ISSN
0213-7771
- e-ISSN
2443-9991
https://doi.org/10.12795/10.12795/CP.2022.i31.v1.11
Cuestiones Pedagógicas,
1(31), 2022, 199-216
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Mujeres migrantes en tiempos de pandemia:
respuesta socioeducativa de la Unión Europea
Migrant women in times of pandemic: socio-educational
response of the European Union
Adrián Neubauer
Universidad a distancia de Madrid (España)
adrian.neubauer@udima.es
https://orcid.org/0000-0002-6774-1538
Beatriz Atienza
Universidad autónoma de Madrid (España)
beatriz.arbeteta@estudiante.uam.es
https://orcid.org/0000-0001-7697-3309
Resumen: El coronavirus obligó a los
Estados miembros a adoptar respuestas
urgentes en materia sanitaria, económica,
educativa y social. En consecuencia, el
objetivo de este artículo es identificar las
propuestas de intervención de la Unión
Europea (UE) para paliar los efectos y
promover la recuperación socioeconómica de
las mujeres migrantes tras la crisis sanitaria.
También persigue analizar críticamente si
dichas medidas responden a sus demandas
específicas. Para ello, se ha utilizado el
Análisis Documental de 15 políticas obtenidas
de EUR-Lex mediante el software MAXQDA
Analytics Pro 2020. Se elaboró un libro de
familias y códigos conformado por cinco
categorías: actitudes y medidas
antimigratorias; actitudes y medidas de
apoyo; educación; igualdad de género; y
proyecto piloto. Con respecto a los resultados,
la UE integra la perspectiva de género en sus
políticas de forma intersectorial en cuestiones
de: violencia doméstica, salud, conciliación
familiar, investigación, respuesta al
coronavirus, empleo y educación. Además, ha
puesto en marcha diferentes proyectos piloto
Abstract: Coronavirus has forced to Member
States to adopt urgent responses in different
fields, as health, economy, education and social
care. Consequently, the objective of this article
is to identify the intervention proposals of the
European Union (EU) to mitigate the effects and
promote the socio-economic recovery of migrant
women caused by the sanitary crisis. Also, it
seeks to analyze critically if these measures
answer to specific needs of this collective. For
that, Documentary Analysis was the
methodology used. Fifteen policies retrieved
from EUR-Lex were analyzed using the
MAXQDA Analytics Pro 2020 software. A book
of families and codes composed by five
categories was designed: attitudes and anti-
immigration measures; supportive attitudes and
measures; education; gender equity; and pilot
project. According to results, the EU integrates
gender perspective in its policies from an
intersectoral perspective in different fields:
domestic violence, health, family reconciliation,
research, response to the coronavirus,
employment and education. In addition, it has
promoted some pilot projects to empower
migrant women. In conclusion, European
Recibido: 01/10/2021 | Revisado: 09/12/2021 | Aceptado: 24/02/2022 |
Online First: 25/02/2022 | Publicado: 30/06/2022
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para empoderar a las mujeres migrantes.
Como conclusión, las políticas europeas
priorizan su integración social mediante la
educación y el mercado laboral. Por último,
aunque en términos generales responden a
las necesidades particulares de este
colectivo, algunos ámbitos como la
temporalidad laboral, los campamentos de
solicitantes de asilo y la política migratoria
común precisan mayores avances en los
próximos años.
policies prioritize social integration of migrant
women through education and labor market.
Finally, although in general terms they respond
to the specific needs of this collective, some
areas such as temporary employment, asylum
seeker camps and the common migration policy
require further progress in the next years.
Palabras clave: Unión Europea, inmigrante,
pandemia, igualdad de oportunidades,
análisis documental, igualdad de género.
Keywords: European Union, immigrant,
pandemics, equal opportunity, documentary
analysis, gender equity.
Introducción
El 1 de enero de 2020, según la Comisión Europea (2021), la población de la
Unión Europea (UE) era de aproximadamente 447 millones de personas, de las
cuales 23 millones (5,1%) no eran ciudadanos europeos y 37 millones (8,2%) habían
nacido fuera de ella. Además, en 2019 emigraron a la UE 2,5 millones de personas.
Por otro lado, albergaba, a finales de 2019, el 10% de los refugiados del mundo. Los
movimientos migratorios internacionales son una realidad en el mundo globalizado
actual y despiertan interés desde diversos ámbitos como el académico, el político o
el social (Terrón-Caro et al., 2018).
La pandemia ha afectado de maneras específicas a migrantes en todo el
mundo. Como explican Taran y Alcivar (2021), muchas políticas de mitigación de los
efectos de la crisis del coronavirus no han tenido en cuenta al colectivo migrante, lo
que ha derivado en problemas de salud, desempleo, cierres de fronteras y
deportaciones masivas. Asimismo, uno de los grupos más vulnerables del colectivo
migrante, los refugiados, han visto su situación agravada por las malas condiciones
sanitarias e higiénicas de los campamentos, como el de Moria (Grecia), el
hacinamiento, la falta de personal y medicinas (Von et al., 2021).
Otro factor determinante a la hora de hablar de migración es el género. Las
niñas y mujeres migrantes son más vulnerables, ya que tienen mayor probabilidad de
enfrentarse a barreras que obstaculicen su acceso a servicios sanitarios (Germain y
Yong, 2020) y, en el caso de las refugiadas, son las víctimas más potenciales de
violencia sexual (Robbers et al., 2016). El presente artículo pretende analizar la
respuesta de la UE a la crisis del coronavirus desde una perspectiva de migración y
género, y observar si este organismo ha integrado dichos aspectos en sus medidas,
en qué ámbitos y de qué modo.
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Mujeres migrantes en tiempos de pandemia: Respuesta socioeducativa de la Unión Europea
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Fundamentación teórica
Desafíos en el contexto europeo: coronavirus y migraciones
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018), existen
distintos términos para hablar de migración, aunque para el presente artículo
especificaremos dos de ellos: migrantes y refugiados. En cuanto al término “migrante”,
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2019) lo define como
Toda persona que se desplace o se haya desplazado a través de una frontera
internacional o dentro de un Estado fuera de su lugar de residencia habitual,
independientemente de (1) su estatus legal; (2) si el desplazamiento es voluntario o
involuntario; (3) cuáles son las causas del desplazamiento; o (4) cuál es la duración
de la estancia (p. 130).
Por tanto, se trata de un paraguas de términos que incluye varios estatus,
desde inmigrantes en situación irregular o solicitantes de asilo a estudiantes
internacionales. Dentro de dicha variedad también se encuentra el término
“refugiado”, que la OIM (2019) define como
Persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país (p. 171).
En definitiva, migrantes y refugiados se encuentran en distintos marcos
legales, aunque interdependientes, pues estos últimos poseen protecciones
específicas por su alta vulnerabilidad (Neubauer, 2020).
La pandemia del coronavirus (COVID-19), que comenzó a finales de 2019 en
China, ha tenido un fuerte impacto económico, social y sanitario en millones de
personas dentro del espectro de la migración, especialmente los refugiados, lo que
ha exacerbado la necesidad de una renovación de la política migratoria europea
(Petroni, 2020). La población desplazada ha visto obstaculizado su acceso a derechos
básicos como protección social y de la infancia, sanidad pública, educación y apoyo
económico (Foster et al., 2021). De hecho, la población refugiada se vio “doblemente
afectada” por la pandemia (Taran y Alcivar, 2021, p. 19). Aquellas personas que
residen en campamentos, como el de Moria (Grecia), se han encontrado en situación
de especial riesgo de contagio por las malas condiciones higiénicas y sanitarias, la
falta de distanciamiento social, el hacinamiento en viviendas y la escasez de
alimentos y agua corriente (Vonen et al., 2021). En cuanto a la vacunación, hasta abril
de 2021, 153 países incluyeron en sus estrategias nacionales de vacunación contra
la COVID-19 a personas refugiadas, aunque hay falta de especificación sobre cómo
se llevará dicha estrategia a la práctica (ACNUR, 2021).
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202
En el ámbito económico muchas políticas implementadas durante la pandemia
no han tenido en cuenta a migrantes y refugiados (Taran y Alcivar, 2021). Como
ejemplo, los trabajadores móviles de la UE y extracomunitarios se concentran en
profesiones poco cualificadas, tienen entre un 16% y un 48% más de probabilidades
de tener contratos temporales que los nativos (Fasani y Mazza, 2020). Igualmente, la
actividad de millones de trabajadores transfronterizos, estacionales y temporales se
vio afectada directamente por los bloqueos y cierres de fronteras (Taran y Alcivar,
2021).
Por otro lado, una de las principales dificultades sociales a la que se enfrenta
la migración actualmente es la representación colectiva en los medios de
comunicación. El uso de la palabra “crisis” para referirse a los flujos migratorios
presenta a los migrantes, especialmente a los refugiados, como un problema a
resolver, y son diversos los estudios que han analizado la imagen que se presenta a
la sociedad: la de refugiados “buenos” o “malos”, “víctimas” o “peligrosos” (Santos et
al., 2018). Los refugiados que se suelen percibir como merecedores de ayuda son
generalmente mujeres y niños, de quienes los medios siempre destacan su
vulnerabilidad e inocencia (Szczepanik, 2016). La segunda visión es generalmente
dirigida a los hombres y sirve para alimentar el discurso público de miedo y odio que
partidos de la nueva extrema derecha, “democrática” aunque contraria a los valores
fundamentales de la democracia liberal (Mudde, 2007), emplean con fines electorales
para señalar al colectivo inmigrante como “enemigo público” para los “nativos”
(Panzeri, 2016). En pandemia, esto ha conllevado una amenaza para el acceso al
asilo porque se han aceptado medidas, como restricciones de movimiento y cierre de
fronteras, con el pretexto de frenar los contagios. A fecha de septiembre de 2020, 75
territorios a nivel mundial habían implementado medidas de cierre total o parcial de
sus fronteras. De ellos, al menos 99 no hicieron excepciones para los solicitantes de
asilo a pesar de estar considerado un derecho humano (Foster et al., 2021). Sin
embargo, esto no ha puesto fin al contrabando de personas ni a la llegada de
migrantes a Europa (Sanchez y Achilli, 2020). De hecho, han impedido el escape de
situaciones de persecución hacia lugares seguros (Taran y Alcivar, 2021).
Aunque la situación sanitaria ha servido como justificación para la
implementación de medidas que atentan contra los derechos de asilo, ACNUR (2020)
confirma que diversos países sí han podido mantenerse completa o parcialmente
activos, adaptándose a la situación con medidas como sistemas remotos (Gana,
Ecuador, algunas zonas de Oriente Medio y el norte de África). También expone que
varios países europeos también retomaron su actividad relativa a la protección y asilo
de refugiados tras una breve suspensión e implementaron medidas para mejorar sus
sistemas, aunque no especifica Estados concretos.
La integración de las mujeres migrantes y refugiadas en la Unión Europea
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Mujeres migrantes en tiempos de pandemia: Respuesta socioeducativa de la Unión Europea
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Las mujeres racializadas sufren una doble opresión denominada gendered
racism o racismo de género (Essed, 1991), pues se encuentran en la intersección de
dos formas de opresión social, racismo y machismo. Esto se ha acentuado por la falta
de interseccionalidad en el movimiento feminista, cuyo inicio y desarrollo no está
exento de apoyo al colonialismo y falta de inclusión de la mujer de color (Campani,
2019). Las mujeres migrantes y refugiadas están en el epicentro del racismo de
género. Estas son más susceptibles a sufrir violencia sexual que los hombres durante
su viaje y tras su llegada a Europa, especialmente a través del chantaje sexual para
asegurar su pasaje o documentos de identidad (Robbers et al., 2016). A modo de
ejemplo, García Navarro y García Navarro (2021) describen detalladamente la
dramática realidad a la que se enfrentan las niñas y las mujeres que migran desde
África a Europa. Aquí es importante mencionar que, aunque las mujeres se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, los hombres migrantes también
se encuentran expuestos a la violencia. En este sentido, es preciso señalar que dichos
desplazamientos son principalmente masculinos (UNICEF, 2017). Sin embargo, las
estadísticas pueden invisibilizar las migraciones femeninas por su alta vulnerabilidad
a ser víctimas de trata de personas o de redes de explotación sexual (Torrado, 2017).
Habitualmente, el sobrecontrol que ejercen las mafias sobre estas personas dificulta
su participación en entrevistas, encuestas o estudios.
Robbers et al. (2016) exponen que un 69,3% de las migrantes entrevistadas
en su estudio aseguraron haber sufrido violencia sexual por parte de ciudadanos en
Europa. Sumado a la ya mencionada falta de instalaciones adecuadas en los
campamentos, que incluye la carencia de productos de higiene menstrual, la barrera
del idioma y la condición indocumentada afectan negativamente a la salud y la
seguridad de las mujeres (Robbers et al., 2016).
La pandemia ha tenido un gran impacto en las mujeres migrantes y refugiadas.
Algunos de los desafíos que este grupo ha enfrentado en este tiempo han sido el
aumento de embarazos adolescentes y la mayor inaccesibilidad a la atención
prenatal, del parto y posnatal debido a la saturación de los sistemas de salud (Díaz y
Galanzini, 2020; Taran y Alcivar, 2021). Germain y Yong (2020) defienden que las
barreras de acceso a la atención sanitaria se han visto exacerbadas por la COVID-19
para los grupos minoritarios de mujeres. También ha aumentado la violencia
doméstica, impulsada, entre otros factores, por el incremento del consumo de alcohol
(84,4%) y pornografía (61,3%) (Lorente-Acosta, 2020). Además, Kabeer et al. (2021)
exponen que, dentro de su repercusión en el mercado laboral para las mujeres, las
trabajadoras migrantes están especialmente en riesgo de pérdida de empleo,
exclusión de beneficios y restricciones de movimiento.
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Diseño Metodológico
Método
Esta investigación se ha desarrollado desde un corte cualitativo,
concretamente a través de la metodología del Análisis Documental (Cardno, 2018).
Dicha elección fue adoptada por la naturaleza intrínseca del estudio, ya que los datos
se obtuvieron a partir de la normativa europea. El Análisis Documental se caracteriza
por la organización y el análisis de distintos materiales con el fin de alcanzar una serie
de objetivos (Hernández-Ayala y Tobón-Tobón, 2016). Este proceso cobra interés
para la comunidad académica y para el conjunto de la sociedad, ya que los
documentos tienen una notable relevancia social, un significado y un uso que es
preciso poner de manifiesto (Lawson, 2018). Gracias a ello, es posible observar un
fenómeno social complejo (Lawson, 2018), como es el caso de la migración en la UE
y, en particular, la de niñas y mujeres (Roca et al., 2012). La elección de este
organismo supranacional ha sido motivada por dos razones. La primera es que desde
2014 ha sido uno de los principales puntos de destino por parte de las personas
migrantes procedentes de África y Oriente Medio. En segundo lugar, el marco jurídico
europeo establece un marco de referencia para el diseño, la implementación y la
evaluación de políticas por parte de sus Estados miembros. Por último, esta
metodología consta de tres fases (Martín-Pastor y Durán, 2019): acceso a la
documentación, establecimiento de los criterios de búsqueda y categorización del
contenido de la normativa.
Objetivos e hipótesis
Para este estudio se han planteado los siguientes objetivos:
1. Identificar las propuestas de intervención realizadas por parte de la UE para
paliar los efectos de la pandemia de la COVID-19 y promover la recuperación
socioeconómica de las mujeres migrantes tras la crisis del coronavirus.
2. Analizar críticamente si la respuesta de dicho organismo supranacional
responde a las demandas específicas de este colectivo señaladas por instituciones y
expertos en la materia.
Del mismo modo, se ha formulado una hipótesis para cada uno de los objetivos
planteados anteriormente:
1. Las políticas emitidas por la UE durante este periodo tienen como prioridad
favorecer el acceso y la integración de las mujeres migrantes al mercado laboral a
través de la educación permanente.
2. A pesar de que la educación y el trabajo son factores clave en el bienestar
y la integración de las mujeres migrantes, las políticas europeas relegan a un segundo
plano otras cuestiones esenciales relacionadas con la violencia sexual y la trata de
personas.
Búsqueda y selección de información
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La búsqueda documental se realizó en EUR-Lex, la base jurídica de la UE. Con
el fin de acceder a los documentos pertinentes para nuestro objeto de estudio se
emplearon los siguientes criterios de búsqueda:
Tabla 1.
Criterios utilizados para la búsqueda documental
Colecciones
Excluir los corrigenda
Resultados que contengan
en el título y el texto
Idioma de la búsqueda
Excluir las versiones
consolidadas
Fecha
Elaboración propia
Tras aplicar dichos criterios, 48 documentos respondían a la búsqueda
realizada. Posteriormente se realizó una lectura pormenorizada de ellos para
seleccionar únicamente aquellos que hacían referencia específica a nuestro objeto de
estudio. Así, 33 fueron descartados por diversos motivos (repetición, no abordar los
objetivos de la investigación, no estar en vigor…). Finalmente, el corpus de análisis
fue conformado por 15 documentos.
Instrumentos de recogida de información y análisis
Una vez obtenidos los documentos de análisis, se diseñó un libro de familias
para sistematizar la información, que fue resultado de los objetivos de la investigación
y el proceso hermenéutico de la lectura de las políticas. Por un lado, se estableció un
primer bosquejo de las familias y los códigos necesarios para organizar los datos.
Más tarde, se pusieron en discusión con la lectura analítica de dicha normativa. Así,
los códigos fueron sometidos a un doble proceso de diseño y selección, que
finalmente se sistematizaron mediante el software de análisis mixto MAXQDA
Analytics Pro 2020. El resultado se puede observar en el siguiente libro de familias:
Tabla 2.
Libro de familias y códigos
Familia
Código
Actitudes y medidas antimigratorias
Delincuencia
Migración irregular
Terrorismo
Repatriación
Retorno voluntario
Actitudes y medidas de apoyo
Cooperación
Explotación sexual y trata de seres humanos
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Inversión
Reconocimiento
Responder a sus necesidades
Educación
Abandono escolar temprano
Alfabetización mediática y educación digital
Aprendizaje permanente
Cultura
Democracia
Derecho a la educación
Diálogo entre actores
Diálogo intercultural
Educación informal y no formal
Empleabilidad
Entendimiento mutuo y respeto
Formación profesional
Igualdad de oportunidades
Integración
Libre circulación y seguridad social
Reconocimiento de títulos
Igualdad de género
Conciliación familiar
COVID-19
Investigación
Salud
Violencia doméstica
Proyecto piloto
Nombre
Fuente: Elaboración propia
Resultados
Perspectiva de género en la política europea
En las políticas analizadas la UE integra la perspectiva de género. En
ocasiones la aborda mediante artículos específicos (DO, L347, 2020) y veces la
integra dentro del discurso general de sus documentos normativos. Asimismo, la
perspectiva de género se relaciona estrechamente con cinco cuestiones, aparte de la
educación y el trabajo, que son: la violencia doméstica, la salud, la conciliación
familiar, la investigación y la respuesta al coronavirus. En la primera la UE insta a los
Estados miembros a “prevenir y combatir toda forma de violencia contra niños,
jóvenes, mujeres y otros grupos de riesgo” (DO, L93/1, 2021, p. 703). Para ello,
propone un enfoque común para prevenir la violencia doméstica y ofrecer un apoyo
de garantías a sus víctimas (DO, L93/1, 2021). En esta labor resulta esencial
desarrollar un instrumento estadístico compartido sobre la violencia doméstica con el
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fin de facilitar la denuncia de las víctimas y que estas comprendan con mayor facilidad
su situación (DO, L93/1, 2021).
Una cuestión prioritaria ha de ser “garantizar su independencia económica y
social” (DO, L93/1, 2021, p. 1541), lo que contribuirá significativamente al
empoderamiento de las mujeres (DO, L209/1, 2021). En esta línea, la investigación
emana como un elemento clave en la lucha por la igualdad de género (DO, L170/1,
2021). De este modo, se contribuirá significativamente a la excelencia y a la
construcción de una Europa basada en el conocimiento y la innovación (DO, L170/1,
2021; DO, L93/1, 2021).
Por otro, la conciliación familiar ha emanado como un punto sensible de mejora
en la sociedad europea, ya que las mujeres tienden a hacerse cargo de labores
relacionadas con los cuidados en el seno familiar que no están remuneradas (DO,
L57/17, 2021). En consecuencia, la UE insta a sus Estados miembros a mejorar el
equilibrio en la vida familiar y profesional de las mujeres (DO, L170/1, 2021). Poniendo
el foco en cómo ha afectado el coronavirus a la población desde una perspectiva de
género, la UE alerta de que ha impactado en mayor medida en las mujeres (DO,
L57/17, 2021). Esto se debe a que tienden a ocuparse de labores relacionadas con
los cuidados, incluidos puestos sanitarios y no remunerados, y a la dificultad para
conciliar la vida profesional y laboral (DO, L170/1, 2021; DO, L57/17, 2021). Esta
situación se ve agravada en el caso de las progenitoras solas, que representan el
85% de este colectivo, y aquellas personas que padecen el riesgo de sufrir
discriminación por “la edad, la discapacidad, la raza y el origen étnico, la religión o las
creencias, y la orientación sexual” (DO, L170/1, 2021, p. 702). Por lo tanto, invita a
los Estados miembros a evaluar el impacto de la crisis en niñas y mujeres en términos
económicos, educativos, sanitarios y sociales (DO, L93/1, 2021).
Dicho esto, la perspectiva de género también ha de estar muy presente en el
ámbito sanitario, especialmente para prevenir y combatir aquellas enfermedades que
están asociadas a la pobreza (DO, L170/1, 2021; DO, L93/1, 2021). Asimismo, se han
identificado algunas diferencias por género a nivel regional y que es preciso atender.
Por ejemplo, las mujeres del este de Europa tienden a sufrir unos mayores niveles de
soledad que los hombres, lo que aumenta su riesgo de padecer exclusión social (DO,
L93/1, 2021).
Respuesta desde el ámbito educativo
La educación ha sido una de las principales áreas en las que la UE ha incidido
en este periodo para hacer frente a los desafíos que plantea la crisis del coronavirus
a las mujeres migrantes. Para empezar, ha insisto en la necesidad de aumentar la
inversión en educación y en formación, aunque esta debe estar principalmente
destinada a atender a las necesidades particulares de los grupos vulnerables (DO,
L347, 2020; DO, L80/1, 2021). Este impulso favorecerá la mejora de la calidad
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educativa y permitirá combatir las desigualdades en el ámbito educativo con el apoyo
del Fondo Social Europeo (DO, L93/1, 2021).
Otra prioridad es luchar contra el abandono escolar temprano desde todos los
sectores sociales, especialmente en el caso de las personas que padecen pobreza o
se encuentran en riesgo de exclusión social, puesto que estos factores disminuyen
significativamente sus posibilidades de progresar en el sistema educativo y, por lo
tanto, de acceder al mercado laboral (DO, L93/1, 2021). Por ello, la UE recomienda
desarrollar estadísticas comunitarias sobre este fenómeno y promover la Formación
Profesional entre los colectivos vulnerables (DO, L347, 2020; DO, C417/1, 2020). En
esta misma línea se sitúa a la hora de abordar el reconocimiento de títulos. Para este
organismo, la educación no formal dota a las personas de una serie de competencias
que les permite hacer frente a los desafíos del siglo XXI (DO, C417/1, 2020). Por
ende, alerta de la importancia de garantizar la igualdad de género y de oportunidades
para acceder a estos itinerarios educativos (DO, L347, 2020), que han de ser
reconocidos mediante títulos en los Estados miembros (DO, C417/1, 2020; DO, L80/1,
2021).
Por otro lado, la UE refuerza el paradigma del aprendizaje permanente en este
periodo, aunque lo hace desde un enfoque inclusivo que se adecúe a las necesidades
de los grupos vulnerables (DO, C417/1, 2020). De tal modo, y mediante de cursos de
reciclaje profesional (DO, C417/1, 2020), se favorecerá su integración sociolaboral
mediante la educación y la formación (DO, L209/1, 2021). En este escenario, la
cultura emana como un elemento fundamental para promover las relaciones entre las
mujeres migrantes y la sociedad de acogida (DO, L170/1, 2021), lo que contribuye
notablemente a reforzar la cohesión social (DO, L89/34, 2021). Asimismo, este
diálogo intercultural entre diferentes actores (DO, L189/34, 2021) contribuye a
fortalecer la vida democrática y la igualdad de género (DO, L209/1, 2021). No
obstante, la UE alerta de que la gestión de las cuestiones migratorias ha puesto en
entredicho los sistemas democráticos europeos y ha generado desconfianza por parte
de la ciudadanía hacia las instituciones europeas (DO, L93/1, 2021). Por ese motivo,
urge a los Estados miembros a promover la alfabetización digital y mediática entre
sus ciudadanos (DO, L189/34, 2021).
Una última cuestión en la que insiste en la UE es en garantizar la igualdad de
oportunidades de esta población en la sociedad europea (DO, L170/1, 2021). Para
ello, considera oportuno promover su acceso y su participación en la Formación
Profesional (DO, C417/1, 2020) y en la educación superior (DO, L347, 2020).
El mercado laboral como vector de integración y justicia social
La UE manifiesta su preocupación por los obstáculos a los que hacen frente
las mujeres para acceder al mercado laboral en condiciones análogas a los hombres
(DO, L80/1, 2021), especialmente por parte de aquellas pertenecientes a grupos
vulnerables (DO, L93/1, 2021). Más aun, la crisis económica causada por el
coronavirus se ha agudizado en estos colectivos (DO, L80/1, 2021). De tal modo,
considera prioritario desarrollar una estrategia de empleo que tenga en cuenta las
necesidades de los grupos vulnerables y que apoye sustancialmente a las mujeres
jóvenes emprendedoras (DO, L347, 2020). Así, el emprendimiento se concibe como
un elemento clave para alcanzar la igualdad de género en el mundo académico y
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laboral (DO, L347, 2020). De hecho, esta se valora muy positivamente (DO, L93/1,
2021), ya que la igualdad de género, en todas las esferas de la vida pública y privada,
es un elemento clave para alcanzar un crecimiento sostenible (DO, L93/1, 2021).
Por otra parte, invita a los Estados miembros a establecer alianzas
intersectoriales que favorezcan la integración de los colectivos vulnerables en el
mercado laboral. También se posiciona a favor de promover la contratación temporal,
ya que estas tienen un impacto directo en dichos grupos (DO, L80/1, 2021).
Igualmente, ensalza la importancia de reconocer los aprendizajes adquiridos en
contextos educativos informales y no formales para favorecer su acceso al mercado
laboral (DO, L80/1, 2021). Es decir, el ámbito del empleo ha de adaptarse y responder
adecuadamente a las necesidades específicas de los grupos vulnerables, incluidas
las mujeres migrantes (DO, L347, 2020). Por último, otra medida propuesta es
elaborar estadísticas compartidas a nivel comunitario sobre las diferencias salariales
entre hombres y mujeres, así como la discriminación que estas padecen en el trabajo
(DO, L93/1, 2021), pero es vital que estas sean evaluadas regularmente (DO, L347,
2020).
Acciones preparatorias y proyectos piloto
Sobre la última dimensión del estudio, se han identificado diferentes acciones
preparatorias y proyectos piloto destinados a mejorar el bienestar de las mujeres
inmigrantes. Asimismo, estos pueden diferenciarse en cuatro ámbitos de intervención
(DO, L93/1, 2021): (i) igualdad de oportunidades y de participación en la vida pública;
(ii) integración social; (iii) laboral; (iv) y violencia de género y explotación sexual. Sobre
la primera de ellas, la UE ha puesto dos proyectos piloto en marcha:
- Elaboración de indicadores para medir la aplicación de la Carta Europea para
la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local.
- Permitir una mayor integración de la perspectiva de género en el presupuesto
del próximo MFP a través de una evaluación del impacto con perspectiva de género.
En el caso del primero, es financiado por la Comisión Europea por dos años y
ha sido firmado por 32 países europeos, incluido España. Bajo la responsabilidad del
Observatorio de la Carta Europea de Igualdad, dicho proyecto persigue, entre otros
objetivos, “desarrollar indicadores científicos que permitan el cumplimiento de los
artículos de la Carta” (Gobierno Vasco, 2021, p. 1). También se ha fomentado la
integración de este colectivo a través de las siguientes iniciativas:
- El deporte como instrumento de integración e inclusión social de los
refugiados.
- Promover las asociaciones de ciudades a escala mundial para la aplicación
de la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, con especial énfasis en la
cooperación sobre cuestiones y políticas relacionadas con la economía circular y
sobre cuestiones relativas a la calidad del aire, la transición energética y la integración
de los migrantes y refugiados.
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- Red de contacto y diálogo entre los municipios y autoridades locales
designados sobre experiencias y mejores prácticas en materia de reasentamiento e
integración de refugiados.
- Representación e inclusión mediáticas de refugiados y migrantes.
En cuanto al mundo laboral, se han implementado cuatro proyectos:
- Capacitación empresarial para jóvenes migrantes.
- Instrumento para pymes a fin de mejorar la participación de la mujer.
- Mujeres y comercio: creación de un capítulo tipo sobre género en los
acuerdos de libre comercio basado en datos sobre las mujeres que participan en el
comercio y sobre las mujeres que participan en la economía doméstica.
- Reinserción socioeconómica de menores y mujeres profesionales del sexo
en las explotaciones mineras de Luhwindja, en la provincia de Kivu Meridional, al este
de la República Democrática del Congo.
Para terminar, la violencia de género y la explotación sexual de las mujeres
también se ha abordado a través de tres proyectos:
- Creación de una aplicación de la Unión para las víctimas de violencia.
- Encuesta europea sobre la violencia de género.
- Garantizar una prestación eficaz de ayuda a las víctimas de la violencia
sexual y de género en contextos humanitario.
Conclusiones
A raíz de los resultados presentados anteriormente, en este apartado
expondremos algunas conclusiones en torno a los objetivos e hipótesis del artículo.
Para comenzar, se ha puesto de manifiesto que la educación permanente es una de
las principales propuestas de intervención de la UE para favorecer la integración
sociolaboral de las mujeres migrantes. De forma más detallada, este organismo
perpetúa su firme apuesta por la igualdad de oportunidades para acceder al mercado
laboral mediante una calidad educativa (DO, L170/1, 2021), incluida en la Formación
Profesional y la educación superior. Por lo tanto, la primera hipótesis del estudio se
ha corroborado. A este respecto, debemos señalar que dicha educación de calidad
únicamente pueden disfrutarla aquellas personas que acceden a ella, lo que excluye
precisamente a los grupos más vulnerables y que carecen de acceso a la educación.
En segundo lugar, el artículo perseguía analizar críticamente si la respuesta de
dicho organismo supranacional responde a las demandas específicas de este
colectivo señaladas por instituciones y expertos en la materia. Inicialmente se formuló
un presupuesto de partida que consideraba que las políticas europeas se centran en
los ámbitos de la educación y el trabajo como factores clave en el bienestar y la
integración de las mujeres migrantes, por lo que dicha hipótesis ha sido confirmada
parcialmente. Por un lado, estas políticas, hasta la fecha, no han abordado
necesidades específicas de este colectivo, como por ejemplo el acceso y las
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condiciones sanitarias de las mujeres migrantes que viven en campamentos (Vonen
et al., 2021). Tampoco se han encontrado referencias explícitas a las dificultades
añadidas por la pandemia a las que están haciendo frente aquellas personas que
quieren huir de sus países (Taran y Alcivar, 2021), lo que ha vuelto a poner sobre la
mesa la necesidad de una política migratoria común (Petroni, 2020). Esta necesidad
es evidente desde 2015, pero todavía la UE carece de una política migratoria común.
Este desafío urge una acción conjunta por parte de los Estados miembros. Asimismo,
en las medidas propuestas por este organismo no se integra la mirada de la mujer
migrante durante la fase de tránsito del proceso migratorio (Taran y Alcivar, 2021). En
consecuencia, sería muy recomendable promover mecanismos que favorecieran la
participación de este colectivo en el diseño, la implementación y la evaluación de las
propuestas europeas.
Por otra parte, el posicionamiento de la UE, a favor de promover la
temporalidad laboral de este colectivo, confronta directamente con Fasani y Mazza
(2020), quienes alertan de que esta condición ha acentuado su vulnerabilidad durante
la pandemia. De hecho, es cuanto menos llamativo que la UE promueva la
temporalidad laboral de este colectivo, mientras que a la par reivindica una mayor
estabilidad por parte de los trabajadores europeos en sus Estados miembros. En
último lugar, en lo relativo a la salud existe una respuesta parcial a las necesidades
de las mujeres migrantes. Mientras que se ha incidido en la necesidad de favorecer
el acceso de los grupos vulnerables a la sanidad y atender a las enfermedades
asociadas a la pobreza (Germain y Yong, 2020), se han dejado de lado la sanidad
natal, los embarazos adolescentes y la soledad (DO, L93/1, 2021).
Otras propuestas concuerdan con las demandas particulares de las mujeres
migrantes. En este sentido, destaca la notable presencia de proyectos piloto
destinadas a prevenir y combatir la trata de personas (Torrado, 2017; Sanchez y
Achilli, 2020), la violencia sexual (DO, L93/1, 2021) y la violencia doméstica (Taran y
Alcivar, 2021), ya que esta última aumentó significativamente durante el
confinamiento (DO, L209/1, 2021). También se destinan diferentes intervenciones a
combatir la discriminación y la xenofobia, que en los últimos años se han visto
favorecidas por el discurso del miedo empleado en las redes sociales y los medios de
comunicación (Panzeri, 2016; Santos et al., 2018), especialmente por los partidos de
la nueva extrema europea. Por ese motivo, la UE insta a sus Estados miembros a
promover la alfabetización digital y mediática de sus ciudadanos (DO, L189/34, 2021).
Con respecto al mundo laboral, la UE enfatiza en la importancia de responder
adecuadamente a las dificultades para acceder a él y a la situación de desempleo que
padecen estas mujeres como denuncian Kabeer et al. (2021). De hecho, propone
integrar una perspectiva específica de las mujeres migrantes y de otros grupos
vulnerables en sus políticas para atender a sus necesidades (DO, L93/1, 2021). En
este sentido, mediante el reconocimiento de títulos y alianzas intersectoriales (DO,
L80/1, 2021), se favorecería notablemente su empoderamiento y participación el
mundo laboral.
Igualmente, es pertinente eliminar los obstáculos que afrontan las mujeres
migrantes para ejercer y disfrutar sus derechos (Foster et al., 2021). Aquí, debemos
incidir en que El racismo de género que las mujeres migrantes deben enfrentar cada
día es sistémico, constituye el eje vertebrador de todas las esferas de la sociedad ya
sea de manera directa, como a través de violencia explícita o indirecta. En esta idea
incide la UE a través de la promoción de la educación permanente y la investigación
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(DO, L93/1, 2021), combatir el abandono escolar temprano y potenciar la cultura. De
este modo, es posible establecer relaciones de confianza entre la población nativa y
la migrante (Panzeri, 2016; Santos et al., 2018) y reforzar la vida democrática y la
igualdad de género (DO, L209/1, 2021). Por lo tanto, una política educativa feminista
intersectorial (Campani, 2019), comprometida con la justicia social, es un elemento
clave para la integración y el empoderamiento de las mujeres migrantes en el contexto
europeo (Terrón-Caro et al., 2018).
Dicho esto, este estudio presenta una serie de limitaciones que es preciso
señalar. Una de ellas es que las políticas estudiadas tienen un recorrido relativamente
breve desde el inicio de la crisis sanitaria. Por otra parte, dado que la UE tiene un
impacto limitado en la política migratoria de sus Estados miembros, las respuestas a
nivel nacional pueden variar significativamente. A raíz de las limitaciones expuestas,
sería oportuno hacer un seguimiento de cómo evolucionan las propuestas sanitarias
(vacunación de colectivos migrantes, campamentos…) y socioeducativas
(escolarización, apoyos curriculares…) de la UE y de sus Estados miembros,
especialmente tras la crisis humanitaria que asola Afganistán, donde las mujeres han
visto vulnerado sus derechos sustancialmente. Finalmente, también sería
conveniente profundizar sobre esta cuestión en otras regiones geográficas, como por
ejemplo Latinoamérica.
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