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Núm. 49 (2022) ■ 435-458 ISSN: 0210-7716 ■ ISSN-e 2253-8291 https://dx.doi.org/10.12795/hid.2022.i49.15 Recibido: 24-1-2022; Aceptado: 28-2-2022; Versión definitiva: 6-5-2022 |
Irene Velasco Marta
Universidad de Zaragoza
ivelasco@unizar.es | https://orcid.org/0000-0001-6864-0344
Resumen: La llegada de los Trastámara al trono aragonés favoreció la movilidad geográfica de un importante sector de las élites castellanas que pronto se instaló en sus nuevos territorios patrimoniales. El presente artículo analiza las transformaciones derivadas de esta migración de élites durante el reinado de Juan II (1458-1479), en el que cristalizaron las dinámicas iniciadas previamente por su padre, Fernando I. Mediante la consulta de registros de cancillería y documentación notarial y municipal, se ha realizado el análisis prosopográfico de algunos de los linajes e individuos castellanos al servicio del tercer Trastámara aragonés para comprobar su nivel de integración entre las élites locales. Con este propósito abordamos, en primer lugar, el proceso de articulación de su entorno curial, primero como infante y posteriormente como rey de Aragón, para profundizar a continuación en el proceso de instalación de esta nueva élite castellana en el reino de Aragón y, especialmente, en su capital.
Palabras clave: movilidad social; élites; Corte; Castilla; Aragón; siglo XV.
Abstract: The arrival of the Trastamara to the Aragonese throne favoured the geographical mobility of an important sector of the Castilian elites that settled in the new patrimonial territories. Our aim is to analyse the transformations derived from this migration of elites during the reign of John II (1458-1479), in which the dynamics initiated by his father crystallized. Through the examination of chancellery, notarial and municipal records, we carry out a prosopographic analysis of some of the most prominent Castilian lineages and individuals serving John II in order to verify their level of integration among the local elites. For this purpose, we first focus on the process of articulation of his curial entourage as infante and, later, as king of Aragon. Then, we delve into the establishment of this new Castilian elite in the kingdom of Aragon and, especially, in its capital.
Keywords: Social Mobility; Elites; Court; Castile; Aragon; 15th Century.
El 28 de junio de 1412 los nueve compromisarios reunidos en Caspe anunciaron la legitimidad de Fernando de Antequera como nuevo rey de Aragón, poniendo fin de esta manera a la grave fractura social que había enfrentado entre sí a las élites sociopolíticas de los distintos Estados que conformaban la Corona de Aragón tras la muerte sin descendencia de Martín I el Humano en 1410[2]. Aunque los argumentos esgrimidos por los compromisarios giraban mayoritariamente en torno a la legitimidad de cada uno de los candidatos en función de su grado de parentesco con los soberanos previos, no resulta difícil suponer que la densa red de clientes, servidores y aliados que Fernando de Antequera había ido articulando gracias a su condición de infante de Castilla, hermano de Enrique III y corregente durante la minoría de edad del futuro Juan II de Castilla[3], habrían contribuido de manera efectiva a que su candidatura resultase, a ojos de los artífices del Compromiso de Caspe, la más conveniente para ocupar el trono aragonés. En este sentido, en 2013 Víctor Muñoz subrayaba el vasto entramado de relaciones basadas en el servicio, la dependencia y la fidelidad hacia su persona y, sobre todo, la amplia movilización de su entorno de afinidad en términos diplomáticos, militares y financieros[4] como uno de los principales factores que permitieron sustentar el ascenso político de Fernando de Antequera y su paso de infante de Castilla a rey de Aragón[5].
Parece claro que la resolución tomada en Caspe gozó de un enorme consenso social, evidenciado por la falta de adhesión de las élites sociopolíticas de la Corona de Aragón y las oligarquías de las principales ciudades aragonesas, valencianas y catalanas a la rebelión que uno de los candidatos rechazados, Jaume de Urgell, encabezó en el año 1413. De esta manera, la proclamación de Fernando I puso fin a un periodo de incertidumbre política y social e inauguró una fase de intensa actividad institucional en la Corona de Aragón[6]. Una fase en la que el primer Trastámara aragonés dedicó todos sus esfuerzos al mantenimiento de ese clima de estabilidad y consenso social a largo plazo, para lo cual buscó el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas que lo habían llevado al poder. Fernando I conservó las estructuras previas sin apenas modificaciones y, desde el primer momento, adaptó sus apariciones públicas y su labor de gobierno a los usos y costumbres de Aragón e intentó atraer a su entorno a los sectores sociales más destacados de la Corona. Durante su breve reinado, Fernando I (1412-1416) llevó a cabo una decidida estrategia de captación entre las élites políticas de la Corona con el objetivo de consolidar sus vínculos con aquellos que se habían mostrado favorables a su candidatura[7] al tiempo que buscaba el favor de los personajes más destacados de entre aquellos que se habían opuesto a su coronación, a quienes ubicó al frente de algunos de los puestos más ventajosos de la Corte real. Sin embargo, la introducción en el entorno regio de una amplia representación de la aristocracia y el patriciado de los distintos territorios que conformaban la Corona de Aragón no supuso un impedimento para que el nuevo rey recompensase también a todos aquellos servidores que le habían acompañado desde Castilla y que habían hecho posible la consolidación de sus redes clientelares y la expansión de su vasta área de influencia hacia otros territorios peninsulares.
La proclamación de Fernando de Antequera no supuso, a corto plazo, grandes modificaciones en el funcionamiento y la estructura política, burocrática y administrativa de la Corona de Aragón, más allá de la sustitución de la tradicional dinastía real aragonesa por otra de origen castellano. Sin embargo, la entronización del nuevo monarca llevó aparejado el desplazamiento de buena parte de quienes conformaban el entorno del entonces regente de Castilla. Así pues, ya en las primeras décadas del siglo XV empezó a desarrollarse un proceso de movilidad geográfica encabezado por una serie de linajes nobiliarios de origen castellano que, sin arrinconar a los autóctonos, comenzaron a ocupar puestos de gran relevancia en la Corte real. Esta migración de élites contribuyó a la introducción gradual de los primeros partidarios de Fernando I en la administración del Estado, una dinámica que iría intensificándose en posteriores reinados provocando una serie de transformaciones que cristalizaron bajo el mandato del tercer Trastámara aragonés, Juan II (1458-1479), y que influyeron de manera evidente en el desarrollo sociopolítico de la Corona de Aragón en las últimas décadas del siglo XV.
Por todo ello, a través del presente artículo nos proponemos analizar en qué medida los reinados de los primeros Trastámara aragoneses, y especialmente el de Juan II, afectaron a la composición de las élites sociales, políticas y económicas de la Corona y, sobre todo, del reino de Aragón. En este sentido, resulta fundamental poner el foco en la introducción de una nueva élite foránea o alóctona, con sus prácticas culturales y dinámicas propias, que convivió con las élites locales aunque sus miembros no siempre llegasen a vincularse entre sí[8]. Mediante la consulta y el vaciado exhaustivo de varias series de la cancillería de Juan II de Aragón conservadas en el ACA[9], así como de abundante documentación notarial y municipal procedente de algunos archivos zaragozanos[10], analizaremos en primer lugar el proceso de articulación del primer entorno curial del infante Juan de Aragón y los cambios que fue experimentando su Corte durante los primeros años de su reinado, entre 1458 y 1462. A continuación, profundizaremos en el proceso de implantación de esta nueva élite castellana en el reino de Aragón y, dada la relevancia política de la ciudad de Zaragoza en el conjunto de dicho reino, dedicaremos un apartado a abordar la presencia de estos linajes foráneos en la capital aragonesa analizando sus vías de acceso a la ciudad, las actividades desarrolladas en la misma y las relaciones que se establecieron entre estas nuevas élites y algunos de los linajes ciudadanos más destacados.
Cuando Fernando de Antequera se desplazó a Aragón para tomar posesión de sus nuevos territorios no lo hizo solo sino rodeado de una vasta red de clientes, servidores y parientes. Entre estos últimos se encontraban sus dos hijos mayores, los futuros Alfonso V y Juan II, a quienes dotó de importantes rentas y propiedades. Una de las principales preocupaciones del nuevo rey al llegar a Aragón, además de intentar asegurar una necesaria estabilidad política durante su reinado atrayendo hacia sí a los principales miembros de las oligarquías locales y a importantes sectores de la nobleza aragonesa, catalana y valenciana, fue la de dotar a sus hijos de los recursos necesarios para introducirse de lleno en la esfera pública, reforzar su área de influencia e incrementar considerablemente su capacidad de acción política en aquellos Estados en los que se ubicaban sus nuevas propiedades. De esta manera, durante la ceremonia de coronación del primer Trastámara aragonés, celebrada en Zaragoza en 1414, el infante Alfonso recibió de su padre el título de príncipe de Gerona. Al mismo tiempo, el infante Juan obtenía los ducados de Peñafiel en Castilla y Montblanc en Cataluña[11].
Tanto la educación recibida como sus nuevos títulos, rentas y territorios patrimoniales resultaron determinantes para el desarrollo vital de los infantes, así como para la configuración de su entorno social, sus intereses y aspiraciones e, incluso, su propia personalidad política. Alfonso, por su condición de primogénito, fue educado como correspondía al príncipe heredero, y pronto se le dotó de una compleja red de servidores que configuraron su primera Casa, elaborada siguiendo el modelo recogido en las Ordinacions de la Casa i Cort de Pedro IV[12]. La Casa del heredero al trono contaba con una estructura y composición casi idéntica a la de su padre[13], donde la presencia de miembros de las élites sociopolíticas de los distintos reinos de la Corona de Aragón destacaba sobre la de quienes procedían de la Corona de Castilla[14]. En ese sentido, parece evidente que en ese entorno personal que Fernando trató de promover para su heredero primaba la sociabilidad con los naturales de sus nuevos reinos[15], en un intento por garantizar el consenso de las distintas fuerzas políticas y, por lo tanto, la gobernabilidad durante su futuro reinado. Sin embargo, estos rasgos diferían notablemente de los que caracterizaron al entorno social de su hermano, quien terminó siendo coronado como Juan II de Aragón.
Segundo hijo de Leonor de Alburquerque y Fernando de Antequera[16], el infante Juan no estaba destinado a reinar sino a proteger los intereses que su familia tenía puestos en la Corona vecina. Por ello, durante el proceso de definición de su propia estructura curial[17] no interesaba tanto asegurar la adhesión de las élites locales a su persona como, al contrario, consolidar su capacidad de acción y su influencia política en Castilla mediante la inclusión en su Casa y Corte de individuos procedentes de algunos de los linajes castellanos más destacados, quienes previsiblemente contribuirían a afianzar las potentes redes clientelares que sus progenitores habían ido trazando en Castilla. En este sentido, no debe sorprendernos que, cuando en la primavera de 1415 el futuro Juan II viajó a Sicilia para asumir su nombramiento como lugarteniente general, se hiciera acompañar de un séquito integrado por 81 individuos, de los cuales al menos 61 eran de origen castellano[18].
Tras la muerte de su padre en 1416, el infante Juan se convirtió en el garante de los derechos e intereses de los Trastámara aragoneses en la Corona castellana[19], llegando a ser uno de los hombres de confianza de Juan II de Castilla y a liderar la facción de los infantes de Aragón en su enfrentamiento con el condestable Álvaro de Luna[20]. Estos años, de notable actividad política, resultaron fundamentales para terminar de afianzar sus vínculos con un amplio sector de la nobleza castellana y sentar de esta manera las bases para el establecimiento de una fiel y sólida clientela que se desplazó con él al reino de Navarra tras su enlace con Blanca de Navarra en 1420 y su posterior nombramiento como rey consorte en 1425[21]. Una clientela que combatió a su lado en la guerra civil castellana (1437-1445)[22] y la guerra de Navarra (1451-1462)[23], lo acompañó en su etapa como lugarteniente general de Cataluña (1454-1458)[24] y, tras su coronación como rey de Aragón en 1458, fue recompensada con su ubicación en cargos de especial relevancia dentro de la Corte real, así como mediante la recepción de títulos, rentas y propiedades en la Corona de Aragón.
Las investigaciones centradas en el análisis del entorno social y curial de Juan II de Aragón siguen siendo muy escasas en comparación con las de otros monarcas bajomedievales. Aunque en la actualidad disponemos de algunas publicaciones específicas sobre su entorno curial en tanto que infante de Aragón[25] y rey de Navarra[26], así como de trabajos dedicados al estudio de la Corte de Juan II de Aragón durante sus últimos años de vida[27], carecemos de investigaciones suficientes para abarcar al conjunto del entorno social de este soberano y, especialmente, a sus servidores, oficiales y clientes más cercanos, aquellos que permanecieron a su lado durante más tiempo y contribuyeron a establecer las bases sobre las que se articuló su reinado. Este vacío bibliográfico puede suplirse, no obstante, con la consulta de la abundante documentación emanada de la cancillería y la tesorería regias. En este sentido, el vaciado de los nombramientos de oficiales, las concesiones y las órdenes de pago[28] dictadas por el monarca aragonés entre 1458 y 1462 nos ha permitido reconstruir de forma precisa la composición de la Corte de Juan II durante sus primeros años de reinado y la fase previa al estallido de la guerra civil catalana (1462-1472), momento en el cual los gastos derivados de este conflicto bélico arrinconan a las referencias relativas a nombramientos, quitaciones ordinarias y retribuciones extraordinarias, dificultando así la reconstrucción de la estructura curial y la identificación de los oficiales cortesanos de Juan II en los años intermedios de su reinado[29].
Volviendo al periodo comprendido entre 1458 y 1462, las fuentes manejadas nos devuelven la imagen de una compleja estructura curial integrada por unos 400 individuos de los cuales unos 320 (si excluimos a los servidores privativos de la reina y los infantes) estaban directamente al servicio de Juan II, tanto en su dimensión doméstica como en las esferas políticas e institucionales. Estos oficiales, mayoritariamente masculinos, se agrupaban en una serie de espacios que derivan directamente del esquema organizativo propuesto por Pedro IV en sus Ordinaciones[30]. Un esquema que habían imitado su padre y su hermano mayor y que siguió estando vigente, en la representación mayestática aragonesa, hasta la muerte de Fernando II[31]. Sin embargo, en contraste con los entornos curiales de Fernando de Antequera y Alfonso el Magnánimo, donde los individuos pertenecientes a las élites sociopolíticas de la Corona eran mayoría, en la Corte de Juan II los oficiales de procedencia castellana superaban, a comienzos de su reinado, el 50 % del total[32]. Basta con volver la vista hacia la trayectoria vital que este último soberano experimentó antes de ser coronado como rey de Aragón para comprender que, en una época caracterizada por la fuerte inestabilidad política y los intensos enfrentamientos por el poder en Castilla y Navarra, el entonces infante de Aragón y posterior rey consorte de Navarra no hubiera sido capaz de proteger los intereses familiares e imponer su voluntad a largo plazo sin el trazado de fuertes lazos con un sector relativamente amplio de la nobleza castellana. En este sentido, el contexto sociopolítico previo a su coronación resultó determinante para la configuración de su entorno social, integrado por sólidas y duraderas clientelas que, tras su llegada al trono, vieron recompensados sus numerosos años de servicio con su integración en la Corte real.
Aunque la composición del entorno curial de Juan II iría variando a lo largo su reinado con el incremento progresivo de oficiales de origen local, los individuos provenientes de Castilla siguieron manteniendo una posición predominante en la Corte, al menos numéricamente. De esta forma, la elevada presencia castellana contribuyó a acelerar algunas de las transformaciones que sus dos predecesores en el trono habían introducido. Estos cambios no se plasmaron únicamente en la introducción de pequeñas modificaciones en la composición del entorno curial[33] sino también en la cristalización de ciertas transformaciones de largo recorrido que afectaron al propio funcionamiento de las estructuras políticas aragonesas y que nos permiten hablar de una progresiva castellanización de la Corona (y sobre todo, del reino) de Aragón que se consolidaría definitivamente en el reinado de Fernando el Católico. Me refiero específicamente a cuestiones como la situación de la lengua aragonesa, que bajo el reinado de Juan II terminó de ser reemplazada por el castellano en casi todas sus formas de expresión escrita[34].
Por otra parte, esta mayoría castellana no se distribuía de manera homogénea por todo el conjunto curial sino que se concentraba en áreas muy concretas. En este sentido, las cotas más elevadas de oficiales de origen castellano se detectan en aquellos espacios que integraban el palacio real y la cámara regia, es decir, aquellas áreas que, por su carácter doméstico y cotidiano, implicaban un mayor grado de confianza y proximidad a la persona del rey. De hecho, la presencia castellana era mucho más elevada en la propia cámara real que en cualquier otro espacio de la Corte, llegando a constituir los individuos procedentes de la Corona vecina el 68 % de los 63 servidores domésticos asociados a la cámara de Juan II, frente a un 22 % de individuos de procedencia aragonesa, un 5 % de origen valenciano y un 3 % y un 2 %, respectivamente, de oficiales provenientes del principado de Cataluña y del reino de Navarra[35]. Todos estos camareros, continos, criados y escuderos, entre los que encontramos miembros de linajes castellanos como los Suárez de Figueroa, los Manrique, los Liñán, los Guzmán o los Sahavedra, se emplazaban a las órdenes de Rodrigo de Rebolledo, camarero mayor de Juan II desde 1450 y servidor suyo, por lo menos, desde 1435[36].
Aunque la mayor presencia de servidores castellanos se concentraba en la cámara regia, otras esferas de la Corte tampoco se quedaron atrás. Así, entre 1458 y 1462 los castellanos llegaron a constituir el 63 % de la guardia real (frente a un 37 % de oficiales de procedencia aragonesa) y alcanzaron cifras del 70 % en aquellos oficios relacionados con la cocina, la despensa y el aparato de la mesa real[37], así como en todo lo que atañía a las caballerizas y la caza[38], un ámbito (el de las actividades cinegéticas) por el cual el soberano mostraba un especial interés[39]. Además, igual que sucedía en la cámara, en esta última esfera los cargos más destacados también eran ejercidos por oficiales castellanos. Este es el caso de Francisco de Liñán, caballerizo mayor de Juan II[40]; Juan de Lazcano, halconero mayor[41], Alfonso de Cuenca, montero mayor[42], y Juan y Álvaro de Madrigal, sobreacemileros[43].
Sin embargo, en otras áreas la procedencia geográfica mayoritaria la constituían los oficiales de origen aragonés y, sobre todo, una amplia representación de la oligarquía municipal zaragozana. Estos servidores regios, en su mayoría ciudadanos honrados[44] pertenecientes a algunos de los linajes judeoconversos más reputados de Zaragoza (como los Caballería, los Climent, los Santángel y los Sánchez de Calatayud), eran especialmente numerosos en aquellos cargos cortesanos que implicaban la conservación, gestión y manejo de abundantes recursos económicos[45], así como el acceso a información de primera mano sobre la correspondencia real y la administración general de la Casa y Corte de Juan II. De esta manera, mientras en la cancillería regia los oficiales aragoneses constituían un tercio de los efectivos[46], en la tesorería real ascendían al 66 % de los oficiales identificados[47] y ocupaban, además, aquellos puestos de mayor relevancia[48]. Así, Alfonso de la Caballería fue nombrado abogado y procurador fiscal de Juan II en 1458[49], el mismo año en que otro miembro de su familia, Luis de la Caballería, recibió los cargos de tesorero de Juan II y conservador general del patrimonio regio en la Corona de Aragón[50], y Juan de Torrellas fue nombrado maestre racional[51]. Otros ciudadanos de Zaragoza ocuparon puestos auxiliares dentro de la tesorería, como es el caso de Andrés Catalán, lugarteniente del tesorero, y Egidio Dolz y Ximeno Gordo, lugartenientes del maestre racional[52].
La composición del entorno curial de Juan II evidencia, por tanto, la existencia de una especialización geográfica más o menos intensa en cada uno de los espacios que conformaban su Casa y Corte. De esta manera, sus prolongados años de servicio al monarca, así como la lealtad mostrada hasta entonces, explicarían la elevada presencia de oficiales castellanos en aquellos ámbitos más cercanos a la figura regia y que, por lo tanto, implicaban un mayor grado de intimidad y confianza. Al mismo tiempo, resultaba más adecuada la designación de oficiales locales para encargarse de la gobernación y la administración central del Estado, que exigían un mayor grado de conocimiento de los usos y costumbres de la Corona de Aragón, así como una elevada formación profesional en los ámbitos de la administración, las finanzas y el derecho. Sin embargo, esta situación era radicalmente distinta en ámbitos como la capilla real[53], donde se aprecia un marcado equilibrio entre los miembros de las élites sociopolíticas de los distintos Estados que conformaban la Corona de Aragón, las amplias clientelas castellanas que el soberano había ido forjando a lo largo de su trayectoria vital y los antiguos servidores que habían integrado su anterior entorno como rey de Navarra y que eran, por tanto, oriundos de esta región[54].
Los distintos acontecimientos que llevaron a Juan II hasta el trono de Aragón, así como la propia coyuntura política del momento, favorecieron la conformación de una vasta y sólida clientela cuya lealtad al nuevo rey debía verse recompensada[55]. De esta manera, además de la sobrerrepresentación castellana en determinados cargos y espacios cortesanos, el favor regio se materializó en la concesión de gracias, mercedes y retribuciones extraordinarias que evidencian la profesión de un trato mucho más favorable que el recibido por otros oficiales cortesanos. Así, el 14 de abril de 1469 Juan de Lazcano, halconero mayor de Juan II, recibió del soberano la cantidad de 2.950 sueldos barceloneses en concepto de ayuda para su reciente matrimonio[56]. Esta concesión, que en un contexto de paz resultaría bastante anodina dentro de la Corte real, es especialmente significativa porque se llevó a cabo en plena guerra civil catalana. De hecho, la cantidad otorgada por el rey procedía de las quitaciones ordinarias debidas a este oficial desde hacía dos años y que, como consecuencia de la dedicación de buena parte de las arcas reales a sufragar la contienda bélica, no habían sido pagadas hasta entonces. Sin embargo, muchos otros oficiales, que también habían visto sus salarios reducidos en ese mismo periodo, recibieron estos pagos atrasados mucho tiempo después[57].
Por otra parte, no pocos oficiales foráneos fueron designados por el rey para ocupar una serie de baronías, alcaidías y tenencias que sirvieron para incrementar su capacidad de acción política y consolidar su posición en el reino aragonés, donde fueron interactuando progresivamente con las élites locales. De esta manera, el 4 de junio de 1459 Juan II escribió al capítulo de la Seo de Zaragoza ordenando el nombramiento de algunos de sus servidores (todos ellos de origen castellano) como alcaides de diversos lugares pertenecientes al señorío de dicha catedral. Entre ellos, Alfonso de Rebolledo, trinchante, fue nombrado alcaide de Valderrobres, mientras Pedro y Diego de León, padre e hijo y camareros de Juan II, recibían respectivamente las alcaidías de Cutanda, Juslibol y Miranda, y el propio Juan de Lazcano era nombrado alcaide de Luesia y Biel[58]. Además, otros oficiales castellanos recibieron cargos y propiedades en Zaragoza que les permitieron asentarse y establecer vínculos en la capital aragonesa. Este fue el caso de Lope de Rebolledo, alguacil de Juan II, que en 1458 fue nombrado tenente y custodio vitalicio del palacio de la Aljafería[59] (residencia de la Corte durante buena parte del reinado), y sólo un año más tarde recibió del monarca a perpetuidad la propiedad y rentas del jardín de la Aljafería[60].
Estas dinámicas de ascenso social y movilidad geográfica desde Castilla a través de la figura regia, entre las cuales la recepción de cargos y propiedades de una cierta entidad dentro del reino de Aragón ocupa una posición destacada, fueron especialmente intensas durante los primeros años de reinado de Juan II y contribuyeron de forma evidente a la articulación de una nueva élite alóctona[61] y la consolidación de su presencia en Aragón desde fechas muy tempranas. Esta presencia fue expandiéndose hacia otros Estados de la Corona de Aragón a lo largo de las dos décadas de reinado de Juan II e intensificándose tras la guerra de Cataluña, resultando el final del conflicto bélico un momento particularmente propicio para el ascenso social de los servidores (castellanos o no) del tercer Trastámara aragonés, que vieron recompensada su participación en la guerra con la concesión de rentas y propiedades anteriormente pertenecientes al bando derrotado. Pedro de Olmedo, criado de Juan II, recibió de esta forma varias casas en Barcelona tras la capitulación de la ciudad condal[62] mientras que Juan de Lazcano, que había estado al frente de la ciudad de Lérida desde su conquista en julio de 1464[63], obtuvo por sus servicios en el bando realista extensas propiedades fundiarias en el principado de Cataluña[64]. Pero el ejemplo más significativo de enriquecimiento tras la guerra civil catalana y de implantación de una élite extranjera en la Corona de Aragón lo constituye, sin lugar a dudas, el linaje de los Rebolledo, encabezado por quien fuera durante largo tiempo el camarero mayor de Juan II.
Rodrigo de Rebolledo, que había permanecido al lado del soberano desde la etapa en que éste había liderado la facción de los infantes de Aragón en Castilla, llegó a ser uno de los oficiales más próximos a la figura real, consolidando esta cercanía y confianza con su amplia significación en la defensa de los intereses realistas. Rodrigo de Rebolledo luchó junto a Juan II en la batalla de Ponza (1435), capitaneó las tropas reales en la guerra de Navarra (1451-1464) y combatió durante una década en la guerra civil catalana (1462-1472). Todo ello sirvió para consolidar su posición en la Corte real, hasta el punto en que fue él mismo quien, durante las exequias reales celebradas el 30 de enero de 1479 en el convento de Santa Engracia de Zaragoza, pidió los sellos reales al protonotario y secretarios que estaban presentes y los quebró por su mano, diciendo tres veces que el rey su señor era muerto[65]. De esta manera, su actuación al servicio de Juan II le permitió incrementar considerablemente el patrimonio familiar con la recepción de importantes rentas y señoríos en Cataluña[66] y Valencia[67]. Además, los generosos préstamos realizados a la familia real y la imposibilidad por parte de esta de devolverlos, hicieron posible que el 31 de julio de 1460 comprase al propio rey la baronía de Monclús, Mediano, Plano, Palacio, Morillo, Olsón, Arasanz y Castellano, en el reino de Aragón, a cambio de 12.000 florines de oro[68].
Pero, además de permitirle incrementar todavía más su extenso patrimonio, su proximidad a Juan II ubicó a Rodrigo de Rebolledo en una posición idónea para asentarse en el reino de Aragón incluso antes de que su señor llegase a ser rey. Buena muestra de ello son los sucesivos matrimonios que vincularon al noble castellano con algunos de los linajes aragoneses más destacados, como los Palafox, los Urrea, los Cerdán y los Torrellas. De esta manera, su enlace con María Ximénez de Urrea y Palafox en 1436 aseguró la integración de sus hijos, los futuros señores de Ariza[69], en los círculos de la nobleza local, y le permitió introducirse de lleno entre las élites sociopolíticas del reino de Aragón[70]. Esta dinámica continuó, más tarde, con sus sucesivos matrimonios con María Ximénez de Entenza[71] y Violante de Torrellas[72], que también facilitaron la obtención de importantes privilegios y posibilidades de promoción social para su descendencia[73]. De esta manera, la trayectoria vital de Rodrigo de Rebolledo pone de relieve los distintos mecanismos de los que un amplio sector de la clientela castellana de Juan II se sirvió para introducirse en estos nuevos territorios, y supone una muestra de lo efectiva que llegaba a ser la inserción en el entorno personal del rey a la hora de garantizar su inclusión entre las élites sociopolíticas de la Corona de Aragón.
Cuando Juan II llegó al trono instaló su residencia en la capital aragonesa, donde pasó sus primeros años de reinado hasta que la guerra de Cataluña le obligó a desplazar parte de su Casa y Corte. A pesar de ello, la familia real mantuvo una presencia casi permanente en esta ciudad hasta bien entrada la década de 1470[74], por lo que no resulta extraño que muchos de los castellanos integrados en la Corte real decidiesen asentarse en Zaragoza, donde su presencia fue mayor (y mucho más temprana) que en otros puntos de la Corona. Allí, estos oficiales se dedicaron a actividades profundamente lucrativas vinculadas al préstamo de dinero y a la compraventa y arrendamiento de propiedades agrícolas y bienes inmuebles. Estas actividades contribuyeron a su enriquecimiento y al trazado progresivo de relaciones con los vecinos de la ciudad, amasando un considerable capital social[75] que resultaría definitivo para garantizar su asentamiento en la capital y establecer sólidos vínculos con algunos de los miembros más destacados de la sociedad zaragozana.
En este sentido, abundan las referencias a servidores reales de origen castellano que, independientemente de la relevancia del cargo desempeñado dentro de la Corte, realizaron importantes transacciones económicas en Zaragoza desde los inicios del reinado de Juan II. Posiblemente el caso más significativo sea el de uno de sus camareros, Pedro de León, quien en 1459 ya había iniciado su trayectoria de ascenso social recibiendo amplias propiedades en Aragón[76] que, previsiblemente, habrían facilitado su asentamiento en la capital. Así, en el plazo de tres años (entre 1459 y 1462) hemos registrado una veintena de menciones, entre arrendamientos, compraventas de casas, cartas de comanda y otros tipos de préstamos, que vinculaban a Pedro de León no sólo con diferentes vecinos de la ciudad sino también con algunos de los individuos más reputados entre las élites locales, como los notarios Miguel de Barrachina[77] y Antón de Cuerla[78]. Asimismo, el estallido de la guerra civil catalana no fue un impedimento para conservar sus intereses y actividades económicas en la ciudad, puesto que en 1463 nombró procuradora a su mujer, María de Tamián, para que actuase en su nombre cobrando las deudas y realizando las transacciones necesarias para mantener e incrementar el patrimonio familiar[79].
Además de Pedro de León, otros oficiales regios procedentes de la Corona de Castilla ejercieron una intensa actividad económica en la ciudad. Entre ellos se encontraba Francisco de Liñán, caballerizo mayor tanto de Juana Enríquez como del propio Juan II, que prestó elevadas cantidades de dinero a ciudadanos tan reputados como Jaime de Casafranca[80]. También Alfonso de Guadalajara, quien terminó sustituyendo al anterior en el puesto de caballerizo mayor del rey y que aparece con frecuencia ejerciendo de prestamista y manteniendo relaciones económicas de diverso calado con miembros de la oligarquía municipal como Jaime Sánchez de Calatayud[81]. En ambos casos, el nombre de aquellos ciudadanos con quienes hicieron negocios no es una cuestión baladí ya que, adentrándonos en sus propias trayectorias vitales y profesionales, podemos apreciar un denominador común: la Corte real. Así, sabemos que Jaime de Casafranca ejerció como escribano de Juan II[82] mientras que Luis Sánchez de Calatayud, hermano de este segundo Jaime, fue el comprador y despensero mayor de Juan II desde el comienzo de su reinado[83]. De esta manera, el espacio curial emerge como un punto de encuentro y una plataforma de primer orden para el establecimiento de sólidas relaciones con miembros de las élites locales que, posteriormente, irían consolidándose mediante otro tipo de estrategias.
Al hilo de esta última consideración Enrique Mainé sostiene, aludiendo al proceso de asentamiento en Zaragoza y la posterior adquisición de la condición de ciudadanía por ciertos mercaderes de origen extranjero, que el establecimiento de lazos de parentesco con miembros de la élite zaragozana, ya fuera en primera persona o para sus descendientes, constituía el punto definitivo de inflexión para su arraigo en la capital [84]. Esto mismo es lo que sucedió con los linajes castellanos afincados en Zaragoza durante el reinado de Juan II. De esta manera, el establecimiento de las mencionadas alianzas matrimoniales constituía una de las máximas formas de expresión de la introducción de estos recién llegados entre las élites locales, así como una vía estratégica a través de la cual estos oficiales castellanos lograron ampliar su influencia y círculos relacionales en la ciudad. Este es el caso del enlace matrimonial entre Catalina de Olmedo y Felipe Climent[85], ambos muy bien posicionados dentro de la Corte y, en el caso de Felipe, también en la capital aragonesa. Este ciudadano, que formaba parte de una de las familias más sobresalientes de la ciudad, fue escribano de la cancillería real y secretario tanto de Juan II como, posteriormente, de Fernando el Católico. Además, disfrutó de una considerable cercanía a la realeza Trastámara y una elevada capacidad adquisitiva derivada de la especialización familiar en el ámbito mercantil y la actuación de su propio hermano como uno de los principales acreedores de Alfonso V[86]. Por su parte, Catalina de Olmedo ya formaba parte del séquito de Juana Enríquez desde antes de su matrimonio con Juan II[87] y su familia se había situado al servicio de este monarca por lo menos desde 1458[88], por lo que dispuso de una proximidad a la familia real igual o superior a la de su marido. Una proximidad tal que llegó a traducirse en la designación de los reyes como padrinos de su primogénito[89].
Todo ello convierte a este caso en una de las muestras más significativas de promoción social y establecimiento de lazos en el reino de Aragón a partir de la Corte real y, además, resulta especialmente llamativo porque habitualmente fueron los varones de aquellos linajes castellanos puestos al servicio de Juan II quienes entroncaron con la nobleza local, como hemos podido apreciar en páginas anteriores a través de trayectorias como la de Rodrigo de Rebolledo. Sin embargo, esta vez es una mujer la que vehicula el proceso de establecimiento de su familia[90] en la ciudad de Zaragoza, y lo hace entroncando con un linaje con representación en el gobierno municipal[91], permitiendo así la ampliación del capital social de sus allegados y la consolidación de su presencia en la ciudad.
Sin embargo, a pesar de emparentar con distintos magistrados urbanos, estos individuos castellanos no llegaron nunca a tomar parte personalmente en el gobierno de la ciudad. En este sentido, desde el siglo XIV venía desarrollándose en el conjunto de la Corona de Aragón una tendencia a limitar el acceso a las élites municipales mediante la consolidación de las regulaciones y vías de acceso al poder local para asegurar el mantenimiento y la reproducción de un reducido sector social, así como el monopolio del poder por unos pocos[92]. Durante este proceso, la medida más relevante y efectiva tomada en Zaragoza fue, sin duda, la imposición del estatus de ciudadanía como un requisito indispensable para acceder a las principales magistraturas municipales[93], excluyendo a un amplio sector de la población y generando una clara distinción, dentro de las élites sociales y económicas de la ciudad, entre aquellos que conformaban la oligarquía municipal de Zaragoza y el resto de este grupo privilegiado. Así pues, aunque muchos individuos castellanos llegaron a emparentar con reputados miembros de las élites locales e, incluso, pasaron a engrosar esas élites gracias al manejo de un considerable capital económico y social, vieron sin embargo vedado su acceso al gobierno de la ciudad. De hecho, llegaron a ser rechazados incluso en aquellos puestos de carácter auxiliar que no exigían un estatus ciudadano[94].
Pero, a pesar de este monopolio de las magistraturas urbanas por un reducido número de familias y de la ausencia de un requisito indispensable para acceder al concejo zaragozano (la ciudadanía), varios de estos servidores castellanos de Juan II afincados en la capital aragonesa hallaron ciertas vías de participación indirecta en el gobierno municipal. Vías, todas ellas, que pasaban por el manejo de una elevada capacidad adquisitiva y unas potentes redes clientelares. En este contexto emerge nuevamente el ejemplo de Pedro de León, quien una década después de su llegada a la ciudad aparece recibiendo abundantes cantidades económicas procedentes de las arcas municipales como consecuencia de la adquisición de varios patios en el entorno del mercado de la ciudad que decidió arrendar al concejo en julio de 1467[95]. Asimismo, sólo un año más tarde cedió a treudo perpetuo unas casas a Martín de la Zaida, mayordomo de Zaragoza en 1469[96]. De esta manera, los mencionados contratos no hacen sino evidenciar el considerable enriquecimiento de algunas de las familias castellanas que llegaron a Aragón acompañando al nuevo soberano y que llegaron a alcanzar una posición especialmente destacada dentro de la ciudad a través del favor regio, los lazos y redes de sociabilidad trazados a partir de la Corte y su propia dedicación a actividades profundamente lucrativas. No obstante, ninguno de estos aspectos habría servido para abrirles las puertas de uno de los espacios de poder más relevantes de Zaragoza, al que el sector más destacado de las élites autóctonas sí tenía acceso: el gobierno municipal.
Cuando, tras la muerte de Fernando de Antequera, su primogénito ocupó el trono, nada hacía pensar que su segundo hijo también llegaría a ser rey de Aragón. En este sentido, las circunstancias que llevaron al trono al soberano conocido como El Grande o El Sin Fe distaron mucho de las de Fernando I y Alfonso V y configuraron, por consiguiente, un entorno social que nada tenía que ver con el de sus inmediatos predecesores. Desde que su padre lo nombrase duque de Peñafiel en 1414, e incluso antes, los intereses del penúltimo Trastámara aragonés estuvieron siempre puestos en la Corona vecina, lo que le llevó a establecer sólidas clientelas caracterizadas por su fidelidad y servicio durante prolongados periodos de tiempo y en momentos especialmente conflictivos como consecuencia de los intensos enfrentamientos bélicos que golpearon especialmente a territorios como Navarra, Castilla y Cataluña durante las décadas centrales del siglo XV. Así pues, el entorno social de Juan II estuvo compuesto desde un primer momento por un amplio número de servidores de origen castellano que lo acompañaron durante buena parte de su vida y recibieron, a cambio, importantes retribuciones.
Precisamente por este motivo, desde comienzos de su reinado se aprecia en la Corte de Juan II de Aragón una marcada especialización geográfica y un claro monopolio castellano de los puestos que implicaban una mayor cercanía al monarca. Es decir, todos aquellos cargos oficiales asociados a la cámara y otros espacios del palacio real, como la cocina o las caballerizas (no así en la administración, donde el predominio aragonés resulta evidente). Aunque la presencia castellana en la Corte de Juan II fue variando a lo largo de las dos décadas de su reinado, se mantuvo siempre en una proporción bastante elevada que favoreció una progresiva castellanización del Estado y generó ciertos cambios en el campo de actuación de las élites autóctonas, ya que el soberano no se limitó a introducir a estos oficiales castellanos en su Casa y Corte. Al contrario, los situó al frente de importantes señoríos, alcaidías y tenencias distribuidas por toda la Corona de Aragón y les concedió interesantes rentas y propiedades que les permitieron interactuar con algunos de los linajes locales más destacados, con los que establecieron relaciones personales y profesionales de distinto tipo.
En este contexto, la Corte emerge como un eje vertebrador fundamental para el trazado de este tipo de vínculos, que no siempre pasaban por la intervención regia. De hecho, en muchas ocasiones este proceso de ascenso social y movilidad geográfica entre Castilla y Aragón tuvo lugar a partir del establecimiento de relaciones entre iguales al amparo de la Corte, que permitía y facilitaba la interacción social entre oficiales de muy diversas procedencias geográficas. No obstante, si nos basamos en la observación de algunos casos concretos, como el de la ciudad de Zaragoza bajo el reinado de Juan II, no parece existir una integración clara de estos oficiales castellanos entre las élites locales. Es decir, las familias castellanas que se establecieron en la ciudad a partir de la Corte alcanzaron elevadas posiciones dentro de la ciudad derivadas no sólo del favor regio, sino de una elevada capacidad adquisitiva y del manejo de un considerable capital económico, social y cultural que les llevaron a hacer negocios e, incluso, a emparentar con las élites locales. Sin embargo, nunca llegaron a integrarse del todo dentro de la oligarquía municipal, ya que su propio origen les excluía de las principales magistraturas urbanas y del concejo, quedándoles por lo tanto vedada una de las principales esferas que caracterizaban a las familias más poderosas de la ciudad: el ejercicio del gobierno ciudadano.
Finalmente, si centramos nuestra atención en aquellos linajes locales con los que los oficiales castellanos de Juan II se relacionaron, se aprecia con claridad un mismo patrón. En este sentido, aunque familias como las de los Climent, Caballería o Sánchez de Calatayud disfrutaban de una posición especialmente destacada dentro de la sociedad zaragozana, todas ellas tenían sus intereses puestos en la Corte real, un espacio que habría actuado como punto de encuentro y eje vertebrador de todas estas relaciones. Por ello, quizás no sea del todo adecuado hablar de la integración de estos castellanos dentro de las élites locales sino, más bien, de la existencia de dos élites distintas, una autóctona y otra alóctona, que en un momento dado coexistieron en un mismo territorio e, incluso, llegaron a relacionarse entre sí, pero teniendo muy claros los límites de actuación de cada una de ellas. Así pues, podría afirmarse que estos linajes castellanos recién llegados a la Corona de Aragón, y más concretamente a la capital aragonesa, no se introdujeron entre aquellas élites más puramente urbanas, con unos intereses permanentemente fijados en la propia ciudad y sus órganos de gobierno, sino que su introducción se dio más bien entre unas élites cortesanas cada vez más interrelacionadas y que se beneficiaron mutuamente del trazado de estos vínculos entre las Coronas de Aragón y Castilla.
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[1]Abreviaturas utilizadas: ACA = Archivo de la Corona de Aragón; AHPNZ = Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza; AMZ = Archivo Municipal de Zaragoza.
Este trabajo forma parte de la actividad científica desarrollada por el Grupo de Investigación de Referencia CEMA, reconocido por el Gobierno de Aragón, ref. H20_20R (2020-2022); y se ha realizado en el marco de un contrato de personal investigador predoctoral en formación para el período 2018-2022, financiado por el Gobierno de Aragón y el Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020.
[2] Sobre las élites sociopolíticas del reino de Aragón durante el Interregno y el Compromiso de Caspe resulta imprescindible la consulta de Sesma Muñoz y Laliena Corbera 2012, pp. 165-190. Para el caso de las élites catalanas y valencianas destacan, respectivamente, Verdés Pijuan 2012, pp. 147-164 y Narbona Vizcaíno 2012, pp. 191-232. Por su parte, las distintas fases del Compromiso de Caspe pueden consultarse en Abella Samitier, Lafuente Gómez y Torre Gonzalo 2012, pp. 61-94. Además, se han dedicado sendas monografías al análisis de los agentes políticos que protagonizaron el Interregno, así como a analizar las diversas interpretaciones historiográficas de este periodo, como es el caso de Sesma Muñoz 2012 y Falcón Pérez 2013.
[3] Entre las publicaciones dedicadas a la etapa de Fernando de Antequera como regente de Castilla sobresalen Muñoz Gómez 2016; Nieto Soria 2012a, pp. 293-314; 2012b, pp. 1687-1698.
[4] Muñoz Gómez, 2013, pp. 549-550. En Muñoz Gómez 2012, pp. 1647-1662 se analizan en profundidad las bases del poder de Fernando de Antequera en tanto que infante de Castilla.
[5] Cabe considerar también las facetas diplomática, económica y militar desplegadas por el entonces infante Fernando durante el Interregno. Con este propósito, V. Muñoz profundiza en el origen de los recursos humanos, económicos y materiales puestos al servicio de la candidatura fernandista en Muñoz Gómez 2015.
[6] Abella Samitier, Lafuente Gómez y Torre Gonzalo 2012, p. 90.
[7] Idem.
[8] La noción de élites cuenta con un largo recorrido historiográfico, pero bajo este amplio concepto suelen esconderse definiciones muy dispares. Así, Dumolyn indica cómo la vaguedad del término “gives the historians the liberty to define it exactly as she or he wants to or, as is regrettably often the case, not to define it at all” (Dumolyn 2013, p. 3), mientras que Crouzet-Pavan duda incluso de la propia validez del término, pues teme que llegue a convertirse en un instrumento de medida creado por los propios historiadores e historiadoras o, en sus propias palabras, “un de ces paramètres artificiels qui aident à la reconstitution plus ou moins aléatoire de ce qui fut une société, voire un des outils obligés reflétant plus des critères historicistes de représentations que ceux d’un passé dans lequel la sanior pars se pensait comme l’expression même” (Crouzet-Pavan 1997, p. 9). A pesar de ello, dado que este es el término mayoritariamente adoptado y comprendido por la comunidad historiográfica, en este artículo abogaré por la utilización de la noción de élites entendiéndola como el grupo dominante de un determinado territorio, que no implica sólo a quienes ejercieron el gobierno sino que abarca un espectro mucho más amplio de individuos que manejaban un considerable capital económico, social y cultural, se reconocían a sí mismos como iguales y ocupaban las posiciones más destacadas dentro del cuerpo social.
[9] Hemos manejado principalmente las series Diversorum (ACA, Cancillería, 3361-3392), Graciarum (ACA, Cancillería, 3353-3356), Oficialium (ACA, Cancillería, 3357-3360) y Pecunie (ACA, Cancillería, 3417-3420), aunque también se han consultado de manera auxiliar algunos libros de cuentas de la sección Real Patrimonio, serie Maestre Racional.
[10] En concreto, se han vaciado las actas del gobierno municipal que se conservan de esta cronología (AMZ, Actos Comunes, 3-6), así como los libros de hasta 40 notarios municipales conservados en el AHPNZ.
[11] Zurita, 5, XII, 34.
[12] Pedro IV de Aragón 2009.
[13] En relación con la corte de Fernando I, la historiografía tradicional ha tendido a destacar los desencuentros producidos entre el rey y sus nuevos vasallos como consecuencia de su supuesto desinterés por las leyes y costumbres aragonesas, así como por la excesiva presencia de castellanos en su entorno (Soldevila i Zubiburu 1962, pp. 628-633; Vicens Vives 1956, pp. 99-102). Sin embargo, estudios más recientes indican que “la presencia de fieles castellanos de Fernando I activos en los espacios de la Corona de Aragón en actividades de cierta relevancia al servicio del rey arroja un número continuado de en torno a 130 individuos”, es decir, una quinta parte de los oficiales reales (Muñoz Gómez 2013, pp. 552). Asimismo, su presencia en la administración regia resultaba minoritaria, aspecto que puede ser interpretado como una “muestra de la integración en el marco político de la monarquía trastamarista y en sus estructuras administrativas de los partidarios del infante Fernando al trono durante el Interregno y de las elites sociales de los distintos territorios de la Corona de Aragón” (Muñoz Gómez 2013, pp. 552-553). Por tanto, parece que las críticas referentes al supuesto monopolio de los puestos más destacados de la Corte por oficiales castellanos resultan infundadas (al menos numéricamente, ya que su presencia en el entorno real sí parece ser una realidad que siguió vigente en posteriores reinados).
[14] Los estudios de Antonio Mª Aragón Cabañas y Víctor Muñoz Gómez han permitido cuantificar, durante la segunda mitad de 1413, un total de 127 oficiales al servicio del infante Alfonso (que aumentaron hasta los 234 en el momento de su coronación). De ellos, sólo unos 48 (es decir, menos de un tercio) procedían de Castilla, ocupando la mayoría de ellos cargos subalternos en las caballerizas, la cocina y la cámara del infante (Aragón Cabañas 1970, pp. 273-293; Muñoz Gómez 2013, p. 555). Por otra parte, sobre la Casa y Corte de Alfonso V como rey vid. Sáiz Serrano 2013, pp. 131-149.
[15] Muñoz Gómez 2013, p. 555.
[16] Desde que Vicens Vives publicó su biografía de Juan II, son numerosos los autores que ponen el acento en su condición de “segundogénito de un segundón” (Vicens Vives 2003, p. 9), criado y educado en Castilla hasta la coronación de su padre, como uno de los rasgos fundamentales para la conformación de “la personalidad, la psicología y, por consiguiente, las ambiciones políticas del infante Juan de Aragón” (Gamero Igea 2016, p. 51).
[17] Este proceso se describe con detalle en Cañas Gálvez 2020, pp. 51-74.
[18] Muñoz Gómez 2013, p. 546. En este caso, estaríamos ante una situación radicalmente opuesta a la de su hermano mayor, “que tendría su base en la vinculación a él que se preveía de los principales títulos y posesiones señoriales de su padre en Castilla”. Idem.
[19] Así, tras la muerte de Fernando I en 1416 al ducado de Peñafiel se sumaron el señorío de Lara, el condado de Mayorga y las villas de Medina del Campo, Cuéllar, Castrojeriz, Olmedo, Villalón, Haro, Belorado, Briones y Cerezo en Castilla (Zurita, 5, XII, 60). Estas donaciones están recogidas en el testamento de Fernando de Antequera, editado en Zalama y Pascual Molina 2017, pp. 81-100.
[20] Vicens Vives 2003, pp. 29-74.
[21] Isabel Ostolaza (Ostolaza Elizondo 2000, pp. 591-610) plantea una estructura de la Corte de Juan de Navarra mucho más amplia y compleja de la que Francisco de Paula Cañas documenta para su época de infante de Aragón (Cañas Gálvez 2020, p. 66), en la que el número de oficiales asciende hasta los 300 individuos. A pesar de ello, la presencia de individuos oriundos de Castilla en el entorno real sigue predominando sobre la de aquellos procedentes de otros lugares.
[22] Vicens Vives 2003, pp. 93-134.
[23] Ramírez Vaquero 1990.
[24] Vicens Vives 2003, pp. 184-188.
[25] Cañas Gálvez 2020.
[26] Ostolaza Elizondo 2000.
[27] Gamero Igea 2016.
[28] Estas tipologías documentales se integran, respectivamente, en las series Officialium, Graciarum y Pecunie del ACA. A este propósito, vid. nota 9.
[29] El estudio de la Corte y los servidores reales en la Baja Edad Media ha dado lugar a la publicación de sendas monografías, entre las que sobresalen en los últimos años Beauchamp 2013; Beauchamp 2019; Cañas Gálvez y Nieto Soria 2019; Cañas Gálvez 2021.
[30] Vid. nota 12.
[31] Gamero Igea 2016, p. 119.
[32] Excluyendo a un cuarto de los oficiales reales, cuya procedencia no hemos sido capaces de identificar, los castellanos constituían un 53 % del total, frente a un 31 % de servidores procedentes del reino de Aragón, un 9 % del principado de Cataluña, un 4 % del reino de Valencia, un 2 % del reino de Navarra y un 1 % de otras entidades políticas, en su mayoría situadas en la península itálica.
[33] Dentro de estas pequeñas modificaciones en la ordenación de la Casa y Corte sobresale la introducción de un cargo específico de la Corona de Castilla: los continos. Es decir, unos oficiales sin “otra ocupación específica que la de cumplir los designios regios y vivir en la corte” (Pelaz Flores 2017, p. 126) y que, a finales del reinado de Juan II, llegaron a constituir casi un tercio de los efectivos de su Corte (Gamero Igea 2016, p. 119).
[34] Tomás Faci 2020, p. 217. En este sentido, Guillermo Tomás expone cómo tanto Fernando I como Alfonso V demostraron una importante capacidad de adaptación a los usos idiomáticos de la Corona desde el comienzo de sus respectivos reinados, sin detectarse apenas muestras de castellanización hasta que, en el contexto de la conquista de Nápoles, Alfonso V fue distanciándose cada vez más de la Península Ibérica. Como consecuencia de este alejamiento, el castellano comenzó a incorporarse al trabajo habitual de los escribanos de la cancillería regia dando lugar a “una lengua crecientemente hibridada entre aragonés y castellano” que fue depurándose durante el reinado de Juan II, de manera que, en torno a 1470, el segundo idioma se impuso definitivamente sobre el primero (Idem, p. 232). Asimismo, fue precisamente en el reinado de Juan II cuando el castellano se convirtió en una lengua de prestigio empleada por las élites autóctonas de la Corona en su propia correspondencia. La lengua castellana se convirtió, por tanto, “en un capital cultural en manos de una minoría, normalmente vinculada (…) con los ambientes cortesanos”, que pasó a emplearla “como un factor de distinción social frente a quienes solo conocían el romance autóctono” (Idem, p. 238).
[35] Todos los porcentajes desglosados a partir de ahora se han elaborado sin tener en cuenta a aquellos oficiales cuyo origen no hemos logrado identificar y que, en función de cada una de las áreas que componían la Corte, podían suponer entre un 5 % y un 30 % del total.
[36] La primera referencia relativa a Rodrigo de Rebolledo en los Anales de Zurita se remonta a la batalla de Ponza (1435), aunque sabemos que sus servicios a Juan II de Aragón comenzaron mucho antes. En este sentido, el cronista aragonés lo describe como “un caballero de su casa, natural del reino de Castilla, de Castrojeriz, que desde su niñez le siguió y sirvió siempre” (Zurita, 6, XIV, 27).
[37] Entre los 10 servidores ubicados en este espacio, hemos identificado un 70 % de oficiales castellanos, un 20 % aragoneses y un 10 % catalanes.
[38] En este caso, los caballerizos, monteros, mozos de espuela, acemileros y halconeros de origen castellano constituían un 53 % del total, frente a un 17 % procedentes del principado de Cataluña, un 16 % del reino de Aragón, un 2 % del de Navarra y un 12 % de otras procedencias, en su mayoría diversos territorios itálicos.
[39] Como demuestra el hecho de que este espacio fuese uno de los más numerosos de la Corte, con 72 oficiales a comienzos del reinado de Juan II. No obstante, esta cifra iría aumentando a lo largo de los años de forma que, a finales de su reinado, solamente los monteros alcanzaban ya la cifra de 88 individuos (Gamero Igea 2016, p. 127).
[40] ACA, Cancillería, 3417, f. 15v. A pesar de su coincidencia onomástica, Francisco de Liñán y su hermana Sancha no pertenecían al linaje de los Liñán de Catalayud sino que provenían de Ciudad Real, habiéndose afincado en Zaragoza en fechas próximas a la coronación de Juan II. AHPNZ, 3954/1463 (43), ff. 163r-163v.
[41] ACA, Cancillería, 3367, f. 6v.
[42] ACA, Cancillería, 3418, ff. 81v-82r. La mayoría de estos cargos continuaron siendo ocupados mayoritariamente por oficiales castellanos, aunque en los últimos años podemos observar una mayor presencia de servidores autóctonos en algunos de los puestos más destacados de estas áreas. Ejemplo de ello es la actuación del noble aragonés Galcerán de Sesé como montero mayor a finales del reinado de Juan II (Gamero Igea 2016, p. 127).
[43] ACA, Cancillería, 3417, f. 120r; ff. 6r-6v.
[44] Para profundizar en este colectivo social, resulta imprescindible la consulta de Mainé Burguete 2006.
[45] Velasco Marta 2019, p. 199.
[46] La procedencia geográfica de los 9 oficiales de cancillería identificados entre 1458 y 1462 era la siguiente: 45 % de catalanes, 33 % de aragoneses y 22 % de castellanos.
[47] Del resto de cargos, un 24 %, eran ejercidos por oficiales castellanos, un 5 % por valencianos y otro 5 % de catalanes. En total, 23 individuos ejercieron como oficiales de tesorería en este periodo.
[48] El único oficial de origen castellano que ocupó un cargo destacado en la tesorería real fue Fernando de Trujillo, quien ejerció como secretario real, escribano, regente de la tesorería y tesorero. Respectivamente: ACA, Cancillería, 3370, ff. 137v-140r; 3417, ff. 1v-2r; 3418, ff. 154v-155r; 3417, f. 99v.
[49] ACA, Cancillería, 3358, ff. 74v-75v.
[50] ACA, Cancillería, 3357, ff. 2v-4r.
[51] ACA, Cancillería, 3363, ff. 103r-105r.
[52] ACA, Cancillería, 3358, ff. 23r-24v; 3357, ff. 31v-32r. Además, los miembros de la oligarquía municipal zaragozana no sólo ocuparon puestos relacionados con la gestión económica de los recursos cortesanos en la tesorería real sino que también lo hicieron en ámbitos de mayor domesticidad. Este es el caso, entre otros, de Luis Sánchez de Calatayud, que trabajó como comprador y despensero mayor de Juan II desde su coronación. Velasco Marta 2019, p. 201.
[53] A propósito de este espacio cortesano durante el reinado de Juan II de Aragón, vid. Villanueva Serrano 2016 e Idem 2021.
[54] Entre los miembros de la capilla de Juan II hemos identificado a clérigos valencianos, navarros y castellanos en una proporción del 23 % cada uno, mientras que los aragoneses y catalanes constituían, respectivamente, un 16 % y un 15 %. Sin embargo, hay un cierto número de individuos sin identificar que, previsiblemente, nos devolverían una imagen todavía más equilibrada de este espacio. Algo similar sucede con el séquito de la reina y los infantes, donde la nobleza aragonesa, catalana, valenciana y castellana estaban representadas de manera similar. Esta dinámica se documenta, para el caso del entorno social de la infanta Juana de Aragón, en Velasco Marta 2020, pp. 521-522.
[55] Jorge Sáiz define a las clientelas reales como un “conglomérat de personnages liés personnellement au monarque comme pater familias, comme seigneur et comme patron. Un collectif dont le noyau se trouverait précisément dans la Maison ou Cour comme organisation patrimoniale du roi” y que constituiría el centro de su poder económico y social (Sáiz Serrano 2013, p. 133). En este sentido, su conservación resultaba imprescindible.
[56] ACA, Cancillería, 3419, ff. 159r-159v.
[57] Algo similar había ocurrido algunos años antes con Alfonso de Cuéllar, que también recibió estos pagos atrasados antes que sus compañeros como consecuencia del favor real. ACA, Cancillería, 3419, ff. 77v-78r.
[58] ACA, Cancillería, 3364, f. 179v; 3367, f. 6v.
[59] ACA, Cancillería, 3358, ff. 12r-13r.
[60] ACA, Cancillería, 3353, ff. 50r-50v; 3367, ff. 11r-11v; 3367, ff. 105v-106r. Por otra parte, este oficial experimentó un considerable ascenso social dentro de la Corte, llegando a ser uno de los tres mayordomos de Juan II a finales de su reinado (Gamero Igea 2016, p. 127).
[61] Los oficiales castellanos procedentes de destacados linajes nobiliarios constituyen una excepción, habiendo experimentado la mayoría de ellos un notable despegue económico y social tras su inclusión en la Corte real. De esta manera, Boris Bove sostiene que, junto a las alianzas matrimoniales, las posesiones fundiarias y el aprendizaje cultural, el favor real es una de las principales vías para la consolidación de una nueva élite social o la inclusión de ciertos individuos en una élite ya establecida (Bove 2015, p. 40).
[62] ACA, Cancillería, 3356, f. 100v. Este oficial, originario de la villa de Olmedo, aparece también como Pedro de Heredia.
[63] García de Santa María 2020, p. 143.
[64] Además de otras propiedades en Cataluña, en marzo de 1466 Juan II le hizo entrega de varias tierras en el término de Xerta (Tarragona) que habían sido confiscadas a “hun rebelle a vuestra maiestat clamado Antoni Folquer”. ACA, Cancillería, 3355, f. 92v.
[65] Zurita, 8, XX, 27.
[66] Entre otros, en febrero de 1475 recibió la donación de la villa de Agramunt. ACA, Cancillería, 3356, ff. 120r-124r.
[67] Por ejemplo, 24 de enero de 1471 Juan II donó a Rodrigo de Rebolledo y a sus sucesores “los derechos correspondientes a la escribanía de las Gobernaciones de Valencia, Játiva y Castellón de la Plana y el derecho del sello, con sus correspondientes rentas”. Hinojosa Montalvo 2015, p. 165.
[68] Hinojosa Montalvo 2015, p. 158.
[69] A propósito de este señorío, vid. Sarasa Sánchez y Redondo Veintemillas 1988, pp. 31-50.
[70] Su patrimonio también se vio ampliado tras este enlace, pues Juan II le obsequió con una dote de 20.000 florines de oro que, al no poder pagar en su totalidad, conmutó por varias propiedades en el condado de Ribagorza, algunos señoríos en el reino de Valencia y ciertas rentas y derechos en la isla de Sicilia (Hinojosa Montalvo 2015, p. 161). Todo ello sumaba unos 22.937 florines pero, además, en 1458 Juan II le entregó 7.000 florines para sufragar los gastos de mantenimiento y reparación de algunas de sus propiedades ribagorzanas (ACA, Cancillería, 3419, ff. 59r-64v).
[71] También conocida como María Cerdán, formaba parte del entorno social de Juana Enríquez y, tras la muerte de la reina, se integró en la Casa de la infanta Juana (Zurita, 7, XVIII, 15).
[72] Hinojosa Montalvo 2015, p. 159.
[73] Su primogénito, Guillén de Palafox y Rebolledo, recibió el señorío de Ariza (Sarasa Sánchez y Redondo Veintemillas 1988, p. 35), mientras que Juan de Rebolledo era proveído por el monarca con la encomienda mayor de Alcañiz (Zurita, 7, XVI, 29) y Lope de Rebolledo disfrutaba de una ventajosa carrera en el seno de la Iglesia que le llevó hasta la Santa Sede (Velasco Marta 2019, pp. 202-203). Al mismo tiempo su sobrino Alfonso, casado con la noble catalana Violante Rotllá, recibió del rey, además de la alcaidía de Valderrobres (vid. nota 58), la bailía de Tortosa (ACA, Cancillería, 3358, ff. 102r-102v; 118r-118v) y amplias tierras en el entorno de Alicante (Hinojosa Montalvo 2015, pp. 166-167). Fernando de Rebolledo, otro de sus sobrinos, fue escalando puestos en la Corte real, desde sus inicios como paje hasta ser nombrado trinchante, contino y, finalmente, camarero. Además recibió censales sobre Orihuela (Hinojosa Montalvo 2015, p. 175), durante la guerra de Cataluña fue nombrado alcaide de Tortosa (ACA, Cancillería, 3356, ff. 77v-78v; 3419 115v) y posteriormente continuó su trayectoria en el reino de Nápoles, donde participó de manera activa en las negociaciones matrimoniales de la infanta Juana de Aragón con Ferrante I obteniendo, a cambio, propiedades en Mesina (ACA, Cancillería, 3356, ff. 119v-120r) y Hostia Hiberi (ACA, Cancillería, 3356, ff. 140v-141r).
[74] Durante el periodo comprendido entre 1458 y 1462, la mayoría de la documentación emitida por la cancillería real está fechada en Zaragoza, donde se ubicaba el grueso de la Corte. Asimismo, tanto Juana Enríquez como la infanta Juana de Aragón establecieron su residencia en la ciudad, donde la segunda de ellas permaneció hasta que, en 1475, fue nombrada lugarteniente general de Cataluña. Muestra de ello es el libro de cuentas de su Casa entre 1469 y 1472 (ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, 619), en el que se registran todos aquellos pagos realizados a sus propios oficiales, pero también numerosas transacciones económicas que implicaban a numerosos mercaderes y artesanos de la capital aragonesa (Velasco Marta 2020, pp. 505-532).
[75] Entendido como la capacidad de una determinada persona “de acceder a recursos gracias a sus relaciones con otros individuos o colectivos y, en consecuencia, las posibilidades que estos contactos le brindan a la hora de perseguir distintos intereses u obtener determinados beneficios” (Martín Romera 2019, p. 114). A propósito de este tema resulta imprescindible la consulta de Pierre Bourdieu, quien sostiene que el volumen de capital social poseído por un determinado individuo “dependerá tanto de la extensión de la red de conexiones que éste pueda efectivamente movilizar, como del volumen de capital (económico, cultural o simbólico) poseído por aquellos con quienes está relacionado” (Bourdieu 2001, p. 150).
[76] Vid. nota 58.
[77] AHPNZ, 3953/1462 (19), ff. 67r-69r.
[78] AHPNZ, 3953/1462 (19), ff. 29v-31r
[79] AHPNZ, 3953/1462 (19), f. 132r.
[80] AHPNZ, 3954/1465 (44), ff. 18v-19r. Jaime de Casafranca, mercader, era también corredor de la ciudad.
[81] AHPNZ, 4086/1467 (3), f. 21r. Jaime de Calatayud, mercader, pertenecía a una conocida familia de mercaderes y notarios especialmente significados en la esfera política zaragozana. De hecho, él mismo tomó parte activa en el gobierno municipal ejerciendo como tercer jurado en 1463 y 1468, y fue uno de los cuatro administradores del General de Aragón en 1467 (Velasco Marta 2019, p. 199). Sobre otros miembros de su familia vid. nota 52.
[82] AHPNZ, 3770/1471 (78), f. 30r.
[83] AHPNZ, 4086/1468 (3), ff. 45r-47v.
[84] Mainé Burguete 2006, p. 103.
[85] AHPNZ, 4086/1469 (2), sin foliación.
[86] Como atestigua la carta que Juan II dirigió a Ferrante I de Nápoles en 1459 solicitando la devolución de la deuda que Alfonso V había contraído con Francisco Climent. ACA, Cancillería, 3361, ff. 54r-55r.
[87] Coll Julià 1953 vol. II, p. 298.
[88] Catalina de Olmedo, también conocida como Catalina Velázquez por el nombre de su padre, era hija de Blasco de Olmedo, contino de Juan II desde 1458 (ACA, Cancillería, 3417, f. 122v), y sobrina de Pedro de Olmedo (vid. nota 62).
[89] Coll Julià 1953 vol. II, p. 298. Sin embargo, llama la atención que las capitulaciones matrimoniales entre Catalina de Olmedo y Felipe Climent estén fechadas en 1469 y que Nuria Coll date el nacimiento de su primogénito en 1466.
[90] A propósito de las alianzas matrimoniales como principal estrategia de ascenso social y movilidad femenina resultan interesantes las consideraciones de Ferente 2018, pp. 217-227.
[91] Entre otros Francisco Climent, hermano de Felipe, fue consejero en 1468 (AMZ, Actos Comunes, 3, f. 4r) y lugarteniente del merino y juez de taula en 1472 (Falcón Pérez 1978, p. 243).
[92] Igual Luis 2018, p. 114. Este proceso de concentración del poder municipal como mecanismo para frenar la movilidad social en el reino de Aragón se documenta en Laliena Corbera 2010, p. 147-185.
[93] Sobre la condición de ciudadanía vid. Mainé Burguete 2006, pp. 17-39. Por su parte, sobre el proceso de elección de los magistrados municipales vid. Falcón Pérez 1978.
[94] Esto es lo que le sucedió a Andrés Guillén. Este individuo castellano, afincado en Zaragoza desde hacía más de una década, había sido nombrado pesador del almutazaf por parte de este mismo oficial, pero el 15 de diciembre de 1472 (días antes de jurar el cargo) fue rechazado por los jurados de la ciudad, que apelaron a su origen castellano como principal motivo de exclusión del gobierno local. AMZ, Actos Comunes, 5, ff. 20r-20v.
[95] AMZ, Actos Comunes, 3, f. 78r.
[96] AMZ, Actos Comunes, 4, f. 78r.