciones jurídicas en el siglo XVII” en Inés Gómez González (ed.) Del estrado a la imprenta. Publicación y circulación de alegaciones jurídicas en el Antiguo Régimen, Granada, pp. 105-125.

Hera Pérez-Cuesta, Alberto de la (2007), “El regalismo borbónico” en José Antonio Escudero (dir.) La Iglesia en la Historia de España, Madrid, pp. 645-659.

Hera Pérez-Cuesta, Alberto de la (1999), “La bula in coena domini”, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte vol. 1, Castellón, pp.431-442.

Kamen, Henry (2004), La Inquisición española: una revisión histórica. Barcelona.

Lalinde Abadía, Jesús (1977- 1978), “Situación del Derecho romano en el sistema jurídico aragonés”, Revista de Historia del Derecho. Homenaje al profesor M. Torres López, 2, pp. 170-188.

Lea, Henry Charles (2020), Historia de la Inquisición española, Madrid.

López Martínez, Juan Luis (1768), Historia legal de la Bula llamada In Coena Domini [Texto impreso]: dividida en tres partes, en que se refieren su origen, su aumento, y su estado, las defensas que los reyes católicos han hecho en particular a sus capítulos, las suplicas que han interpuesto de ellos a la Santa Sede apostólica y lo que acerca de ellos han sentido y escrito diferentes autores por espacio de quatro siglos y medio, desde el año de 1254 hasta el presente de 1698, Madrid.

López Vela, Roberto (1988), “La Inquisición a la llegada de Felipe V. El proyecto de cambio en su organización y bases sociales”, Revista Internacional de Sociología, vol. 46/1, pp. 63-122.

López Vela, Roberto (1994), “Estructuras administrativas del Santo Oficio”, en Joaquín Pérez Villanueva; Bartolomé Escandell Bonet (dirs.) Historia de la Inquisición en España y América vol. II, Madrid, pp.63-274.

Llorca, Bernardino (1949), “La Inquisición española ¿fue un tribunal eclesiástico, secular o mixto?”, Estudios eclesiásticos: Revista de investigación e información teológica y canónica, vol. 23/88, pp. 19-54

Martí Gilabert, Francisco (2004), Carlos III y la política religiosa. Madrid.

Martín Gaite, Carmen (1988), El proceso de Macanaz, Madrid.

Martínez de Bujanda, Jesús (2029), Censura de la Inquisición y de la Iglesia en España (1520-1966), Madrid.

Martínez Millán, José (1984), “Los cambios en el Santo Oficio Español”, en Joaquín Pérez Villanueva; Bartolomé Escandell Bonet (dirs.) Historia de la Inquisición en España y América vol. I, Madrid, pp. 1368-1379.

Martínez Millán, José (1994-1995), “El confesionalismo de Felipe II y la Inquisición”, Trocadero: Revista de Historia moderna y contemporánea 6-7, pp. 103-124.

Martínez Millán, José (2007), La Inquisición española, Madrid.

Martínez Millán, José; Rivero Rodríguez, Manuel (2021), Historia Moderna. Siglos XV al XIX, Madrid.

Martínez Ripoll, Antonio (2004), “Regalismo borbónico, reformismo eclesiástico y relaciones con Roma: Cardenal Belluga” en Contreras, Alvar y Ruíz (coord.) Política y Cultura en la época moderna (cambios dinásticos, milenarismos, mesianismos y utopías), Alcalá de Henares, pp. 29-50.

Mestre Sanchís, Antonio (1979), Historia de la Iglesia en España, t. IV, Madrid.

Mestre Sanchís, Antonio (1991), “Sociedad y religión en el siglo XVIII”, Chronica Nova: Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada 19, pp. 253-270.

Mestre Sanchís, Antonio (1993), La Ilustración, Madrid.

Nieto, Felipe; Mendoza, Gabino (1979), “Los Borbones del siglo XVIII”, Historia de España, t. XII, Madrid, pp. 31-135.

Ozanam, Didier (1987), “Los altos funcionarios españoles del siglo XVIII” en Chacón Gómez-Monedero (coord.) Familia y Sociedad en el Mediterráneo Occidental. Siglos XV-XIX, Murcia, pp. 3-11.

Palao Gil, Javier (1997), “La tributación de los bienes de eclesiásticos en Valencia tras los Decretos de Nueva Planta”, Anuario de Historia del Derecho español 67, pp.1747-1766.

Peña Gutiérrez, José Francisco de la (1987), “El Conde Duque de Olivares: política reformista”, Historia 16 137, pp. 58-65.

Planas Roselló, Antonio (2011-2014), “Las alegaciones jurídicas y otros papeles en derecho (Mallorca, siglos XVI-XIX)”, Ius Fugyt 17, pp. 105-116.

Reyes Gómez, Fermín de los (2000), “Publicar en el Antiguo Régimen”, en Javier Alvarado (ed.), Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen, Madrid.

Rivero Rodríguez, Manuel (2023), Olivares: Reforma y revolución en España (1622-1643), Madrid.

Ruiz Lozano, Pablo (2024), “¿Verdad o fe débil? Reflexiones a propósito de un diálogo”, Proyección: Teología y mundo actual 254, pp. 315-328.

Sánchez Agesta, Luis (1979), El pensamiento político del despotismo ilustrado, Sevilla.

Sarrailh, Jean (1979), La España ilustrada de la segunda mitad del XVIII. México.

Serna Vallejo, Margarita (2011-2014), “El régimen general de las alegaciones jurídicas en la Corona de Castilla y en los reinos de Navarra y de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media y en Época Moderna” Ius Fugit, Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos 17, pp. 11-54

Suárez, Luis (2008), La Europa de las cinco naciones, Barcelona.

Suárez, Luis (2009), “Las raíces profundas de la europeidad”, Debate actual: revista de religión y vida pública 11, pp. 8-20.

Tormo Comallonga, Carlos (2000), “El Derecho en las alegaciones jurídicas del siglo XVIII”, Saitabi 50, pp.277-318.

Torquemada, María Jesús (2006), “Controles aduaneros en el siglo XVIII: conflictos entre la justicia regia y la inquisitorial” en Enrique Gacto (dir.) Inquisición y censura. El acoso a la inteligencia en España, pp. 59-74.

Torquemada, María Jesús (2023), “Goya, “las majas” y el conflicto con el Santo Oficio”, Ars Iuris, pp. 241-280.

Vallejo García-Hevia, José María (1996-1997), Reseña de Sobre los intendentes españoles en el siglo XVIII: A propósito de las investigaciones de Fabrice Abad y Didier Ozanam (1992), Ius Fugit 5-6, pp. 551-557.

Vallejo García-Hevia, José María (1998), Campomanes y la acción administrativa de la Corona (1762-1802), Madrid.

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