CUESTIONES PEDAGÓGICAS. REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Volume 34, Issue 1, December 2025, Pages 1-22  
Received: 31.10.2025. Reviewed: 08.12.2026. Accepted: 12.12.2026. Edited: 19.12.2026  
Digital divide: exclusion factor among  
mínimum income recipients  
Paula Vázquez-Cintrano1, David López-Ruiz1  
1 Universidad de Murcia, España  
ABSTRACT  
The digitalization of social benefits poses challenges for vulnerable populations,  
especially when access to basic rights depends on digital competencies. This study  
analyzes the difficulties faced by Minimum Living Income (MLI) recipients in the  
Region of Murcia when managing this benefit through digital platforms. In  
collaboration with the Red Cross Association, a questionnaire was designed and  
administered to 120 participants, using a cross-sectional descriptive quantitative  
approach. The results reveal a complex scenario while 93.8% of participants have  
Internet access, 84.4% did not receive prior information about the MLI digital  
procedures and 71.9% consider their fluency with state platforms to be poor. The  
digital divide manifests primarily in three dimensions: deficiencies in basic digital  
competencies, absence of specific training for administrative procedures, and high  
emotional cost expressed in insecurity and frustration when facing complex digital  
systems. These findings demonstrate that the digital divide in this population is not  
based on lack of devices, but rather on the absence of skills and training support,  
constituting an additional exclusion factor that hinders effective access to basic  
social rights.  
KEYWORDS  
Information technology, Access to information, Social integration, Education,  
Vocational education  
To cite this article: Vázquez-Cintrano, P. & López-Ruiz, D. (2025). Digital divide:  
exclusion factor among mínimum income recipients. Cuestiones Pedagógicas. Revista de  
Ciencias de la Educación, 34(2), pp. 1-22  
https://www.doi.org/10.12795//CP.2025.i34.v2.05  
Corresponding author: David López-Ruiz, https://orcid.org/0000-0002-5197-  
9859 dlr@um.es  
CUESTIONES PEDAGÓGICAS. REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Volumen 34, Número 2, Diciembre 2025, Páginas 1-22  
Recibido: 31.10.2025. Revisado: 08.12.2025. Aceptado: 12.12.2025. Editado: 19.12.2025  
La brecha digital: factor de exclusión en  
beneficiarios del ingreso mínimo vital  
Paula Vázquez-Cintrano1, David López-Ruiz1  
1 Universidad de Murcia, España  
RESUMEN  
La digitalización de prestaciones sociales plantea desafíos para poblaciones vulnerables,  
especialmente cuando el acceso a derechos básicos depende de competencias digitales.  
Este estudio analiza las dificultades que enfrentan los beneficiarios del Ingreso Mínimo  
Vital (IMV) en la Región de Murcia al gestionar esta prestación mediante plataformas  
digitales. En colaboración con la Asociación Cruz Roja, se diseñó y aplicó un  
cuestionario a 120 participantes, empleando un enfoque cuantitativo descriptivo  
transversal. Mientras el 93,8% de los participantes dispone de acceso a Internet, el 84,4%  
no recibió información previa sobre los procedimientos digitales del IMV y el 71,9%  
considera mala su fluidez con plataformas estatales. La brecha digital se manifiesta  
principalmente en tres dimensiones que son carencias en competencias digitales básicas,  
ausencia de formación específica para trámites administrativos, y elevado coste  
emocional expresado en inseguridad y frustración ante sistemas digitales complejos.  
Estos hallazgos evidencian que la brecha digital en este colectivo no se fundamenta en  
la carencia de dispositivos, sino en la ausencia de habilidades y apoyo formativo,  
constituyendo un factor adicional de exclusión que dificulta el acceso efectivo a derechos  
sociales básicos.  
PALABRAS CLAVE  
Tecnología de la información, Acceso a la información, Integración social, Educación,  
Enseñanza profesional  
Cómo citar este artículo: Vázquez-Cintrano, P. & López-Ruiz, D. (2025). La brecha  
digital: factor de exclusión en beneficiarios del ingreso mínimo vital. Cuestiones Pedagógicas.  
Revista de Ciencias de la Educación, 34(2), pp. 1-22  
https://www.doi.org/10.12795//CP.2025.i34.v2.05  
Autor de correspondencia: David López-Ruiz. https://orcid.org/0000-0002-5197-  
9859 dlr@um.es  
Vázquez-Cintrano, P., & David López-Ruiz, D. – Tecnología de la información ...  
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INTRODUCCIÓN  
La brecha digital se define como la desigualdad existente entre personas, grupos o  
territorios en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y  
la comunicación (TIC) (Castaño, 2008). Este fenómeno multidimensional no se limita  
únicamente a la disponibilidad de dispositivos e internet, sino que comprende tres  
dimensiones interrelacionadas que impactan profundamente en la vida cotidiana de  
las personas.  
La primera dimensión, denominada brecha de acceso, se centra en la disponibilidad  
de dispositivos tecnológicos y la conectividad a Internet. A pesar de los avances en la  
accesibilidad tecnológica, persisten disparidades importantes vinculadas a factores  
socioeconómicos, geográficos y educativos (Rodicio-García et al., 2020). La segunda  
dimensión, la brecha de uso, se refiere no solo a la capacidad técnica para utilizar las  
tecnologías, sino también a la variedad e intensidad con que se emplean, aspectos que  
varían ampliamente según la educación, la formación en competencias digitales y la  
familiaridad con la tecnología. La tercera dimensión, la brecha de aprovechamiento,  
se focaliza en cómo el acceso y uso de las tecnologías se traducen en beneficios  
concretos para las personas, ya que no existe inclusión digital cuando todos pueden  
acceder o utilizar las tecnologías, sino cuando tienen las mismas oportunidades para  
sacarles provecho.  
La relación entre brecha digital y exclusión social ha sido ampliamente  
documentada en la literatura científica. Arriazu (2015) sostiene que el  
desconocimiento de las herramientas tecnológicas y sus posibilidades ha generado una  
nueva forma de marginación: la exclusión social tecnológica. Este vínculo se  
intensifica en contextos de vulnerabilidad económica, donde la falta de habilidades  
digitales puede perpetuar y exacerbar las desigualdades preexistentes (Bernal et al.,  
2019). Como señalan Gutiérrez-Provecho et al. (2021), la exclusión digital se  
manifiesta tanto en la disposición de recursos tecnológicos como en las competencias  
asociadas a su uso y utilidad, situando a determinados grupos poblacionales en  
situación de fractura social.  
Digitalización de las prestaciones sociales: el caso del Ingreso Mínimo Vital  
En el contexto europeo, la digitalización de los sistemas de protección social ha  
experimentado una transformación profunda en los últimos años. Según Eurofound  
(2024), al menos cinco Estados miembros de la Unión Europea digitalizaron las  
solicitudes de diversas prestaciones entre 2023 y 2025, y en diez países es posible  
solicitar online prácticamente todas las prestaciones investigadas. Si bien la  
digitalización ofrece ventajas en términos de transparencia, accesibilidad fuera del  
horario de oficina y reducción de costes administrativos, también plantea riesgos de  
creación de desigualdades a través de la exclusión digital (Eurofound, 2025).  
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La evidencia internacional advierte que la digitalización exclusiva de prestaciones  
puede crear barreras insuperables para las personas digitalmente excluidas. Un estudio  
en la República Checa reveló que, a principios de 2025, un tercio de los solicitantes  
de prestaciones por desempleo requirió apoyo presencial del personal de la Oficina  
de Empleo para completar sus solicitudes online (Eurofound, 2025). Investigaciones  
recientes en países europeos confirman que las barreras como las limitadas habilidades  
digitales, el acceso a la tecnología y el diseño inadecuado de servicios afectan  
desproporcionadamente a personas mayores, poblaciones de bajos ingresos y aquellas  
con educación mínima (ISSA, 2022; Verdin et al., 2023).  
En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se enmarca en esta tendencia de  
digitalización de prestaciones. Regulado por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, el  
IMV es una prestación de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza  
y exclusión social de personas que viven solas o integradas en una unidad de  
convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades.  
Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en octubre de 2024 el IMV  
alcanzó a 648.469 hogares en los que conviven casi 2 millones de personas, con una  
cuantía media de 473,41 euros mensuales por hogar (Ministerio de Inclusión,  
Seguridad Social y Migraciones, 2024).  
El perfil de las personas beneficiarias del IMV presenta características específicas:  
el 67,3% de los titulares y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres; el 82,3% del  
conjunto de titulares tienen nacionalidad española; la media de edad se sitúa en 45,2  
años; y el 41,3% de los beneficiarios son menores de edad (Ministerio de Inclusión,  
Seguridad Social y Migraciones, 2024b). Particularmente relevante es que el 67,3% de  
las unidades de convivencia receptoras son hogares con menores, evidenciando el  
enfoque de la prestación en la lucha contra la pobreza infantil. Sin embargo, la  
solicitud del IMV requiere competencias digitales básicas y acceso a dispositivos  
tecnológicos (ordenador, tabletas, móviles, conexión a Internet), así como el manejo  
de plataformas web y sistemas de identificación digital como Cl@ve o certificado  
digital (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2023).  
Esta paradoja administrativa resulta problemática considerando que, según  
Rodicio-García et al. (2020), los hogares en situación de pobreza muestran un  
porcentaje de brecha digital del 57,7%. Como señala Valencia (2017), ante la falta de  
habilidades o conocimientos digitales, se requiere un proceso de alfabetización digital,  
entendida como la adquisición de habilidades, estrategias y competencias básicas que  
permitan a las personas un uso normalizado de las tecnologías, proceso que tiene su  
base tanto en la educación formal como no formal.  
https://www.doi.org/10.12795//CP.2025.i34.v2.05  
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El contexto de la Región de Murcia  
El análisis del contexto específico de la Región de Murcia permite dimensionar el  
alcance de esta problemática. Según el último informe sobre Exclusión y Desarrollo  
Social (Fundación FOESSA, 2022), el 25,4% de la población de esta región se  
encuentra en situación de exclusión social, un porcentaje inferior al conjunto de  
España. No obstante, el informe pone de manifiesto que durante los periodos de crisis  
se produce un rápido incremento de la exclusión, dificultando que en el posterior  
periodo de bonanza se pueda salir de ella al mismo ritmo.  
Los datos de la Fundación FOESSA (2022) revelan que la población de la Región  
de Murcia se ve afectada por situaciones de exclusión social distribuidas en tres ejes:  
un 51,1% en el eje político y de ciudadanía, un 37% en el eje económico y un 10,8%  
en el eje relacional. Entre las ocho dimensiones de exclusión social analizadas  
(empleo, consumo, participación política, salud, educación, vivienda, conflicto y  
aislamiento sociales), las más afectadas son: empleo (31,4%), participación política  
(21,2%), educación (19,4%) y vivienda (17,6%). Los indicadores que más impactan a  
la población regional incluyen la inestabilidad laboral grave de la persona sustentadora  
principal del hogar, los gastos excesivos de vivienda, las limitaciones a la participación  
política, las dificultades económicas para garantizar la salud, la pobreza severa y el  
desempleo de larga duración.  
Estos datos adquieren mayor relevancia al considerar que, como señalan Ibáñez et  
al. (2020), la dimensión educativa resulta esencial para el desarrollo integral de las  
personas, constituyéndose como una dimensión que explica, en cierto modo, los  
procesos de exclusión social. En este sentido, Contreras (2020) identifica dentro del  
eje político y de ciudadanía aspectos como el acceso limitado a los sistemas de  
protección social, incluidas la sanidad, vivienda y educación, elementos todos ellos  
que se ven mediatizados por las competencias digitales de la población.  
A pesar de la creciente literatura sobre brecha digital y exclusión social, existe una  
laguna investigadora en el análisis específico de la intersección entre brecha digital,  
digitalización de prestaciones sociales y acceso efectivo a derechos en poblaciones  
vulnerables del contexto español. Si bien existen estudios internacionales que  
documentan los desafíos de la digitalización del bienestar en Europa (Eurofound,  
2024; ISSA, 2022; Verdin et al., 2023), la evidencia empírica sobre cómo estos  
procesos afectan específicamente a los beneficiarios del IMV en España, y  
particularmente en contextos regionales como Murcia, permanece escasa. Ahora bien,  
no podemos pasar por alto las aportaciones apuntadas por Bernal et al. (2019) donde  
describen que actualmente, la sociedad de la tecnología está en auge y para las  
personas en situación de exclusión social es una herramienta esencial en la que  
necesitan capacitarse porque es un medio que les permite acceder a la participación  
social (búsqueda de empleo, estudios, comunicación, etc.) Conocemos la necesidad,  
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pero también la realidad sobre la instauración de métodos telemáticos para la  
realización de trámites y gestiones administrativas en donde no todo el mundo está a  
favor de que este sistema sea el más adecuado. Concretamente, personas con edad  
más avanzada señalan su disconformidad con la implantación de este método,  
muestran cierta resistencia a la tecnología y se sienten incómodos e inseguros al  
interactuar con ella. Tanto es así que, en ocasiones, resulta problemático el uso de las  
TIC en usuarios adultos llegando, a causar en algún momento, temores y ansiedad al  
tratar con un medio desconocido para ellos, lo que agravaría considerablemente el  
problema (Martín, 2017). El presente estudio contribuye a llenar este vacío mediante  
el análisis empírico de las barreras digitales que enfrentan las personas receptoras del  
IMV en la Región de Murcia. La relevancia de esta investigación radica en que  
identifica obstáculos específicos en el acceso a una prestación diseñada precisamente  
para colectivos vulnerables, pero cuyo proceso de solicitud digitalizado puede  
convertirse, paradójicamente, en un factor adicional de exclusión. Asimismo, este  
trabajo aporta evidencia territorial que complementa los análisis nacionales y permite  
identificar necesidades específicas de alfabetización digital y acompañamiento en  
contextos donde confluyen vulnerabilidad económica y exclusión tecnológica.  
OBJETIVOS  
Para poder dar respuestas a los interrogantes planteados se han consignado los  
siguientes objetivos diferenciados entre general y específicos:  
Objetivo general: Analizar las dificultades que presentan las personas que reciben  
el Ingreso Mínimo Vital a la hora de realizar trámites burocráticos mediante dispositivos  
digitales para solicitar prestaciones sociales.  
Objetivo específico 1: Identificar la posibilidad de acceso a recursos tecnológicos  
de personas residentes en la Región de Murcia.  
Objetivo específico 2: Detectar los conocimientos previos que las personas que  
reciben el Ingreso Mínimo Vital tienen sobre los medios tecnológicos y sus  
funcionalidades.  
Objetivo específico 3: Valorar la dimensión emocional que genera trabajar con los  
medios tecnológicos a la hora de realizar trámites.  
METODOLOGÍA  
Enfoque y diseño  
Para dar respuesta a los objetivos planteados, se desarrolló una investigación con  
enfoque cuantitativo de tipo descriptivo transversal (Hernández et al., 2014). Este  
diseño permite identificar y describir las características de la brecha digital en una  
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población específica mediante la recolección de datos en un momento temporal  
único, facilitando el análisis estadístico de las variables de estudio y la identificación  
de patrones en el acceso y uso de tecnologías digitales entre las personas beneficiarias  
del Ingreso Mínimo Vital (Creswell, 2014).  
Contexto y participantes  
La investigación se desarrolló en la Región de Murcia en colaboración con la  
Asociación Cruz Roja Española, dentro del marco del programa piloto "Itinerarios de  
inclusión activa para personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital". Este programa,  
implementado entre 2023 y 2024, constó de dos fases: una fase inicial de identificación  
y diagnóstico, en la que se conformaron dos grupos (un grupo de control que recibió  
únicamente orientación durante el proceso, y un grupo de intervención que participó  
en talleres de motivación y acompañamiento durante el proceso de certificación  
profesional), y una segunda fase de implementación de mejoras específicas dirigidas  
al grupo de intervención.  
La muestra final estuvo constituida por 120 personas beneficiarias del IMV que  
participaron voluntariamente en el estudio. El procedimiento de muestreo fue no  
probabilístico por conveniencia, dado que los participantes fueron seleccionados  
entre los usuarios del programa de Cruz Roja que cumplían con los criterios de  
inclusión: ser mayor de 18 años, ser beneficiario del IMV en la Región de Murcia y  
estar participando en el programa de inclusión activa. Aunque inicialmente se planteó  
como muestreo aleatorio simple, las características del contexto y el acceso a la  
población requirieron un ajuste a muestreo por conveniencia, garantizando en todo  
momento la voluntariedad de la participación.  
Las características sociodemográficas de la muestra fueron las siguientes: en cuanto  
al sexo, el 73,3% (n=88) eran mujeres y el 26,7% (n=32) hombres. La edad de los  
participantes osciló entre 30 y 56 años, con una media de 41,8 años (DT=6,7). Esta  
composición refleja el perfil mayoritariamente femenino de los beneficiarios del IMV  
documentado a nivel nacional (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y  
Migraciones, 2024) y coincide con una población en edad activa que, frecuentemente,  
tiene cargas familiares y puede presentar limitaciones en competencias digitales  
debido a factores socioeconómicos y educativos (Gutiérrez-Provecho et al., 2021).  
En cuanto a las consideraciones éticas, todos los participantes fueron informados  
sobre los objetivos del estudio, el carácter voluntario de su participación, la  
confidencialidad y el anonimato en el tratamiento de los datos, y firmaron un  
documento de consentimiento informado antes de responder al cuestionario. Los  
datos recogidos se almacenaron de forma codificada, sin información identificativa,  
garantizando la protección de la identidad de los participantes.  
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Variables del estudio  
Este estudio incluyó 3 categorías de variables operacionalizadas de la siguiente  
manera:  
Variable dependiente: Nivel de brecha digital percibida, definida como el conjunto  
de dificultades relacionadas con el acceso, uso y dimensión emocional ante las  
tecnologías digitales para realizar trámites administrativos del IMV. Esta variable se  
midió a través de las respuestas agregadas del cuestionario con nivel de medida  
ordinal.  
Variables independientes descriptivas:  
Sexo: Variable categórica nominal dicotómica (mujer/hombre)  
Edad: Variable cuantitativa continua, medida en años  
Variables específicas del estudio, agrupadas en 3 dimensiones según el modelo  
teórico adoptado:  
Dimensión 1: Acceso y recursos tecnológicos (ítems 1-6). Indicadores:  
disponibilidad de dispositivos, acceso a Internet, apoyo del entorno, fluidez en  
plataformas estatales, percepción de necesidad de recursos, y uso tecnológico del  
entorno social.  
Dimensión 2: Competencias y conocimientos digitales (ítems 7-14). Indicadores:  
información previa recibida, experiencia previa con TIC, conocimiento de hardware,  
capacidad de acceso a prestaciones online, descarga de documentos, manejo de bases  
de datos, necesidad de ayuda externa, y percepción de necesidad de formación.  
Dimensión  
3:  
Dimensión  
emocional  
(ítems  
15-21).  
Indicadores:  
inquietud/incomodidad, desenvoltura, miedo a errores, interés progresivo, utilidad  
percibida, satisfacción de uso, y valoración de la modalidad digital.  
Instrumento de recogida de información  
Para la recogida de datos se diseñó un cuestionario ad hoc denominado  
"Cuestionario sobre Brecha Digital y Acceso al Ingreso Mínimo Vital" compuesto por  
21 ítems distribuidos en tres bloques correspondientes a las dimensiones teóricas del  
estudio. El instrumento se fundamentó en el modelo tridimensional de brecha digital  
adaptado al contexto español por Rodicio-García et al. (2020), que distingue entre  
acceso material, competencias de uso y factores actitudinales/emocionales.  
Cada ítem se presentó con una escala tipo Likert de 4 puntos (1=Muy de acuerdo,  
2=De acuerdo, 3=En desacuerdo, 4=Muy en desacuerdo), eliminando el punto  
medio para evitar respuestas neutras y forzar un posicionamiento del participante  
(Garland, 1991). Los ítems fueron redactados tanto en sentido positivo como  
negativo para controlar sesgos de aquiescencia. El cuestionario fue sometido a un  
proceso de validación de contenido mediante juicio de expertos. Se seleccionaron 6  
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expertos con los siguientes criterios: (1) titulación de doctor o máster en Educación,  
Trabajo Social o Tecnología Educativa; (2) experiencia mínima de 5 años en  
investigación sobre exclusión social o competencias digitales; y (3) publicaciones  
científicas en el área temática. Los expertos evaluaron cada ítem en tres dimensiones  
mediante una escala de 1 a 5: claridad (comprensión del enunciado), pertinencia  
(relación con la dimensión teórica) y adecuación (relevancia para el objetivo del  
estudio).  
En cuanto a las evidencias de validez, los resultados de la validación fueron los  
siguientes: claridad (M=4,58; DT=0,42), pertinencia (M=4,90; DT=0,23) y  
adecuación (M=4,90; DT=0,25). Todos los ítems obtuvieron puntuaciones superiores  
a 4 en las tres dimensiones, lo que indica un alto grado de acuerdo entre los expertos.  
No se realizaron análisis factoriales (exploratorio o confirmatorio) debido al tamaño  
muestral limitado (n=120) y al carácter descriptivo del estudio. No obstante, se  
reconoce esta limitación y se recomienda su realización en futuras investigaciones con  
muestras más amplias.  
Además, se calculó la consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de  
Cronbach para cada uno de los tres bloques: Bloque 1 (α=0,72), Bloque 2 (α=0,81),  
Bloque 3 (α=0,78), y para el cuestionario completo (α=0,85). Estos valores indican  
niveles aceptables de fiabilidad según los criterios establecidos por Nunnally y  
Bernstein (1994), quienes consideran adecuados valores superiores a 0,70 para  
instrumentos de investigación.  
Procedimiento de recogida de datos  
La aplicación del cuestionario se realizó durante el mes de marzo de 2024, en las  
instalaciones de Cruz Roja Española en la Región de Murcia. El proceso fue el  
siguiente:  
1. Contacto inicial: Los técnicos de Cruz Roja informaron a los participantes del  
programa sobre la investigación y su carácter voluntario.  
2. Sesión informativa: Los participantes interesados asistieron a una sesión donde  
se explicaron los objetivos del estudio, se resolvieron dudas y se solicitó el  
consentimiento informado.  
3. Administración del cuestionario: El cuestionario se aplicó de forma presencial,  
en formato papel, con apoyo de un investigador que estuvo disponible para  
aclarar dudas sobre los ítems sin influir en las respuestas. El tiempo medio de  
cumplimentación fue de 15-20 minutos.  
4. Codificación de datos: Los cuestionarios fueron codificados numéricamente  
sin datos identificativos y los datos fueron introducidos en una base de datos  
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en SPSS v.28 por dos investigadores independientes para garantizar la  
precisión del registro.  
La aplicación del cuestionario se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2024.  
Los interesados acudieron a una sesión informativa donde se explicaron con detalle  
los objetivos del estudio, el tipo de preguntas que contenía el cuestionario y el uso  
que se haría de la información recogida. Se insistió especialmente en que todos los  
datos serían tratados de forma anónima y confidencial, y que en ningún momento se  
identificaría a las personas participantes de forma individual en publicaciones o  
informes. Tras resolver las dudas que surgieron, quienes deseaban colaborar firmaron  
el documento de consentimiento informado.  
El cuestionario se administró en formato papel, una decisión metodológica  
deliberada considerando que la población objeto de estudio presenta dificultades con  
los medios digitales. La cumplimentación se realizó de forma presencial, requiriendo  
entre 15 y 20 minutos, con un investigador presente en la sala para resolver dudas  
sobre el significado de los ítems, siempre cuidando de no influir en las respuestas.  
Plan de tratamiento y análisis de datos  
El análisis se realizó con SPSS versión 28, empleando estadísticos apropiados para  
el nivel de medida ordinal de las variables. Dado que las respuestas provenían de una  
escala tipo Likert de cuatro puntos, se calcularon principalmente medianas y modas  
como medidas de tendencia central, por ser las más adecuadas para este tipo de datos  
(Jamieson, 2004; Norman, 2010). Aunque se presentan también medias aritméticas en  
las tablas, la interpretación substantiva se basó en las medidas no paramétricas. Para  
cada ítem y bloque temático se obtuvieron las distribuciones de frecuencias absolutas  
y relativas, identificando qué porcentaje de participantes seleccionó cada opción de  
respuesta. Se calcularon también medidas de dispersión como el rango y la desviación  
típica para evaluar el grado de consenso o heterogeneidad en las respuestas.  
RESULTADOS  
En esta sección se presentan los hallazgos más relevantes que ofrecen una visión  
detallada de la problemática que enfrentan las personas beneficiarias del IMV al  
realizar trámites burocráticos mediante dispositivos digitales para solicitar  
prestaciones sociales. Los resultados se organizan según los tres objetivos específicos  
y las dimensiones del cuestionario. La interpretación se basa en las medianas, modas  
y distribuciones de frecuencias, dado el nivel de medida ordinal de las variables.  
El primer objetivo del estudio consistió en identificar las posibilidades de acceso a  
los recursos tecnológicos de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital  
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(IMV) en la Región de Murcia. Los resultados del Bloque 1 se presentan en las Tablas  
1 y 2 y permiten observar distintos grados de disponibilidad, conectividad y apoyo en  
el uso de herramientas digitales. En relación con la disponibilidad de recursos  
tecnológicos (P1), la mitad de las personas participantes (50%, n = 60) manifestó  
contar con los recursos necesarios para la gestión digital del IMV, mientras que un  
34,4% (n=41) indicó no disponer de ellos. Este dato, junto con la media de 2,19,  
muestra una posición intermedia con tendencia al acuerdo, pero evidencia que más  
de un tercio de la muestra se encuentra en situación de vulnerabilidad tecnológica,  
limitando su autonomía para el acceso digital a servicios públicos.  
Los resultados sobre acceso a Internet (P2) reflejan un escenario mucho más  
favorable: un 93,8% del total (n=112) declaró disponer de conexión en el hogar,  
situando esta dimensión como la de mayor consenso positivo del bloque. Aun así, un  
6,2% (n=8) carece de acceso, lo cual supone una barrera estructural persistente que  
puede impedir o ralentizar la gestión en línea de prestaciones sociales.  
En la variable apoyo del entorno (P3) se observan los niveles más altos. El 78,1%  
(n=92) se mostró muy de acuerdo y un 15,6% (n=19) de acuerdo en que, ante la falta  
de recursos propios, otra persona de su entorno suele ofrecer ayuda. Este patrón,  
apoyado por una media de 1,34, indica una dependencia significativa de las redes  
informales de apoyo, que actúan como recurso compensatorio frente a la carencia  
tecnológica individual.  
Por el contrario, los resultados relativos a la fluidez en el uso de plataformas  
estatales (P4) ponen de relieve las principales limitaciones detectadas. Casi tres cuartas  
partes de los encuestados (71,9%, n = 79) expresaron desacuerdo con sentirse fluidos  
en el manejo de las páginas y procedimientos digitales del Estado, y un 15,6%  
adicional (n=19) se manifestó muy en desacuerdo. Solo el 12,5% (n=22) reconoció  
desenvolverse con facilidad. Estos valores se traducen en una media de 3,00, la más  
elevada del bloque, confirmando una tendencia clara hacia la dificultad y la  
inseguridad digital en la interacción con la administración.  
La percepción sobre la necesidad de contar con buenos recursos tecnológicos (P5)  
reafirma la relevancia concedida al acceso material donde el 75% (n=90) de  
participantes consideró que la calidad del equipamiento es determinante para realizar  
los trámites de forma eficaz. Aunque este reconocimiento coincide con una media de  
2,19, similar a la observada en P1, las diferencias entre conciencia de la necesidad y  
disponibilidad real revelan una brecha que debe considerarse en términos de equidad  
digital.  
Finalmente, la valoración del entorno tecnológico (P6) resultó también elevada,  
con un 65,6% (n=63) de respuestas en la categoría “muy de acuerdo” y un 28,1%  
(n=50) en “de acuerdo”. Los valores de tendencia indican un entorno social y laboral  
altamente expuesto al uso tecnológico, lo que puede favorecer procesos de  
Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias de la Educación 34(2), 1-22  
ISSN0213-7771 -e-ISSN 2443-9991  
12  
CP – Cuestiones Pedagógicas, 34(2)  
aprendizaje incidental y compensar parcialmente la falta de destrezas digitales en el  
nivel individual.  
Tabla 1  
Resultados Bloque 1  
Estadísticos  
P1  
P2  
P3  
P4  
P5  
P6  
Válido  
Perdidos  
120  
0
120  
0
120  
0
120  
0
120  
0
120  
0
N
Media  
Mediana  
Moda  
2,19  
2,00  
2
1,59  
1,50  
1
1,34  
1,00  
1
3,00  
3,00  
3
2,19  
2,00  
2
1,41  
1,00  
1
Desviación estándar  
Varianza  
Rango  
,693  
,480  
2
,712  
,507  
3
,787  
,620  
3
,622  
,387  
3
,471  
,222  
2
,615  
,378  
2
Mínimo  
1
1
1
1
1
1
Máximo  
3
4
4
4
3
3
En conjunto, los datos del bloque muestran un contraste entre la alta conectividad  
general y la limitada competencia digital para la gestión institucional, sugiriendo que  
el acceso material, aunque necesario, no garantiza el uso efectivo de las plataformas  
públicas. Las redes de apoyo desempeñan un papel esencial en la reducción de  
brechas, pero no sustituyen la necesidad de intervenciones formativas y de mejora de  
la usabilidad de los sistemas públicos digitales.  
Tabla 2  
Resultados Frecuencia Bloque 1  
P1  
P2  
N
P3  
N
P4  
N
P5  
N
P6  
N
N
%
%
%
%
%
%
Muy de acuerdo  
De acuerdo  
En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  
19  
60  
41  
0
15,6  
50,0  
34,4  
0
60  
52  
4
50,0  
43,8  
3,1  
92  
19  
0
78,1  
15,6  
0
4
3,1  
9,4  
71,9  
15,6  
4
3,1  
75,0  
21,9  
0
63  
50  
9
65,6  
28,1  
6,3  
0
18  
79  
19  
90  
26  
0
4
3,1  
9
6,3  
0
El segundo objetivo buscaba detectar los conocimientos previos que las personas  
beneficiarias del IMV tienen sobre los medios tecnológicos y sus funcionalidades. Los  
resultados se presentan en las Tablas 3 y 4 y revelan carencias significativas en tres  
áreas. En cuanto a la información y formación previa, los datos muestran un vacío  
notable. El 84,4% de los participantes no recibió información previa sobre cómo  
realizar el trámite del IMV digitalmente. Esta carencia informativa se acompaña de  
una demanda explícita de apoyo donde el 81,3% considera necesarios cursos  
formativos específicos para realizar trámites administrativos digitales, mientras que el  
84,4% solicita guías detalladas e instrucciones paso a paso. Estos porcentajes  
evidencian no sólo la ausencia de preparación previa, sino también una conciencia  
https://www.doi.org/10.12795//CP.2025.i34.v2.05  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
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clara por parte de los participantes sobre sus limitaciones y necesidades formativas.  
Las competencias técnicas instrumentales presentan limitaciones importantes. El  
71,9% de los participantes declara tener conocimientos insuficientes sobre el  
funcionamiento básico de ordenadores y dispositivos móviles, mientras que el 65,6%  
no sabe trabajar con bases de datos. La capacidad de descargar documentos muestra  
valores ligeramente mejores, aunque aún el 50% de los participantes reconoce  
dificultades en esta operación básica. Los ítems relacionados con experiencia previa y  
capacidad de gestión autónoma revelan una distribución particularmente relevante.  
Respecto a la experiencia previa con TIC, las respuestas se dividen de forma  
equilibrada. El 50% declara tener experiencia previa mientras que el otro 50% no la  
tiene. Sin embargo, cuando se pregunta específicamente sobre la capacidad de acceder  
a prestaciones online de manera autónoma, sólo el 25% se considera capaz de hacerlo  
por sí mismo, frente al 75% que no puede realizarlo sin ayuda. En síntesis, los  
resultados de este bloque evidencian en la muestra estudiada un perfil caracterizado  
por la ausencia de información previa sobre procedimientos digitales específicos,  
competencias técnicas básicas insuficientes para la gestión administrativa compleja, y  
una demanda explícita de formación y materiales de apoyo. La distribución de las  
respuestas sugiere que el contacto general con tecnologías no se traduce  
necesariamente en capacidad para gestionar trámites administrativos especializados  
de forma autónoma.  
Tabla 3  
Resultados Bloque 2  
Estadísticos  
P7  
120  
0
P8  
120  
0
P9  
120  
0
P10  
120  
0
P11  
120  
0
P12  
120  
0
P13  
120  
0
P14  
120  
0
N
Válido  
Perdidos  
Media  
Mediana  
Moda  
2,84  
3,00  
3
1,94  
2,00  
1
2,34  
3,00  
1
2,50  
3,00  
1
2,38  
3,00  
1
2,50  
3,00  
1
1,97  
2,00  
2
1,69  
2,00  
2
Desviación estándar  
Varianza  
Rango  
,369  
,136  
1
,948  
,899  
3
1,181  
1,394  
3
1,218  
1,484  
3
1,212  
1,468  
3
1,191  
1,419  
3
,740  
,547  
2
,535  
,286  
2
Mínimo  
2
1
1
1
1
1
1
1
Máximo  
3
4
4
4
4
4
3
3
El tercer objetivo buscaba valorar la dimensión emocional que genera trabajar con  
medios tecnológicos al realizar trámites administrativos. Los resultados se presentan  
en las Tablas 5 y 6 y revelan un panorama emocional complejo que combina  
inseguridad, reconocimiento de utilidad y cierta ambivalencia ante la digitalización  
obligatoria.  
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CP – Cuestiones Pedagógicas, 34(2)  
Tabla 4  
Resultados Frecuencia Bloque 2  
P7  
N
0
P8  
P9  
N
P10  
N
P11  
N
P12  
N
P13  
%
P14  
N
%
0
N
%
%
%
%
%
N
%
Muy  
acuerdo  
de  
47 40,6 42 37,5 40 34,4 41 37,5 37 31,3 33 28,1 40 34,4  
De acuerdo  
19  
15,6 38 31,3 18 9,4  
9
6,3 17 9,4 15 12,5 69 46,9 76 62,5  
En  
desacuerdo  
Muy  
101 84,4 26 21,9 40 34,4 40 34,4 37 31,3 37 31,3 18 15,5  
6,3 20 18,8 31 25,0 25 21,9 31 25,0  
4
0
3,1  
0
en  
0
0
9
0
0
desacuerdo  
En cuanto a las emociones negativas experimentadas durante el uso de tecnologías,  
los datos muestran que la mitad de los participantes (50%, n=64) experimenta  
inquietud, incomodidad o impaciencia al usar las TIC (P15), mientras que la otra mitad  
no reporta estas emociones. Sin embargo, el indicador más elevado de todo el bloque  
corresponde al miedo a suprimir información relevante (P17), donde el 71,9% (n=84)  
manifiesta este temor, evidenciando un alto nivel de inseguridad durante el proceso.  
Esta inseguridad se ve reforzada por el hecho de que el 56,2% (n=65) reconoce no  
desenvolverse fácilmente con estos medios (P16), confirmando que las dificultades  
técnicas identificadas en el Bloque 2 tienen un correlato emocional directo.  
Respecto a la percepción de utilidad y satisfacción, los resultados muestran  
valoraciones positivas que contrastan con las emociones negativas anteriores. El 75%  
(n=90) de los participantes considera útil el empleo de las TIC para realizar trámites  
burocráticos (P19), y un porcentaje aún mayor, el 87,5% (n=99), se siente satisfecho  
cuando utiliza correctamente los medios tecnológicos (P20). Estos datos indican que,  
pese a las dificultades y el malestar experimentado, existe un reconocimiento claro de  
las ventajas instrumentales de la tecnología y una respuesta emocional positiva ante el  
logro de completar con éxito un trámite digital.  
No obstante, cuando se pregunta directamente sobre la preferencia por la  
modalidad digital, los resultados revelan una postura menos favorable. El 56,3%  
(n=68) no agradece que los trámites sean exclusivamente por Internet (P21), frente al  
43,8% que sí lo valora positivamente. Esta aparente contradicción entre reconocer la  
utilidad (75%) y no agradecer la obligatoriedad digital (56,3%) sugiere que muchos  
participantes valorarían mantener alternativas presenciales como opción, aunque  
comprendan las ventajas de la digitalización.  
Finalmente, en cuanto a la evolución de las actitudes con el tiempo, el 50% (n=60)  
está de acuerdo en que los medios tecnológicos les resultan más interesantes a medida  
que pasa el tiempo (P18), mientras que el 46,9% no percibe este cambio. Este dato,  
junto con la demanda de formación identificada en el Bloque 2 (62,5%), sugiere que  
existe un potencial de adaptación progresiva en una parte significativa de la muestra,  
aunque requiere de apoyo y acompañamiento adecuado para materializarse.  
https://www.doi.org/10.12795//CP.2025.i34.v2.05  
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15  
En síntesis, los resultados del Bloque 3 evidencian que la dimensión emocional  
constituye un factor relevante en la experiencia de las personas beneficiarias del IMV  
al gestionar trámites digitales. La combinación de inseguridad elevada (especialmente  
miedo a errores), reconocimiento de utilidad, satisfacción ante el éxito, pero  
preferencia por mantener alternativas no digitales, dibuja un perfil de usuarios que no  
rechazan la tecnología per se, pero que experimentan un coste emocional significativo  
en su uso y demandan poder elegir el canal de gestión más adecuado a sus  
competencias y nivel de confianza.  
Tabla 5  
Resultados Bloque 3  
Estadísticos  
P15  
120  
0
P16  
120  
0
P17  
120  
0
P18  
120  
0
P19  
120  
0
P20  
120  
0
P21  
120  
0
N
Válido  
Perdidos  
Media  
Mediana  
Moda  
2,53  
2,50  
2
2,47  
3,00  
3
1,97  
2,00  
2
2,44  
2,00  
2
2,00  
2,00  
2
2,00  
2,00  
2
2,59  
3,00  
3
Desviación estándar  
Varianza  
Rango  
,842  
,709  
3
1,047  
1,096  
3
,782  
,612  
2
,564  
,319  
2
,508  
,258  
2
,359  
,129  
2
,756  
,572  
3
Mínimo  
1
1
1
1
1
1
1
Máximo  
4
4
3
3
3
3
4
Tabla 6  
Resultados Frecuencia Bloque 3  
P15  
P16  
P17  
P18  
P19  
N
P20  
N
P21  
N
%
N
%
N
%
N
4
%
%
%
N
9
%
Muy  
de 18 9,4  
31 25,0 38 31,3  
3,1  
15 12,5  
9
6,3  
6,3  
acuerdo  
De acuerdo  
En  
46 40,6 24 18,8 46 40,6 60 50,0 90 75,0  
41 37,5 46 40,6 36 28,1 56 46,9 15 12,5  
99 87,5  
43 37,5  
59 46,9  
9
6,3  
desacuerdo  
Muy  
en 15 12,5 19 15,6  
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9,4  
desacuerdo  
DISCUSIÓN  
El análisis de los resultados de esta investigación revela una compleja interrelación  
entre el acceso a recursos tecnológicos, las competencias digitales y la dimensión  
emocional en el contexto de la gestión digital de prestaciones sociales. Los hallazgos  
obtenidos dialogan con la literatura internacional y nacional sobre brecha digital y  
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CP – Cuestiones Pedagógicas, 34(2)  
exclusión social, permitiendo situar la experiencia de los beneficiarios del IMV en la  
Región de Murcia dentro de un marco más amplio de transformación digital de los  
sistemas de protección social.  
Los datos sobre disponibilidad de dispositivos y acceso a Internet sugieren una  
superación relativa de la brecha de acceso o primera brecha digital en esta población.  
Estos resultados contrastan parcialmente con los hallazgos de Rodicio-García et al.  
(2020), quienes reportaron que el 57,7% de los hogares en situación de pobreza  
presentaban brecha digital. La diferencia podría explicarse por el contexto temporal  
—la pandemia de COVID-19 aceleró la adopción tecnológica— y por el perfil  
específico de la muestra: beneficiarios del IMV en edad activa (M=41,8 años)  
participantes de un programa de inclusión social que, presumiblemente, recibieron  
apoyo para superar barreras de acceso básico.  
Sin embargo, el dato sobre redes de apoyo introduce un matiz importante puesto  
que el acceso efectivo no depende únicamente de la posesión individual de  
dispositivos, sino de ecosistemas de soporte informal.  
El contraste más significativo emerge en la dimensión de competencias y  
conocimientos digitales. El 84,4% de los participantes manifiesta no haber recibido  
información previa para realizar el trámite del IMV, y el 71,9% considera que la fluidez  
al trabajar con plataformas estatales es mala. Estos datos corroboran de manera  
contundente las observaciones de Eurofound (2025) en su análisis sobre digitalización  
de la protección social en Europa. La demanda explícita de cursos formativos, guías  
especializadas e instrucciones detalladas que emerge de nuestros datos encuentra eco  
en el estudio de Gutiérrez-Provecho et al. (2021) sobre brecha digital en población en  
riesgo de exclusión social, quienes identificaron carencias significativas en  
alfabetización digital básica y avanzada. Asimismo, González-Benito et al. (2023)  
documentaron cómo la brecha digital actúa como factor multiplicador de exclusión  
social en España, precisamente porque las competencias digitales se han convertido  
en requisito de facto para el ejercicio de derechos ciudadanos, incluido el acceso a  
prestaciones. Los participantes poseen dispositivos, pero carecen de las competencias  
para traducir ese acceso en resultados concretos, confirmando que la brecha digital es  
multidimensional y acumulativa.  
El análisis de la dimensión emocional constituye una de las aportaciones más  
relevantes del estudio al documentar el impacto psicológico de la brecha  
competencial. El 50% de los participantes experimenta inquietud al usar tecnologías  
para trámites, el 71,9% teme suprimir información accidentalmente y el 56,2% no se  
desenvuelve bien con dispositivos digitales. Estos datos cuantifican lo que Arriazu  
(2015) conceptualizó como exclusión social tecnológica.  
La contradicción aparente entre reconocer la utilidad de las tecnologías y no  
agradecer la obligatoriedad de los trámites digitales dialoga directamente con los  
hallazgos de Verdin et al. (2023) en su análisis de ecosistemas digitales de bienestar en  
https://www.doi.org/10.12795//CP.2025.i34.v2.05  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
Vázquez-Cintrano, P., & David López-Ruiz, D. – Tecnología de la información ...  
17  
Europa. Estos autores advierten que la digitalización exclusiva puede generar  
resistencias en poblaciones vulnerables no por tecnofobia, sino por experiencias  
previas de fracaso, percepción de riesgo ante errores y ausencia de alternativas  
presenciales como red de seguridad. Nuestros datos confirman este patrón: los  
participantes no rechazan la tecnología per se, sino la imposición de un modelo que  
no contempla sus limitaciones reales.  
Esta ambivalencia emocional —apreciación abstracta de la tecnología combinada  
con ansiedad en contextos de uso real— encuentra respaldo en el informe de ISSA  
(2022) sobre inclusión digital en la entrega de seguridad social, que documenta cómo  
la presión por completar trámites digitales sin competencias suficientes genera estrés,  
evitación y, en última instancia, exclusión del sistema de protección.  
Los hallazgos de esta investigación, situados en el contexto de la literatura  
internacional, evidencian una tensión estructural inherente a la digitalización de  
prestaciones donde los sistemas diseñados para mejorar la eficiencia y accesibilidad  
pueden, paradójicamente, erigir barreras insuperables para quienes más necesitan  
estas ayudas. Como advierte Eurofound (2024), la digitalización de la protección  
social requiere estrategias complementarias de alfabetización digital, diseño inclusivo  
de plataformas y mantenimiento de canales alternativos.  
El caso del IMV en la Región de Murcia ilustra cómo la intersección entre pobreza,  
baja cualificación educativa y brecha digital configura un círculo vicioso de exclusión:  
las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica presentan mayores  
dificultades de acceso y uso de tecnologías, y al mismo tiempo, necesitan precisamente  
estas tecnologías para acceder a prestaciones diseñadas para paliar su vulnerabilidad.  
Esta paradoja, ya advertida por la Fundación FOESSA (2022) en su análisis de  
exclusión social en la Región de Murcia, requiere respuestas de política pública que  
no dependan exclusivamente de estrategias de alfabetización individual, sino que  
incorporen principios de diseño universal y accesibilidad cognitiva en los propios  
sistemas digitales.  
CONCLUSIONES  
La presente investigación aporta hallazgos significativos que trascienden la mera  
descripción de dificultades tecnológicas para adentrarse en las implicaciones  
sociopolíticas de la digitalización de los servicios públicos. El estudio revela que la  
transformación digital de la administración pública, lejos de constituir un avance  
universalmente beneficioso, puede erigirse como una barrera adicional para aquellos  
colectivos que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Esta  
constatación resulta particularmente relevante en el contexto actual, donde la  
progresiva desmaterialización de los trámites administrativos se implementa  
Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias de la Educación 34(2), 1-22  
ISSN0213-7771 -e-ISSN 2443-9991  
18  
CP – Cuestiones Pedagógicas, 34(2)  
frecuentemente sin considerar adecuadamente las diversas capacidades digitales de la  
ciudadanía.  
La investigación desarrollada ofrece una cartografía detallada de las dificultades  
específicas que experimentan los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en su  
interacción con las plataformas digitales estatales. Estos hallazgos constituyen una  
base empírica sólida para el diseño de intervenciones orientadas a mitigar la exclusión  
digital y, por extensión, prevenir que dicha exclusión derive en una limitación efectiva  
del acceso a derechos sociales fundamentales. La metodología implementada y los  
resultados obtenidos presentan, además, un potencial significativo de transferibilidad  
hacia otros colectivos en situación de vulnerabilidad, configurando así un marco  
analítico replicable para el estudio sistematizado de la brecha digital como factor de  
exclusión social.  
Los datos recabados revelan que, mientras se observa un incremento en el interés  
y la valoración abstracta de las tecnologías digitales entre los participantes, este no se  
traduce necesariamente en una satisfacción equivalente con la implementación  
específica de los trámites telemáticos. Esta disociación entre la predisposición teórica  
y la experiencia práctica puede interpretarse como evidencia de deficiencias  
estructurales en el diseño e implementación de los servicios digitales estatales. La  
insatisfacción manifestada por los usuarios parece derivarse no tanto de una  
resistencia al cambio tecnológico per se, sino de las experiencias frustrantes  
provocadas por interfaces poco intuitivas, procesos excesivamente complejos y  
sistemas de asistencia insuficientes o inadecuados.  
El estudio ha cumplido satisfactoriamente su objetivo general al documentar con  
precisión las dificultades que enfrentan los beneficiarios del IMV en la realización de  
trámites burocráticos mediante dispositivos digitales. Simultáneamente, se han  
satisfecho los objetivos específicos (1) la caracterización detallada de las condiciones  
de acceso material a recursos tecnológicos, (2) la evaluación sistemática del nivel de  
alfabetización digital presente en la población estudiada, y (3) el análisis de la  
dimensión emocional asociada al uso de tecnologías digitales en contextos  
administrativos.  
Esta triangulación de dimensiones —material, cognitiva y emocional— permite  
construir una comprensión holística del fenómeno de la brecha digital, superando  
aproximaciones reduccionistas que tienden a enfocarse exclusivamente en aspectos  
infraestructurales o competenciales aislados. Los resultados sugieren que, aun cuando  
se supera la barrera del acceso físico a dispositivos y conexiones, persisten obstáculos  
significativos relacionados con las competencias digitales específicas requeridas para  
navegar eficazmente por los sistemas administrativos y con las respuestas emocionales  
negativas generadas por experiencias previas de fracaso o frustración.  
Las implicaciones de estos hallazgos son múltiples y transversales a diversos  
ámbitos de política pública. En primer lugar, evidencian la necesidad de adoptar  
https://www.doi.org/10.12795//CP.2025.i34.v2.05  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
Vázquez-Cintrano, P., & David López-Ruiz, D. – Tecnología de la información ...  
19  
enfoques multimodales en la prestación de servicios públicos, manteniendo canales  
analógicos o presenciales como complemento a los digitales, particularmente en  
servicios dirigidos a poblaciones vulnerables. En segundo lugar, subrayan la  
importancia de implementar programas de alfabetización digital específicamente  
orientados a la interacción con la administración pública, superando aproximaciones  
genéricas que no abordan adecuadamente las particularidades de los trámites  
administrativos. Finalmente, los resultados sugieren la urgencia de rediseñar las  
interfaces digitales estatales desde perspectivas centradas en el usuario, priorizando la  
usabilidad y la accesibilidad cognitiva sobre otros considerandos técnicos o  
administrativos.  
En síntesis, esta investigación no solo documenta una problemática  
contemporánea relevante, sino que puede servir como reflexión crítica sobre el  
proceso de digitalización de los servicios públicos y sus implicaciones en términos de  
inclusión y equidad social. Los hallazgos presentados constituyen una llamada a  
reconsiderar las políticas de transformación digital desde una perspectiva que priorice  
el derecho universal a la accesibilidad y usabilidad de los servicios públicos,  
independientemente de las capacidades tecnológicas individuales de la ciudadanía.  
FINANCIACIÓN  
Esta investigación no ha recibido financiación externa.  
DATOS DE LOS AUTORES Y BIOGRAFÍA  
1 Paula Vázquez-Cintrano: Universidad de Murcia, España. https://orcid.org/0009-  
0000-0805-700X paula.vazquezc@um.es  
Paula Vázquez-Cintrano. Graduada en Educación Infantil por la Universidad de  
Murcia (2017-2021), ha completado su formación académica con el Máster en  
Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y Prácticas, cursado en  
la misma institución durante el periodo 2022-2023. Su trayectoria formativa se orienta  
al estudio y la aplicación de principios de educación inclusiva, atención a la diversidad  
y equidad educativa, especialmente en la etapa de Educación Infantil. Posee una sólida  
base teórica y un firme compromiso con la mejora continua de la práctica docente,  
así como con el desarrollo integral del alumnado y la construcción de entornos  
educativos inclusivos y de calidad.  
2 David López-Ruiz; Universidad de Murcia, España. https://orcid.org/0000-0002-  
5197-9859 dlr@um.es  
Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Murcia. Trabaja como profesor en el  
Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica en la Facultad de CC. de  
la Educación de la Universidad de Murcia. Artista plástico. Sus principales líneas de  
Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias de la Educación 34(2), 1-22  
ISSN0213-7771 -e-ISSN 2443-9991  
20  
CP – Cuestiones Pedagógicas, 34(2)  
investigación se centran en mediación artística y didáctica sobre educación artística y  
museos, cultura visual, formación docente y materiales artísticos en diferentes  
niveles educativos.  
CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES  
Conceptualización, López-Ruiz y Vázquez-Cintrano; metodología, López-Ruiz y  
Vázquez-Cintrano; validación, López-Ruiz y Vázquez-Cintrano; análisis formal,  
López-Ruiz; investigación, López-Ruiz y Vázquez-Cintrano; recursos, López-Ruiz y  
Vázquez-Cintrano; curación de datos, Vázquez-Cintrano; redacción—preparación del  
borrador original, López-Ruiz y Vázquez-Cintrano; redacción—revisión y edición,  
López-Ruiz y Vázquez-Cintrano; visualización, Vázquez-Cintrano; supervisión,  
López-Ruiz; administración del proyecto, Vázquez-Cintrano.  
https://www.doi.org/10.12795//CP.2025.i34.v2.05  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
Vázquez-Cintrano, P., & David López-Ruiz, D. – Tecnología de la información ...  
21  
REFERENCIAS  
Arriazu, R. (2015). La incidencia de la brecha digital y la exclusión social tecnológica:  
El impacto de las competencias digitales en los colectivos vulnerables. Praxis  
Sociológica,  
(19),  
225-240.  
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