Nº 64 | PRIMAVERA 2024 ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733 © 2024. E. Universidad de Sevilla. CC BY-NC-SA 4.0 10.12795/Ambitos.2024.i64.07 pp. 121-135

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Memorias del desencuentro: crisis política, legal y económica de los medios públicos de Ecuador

Memories of the disagreement: political, legal and economic crisis of Ecuador´s public media

María Isabel Punín Larrea

Universidad Técnica Particular de Loja | San Cayetano Alto y calle Champagnate

0000-0002-2117-6991 | mipunin@utpl.edu.ec

Kruzkaya Ordóñez González

Universidad Técnica Particular de Loja | San Cayetano Alto y calle Champagnate

0000-0002-2360-8188 | kordonez@utpl.edu.ec

Abel Suing Ruiz

Universidad Técnica Particular de Loja | San Cayetano Alto y calle Champagnate

0000-0002-4234-5926 | arsuing@utpl.edu.ec

Fechas: Recepción: 26/10/2023 · Aceptación: 17/02/2024 · Publicación: 15/04/2024

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Resumen

El proyecto de creación y consolidación de los medios públicos en Ecuador nace con el propósito de democratizar la comunicación, el derecho de difundir y recibir información verídica y otras demandas sociales. Pero esta política no fue suficiente. El mapa mediático público estuvo conformado por 22 medios en el año 2007, para finales del 2023 sobreviven 6 medios públicos, sin considerar el conjunto de medios administrados por gobiernos seccionales y otros estamentos, que operan en 20 de las 24 provincias del Ecuador. En este contexto, la investigación cualitativa que se propone plantea como objetivo indagar las causas de la desaparición de algunos medios públicos y analizar desde una perspectiva historiográfica-descriptiva el mapa mediático público, desde los años 2007 a 2023, para lo cual utiliza un instrumento metodológico adaptado al caso ecuatoriano conocido como: Barómetro de sostenibilidad de los medios, compuesto por cuatro variables: salud económica de los medios, ambiente político, grado de incidencia de las reglamentaciones legales del sector y uso de la tecnología y las adaptaciones digitales, que permiten identificar los factores que han impedido el desarrollo sostenido e independiente del sector. Se concluye que, el financiamiento de los medios proviene del Presupuesto General del Estado lo que ha limitado su independencia. La participación del Estado ha influido en el diseño y difusión de los contenidos. Finalmente, las reformas y vigencia de las leyes concomitantes abonaron a la crisis del sector de los medios públicos, debilitado por un escaso respaldo de la audiencia.

Palabra claves: mapa mediático, Ecuador, medios públicos, periodismo público, democracia.

Abstract

The project for the creation and consolidation of public media in Ecuador was born with the purpose of democratizing communication, the right to disseminate and receive truthful information and other social demands. However, this policy was not enough. The public media map was made up of 22 media in 2007; by the end of 2023, 6 public media survive, without considering the group of media managed by sectional governments and other entities, which operate in 20 of the 24 provinces of Ecuador. In this context, the proposed qualitative research aims to investigate the causes of the disappearance of some public media and to analyze from a historiographic-descriptive perspective the public media map, from 2007 to 2023, using a methodological instrument adapted to the Ecuadorian case known as: Barometer of media sustainability, composed of four variables: economic health of the media, political environment, the degree of incidence of legal regulations of the sector, use of technology and digital adaptations, which allow identifying the factors that have prevented the sustained and independent development of the sector. It is concluded that the financing of the media comes from the General State Budget, which has limited its independence. The participation of the State has influenced the design and dissemination of content. Finally, the reforms and the validity of the concomitant laws have contributed to the crisis of the public media sector, weakened by a scarce support from the audience.

Keywords: media map, Ecuador, public media, public journalism, public media, democracy.

1. Introducción

Según la Unesco, los medios públicos se definen como: “medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales, ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir de las fuerzas comerciales” (2016, p. 62), características que validan su importancia dentro del mapa mediático de cualquier país. En el caso ecuatoriano no se cumplen por varios factores, algunos relacionados con la gestión política, siendo este asunto una de las principales causas de que los medios públicos, en Ecuador, hayan sufrido deteriores económicos y de administración. Por ello, en esta investigación se intenta identificar a través de un análisis cualitativo, conocer el ambiente político y analizar la salud económica en la que se desenvuelven y el grado de incidencia de la legislación.

El proyecto de creación y consolidación de los medios públicos en Ecuador (2007) nació como una propuesta de campaña del entonces presidente Rafael Vicente Correa Delgado y su promesa de democratizar la comunicación, vinculado además al derecho de generar y recibir información y otras demandas sociales. “Como un dato histórico en la década de los 60´s funcionó la Radio Nacional del Ecuador, que inauguró el concepto de radio comunitaria en el país. Hoy es la radio pública del Ecuador” (Punín; et al ., 2014, p. 436), que se sumó al conglomerado de medios públicos cambiando su nombre y reestructurando su programación.

La gestión del gobierno de turno en el mapa mediático que estuvo acompañada de reformas a la Constitución (2008), vía consulta popular (referéndum del mismo año), reforma que incluyó los Derechos de la Comunicación e Información, la prohibición de concentración mediática y la expulsión de la banca privada del sector, entre otros aspectos.

Los aspectos antes citados intentaron devolver la independencia al periodismo y minar la concentración mediática de carácter histórico en el país. Adicionalmente también se hicieron reformas sustanciales a leyes vinculantes como: Ley de Telecomunicaciones (1992) y la de Radiodifusión y Televisión (1975), que en su momento permitieron el manejo discrecional de las frecuencias televisivas y concesiones radiales.

La concentración mediática no es un fenómeno único de Ecuador, la región se caracteriza por una alta concentración de la propiedad en grupos periodísticos de larga data (Becerra & Mastrini, 2010). La presencia de estructuras monopólicas familiares y la fusión de aquello están en: Televisa (México), Prisa (Venezuela), Globo (Brasil), Clarín (Argentina), entre otros, que han afectado la calidad, independencia y credibilidad del periodismo en general.

Esta organización compleja evidencia el escaso consumo crítico de los medios (Buckingham, 2007), la presencia de “pluralismo polarizado” (Hallin & Mancini, 2004) que está lesionando los fundamentos básicos del periodismo y han acentuado el debate alrededor de la desprofesionalización. Paralelamente, en el contexto ecuatoriano la Asamblea Nacional, luego de un intenso debate y la oposición explícita del sector de empresarios privados de la comunicación, aglutinados, en su mayoría, en la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) aprobó la Ley Orgánica de la Comunicación (2013), conocida también como “Ley Mordaza” que intentó legislar en torno a los siguientes ámbitos:

1. Los derechos a la comunicación
2. La promoción y creación de medios de comunicación social, el acceso de igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
3. La gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, entre otros aspectos, cuya asignación ha sido polémica y con amplia participación del poder político de turno, por más de 30 décadas.

Este entramado legal, ahora mismo derogado en su totalidad, facilitó la creación de los medios públicos (2007), cuya naturaleza, gestión y desarrollo es confusa.

Como antecedentes históricos en el año 2020, el presidente de la República, de ese entonces, Lenin Moreno, mediante decreto ejecutivo 1160, crea la Empresa Pública de Medios Públicos de Comunicación del Ecuador “como un organismo de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propio dotada de autonomía presupuestaria”. La empresa pública asumió los activos, pasivos y patrimonio de las siguientes actividades: servicios públicos de radiodifusión y televisión pública, diario y un medio de internet ( El Comercio, 2020).

Se trata de los cimientos del sistema mediático configurado bajo el modelo neoliberal en la región (Badillo et al., 2015), en el cual los profesionales de la información se encuentran con dificultades durante su ejercicio profesional ligadas a la pluralidad, la independencia, la concentración de medios y la propia seguridad de los periodistas (Unesco, 2019). De allí, que la historia del periodismo en las democracias electivas de todo el mundo, han sido descritas como el surgimiento de una identidad profesional de periodistas con pretensiones de un papel o un estatus exclusivo de la sociedad (Deuze, 2023).

Esta apreciación del sistema mediático público es un tema de debate, “según argumentan Picone y Donders (2020), dada las particularidades de los medios públicos, a priori independientes de intereses políticos y económicos, estos tienen ventaja para conseguir equilibrio entre información de calidad, alcance y confianza” (Soengas-Pérez et al., 2023), lo que justificaría su existencia. En este sentido, los medios públicos ecuatorianos continúan en la búsqueda del equilibrio, la independencia y la autogestión, lo cual los relaciona con los valores tradicionales del periodismo, la verdad, la ética, la formación periodística integral, la innovación tecnológica, entre otros factores de carácter coyuntural.

En definitiva, factores estrechamente relacionados con la operación y con la naturaleza de los propietarios y administradores de los medios de comunicación, es lo que justifica la importancia y el carácter inédito de este estudio.

2. Metodología

Es un estudio de carácter cualitativo con enfoque histórico-descriptivo, parte de una cuantificación del mapa mediático público ecuatoriano, cuyo inicio data del año 2017 y concluye en el año 2023, y proporciona información de orden numérico para observar el decrecimiento de los medios públicos partiendo de su origen, desarrollo y gestión. A partir de esta observación, se plantea como objetivo identificar las razones del por qué han desaparecido la mayoría de los medios públicos. De donde se desprende la primera hipótesis: los medios públicos subsisten con recursos limitados.

La muestra de estudio es el Registro Nacional de Medios en Ecuador (2022), que realiza el Consejo de la Comunicación desde el año 2017 al año 2022 antes denominado Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) No es un registro obligatorio en el país, pero representa el único censo oficial del sector. Adicionalmente, los datos se comparan con el registro de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2022[1]

Una vez consolidado una matriz unificada producto de la revisión de las dos bases de datos se le aplica un modelo adaptado para el caso ecuatoriano del denominado Barómetro de sostenibilidad de los medios, considerando los siguientes aspectos de análisis.

1. Salud económica de los medios públicos.
2. Ambiente político en el cual se desenvuelven los medios públicos y las potenciales afectaciones a la democracia, en general.
3. El grado de incidencia de las reglamentaciones legales del sector, particularmente de la Ley de Comunicación (LOC-2013) y la reforma (LOC-2019).
4. Uso de la tecnología y las adaptaciones digitales que promueve la presencia de la cultura digital.

3. Resultados

Para analizar los medios públicos del Ecuador, en primera instancia, se realiza la búsqueda de información histórica descriptiva sobre los medios públicos y a partir de ello, se reconoce la existencia de al menos tres vertientes de origen que han marcado la historia y evolución de los medios públicos, además de observar el ambiente político en el cual se han desenvuelto y las afectaciones a la democracia.

Los primeros medios fueron creados de manera directa por el gobierno de Rafael Correa en el periodo comprendido entre los años 2007– 2009 (Tabla1) que, a saber, son:

De este listado, destaca la televisión pública (Ecuador TV), la cual se creó el 11 de octubre del 2007 como sociedad anónima, constando como socios fundadores el Ministerio de Cultura de Ecuador, con el 98 % de acciones y la desaparecida Corporación Nacional de Telecomunicaciones Andinatel S.A., con el 2 %. La televisión pública ecuatoriana dedicó una buena parte de su tiempo al aire en reproducir la señal de su par venezolano. Esta práctica de divulgación también se implementó en Bolivia, Cuba y Nicaragua.

Tomando en cuenta que en el Ecuador la política de servicio público se extiende al sector de la comunicación que según el gobierno es un servicio público provisto y regulado por el Estado “se debe buscar un mejor periodismo y profesionalizarlo” para evitar la manipulación de información (Correa, s.f.).

En el segundo bloque de medios públicos están los medios que estaban operativos y que fueron incautados por el Estado ecuatoriano en el año 2008 (Tabla 2), como parte de las deudas de la banca privada. “Los medios privados incautados en Ecuador se convirtieron en un híbrido: conservaron su naturaleza jurídica de privados, pero sus acciones, bienes y línea editorial quedaron bajo control del Estado” (Panchana et al., 2023, p. 459).

Se trató de empresas mediáticas, dedicadas mayormente a proveer televisión por cable y que estaban vinculadas con los siguientes bancos: Filanbanco y El Progreso, Banco de Préstamos y otros bienes de propiedad de las familias Isaías y Aspiazu Isaías. Aunque hubo la promesa del presidente Correa de realizar una subasta pública para la venta y remate de dichos medios, esto no se cumplió. Los dos gobiernos que vinieron después tampoco lograron iniciar este proceso.

Entre los medios públicos con la denominación de incautados los que han logrado superar las dificultades económicas han sido los medios televisivos, estos han instaurado estrategias de programación tradicionales y digitales que, en el caso de TC Televisión, ha podido posicionarse como el medio con mayor rating de sintonía y ser también uno de los canales que promueve la producción propia a través de series y telenovelas de ficción (Ordóñez et. al, 2023).

Y, por último, un tercer grupo casi imposible de cuantificar con exactitud, esto como una consecuencia directa de la participación voluntaria en el Registro de Medios, comentado en el apartado correspondiente a la metodología. Son los medios que operan en 20 de las 24 provincias del Ecuador (Tabla 3), sin un modelo periodístico, ni de negocio claro y están bajo administración directa de consejos cantonales, universidades, agrupaciones religiosas y otros que han tenido la oportunidad de participar en el espectro mediático que ha sido mayoritariamente aprovechada por las alcaldías.

Se trata de medios que se podrían denominar “públicos-institucionales”, cuya creación se justificó como una posibilidad para la participación ciudadana en el ámbito local, financiados con presupuestos seccionales. La creación de estos medios, también, son parte de los resultados de los procesos de desconcentración de frecuencias. La adjudicación de estas frecuencias se realizó según la Contraloría General del Estado en medio de algunas irregularidades como que a pesar de estar en mora con el Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicación (ARCOTEL) y el Servicio del Rentas Internas (SRI) “varios participantes del concurso público de frecuencias fueron adjudicados con frecuencias” (Plan V, 2022).

Los medios públicos administrados bajo injerencia directa del Gobierno se alinearon con los postulados de la nueva izquierda latinoamericana (Natanson, 2008) también denominada Socialismo del SigloXXI, lo que evidencia la relación compleja del periodismo con el poder, ajustando la programación y agendas a los intereses del gobierno de turno.

En este sentido Kitzberger (2009) afirma que las políticas de izquierda pueden evaluarse a partir de tres categorías, que encajan muy bien con el análisis histórico propuesto.

1. Las políticas de creación de medios estatales, fomentado de manera directa por el gobierno de turno.
2. Las medidas orientadas a regular el sector de los medios privados, que en el caso ecuatoriano permitió la aprobación de la Ley Orgánica de la Comunicación (LOC-2013), pero que, como lo demostraremos más adelante, es una de las causales de su fracaso.
3. Las políticas que fomentan a los medios comunitarios, que en su momento intentaron dividir el mapa mediático con la ejecución del artículo 106 de la (LOC-2013), que proponía una democratización dividiendo el espacio radioeléctrico en: 33 % medios públicos, 33 % medios privados y 34 % medios comunitarios, que no se cumplió, tal como lo evidencia la siguiente Tabla 4, que presenta el análisis comparativo del crecimiento del sector mediático del Ecuador entre los años 2017-2022, con la cual se demuestra que el reparto de frecuencias no alcanzó lo que en la LOC se proponía.

El intento fallido de minar el monopolio mediático, vía mecanismos redistribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión a lo largo y ancho del país, a más de cumplirse, no ha podido llegar a los porcentajes de sobre el 33 % planteado en la (LOC-2013).

En resumen, las cifras expuestas en la Tabla 4 permiten afirmar que existe una disminución en el mapa mediático, pese al surgimiento de los medios públicos y comunitarios, los medios privados mantienen una amplia presencia.

En 2017, Ecuador contaba con 1.133 medios de comunicación para el 2022 existen 893 medios, esto quiere decir que 240 medios han dejado de operar. Las causas de este cierre es un tema pendiente que merece una investigación paralela.

El artículo 106, en referencia, permitió a los gobiernos seccionales crear y administrar medios públicos-institucionales, usarlos para sus intereses políticos y personales, además de financiarlos con presupuestos locales, sin que existan evidencias de su rol como medios públicos.

A nivel nacional, y pese a la vigencia de (LOC-2013), el magnate mexicano Remigio Ángel González, propietario de la cadena Alba Visión, extendió sus inversiones en Ecuador, aprovechando la prohibición de participación de la banca privada, ya comentada. González, apodado como “El Fantasma” tiene presencia en 15 países, enfrentado poca o nula resistencia regulatoria para incrementar su capital, canales y estaciones en Centro y Sudamérica. (Guerrero & Marques, 2014, p. 152).

Un proceso administrativo similar ha ocurrido con las estaciones radiales a nombre del exalcalde de la capital, Quito, Jorge Yunda Machado, que según Romero (2021) periodista de la Fundación Periodistas sin cadenas están diversificadas entre familiares y hombres de confianza, pese a toda la legislación antimonopolio que estuvo vigente en esa época, y la misma Ley de Comunicación. Es importante resaltar que la radio es el sector más extenso y antiguo del mapa mediático ecuatoriano.

En resumen, las condiciones políticas y legales sobre las cuales nacieron los medios públicos son polémicas, los tres gobiernos transcurridos el de Rafael Correa Delgado (2007-2009 y 2009-2013), Lenin Moreno Garcés (2017-2021) y Guillermo Lasso Mendoza (2021-2023) han tenido posiciones contradictorias sobre la administración y misión de estos medios, y no han podido promover un modelo de gestión viable.

Los presidentes Moreno y Lasso coinciden en el débil impacto y servicio de estos medios, por lo cual representan un gasto para el Estado. La crisis económica que soporta el Ecuador y las secuelas de la pandemia de la COVID-19 han sido un justificativo para la reducción del presupuesto asignado y la liquidación de los empleados vinculados al sector, acciones que se han cristalizado vía Decreto Ejecutivo.

Un informe presentado por la Fundación Periodistas Sin Cadenas (2021) señala que “desde marzo del 2002 hasta noviembre del 2021 el Ministerio de Trabajo reporta una desvinculación de 22.948 trabajadores de la información y la comunicación”. Si bien es cierto, en esta cifra constan los empleados vinculados a diario La Hora, que cerró ediciones impresas en varias provincias, El Comercio (cerrado), El Universo (operativo), El Telégrafo, que dejó de imprimirse en mayo 2020, y otros, son una evidencia de la enorme crisis que soporta el sector periodístico, por la ausencia de una modelo de negocio innovador, que no dependa de manera vital de la publicidad.

Las acciones ejecutivas (Tabla 5) sobre todos de los dos últimos gobiernos de Moreno Garcés y Lasso Mendoza provocaron la disolución de varios medios públicos. Lo anterior confirma una crisis de legitimidad, financiación e identidad (López-Olano, 2018).

Estos decretos analizados de manera cronológica considerando los tres periodos presidenciales acaecidos, sumados al escaso éxito de los medios en su conjunto evidencian que la industria de los medios necesita más que nunca el liderazgo “para sobrevivir a las profundidades económicas, sociales y cambios editoriales provocados por la revolución digital” (Deslandes, 2016, p. 313), que están ocasionando un marcado desinterés de la audiencia en las noticias, y una profunda crisis en la industria mediática.

El modelo de “regulación de contenidos, concentración y potenciación de los medios públicos” (Chaparro & Escorcia, 2014, p. 37), no es viable para el contexto ecuatoriano y ha puesto en duda la libertad y la democracia con la cual deben operar los medios de comunicación, más allá de su origen y estructura administrativa, es claro que los valores tradicionales como: la independencia profesional, la calidad y la integridad en la información, no se han cumplido, afectando las pluralismo mediático del país.

4. Discusión y Conclusiones

Una vez realizada la cuantificación del mapa mediático a través del repaso histórico descriptivo para establecer el origen de los medios públicos ecuatorianos, su desarrollo y gestión y el ambiente político en el que se desenvuelven, en este apartado se analiza sobre la economía, que para algunos medios ha sido el principal motivo de su desaparición, así como la legislación, que en su última modificación mediante reglamento principalmente “busca proteger la libertad de expresión, el ejercicio de la actividad periodística y blindar la democracia” (EFE, 2023).

La economía de los medios, principalmente creados bajo el impulso del gobierno correista (Tabla 1), pasaron a manos de la empresa pública de medios, sin que estas acciones administrativas representen una salida viable para el sector, por el contrario, se afectaron los derechos laborales de los trabajadores.

La Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP (2022) generó ventas por un total de $ 851,593.08, según se evidencia en el informe de Rendición de cuentas, correspondiente al año 2022. De esta cantidad, $296,409.12 corresponden a la línea de negocios de servicios de broadcasting, mientras que $555,183.96 corresponden a productos y servicios comunicacionales, montos que no han sido suficientes para mantener la salud de los medios involucrados. La empresa pública tuvo un presupuesto de gastos codificado al 31 de diciembre de 2022, de $4.142.246,60 (Empresa Pública, 2022, p. 5,7)[2], cifras que no le han permitido mantener una nómina laboral y existen dudas sobre el cumplimiento de los derechos laborales de los ex empleados[3], tema que también merece una investigación paralela.

El presupuesto de los Medios Públicos EP contempla las fuentes de financiamiento, entre ellas, la inversión publicitaria del sector público y del sector privado (Medios Públicos EP, 2019). El 72,08 % del financiamiento del presupuesto de los Medios Públicos proviene del presupuesto general del Estado (Medios Públicos EP, 2019), lo que ha limitado su gestión independiente, perjudicando adicionalmente su crecimiento sostenido lo que confirma la hipótesis planteada los medios públicos subsisten con recursos limitados.

La empresa tuvo como misión “garantizar el derecho ciudadano a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa; a través de contenidos que formen, informen y entretengan fomentando y fortaleciendo la pluralidad y diversidad en la comunicación” (Medios Públicos, 2020), pero este ideal no logró conectar por los intereses de la audiencia, aunque el objetivo supremo no este artículo no es analizar los índices de sintonía, es uno de los aspectos preocupantes.

Los otros medios públicos agrupados en la tabla 2 y 3 tampoco lograron un respaldo sustancial de la audiencia, a lo que se sumó una “débil autonomía institucional frente al poder político, la ausencia de 40 mecanismos de gerenciamiento transparentes y los problemas crónicos de financiamiento” (Unesco, 2016). Se puede colegir que la participación del Estado ha sido una de las limitantes, su presencia ha influido en el diseño y difusión de contenidos.

Las reformas y vigencia de las leyes antes citadas abonaron a la crisis del sector. Kitzberger (2009), activando la figura catalogada como “activismo mediático”. En otras palabras, los medios a favor del gobierno, minando su credibilidad y legitimidad pública. Medios por y para el gobierno de turno, dejando de lado su función periodística y social.

El punto más débil se puede resumir en una pregunta: ¿cómo crear valor y ofrecer contenido informativo único, o al menos diferenciador?, que es a su vez elemento crítico para el sostenimiento de las empresas informativas (Picard, 2006) sin la injerencia suprema del Gobierno de turno, nos remite a la necesidad de inaugurar un nuevo e inédito modelo para la gestión de los medios públicos, en el cual la información sea considerada un bien público y el ejercicio de la comunicación un derecho.

La escasa planificación de contenidos en función de los intereses de audiencia ocasionó un mecanismo de bypass mediático (Natanson, 2010) caracterizado por el uso de la emisión obligatoria de contenidos en cadena nacional por todos los medios y la negativa a llevar a cabo ruedas de prensa, o implementar cualquier otro mecanismos que permita al sector periodístico verificar, contrastar y documentar la información, previo a su difusión, lo que representa una clara oposición al desarrollo de una prensa libre y democrática.

Solo en el primer periodo presidencial de Correa se realizaron 523 informes. De esa cifra 508 han sido a escala nacional 15 en el extranjero (Presidencia, 2017). Aunque el modelo no ha sido replicado por los gobiernos de Moreno y Lasso, las cadenas correistas permitieron una cercanía de la ciudadanía con el conglomera de medios públicos, sin que ello reste importancia al gasto económico que representa este modelo de rendición de cuentas, conocido como “Sabatinas”.

Por otro lado, no son menos importantes los procesos de digitalización que “han generado un entorno de sobreabundancia de recursos de comunicación en la que los medios públicos no siempre están contemplados y para el cual no en todos los casos tienen estrategia” (Mastrini, 2013, p. 329). Los medios públicos, aunque de reciente creación, le dieron la espalda a la cultura digital, desconectando a su vez de los intereses ciudadanos, de ahí el interés masivo de la audiencia por el entretenimiento, que no es un fenómeno local.

La convergencia digital, la globalización mediática, y en general la sociedad en red, representan una nueva estructura social dominante en la era de la información que está dejando de lado a los medios tradicionales, más aún: estos no han podido migrar sus programaciones a escenarios más flexibles en horario y difusión. A lo anterior también se suma el escaso respaldo de la audiencia por su dedicación a los intereses de los gobiernos de turno, lo que marca un fin cada vez más cercano para este proyecto periodístico.

Financiación

Esta investigación y publicación ha sido financiada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Técnica Particular de Loja-Ecuador (UTPL) y el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la misma entidad educativa, mediante del proyecto de investigación denominado: Evolución del sistema mediático y la libertad de expresión en Ecuador (2021-2023), motivo por el cual los autores expresan su agradecimiento formal a sus principales directivos.

Declaración sobre la contribución específica de cada uno de los autores

• Diseño y conceptualización: Autor 1, Autor 2 y Autor 3.
• Administración y gestión: Autor 1.
• Búsqueda bibliográfica: Autor 1 y Autor 2.
• Resumen: Autor 1 y Autor 2.
• Introducción: Autor 1 y Autor 2.
• Metodología: Autor 1, Autor 2 y Autor 3.
• Investigación original: Autor 1, Autor 2 y Autor 3.
• Resultados y discusión: Autor 1, Autor 2 y Autor 3.
• Estadística: Autor 1, Autor 2 y Autor 3.
• Visualización de contenidos (gráficos, tablas…): Autor 1, Autor 2 y Autor 3.
• Conclusiones: Autor 1.
• Revisión final y edición: Autor 1, Autor 2 y Autor 3.

Semblanza de los autores

María Isabel Punín L. PhD en Comunicación y Periodismo. Universidad Santiago de Compostela (España). Profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador).

Diplomado Superior Experto en Gestión y Calidad Universitaria. Universidad de Sevilla (España). Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Universidad Católica del Azuay (Ecuador). Ex directora de la titulación de Comunicación Social, Modalidad Abierta y Modalidad Presencial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Responsable del proyecto de investigación: Evolución del sistema mediático y libertad de expresión en Ecuador, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la UTPL.

Kruzkaya Ordóñez G. Doctora en Comunicación e Información Contemporánea. Máster en Comunicación e Industrias Creativas por la Universidad de Santiago de Compostela. Licenciada en Comunicación por la UTPL. Docente Titular anexa al Departamento de Ciencias de la Comunicación Universidad Técnica Particular de Loja, Grupo de investigación de Comunicación audiovisual GICA. Líneas de investigación comunicación audiovisual, comunicación digital, periodismo. Profesora de pregrado y postgrado. Miembro de la Red de Narrativas Audiovisuales, Red Xescom, Red RICE. Miembro del Observatorio Interuniversitario de medios del Ecuador OIME, Investigadora del ObservacomUtpl, Periodista de Cultura Científica. Coordinadora por Ecuador del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva OBITEL.

Abel Suing R. Docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Investigador acreditado por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador - REG-INV-18-03088. Economista graduado en la UTPL. Doctor en Comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela. Coordinador del Grupo de Investigación Comunicación y Cultura Audiovisual (GICA). Investigador del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos (OIME). Integrante de las redes de investigación INAV y RICE. Socio de la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador. Líneas de investigación: Políticas de comunicación, Libertad de expresión, Television Studies.

Referencias

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