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diciembre de 2015, con el objetivo de promover un conjunto de actuaciones que
propicien un mejor desarrollo humano de la población mundial en los próximos quince
años. Son actuaciones guiadas por el concepto de sostenibilidad, entendida como el
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
Los 17 objetivos y las 169 metas que los concretan pretenden erradicar la
pobreza, proteger ambientalmente el planeta y garantizar la paz y el bienestar de la
población mundial. Es una meta ambiciosa a la que se debe incorporar una reflexión
ética de la responsabilidad para alcanzar el bien general, acorde al planteamiento de
cada objetivo y sus consecuencias en el medio y largo plazo. El seguimiento de los
17 objetivos se ha establecido en la Agenda 2030, fijando una relación de 231
indicadores que facilitan la medida de su grado de cumplimiento por parte de los
países firmantes. A estos se les recomienda establecer una relación de objetivos
prioritarios y buscar el compromiso de la administración pública, las empresas y el
tercer sector. Desde este marco lo importante es incorporar una valoración ética en
cada objetivo y priorizar el alcance del bien pretendido a las personas y a los grupos
sociales vulnerables (De la Torre Prados, 2018).
Desde la Agenda 2030 se incorpora el concepto de la sostenibilidad al de RSC.
A lo largo de los últimas décadas, este enfoque se ha ido estudiando desde diferentes
perspectivas en las que esa búsqueda del binomio responsabilidad social y
sostenibilidad desde las instituciones educativas de educación superior, propiamente
dedicadas a la formación de personas y a la transmisión directa de valores (Harvy y
Green, 1993; CRUE, 2011; García Nieto y Gil Rodríguez, 2018; De la Torre Lascano,
2019). Especialmente, en los últimos años, el término de la Responsabilidad Social
Educativa (RSEDU o RSEd) ha ido cobrando cada vez más fuerza desde el ámbito
académico con múltiples estudios e investigaciones sobre este ámbito (Martínez y
Porto, 2018, 2021; Porto, 2022; Martínez et al., 2023).
El reciente Informe Sociedad Digital en España 2023, publicado por la
Fundación Telefónica (2023) señala, junto al proceso imparable de la digitalización,
el desafío de promover un ecosistema que sitúe a las personas en el centro de nuestra
sociedad digital, diseñando unas políticas educativas adaptadas a los desafíos de las
aplicaciones tecnológicas en el ejercicio profesional y promoviendo un uso ético de la
tecnología. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por modernizar la
actividad pedagógica y mejorar la conectividad de las aulas, con cifras que alcanzan
un 97%, según estas cifras oficiales. Esta digitalización suscita grandes desafíos
desde la ética en el desempeño profesional (protección de la privacidad, información
distorsionada, fake news, control de pensamiento, vigilancia agresiva, brecha
digital…). Los algoritmos en los que se basa la IA, generalmente resueltos con
enfoques técnicos de carácter instrumental, pueden afectar a millones de personas y
esta capacidad implica evidentes riesgos (Davara, 2024; Pastor, 2023).